Primicia: El decreto con el que Petro quiere dejar amarrada la financiación de las universidades públicas

El miércoles pasado, Viviane Morales, la ministra de Educación designada por Abelardo de la Espriella, encendió sin querer la mecha de una discusión que llevaba semanas cocinándose en silencio. En una entrevista con Noticias Caracol dijo que hay "asfixia financiera" en las universidades públicas y que al próximo gobierno le tocará "reglamentar un nuevo método" para financiarlas. Petro no tardó en salir a cazarla en X, acusándola de querer apagar, en sus palabras, la luz del conocimiento, y de preparar un recorte disfrazado de reglamentación. Morales le respondió al presidente recordándole que su propio Ministerio de Educación ya se había apresurado a sacar el proyecto de decreto que debía reglamentar esa ley. CAMBIO conoció ese borrador normativo, tramitado de manera exprés acudiendo a fórmulas legales.

Una deuda histórica para atender una deuda impagable

En marzo de este año, el Gobierno Petro sancionó la Ley 2568 de 2026, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que reescribió, por primera vez en más de tres décadas, la fórmula con la que la Nación les gira plata a las universidades públicas. La ley fue uno de los grandes anuncios de la política educativa de este gobierno, presentada como la respuesta a años de reclamos del movimiento estudiantil y de los rectores por un modelo de financiación que, según ellos, llevaba treinta años sin actualizarse a la realidad de una universidad pública más grande y más cara de sostener que la de 1992.

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SIn embargo, la tarea está a medias, pues es necesario el decreto que explique cómo aplicar la nueva ley, con qué índices, en qué plazos y con qué controles. Justamente, hace unos días, el Ministerio de Educación terminó un borrador que adiciona un capítulo completo al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y que, de firmarse, sería el último gran acto del Gobierno Petro en materia de educación superior antes de entregarle el poder a De la Espriella el 7 de agosto.

El reclamo de fondo detrás de esta reforma no es nuevo. Desde que se expidió la Ley 30 original, en 1992, la base presupuestal de las universidades públicas se ha incrementado cada año únicamente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin importar cuántos estudiantes nuevos entraran, cuántos programas se abrieran o cuánto se encareciera realmente sostener un campus universitario. Entre 2000 y 2023 la matrícula de las instituciones públicas creció 176 por ciento, mientras que las transferencias de la Nación solo subieron 62 por ciento en términos reales.

El corazón del proyecto de decreto es la manera en que crecerá, año a año, el presupuesto que reciben las universidades para su funcionamiento básico. En lugar de negociaciones puntuales o incrementos discrecionales, el presupuesto de cada universidad estatal se ajustará automáticamente con el Índice de Costos de la Educación Superior, un indicador que calculará el DANE y que busca reflejar mejor la inflación específica de operar una universidad, con un piso de seguridad: si ese índice llega a ser más bajo que el IPC general, se usará el IPC.

Para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, el decreto crea una senda de cinco años para ponerlas al día. La meta es que, al tercer año, su presupuesto de funcionamiento conjunto llegue al 0,05 por ciento del PIB, unos 927.000 millones de pesos según la cifra que el propio decreto certifica con base en el PIB de 2025, y que al quinto año suba al 0,07 por ciento, cerca de 1,3 billones de pesos. 

Para llegar allá, el decreto obliga a incrementos anuales de mínimo el 20 por ciento sobre lo asignado el año anterior, un ritmo de crecimiento que, de cumplirse, sería bastante más acelerado que el de cualquier otro rubro del presupuesto educativo en los últimos años, y que en la práctica le impone al próximo Ministerio de Hacienda una ruta de gasto ya predefinida para un sector que hasta ahora había dependido de asignaciones mucho más discrecionales.

Más allá de esa base, el decreto también regula los recursos adicionales, la plata extra que el Gobierno puede destinar a proyectos de infraestructura, ampliación de cobertura o cierre de brechas territoriales. El texto del decreto delega en el Ministerio de Educación la tarea de construir un documento metodológico que defina los indicadores exactos con los que se repartirá esa plata, pero la memoria justificativa sí adelanta el esqueleto de esa fórmula. Diez componentes que van desde acceso y cobertura, permanencia y calidad, hasta investigación, infraestructura, internacionalización, pertinencia, desarrollo docente, costos estructurales y gestión estratégica. Es decir, el decreto pone los principios y ya deja definida la arquitectura general, pero deja para más adelante, y para quien esté sentado en el despacho del Ministerio en ese momento, el peso relativo que tendrá cada uno de esos diez componentes a la hora de repartir la plata entre más de sesenta instituciones con necesidades completamente distintas.

La propia justificación del decreto le pone números al costo de la reforma. Entre 2027 y 2040 el impacto fiscal de la nueva ley podría llegar a 22,1 billones de pesos, calculado para financiar una meta de cobertura que pasaría del 55,4 por ciento actual al 80 por ciento en 2040, unos 830.000 estudiantes adicionales. El mismo documento incluye un dato indispensable de contexto: la caída sostenida en la tasa de natalidad ya provocó el cierre de cerca de 769 colegios de educación básica y media entre 2023 y 2024, un fenómeno que, según proyecta el propio Ministerio, golpeará con más fuerza a las universidades privadas que a las públicas en la próxima década.

Esa fue, de hecho, la salvedad que hizo Viviane Morales en su respuesta a Petro: no negó que existiera un decreto, sino que insistió en que "reglamentar" la ley sigue siendo una tarea pendiente. Tiene razón, al menos en esta parte, buena parte del músculo real de la reforma, el peso exacto de esos diez componentes a la hora de repartir la plata adicional, quedaría en manos de ella misma.

Más allá de las fórmulas y los plazos, el decreto también fija un listado de principios: progresividad, equidad, eficiencia, transparencia, autonomía universitaria, participación, control social y sostenibilidad fiscal. Estos, en la práctica, funcionan como una caja de herramientas para futuros pleitos jurídicos. Si una universidad considera que la metodología que defina el Ministerio no respeta la equidad territorial o la autonomía universitaria, tendrá en este mismo decreto el lenguaje para demandarlo.

El decreto también le pone la obligación a cada universidad y a cada institución técnica o tecnológica pública, de formular un Plan Indicativo, es decir, un documento con metas concretas que el propio decreto organiza en cinco capítulos obligatorios: ampliación de cobertura, calidad académica, fortalecimiento institucional, bienestar y permanencia estudiantil, e infraestructura física. Cada uno de esos capítulos trae, a su vez, un listado detallado de lo que debe contener, desde metas de nuevos cupos y tasas de deserción hasta indicadores de acreditación y planes de mantenimiento de campus. El plan deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación y sobre él se hará seguimiento periódico.

En otras palabras, la plata adicional no llegará de forma automática, sino atada al cumplimiento de esos planes, verificado a través de un modelo integral de seguimiento que involucra rendición de cuentas pública, control social de las comunidades educativas y, cada cinco años, una evaluación de impacto a cargo del propio Ministerio.

Finalmente, el proyecto de decreto también fija, por primera vez con rango reglamentario, una meta de largo aliento: que la inversión total de la Nación y las entidades territoriales en universidades públicas llegue al 1 por ciento del PIB en 2040. 

La carrera contra el reloj

El texto del borrador aclara que sus disposiciones solo empezarán a regir desde el primero de enero de 2027, es decir, no altera en nada el presupuesto ya definido para este año, pero sí será la fórmula con la que se calculen los recursos de las universidades públicas durante el primer año fiscal completo del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Petro no alcanza a ejecutar ni un peso bajo esta nueva fórmula, pero si el decreto se firma antes del 7 de agosto, como todo indica que el Gobierno buscará hacerlo pese a no estar legalmente obligado a esa fecha exacta, será su gobierno el que le entregue a Morales y a Hacienda un modelo ya cerrado, con índices, metas y plazos definidos.

De hecho, el cómo se está tramitando el decreto revela la urgencia del Gobierno Petro por dejarlo expedido. Por regla general, cualquier proyecto de decreto debe publicarse para comentarios de la ciudadanía durante al menos 15 días calendario. El pasado 8 de julio, el mismo día en que Morales concedió la entrevista que desató el pleito con Petro, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, William Felipe Hurtado Quintero, le pidieron al ministro Daniel Rojas Medellín autorizar una excepción y publicar el decreto por apenas siete días.

El argumento formal es un vencimiento legal, la Ley 2568 le da al Gobierno seis meses desde su promulgación para expedir la reglamentación, y como la ley se publicó el 19 de febrero, ese plazo vence el 19 de agosto. El detalle es que esa fecha cae 12 días después de que Abelardo de la Espriella se posesione. Es decir, contrario a lo que podría pensarse, el Gobierno Petro no estaba legalmente obligado a firmar este decreto antes de entregar el poder, y todavía tenía margen para hacerlo ya con el nuevo gobierno instalado. Aun así, decidió recortar a la mitad el tiempo de participación ciudadana para acelerar el trámite, una decisión que el propio ministro Daniel Rojas Medellín autorizó por escrito ese miércoles.

El Ministerio de Educación también argumentó asuntos de planeación tanto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, así como del financiamiento de las universidades:

"La expedición oportuna del presente decreto resulta indispensable para que las instituciones de educación superior estatales u oficiales inicien el alistamiento institucional requerido para la implementación del nuevo modelo de financiamiento", dijo la cartera en la justificación del trámite exprés.

Si el Gobierno Petro logra dejar expedido este decreto puede alegar que dejó blindada la fórmula de financiación progresiva para la universidad pública, haciendo que una modificación posterior de la mano de Viviane Morales sea más costosa políticamente. No es lo mismo heredar una normativa hecha que simplemente un vacío regulatorio.