¿Cuál será la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia con una estrategia de comunicaciones que convirtió los símbolos en una poderosa herramienta electoral: la camiseta de la Selección Colombia, los videos elaborados con inteligencia artificial, el saludo con la mano sobre la cabeza, el eslogan “Póngale la raya al tigre” y los mensajes radiales y en televisión en los que prometía un gobierno “sin los de siempre”.

La combinación de esa narrativa de cambio con el deterioro del orden público en amplias regiones del país y el fracaso de la política de paz total terminó por crear el escenario propicio para que la mayoría de colombianos depositara en él la expectativa de recuperar la seguridad.

Pero la campaña quedó atrás. En cuestión de horas, De la Espriella se convertirá en el presidente número 43 de Colombia y, hasta ahora, sigue sin conocerse la estrategia integral de seguridad que orientará su administración. Tampoco se sabe quiénes ocuparán tres cargos fundamentales –la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y Migración Colombia– ni quiénes integrarán la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía.

“No hay un plan ni una estrategia claramente diseñada para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país”, advirtió hace algún tiempo a CAMBIO Michael Shifter, profesor adjunto de Política Latinoamericana en la Escuela de Asuntos Exteriores de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano.

“No se trata de repetir lo que hizo Álvaro Uribe hace dos décadas. El contexto es completamente distinto: los recursos son menores, los actores armados se transformaron y las amenazas son mucho más fragmentadas. Hasta ahora, De la Espriella no ha mostrado una estrategia plenamente estructurada”, agregó uno de los analistas más respetados sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Por ahora, el presidente electo ha dejado entrever que buscará apoyarse en una estrecha cooperación con Estados Unidos. “Es evidente que Abelardo buscará fortalecer la relación con Washington. Todavía es prematuro saber qué significará eso en términos presupuestales, pero cabe esperar un mayor intercambio de inteligencia, asistencia técnica y cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, esa apuesta también implica riesgos”, señaló Shifter.

El analista considera que una relación sólida con Washington será importante para el nuevo Gobierno, aunque advierte que tampoco conviene depender excesivamente de la Casa Blanca. Donald Trump atraviesa un momento político complejo: enfrenta fuertes divisiones internas, registra bajos niveles de popularidad y se aproxima a unas elecciones legislativas de mitad de periodo que podrían arrebatarle el control de la Cámara de Representantes e, incluso, poner en riesgo su mayoría en el Senado.

“El desafío para De la Espriella será aprovechar la confianza que existe con la administración Trump sin perder autonomía. Colombia debe dejar claro que es un aliado, no un subordinado. Esa independencia será fundamental porque el escenario político en Estados Unidos puede cambiar rápidamente”, afirmó.

¿Un Plan Patriota 2.0?

La apuesta del nuevo Gobierno apunta a una especie de Plan Patriota 2.0 que redefina la respuesta del Estado frente al terrorismo y las organizaciones criminales.

A diferencia del plan original, concebido para enfrentar una guerrilla con estructura jerárquica y control territorial, esta nueva estrategia partiría de un escenario mucho más fragmentado, en el que convergen múltiples organizaciones armadas y economías ilegales.

La doctrina buscaría agrupar bajo una misma categoría al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, no como actores con motivaciones diferenciadas, sino como organizaciones transnacionales que representan una amenaza para la seguridad hemisférica y, en particular, para los intereses de Estados Unidos.

Las decisiones que adopte el nuevo Gobierno en materia de seguridad podrían resultar determinantes para preservar el control institucional sobre el territorio o, por el contrario, acelerar su fragmentación.

El deterioro de la situación en el suroccidente del país, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y varias regiones del sur refleja cómo distintos grupos armados han consolidado áreas de influencia donde la presencia del Estado es cada vez más precaria.

Si la nueva administración no logra contener esa tendencia con una estrategia clara y sostenida, el riesgo de profundizar esa fragmentación territorial aumentará significativamente.

Los cinco pilares

Expertos consultados por CAMBIO coinciden en que la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno debería contemplar, al menos, cinco grandes frentes.

Primero. Recuperar la conducción estratégica desde el Ministerio de Defensa para restablecer, dentro del marco constitucional, el mando y control de las operaciones militares, policiales y de inteligencia. Esa tarea pasa por enfrentar el déficit de pie de fuerza –estimado en cerca de 100.000 efectivos–, actualizar la doctrina de seguridad y defensa, fortalecer la formación del personal y acelerar la modernización de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Segundo. Consolidar una verdadera comunidad de inteligencia estratégica civil. Hoy la DNI, la UIAF y Migración Colombia operan de manera desarticulada, lo que limita su capacidad para producir inteligencia útil para la toma de decisiones. A ello se suma la necesidad de desarrollar capacidades de ciberinteligencia que permitan anticipar amenazas, más allá de responder cuando ya se ha producido un atentado o una crisis.

Tercero. Frenar la creciente urbanización de la violencia. Las organizaciones criminales han trasladado buena parte de sus operaciones a las ciudades para garantizar logística, lavado de activos, redes de apoyo e impunidad alrededor de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Cuarto. Diseñar un modelo estable de financiamiento para la seguridad ciudadana que vaya más allá de cubrir los gastos corrientes de la fuerza pública y permita fortalecer las capacidades operativas en las principales ciudades. 

Quinto. Recuperar en el menor tiempo posible las regiones más afectadas por la violencia, con objetivos verificables que permitan medir la reducción de los homicidios, la extorsión y el control territorial ejercido por las organizaciones criminales.

En diálogo con CAMBIO, el general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago afirmó que el principal desafío del nuevo Gobierno será cumplir la promesa formulada para los primeros 100 días: capturar o dar de baja a los objetivos de alto valor previamente identificados.

Según el oficial en retiro, De la Espriella también deberá demostrar que el denominado Bloque para la Defensa de la Seguridad Urbana constituye una herramienta eficaz para enfrentar el crimen organizado y los delitos de mayor impacto en las principales ciudades del país.

Por su parte, el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), considera que la prioridad consiste en recuperar el control efectivo del Estado sobre los territorios y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

“En las ciudades habrá que enfrentar la extorsión, el microtráfico, el homicidio y otras expresiones del crimen organizado que afectan directamente la seguridad ciudadana. En las zonas rurales será indispensable debilitar las economías ilícitas, recuperar los territorios dominados por grupos armados y garantizar una presencia integral del Estado. El éxito dependerá de combinar inteligencia, judicialización, cooperación internacional, desarrollo territorial y tecnología”, sostuvo.

En cuestión de horas, Abelardo de la Espriella asumirá como comandante supremo de las Fuerzas Militares en un país atravesado por múltiples focos de violencia. A partir de ese momento, las expectativas de los ciudadanos dejarán de concentrarse en los símbolos de campaña y se trasladarán a las decisiones de Gobierno. La política de seguridad dejará de medirse por las promesas y comenzará a evaluarse por sus resultados.