Abelardo de la Espriella activa el Escudo de las Américas: ¿qué significa para Colombia?

Con la nueva cúpula militar presentada este jueves en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella espera cumplir una de sus principales promesas: derrotar al narcotráfico, motor del crimen organizado en Colombia. Para eso, cuenta con una herramienta inédita: el Escudo de las Américas.

Durante la campaña, el mandatario se fijó metas precisas: ejecutar un plan de choque de 90 días para dar de baja o capturar a diez de los principales capos del narcoterrorismo y recuperar los territorios que considera perdidos mediante el despliegue de la fuerza pública, bombardeos y operaciones de aspersión con bioherbicidas para reducir los cultivos de coca. En ese propósito dispone de la iniciativa que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ha corrido mucha agua bajo el puente desde 1971, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas. Desde entonces, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han tenido momentos de tensión y acercamiento, en los que distintos mandatarios estadounidenses han impuesto plazos a sus homólogos colombianos para acabar, de una vez por todas, el problema del narcotráfico.

Ha habido picos de máxima exigencia en la guerra contra las drogas, como ocurrió durante la administración del también republicano Ronald Reagan, y ahora con Trump que muestra su sintonía con De la Espriella.

El balance, sin embargo, está lejos de ser el que esperan los gobiernos de ambos países. De la Espriella ha señalado que el “peor cáncer de Colombia es el narcotráfico” y que está dispuesto a combatirlo con fumigación, bombardeos y sin tregua hasta alcanzar la victoria.

Un desafío enorme. Y es que, pese a los esfuerzos de todos los gobiernos, la guerra contra las drogas ha sido, en términos generales, un fracaso. Misael Pastrana vio el auge de la bonanza marimbera; Alfonso López, las primeras infiltraciones de dineros ilícitos en la política; Turbay Ayala, la aparición de los primeros grandes mafiosos; Betancur, el nacimiento del cartel de Medellín y el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla; Barco, el narcoterrorismo; Gaviria, el sometimiento, fuga y muerte de Pablo Escobar y la consolidación del cartel de Cali; y Samper, el proceso 8.000. Y así, sucesivamente.

El motor de la violencia

En la transición entre el gobierno de Petro, que recién terminó, y el nuevo de De la Espriella, el diagnostico muestra que el narcotráfico financia a grupos criminales con un gran poder de fuego, capaces de poner en jaque la seguridad en vastas regiones. Las organizaciones armadas, de hecho, se han fortalecido y cuentan con más integrantes que antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Según la Fundación Ideas para la Paz, suman más de 27.000 miembros, después de incorporar 5.000 nuevos combatientes solo en el último año.

También amplió las zonas bajo su influencia. El mapa de grupos armados organizados elaborado por la Fundación Pares muestra una presencia que cubre prácticamente toda la geografía colombiana. Y todos, de una u otra manera, se nutren de este negocio.

Para De la Espriella, la coca lo único que ha traído es muerte y corrupción al país. Y desde su visión, la opción del diálogo está completamente agotada frente a los grupos armados que califica de narcoterroristas.

Las hojas del calendario corren sobre los plazos que el propio presidente fijó durante la campaña como su anuncio de un plazo de un mes para que los miembros de los grupos armados ilegales se sometan a la justicia. Siendo rigurosos, quedarían menos de veinte días para que se cumpla este último ultimátum.

Se trata de una exigencia que Estados Unidos sigue de cerca, como lo demostró Trump al enviar una delegación a su posesión del 7 de agosto en Cali. La representación estuvo encabezada por Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance C. Cole, administrador de la DEA, y otros miembros del Despacho Oval y del área de seguridad nacional.

El deseo de la Casa Blanca es categórico: para la administración republicana, la lucha contra el crimen organizado ocupará un lugar prioritario en la relación con Colombia.

El uso letal de la fuerza

Hace unos días, The New York Times reportó que el gobierno de Trump aceleró la cooperación militar con Colombia y convirtió en una prioridad el combate contra los narcotraficantes en América Latina. Según el diario, la Casa Blanca responsabiliza a los carteles y a las bandas del narcotráfico por la crisis de sobredosis en Estados Unidos y por el aumento de los delitos violentos. Por esa razón, entre otras cosas, designó a una veintena de grupos de la región como organizaciones terroristas y autorizó el uso de la fuerza letal en su contra.

Después de reunirse con funcionarios de Defensa en Washington, el nuevo ministro de Defensa, general Jorge Eduardo Mora, señaló que la estrategia, denominada Plan Patriota 2.0, marca una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta. A esta se le suma esta herramienta: el Escudo de las Américas. Se trata de un bloque de más de una decena de países al que Colombia se sumó formalmente y al que Perú, bajo el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, busca también incorporarse. La idea es compartir información y actuar sincronizados para derrotar el crimen.

El exministro y exembajador en Washington Gabriel Silva Luján considera que el interés de Estados Unidos en esta lucha -en la coyuntura actual de Colombia- es “una bendición”, porque el país no cuenta hoy con las capacidades suficientes para enfrentar el desbordamiento del crimen organizado como consecuencia de la política de paz total. La inteligencia que brinden los estadounidenses será un factor determinante en lo que se viene.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advierte, sin embargo, que formar parte del Escudo de las Américas puede traer beneficios, pero también implica enormes riesgos políticos y de seguridad.

Ante un crimen organizado transnacional capaz de adaptarse rápidamente a las acciones nacionales en su contra, contar con una capacidad de coordinación hemisférica resulta esencial, sostiene Restrepo. Permite desarrollar operaciones judiciales y militares conjuntas, mitigar el efecto de desplazamiento o “efecto globo” de las actividades criminales y funciona también como mecanismo de cumplimiento, en la medida en que la información que un país comparte con otro hace más probable que derive en acciones contra el crimen organizado.

Riesgos e inquietudes

En términos de riesgos, el problema está en el énfasis militar de las acciones, dice. No necesariamente las operaciones que recurren al uso de la fuerza son las más efectivas contra el crimen organizado. De hecho, invita a evaluar ese tipo de militarización de la política de seguridad. “En el pasado, este tipo de operaciones –tanto en Colombia como en Guatemala y México– han resultado poco efectivas”, anota.

El principal problema, según Restrepo, está en los riesgos que entraña la parte operativa del acuerdo de cooperación multilateral. Al no conocerse los detalles del involucramiento de las fuerzas militares de los distintos países –en particular, la cadena de mando y los protocolos que regulan las autorizaciones y las reglas para el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal–, persiste un enorme riesgo: que las operaciones militares conduzcan a violaciones de los derechos humanos e incluso resulten contrarias al derecho internacional.

Hay que pensar en las vidas de inocentes que se pueden salvar, dice Jairo Libreros, profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia, quien ve positivo el ingreso al Escudo. Él sostiene que las membresías en el ámbito de la seguridad internacional comprometen el trabajo conjunto entre países, organizaciones multilaterales y fuerzas públicas para garantizar el control territorial, la seguridad ciudadana y la vigencia de las democracias constitucionales.

Para este experto, las lecciones aprendidas en materia de seguridad demuestran que combatir de manera transnacional a estructuras armadas, organizaciones criminales, grupos terroristas y dictaduras opresoras permite salvaguardar la vida de millones de personas.

Una membresía vital

En el caso del Escudo de las Américas, explica Libreros, esa membresía es de vital importancia para Colombia. No solo rectifica el rumbo y confirma la condición del país como socio estratégico de Estados Unidos y principal aliado en seguridad hemisférica entre las democracias constitucionales de la región, sino que, ante el fortalecimiento de los carteles de drogas ilícitas y del crimen organizado vinculado a la explotación de rentas ilegales, resulta necesario contar con apoyo transnacional en cooperación militar, seguridad pública, inteligencia estratégica, control migratorio y fronterizo e intercambio de evidencias judiciales.

Pertenecer al Escudo de las Américas, agrega, es una alianza multilateral que fortalece diplomáticamente la política exterior de Colombia, tanto por la asistencia especializada que recibe como por el conocimiento, las capacidades y las estrategias de seguridad y defensa que aporta. Además, reposiciona al país en el ámbito geopolítico regional, particularmente frente a los riesgos e intervenciones de terceras potencias interesadas en afectar la estabilidad política de Colombia y de América Latina, argumenta.

Enrique Prieto Ríos, profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, plantea una lectura más cautelosa. A su juicio, la decisión significa que Colombia se alinea totalmente con la política exterior de la actual administración estadounidense, en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), publicada en diciembre del año pasado.

Bajo esa lógica, explica, los países que integran el Escudo de las Américas comparten información de inteligencia y estrategias de seguridad enfocadas, sobre todo, en los intereses de seguridad de Estados Unidos: limitar el ingreso de drogas, acabar con los carteles designados como organizaciones terroristas y responder a la migración ilegal.

El poder de la tecnología de Estados Unidos

Políticamente, sostiene Prieto Ríos, esto equivale a alinearse con la doctrina de “America First”, que describe también como una suerte de “Latinoamérica para los americanos”, orientada a trabajar por los intereses y la seguridad de las Américas tal como los define Washington.

El profesor aclara, sin embargo, que el Escudo de las Américas no es una organización internacional como la Otan y que todavía no existe un tratado formal, aunque no descarta que llegue a haberlo. Esto limita, dice, su aplicación doméstica en países como Colombia.

Aun así, considera que se trata de una oportunidad real para la lucha transnacional contra organizaciones en momentos en que ningún país de América Latina puede enfrentar en solitario al carecer del respaldo tecnológico con el que sí cuenta Estados Unidos.

En síntesis, plantea tres conclusiones: un alineamiento político con Estados Unidos; un cambio estratégico en la lucha contra el crimen organizado hacia una respuesta transnacional, y una oportunidad de acceso a inteligencia y tecnología compartidas. Todo ello con un riesgo jurídico y político central: mantener la soberanía de cada país sin violar sus normas nacionales.

La firma es un paso más –quizá uno de los más significativos– para poner en marcha la visión que algunos analistas describen como neoimperialista y que la administración republicana ha apodado la “doctrina Donroe”: una nueva versión de aquel “América para los americanos” que proclamó James Monroe hace dos siglos. Bajo esa visión, la Casa Blanca considera que Estados Unidos debe ser la potencia hegemónica del continente.

Esa doctrina, reflejada en la Estrategia de Seguridad Nacional, constituye una de las principales prioridades de la política exterior de Washington y aboga por estrechar los lazos con gobiernos y personalidades afines al trumpismo, así como por fomentar su llegada o permanencia en el poder.

Todo comenzó cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, invitó a Colombia a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los carteles para revitalizar la alianza militar entre ambos países, con el fin de ponerles fin a la producción de narcóticos mortales y erradicar a los narcoterroristas que azotan el hemisferio.

De la Espriella respondió de inmediato. Afirmó que el país dejaría de ser gobernado por una administración complaciente con el narcoterrorismo para pasar a combatirlo como corresponde. El presidente también anunció que la sede de la iniciativa en Colombia estará en Medellín.

Hasta el momento, ni Estados Unidos ni ninguno de los demás países integrantes del Escudo de las Américas han atribuido formalmente a la alianza una operación militar contra el narcotráfico o el crimen organizado en la región.

Entre la oposición hay temor por los alcances de esta alianza que pasen la frontera del combate al crimen organizado y se inmiscuya en asuntos internos le interesan a Trump. Y subrayan un hecho concreto. El pasado 5 de junio, sus países miembros emitieron una declaración conjunta sobre las protestas en Bolivia contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En ella condenaron los esfuerzos por derrocar a su gobierno, al que calificaron de legítimo y ampliamente electo, y respaldaron al mandatario boliviano frente a lo que consideraron intentos cínicos de impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales mediante falsos bloqueos de carreteras.

La derecha en bloque

Hasta ahora todos los integrantes de este nuevo club son países con gobiernos de derecha. A pesar de su importancia geoestratégica y política, México y Brasil no han sido invitados por Trump a integrar el Escudo de las Américas. Ambos tienen gobiernos de izquierda, encabezados por Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

En el Congreso también se han levantado voces, especialmente del Pacto Histórico, alertando sobre la posibilidad de violar la Constitución. La participación de Colombia en el Escudo de las Américas, dice el presidente De la Espriella, no requiere aprobación del Congreso colombiano porque no se trata de un tratado sino de un acuerdo de cooperación en seguridad.

La oposición, también, teme un mayor despliegue militar en el país y considera lamentable que las relaciones con Estados Unidos queden, en sus palabras, “narcotizadas”. Silva Luján rechaza esa lectura. Sostiene que se trata de un estereotipo y una ingenuidad lamentarse de que las relaciones se estén narcotizando, pues, a su juicio, siempre lo han estado, en la medida en que Colombia no ha logrado derrotar al crimen organizado. Ahora, agrega, el país cuenta con un aliado que cree en el Gobierno de De la Espriella y está dispuesto a invertir en esa lucha, algo que, en su opinión, hay que celebrar.

Al presentar la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, el presidente De la Espriella detalló que impondrá el orden y recuperará la seguridad. El desafío, sin embargo, no está en la firma ni en los anuncios, sino en lo que ocurra después.  El Escudo de las Américas le ofrece inteligencia, tecnología, coordinación y respaldo político. Pero también abre interrogantes sobre los límites de la cooperación militar, el uso de la fuerza y la autonomía de Colombia para definir su propia política de seguridad.

Después de más de cinco décadas de una guerra contra las drogas que ningún gobierno ha conseguido ganar, el nuevo presidente ha decidido cambiar la apuesta, pero no el objetivo: derrotar al narcotráfico. 

El reloj de los 90 días ya está corriendo y será en el terreno, y no en los discursos, donde se sabrá si el Escudo de las Américas es el comienzo de una nueva estrategia o un nuevo capítulo de una guerra que el país lleva más de medio siglo intentando ganar.