“Su desafío es unificar a este país”: Pastor Alape a Abelardo de la Espriella
El exjefe guerrillero Pastor Alape asegura que los antiguos integrantes del último secretariado de las Farc cumplirán las sanciones restaurativas impuestas por la JEP por 21.000 secuestros. El reto, dice, no es solo de voluntad: exige que el Gobierno garantice recursos, coordinación institucional y el cumplimiento del cronograma previsto.
Mientras el país se prepara para un relevo en el poder, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó sus dos primeras sentencias: una contra los últimos máximos comandantes de las Farc, responsables de más de 21.000 secuestros, y otra contra 12 exmilitares por 135 ejecuciones extrajudiciales, los llamados 'falsos positivos'. Al mismo tiempo, el tribunal trazó una hoja de ruta que se extenderá hasta 2034 y que detalla, municipio por municipio, las tareas restaurativas que deberán cumplir los sancionados: desde la construcción y adecuación de vías y centros de memoria hasta la búsqueda de personas desaparecidas y labores de desminado.
La confirmación de las sentencias es una labor judicial que llega en un momento político arduo pues el presidente electo Abelardo de la Espriella ha reiterado públicamente su inconformidad con la justicia especial y ha hablado desde no extender su mandato a “cerrarla”. Aunque la JEP no ha sido prioridad en el empalme y los magistrados están listos para hacerlo, el Gobierno de Gustavo Petro tomó decisiones esta misma semana que buscan garantizar el cumplimiento de las sanciones.
El miércoles pasado se realizó la última cita con este Gobierno del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), creado en el acuerdo de paz. Allí se formalizó el mecanismo internacional de verificación de las sanciones que estará en cabeza de la ONU-Derechos Humanos y de la MAPP/OEA. La delegación del partido Comunes aprovechó la cita para reparar en los desafíos que aún siguen, como garantizar las condiciones de seguridad para 11.000 firmantes e insistir en la implementación del acuerdo de paz, que es la paz ya negociada.
Detrás de ese reclamo, hay un hecho claro: persiste un desacuerdo sobre el marco desde el cual se hablará de paz. Para algunos sectores, la referencia a la Paz Total —es decir, los acercamientos con otros grupos armados— carga con un alto costo político. A ello se suma una preocupación creciente por los recursos disponibles para poner en marcha y ejecutar de manera efectiva las sanciones de la JEP, así como por la solidez de la institucionalidad creada por el Acuerdo de Paz.
Ahora, días antes de la CSIVI, el Gobierno expidió el decreto que “establece condiciones institucionales” que deben ser garantizadas a los comparecientes para poder cumplir las sanciones y que incluyen asuntos como la salud de estas personas, las condiciones de vivienda, protección de riesgos, entre otros. Esto es clave porque las sanciones de la JEP, tal y como se acordó en La Habana, son restaurativas, no son cárcel, y, con la delimitación que se hizo al ratificar las condenas, hay plazos para cumplir.
El cronograma en el caso de Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo y los otros máximos excomandantes condenados por los secuestros y otros crímenes atroces cometidos contra las personas que se llevaron tiene siete fases. La nacional arranca el 15 de agosto de este año, días después de la posesión, en Bogotá, e involucra actividades preparatorias para un proyecto de memoria histórica, capacitaciones en desminado, entre otras. El otro año, en febrero, arranca la segunda fase en Antioquia, específicamente en Argelia, con la pavimentación de vías terciarias, mientras que en Bojayá arrancarán con desminado. Estos son trabajos que se pactaron con las víctimas y deberán cumplirse hasta por ocho años, tiempo máximo de sanción.
Los exguerrilleros tendrán un dispositivo electrónico, deberán cumplir sus sanciones como un trabajo de ocho horas, tendrán que vivir en los municipios correspondientes y deberán pedir permiso para moverse fuera de esas zonas, porque la prioridad, incluso sobre el derecho a la participación política, será cumplir estos trabajos. Fuentes consultadas por CAMBIO advirtieron que los exintegrantes del secretariado tienen una labor de liderazgo en la reintegración y que, por ello, creen que aún no hay claridad suficiente sobre las restricciones a su movilidad.
Aún así, el reto ahora es institucional. Los trabajos dependen de condiciones financieras, técnicas, administrativas, contractuales. El DAPRE tiene seis meses de plazo para armar un plan para el fortalecimiento de la Acción Integral Contra Miras Antipersonales; el Ministerio de Defensa, apenas dos meses para crear protocolos de protección para los comparecientes, las víctimas y de las comunidades que participen en la búsqueda de desaparecidos, así como un mes para poner en marcha un monitoreo de riesgos en los municipios ya establecidos. Además, la Agencia para la Reintegración (ARN) tiene la obligación de gestionar los recursos para financiar todo esto con cargo a la subcuenta del Fondo Colombia en Paz.
La condena es una realidad, aunque las víctimas ya empezaron a cuestionarla. Es una decisión judicial; no cumplirla implicaría desacatos. De hecho, si el nuevo Gobierno no adopta las disposiciones necesarias, podría terminar favoreciendo la impunidad: habría exguerrilleros condenados a las sanciones acordadas, pero sin mecanismos para hacerlas efectivas. La propia sentencia parece anticiparse a ese escenario. En su parte resolutiva, incluye una advertencia que apunta precisamente a esa posibilidad.
“Advierte que respecto de los proyectos TOAR cuya ejecución dependa de condiciones financieras, técnicas, administrativas, contractuales, prediales o de licenciamiento aún no satisfechas, no podrá imputarse a los comparecientes un incumplimiento del componente restaurativo mientras persista una imposibilidad objetiva no atribuible a ellos, derivada de la ausencia de oferta institucional suficiente o de la inactividad de las autoridades competentes”, dice el fallo.
Además, la JEP hizo una precisión: indicó que las órdenes emitidas al Ejecutivo deben entenderse y ejecutarse como parte de las competencias constitucionales, legales, administrativas y presupuestales de cada entidad. Es decir que no puede alegarse después, dice el fallo, “como una reasignación judicial de funciones ni como habilitación para comprometer recursos por fuera del régimen aplicable”.
“Reafirmamos nuestro compromiso ético y político”: Alape
CAMBIO habló sobre este tema con Pastor Alape, exjefe guerrillero quien ha liderado visiblemente el proceso de reincorporación.
CAMBIO: La JEP ratifica la condena contra ustedes. ¿Cuál es su reacción?
Pastor Alape: Esta semana estuvimos en la última sesión de la Comisión de Seguimiento e Impulso y Verificación del Acuerdo (CSIVI) y recibimos la noticia de la sanción a través de los medios. Sin embargo, hemos recogido algunos elementos muy generales en los que, en primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso ético y político en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal para la Paz. Eso no tiene duda. Vamos a sentarnos con el equipo jurídico para hacer una evaluación profunda y comunicarle al país nuestra posición al respecto, entendiendo que seguramente será afirmativa porque estamos afirmando nuestro compromiso de cumplimiento.
CAMBIO: La JEP fijó un cronograma de siete fases para empezar en agosto de este año y que va hasta febrero 2034. Se fijó en qué municipios arrancarán y qué actividades van a hacer, una de las quejas de las víctimas a la primera sentencia. Eso implica restricciones a la movilidad…
P.A.: Lo que puedo decir es que tenemos toda la disposición del cumplimiento. Estamos convencidos de que los territorios que ha definido el tribunal contarán con las garantías suficientes para poder desarrollar nuestra actividad. Hemos venido desarrollando actividades en territorios con víctimas y creemos que esto se va a fortalecer. Tenemos preocupaciones por los temas presupuestales. Es decir, la disposición y el compromiso nuestro no está en duda. Vamos a asumir la responsabilidad y todo esto está en el marco de que efectivamente podamos encontrar garantías de seguridad en estos espacios. De igual manera, quiero destacar que la sentencia no excluye la participación política, mantiene el principio establecido en el acuerdo final.
CAMBIO: ¿Qué se logró en la cita de la CSIVI?
P.A.: Esta fue el cierre para evaluar lo transitado hasta este momento y en el que se elaboraron conclusiones de los avances en los temas de tierra, del Sistema Nacional de Reincorporación, del Plan Marco de Implementación y del fortalecimiento de gran parte de la institucionalidad para la implementación (del acuerdo).
Además, se presentaron los desafíos no asumidos por el Gobierno que sale y sus yerros cometidos, como confundir la paz completa establecida en el Acuerdo para entrar en temas que terminan desgastando al Gobierno sin resultados efectivos y afectando el acuerdo, dado que legitima unas disidencias. Eso termina repercutiendo en el fortalecimiento de la estigmatización contra los firmantes.
De igual manera, el Gobierno comete el yerro de desmontar la Alta Consejería para la Implementación y disminuye la capacidad de integrar las actividades del Gobierno y Estado, al poder agrupar a todas las instituciones que tienen que ver con la implementación del acuerdo.
En tercer lugar, están los decretos 19 y 20 de 2026, en los cuales este Gobierno debilita el programa especial de seguridad y protección de la UNP que se estableció en el acuerdo para los firmantes. Es decir, aquí deja un daño gravísimo en el tema de seguridad, pero muy grave, mucho más grave que lo que hizo el Gobierno de (Iván) Duque.
CAMBIO: Están los retos de las sanciones, los retos de la implementación del Acuerdo de Paz y que el nuevo Gobierno lo ha cuestionado, así como la Jurisdicción Especial para la Paz al tiempo que ha prometido desmontar el 40 por ciento del Estado sin que se sepa realmente de qué se trata. ¿Qué preocupaciones tiene usted?
P.A.: No son temas para especular. Una cosa es lo que un candidato expone en campaña y otra cuando asume las riendas del Estado. Aquí hay una institucionalidad que se mantiene. En ese sentido, hay que esperar cómo se van a ejecutar las intenciones que planteó el presidente electo.
Este país tiene reservas democráticas y ha estado aferrado a la institucionalidad. Creo que aquí hay más ruido de tonel que acción realmente efectiva en la transformación o el desmonte de la institucionalidad, cosa que tendría que pasar por un proceso largo en el legislativo y, de igual manera, quizás por una consulta abierta al país. Terminarían realizando lo que cuestionaban o de lo que acusaban a este Gobierno: de que la Constituyente iba a desmontar la institucionalidad del país.
Creo que hay que esperar a ver cómo se empiezan a ejecutar las primeras acciones en los primeros 100 días de gobierno.
CAMBIO. ¿Le haría un mensaje, llamado o propuesta al presidente electo?
P.A.: A todo el país: necesitamos mensajes que nos unifiquen, no que polaricen. Ya la campaña pasó, él necesita gobernar y hay que gobernar, como lo dijo en su primera intervención, para todo el país, para quienes votaron por él y por quienes no votaron por él. Entonces, hoy tiene que asumir las riendas de la nación y su desafío es unificar más a este país y fortalecer la democracia.
CAMBIO: El presupuesto es una preocupación clara para poder cumplir con las sanciones. ¿Se ha avanzado en algo?
P.A.: El país sabe que tenemos una crisis fiscal compleja y que hay que buscar las soluciones más acertadas. Del endeudamiento, habría que evaluar hasta qué niveles nos comprometen y nos generan unas situaciones de crisis más agudas. Uno considera que debería abrirse un espacio de mayor participación y opinión de los diversos sectores, tanto los que tienen que pagar los impuestos como los que tiene que recogerlos, para la inversión social y para garantizar el funcionamiento de Estado.
Entonces, si aquí se asumen posiciones fuera de la democracia, de asfixiar con el presupuesto instituciones, en el sentido de que no las desmontan pero las asfixian y por inanición se mueren, seguramente el ejercicio democrático obligará a muchos sectores del país a manifestar la inconformidad y la necesidad de darle el rumbo adecuado a la gobernabilidad.
CAMBIO: ¿Qué otra preocupación tiene sobre la ejecución de las sanciones?
P.A.: La preocupación hoy es si tenemos la capacidad de bajarle al lenguaje, a ese lenguaje que promueve y que agudiza el odio y que nos divide más. Necesitamos un lenguaje que nos permita el debate en la diferencia, respetándonos como país, en el sentido que somos un país diverso y que tenemos diferencias pero que habitamos el mismo territorio.
CAMBIO: Llevamos diez años de posconflicto, un proceso de transición y consolidación que tomará muchos años más, y el país parece no hablar más de este. No solo porque sigue la confrontación, sino también por el discurso guerrerista. ¿Eso a usted qué reflexión le merece?
P.A.: He dicho en todos estos 10 años que desmontar las formas, las acciones, los actos del diario vivir de una cultura tan violenta como nación por más de 200 años no se desmontan en una década. Necesitamos trabajar por generaciones. Esto es un proceso en el que efectivamente hoy volvemos a un nivel en que casi la mitad del país se confunde y cree que es mejor el pasado de la muerte, y otro país que aspira a que se transite por horizontes de paz.
Pero quizás el tema más grave sea que no hemos podido avanzar en una conversación productiva y terminamos siempre en una conversación que nos pone a confrontarnos desde el lenguaje de la violencia. Este momento nos convoca a sumar más voces que se manifiestan por la paz, por el amor, por la convivencia sana, respetando la opinión diferente del otro.
Necesitamos muchos espacios para ir generando esa cultura de paz y el momento nos obliga es a fortalecer esa capacidad, pensar mucho cada palabra y cada gesto para poder convocar al otro a bajar el ánimo y construir ese espacio de conversación nacional.
CAMBIO: La JEP emitió sus sanciones y hay un cronograma que debe ponerse en marcha. Si no hay recursos, seguridad, etc., no se cumplirán y, seguramente, se les cuestionará a ustedes más que a quienes no faciliten todo lo necesario...
P.A.: Seguro habrá voces que argumentarán desde esa forma, pero aquí necesitamos coherencia en la construcción de las rutas para afianzar la democracia. Nuestra disponibilidad estará en la ejecución de la sanción, pues seguramente muchas acciones también estarán ligadas a los aportes mismos comunitarios para ejercer esta actividad, y los otro sí debe estar muy ligado a lo presupuestado.
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