Primicia: el decreto que le da a las organizaciones indígenas acceso directo a plata de gestión del riesgo

A menos de tres semanas del cambio de presidente, el gobierno Petro trabaja contrarreloj para dejar expedido uno de los decretos más ambiciosos del cuatrienio en lo que respecta a los pueblos indígenas. Se trata de una transformación completa de la forma como el Estado colombiano gestionará los riesgos y las emergencias en los territorios ancestrales.

CAMBIO conoció el borrador de la norma mediante el cual el Gobierno adoptará la Política Nacional Indígena para la Gestión de Desarmonías Territoriales, un proyecto de decreto de 36 páginas que, además de incorporar la cosmovisión indígena al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), reconoce nuevas competencias a las autoridades indígenas, crea mecanismos propios de financiación y obliga a las entidades estatales a adecuar su funcionamiento a este nuevo esquema.

El decreto reconoce a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), cabildos y demás formas de gobierno propio como integrantes del SGNRD y establece que podrán actuar como administradores, ejecutores e implementadores de la política nacional de gestión del riesgo dentro de sus territorios.

El documento se sustenta en el artículo transitorio 56 de la Constitución, una disposición expedida en 1991 que facultó al Ejecutivo para dictar normas sobre el funcionamiento de los territorios indígenas mientras el Congreso expedía la ley orgánica prevista en el artículo 329. Como esa ley nunca fue aprobada, el Gobierno sostiene que esa habilitación extraordinaria sigue vigente y le permite expedir el decreto.

De esta manera, la norma no solo modificaría la manera en que se coordina la atención de emergencias en los territorios indígenas, sino que también redefine competencias institucionales y crea nuevos mecanismos administrativos y financieros que el gobierno de De la Espriella revisará con lupa por las críticas y promesa de desmonte que ya ha hecho a las ETI.

Mucho más que un plan

Uno de los aspectos más llamativos del borrador de decreto es que las autoridades indígenas dejarán de ser simples actores consultivos para convertirse en autoridades con funciones propias dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Entre las competencias que podrán asumir voluntariamente figuran formular e implementar sus propios planes de gestión; administrar sistemas propios de información y alertas tempranas; coordinar procesos de reducción del riesgo; participar en consejos nacionales, departamentales y municipales; acceder directamente a recursos públicos destinados a la gestión del riesgo y participar en las decisiones relacionadas con declaratorias de calamidad pública cuando las emergencias afecten sus territorios.

Además, el artículo 12 del documento establece que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) estarán investidas de competencias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública "incluso declarando la situación de calamidad pública" dentro de su jurisdicción. Para ello deberán crear sus propios Consejos de Gestión de Desarmonías Territoriales. Este último término refiere a: “la ruptura del equilibrio entre la comunidad, el territorio, la Madre Tierra, los seres espirituales, los sistemas naturales, los sitios sagrados, los medios de vida, la salud, la alimentación, la memoria, la autoridad propia y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas”.

Es una atribución que hoy ejercen alcaldes y gobernadores bajo la Ley 1523 de 2012 y que constituye uno de los cambios institucionales más relevantes del proyecto.

Por otro lado, el documento también impone obligaciones concretas a todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD). Ministerios, gobernaciones, alcaldías y organismos técnicos deberán adecuar sus estructuras institucionales, modificar metodologías, incorporar los sistemas de conocimiento indígena, reconocer los sistemas propios de monitoreo como insumos obligatorios para la toma de decisiones y garantizar recursos para implementar el nuevo modelo.

La UNGRD y el Ministerio del Interior tendrán seis meses para elaborar la hoja de ruta de esa adecuación institucional y el resto de entidades contará con un año para adaptar sus procedimientos.

El tema de la plata

Otro de los capítulos centrales del decreto es el financiero. La norma ordena crear una “subcuenta indígena” permanente dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Desde allí se financiarán proyectos relacionados con la nueva política pública. Actualmente, este fondo está administrado por la Fiduprevisora y y el ordenador del gasto es la UNGRD.

Las autoridades indígenas podrán acceder directamente a esos recursos mediante procedimientos simplificados que deberán ser definidos por la UNGRD junto con las organizaciones indígenas. Además, el decreto autoriza la creación de Fondos Indígenas de Gestión de Desarmonías Territoriales, que podrán administrar recursos provenientes de distintas fuentes y, en el caso de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), ejecutar recursos públicos con funcionamiento autónomo.

Además, el artículo 18 obliga a la UNGRD, junto con el DNP y el Ministerio del Interior, a diseñar un banco de proyectos indígena con rutas de aprobación simplificadas. Finalmente, el artículo 20 les permite a los cabildos pedir subcuentas propias en los fondos territoriales de riesgo de municipios y departamentos.

En resumen, el proyecto de decreto plantea crear varios instrumentos financieros nuevos, todos con plazos perentorios de creación, aunque en la propia justificación del proyecto se asegura que no habrá un impacto fiscal.

Un decreto para el próximo gobierno

Según el borrador del decreto, la política tendrá una vigencia de quince años, entre 2026 y 2040.  Eso significa que, si el decreto se firma antes del 7 de agosto, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella heredará un marco jurídico que modifica competencias institucionales, crea nuevas fuentes de financiación y obliga a reorganizar parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Justamente, el nuevo gobierno ha sido crítico de los avances normativos que ha hecho la administración Petro sobre las comunidades indígenas. El cuestionamiento más duro viene de Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional y hermano del ministro de Hacienda designado. Gómez calificó la creación de las Entidades territoriales Indígenas (ETI), como una "feria de adjudicación de personerías orientada a avanzar de manera significativa la agenda subversiva en muchos departamentos del país", y fue más allá al señalar que se trata de un proceso que no solo consideran inconstitucional, sino también abusivo, que viola los procedimientos internos del Ministerio del Interior y tiene una agenda enfocada en el control territorial. 

El propio presidente Abelardo de la Espriella entró en la discusión hace unas semanas al cuestionar el modelo de ETI en la Amazonía, lo que despertó preocupación entre organizaciones indígenas, ambientalistas y expertos en derecho constitucional, y anticipó que la autonomía territorial indígena podría convertirse en uno de los temas más sensibles de la agenda política en los próximos meses. 

De hecho, De la Espriella viajará el 8 de agosto a la Alta Guajira — donde el Gobierno saliente formalizó una de las ETI más emblemáticas— para anunciar la derogatoria de las 22 entidades creadas por decreto, que en conjunto abarcan cerca de 17 millones de hectáreas y cuentan con presupuesto propio.

Por su parte, Fabio Arjona, el ministro de Ambiente designado, matizó un poco el tono pero no cambió el fondo: en entrevista con El Espectador dijo que reconocía que era una figura que no le gustaba mucho y que sería difícil "revertir", aunque insistió en que era una idea difícil de implementar.