A dedo y con nexos políticos: así repartió Petro 113 notarías en cuatro años

En Colombia ser notario es, para muchos abogados, la meta de una carrera entera. El cargo mueve millones de pesos al año, ofrece estabilidad laboral casi vitalicia y pone a quien lo ocupa en el centro de la vida jurídica de un municipio o una ciudad. Por su manos pasan todo tipo de trámites con su respectiva tarifa: matrimonios, divorcios, escrituras, hipotecas, sucesiones, testamentos y autenticaciones. ‘Vueltas’ por las que se puede cobrar desde 2.000 pesos hasta valores altísimos que se calculan, por ejemplo, por el valor de un inmueble.

A corte del 31 de diciembre de 2025, la Notaría 27 de Bogotá fue la que más trámites facturó en ese año con 924.464. El dato es clave porque los honorarios de los notarios se componen de los ingresos que reciben por la prestación de los servicios.

Como si fuera poco, a los notarios de primera categoría los nombra el gobierno nacional. Por eso, cada vez que la administración de turno tiene la oportunidad de nombrar a los guardianes de la fé pública, lo que está en juego no es solo un puesto administrativo, sino una cuota de poder que puede durar más que el propio gobierno que la entrega. Memorables son los casos de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, excongresistas que recibieron notarías a cambio de acciones u omisiones en el Congreso en el trámite de la reelección de Álvaro Uribe.

A pesar de ser “el gobierno del cambio”, durante los cuatro años de Gustavo Petro esa maquinaria no se detuvo. De hecho, solo en el mes de julio y a días de dejar la Casa de Nariño, el mandatario nombró a 22 notarios —la mayoría en provisionalidad— en varias ciudades del país.

Por ello, CAMBIO revisó el universo de nombramientos hechos por el gobierno saliente y encontró un patrón mixto: junto a designaciones dentro de ‘lo normal’, aparece un grupo de notarios cuyos nombres están ligados a estructuras políticas, campañas o cercanías personales con funcionarios del Ejecutivo.

El mapa notarial del gobierno Petro

Buena parte de estas designaciones se han dado en notarías apetecidas por muchos en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y algunas ciudades intermedias. En muchos casos, han servido como forma de premiar personas cercanas al gobierno, pero también ha sido una forma de darle guiños a aliados regionales.

Por ejemplo, el pasado 30 de julio —la fecha más reciente analizada— fue designado Alejandro Guevara Ramírez como notario tercero interino de Tuluá. Guevara es abogado cercano al Pacto Histórico y exfuncionario de la Superintendencia de Salud. 

Ese mismo día, el gobierno designó al exalcalde de Dosquebradas Uberney Marín Villada como notario segundo interino de Pereira. En noviembre de 2025, Marín fue nombrado por la canciller Rosa Villavicencio como jefe jurídico del Ministerio y hace menos de un mes había sido nombrado cónsul en Maracaibo.

Finalmente, el pasado 30 viernes también fue designado Wastin Yuselff Murillo como notario décimo interino de Bucaramanga. Murillo es cercano al Pacto Histórico y excontratista de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno Petro.

Por otro lado, hay algo que ha ido transformándose a lo largo del gobierno de Gustavo Petro: cada vez se usa menos la figura de nombramientos en propiedad en las notarías. Estos cargos se suelen suplir por concurso de méritos; sin embargo, sacar adelante ese requisito ha sido una odisea en los últimos años. De hecho, en mayo pasado, la Universidad Libre le pidió al gobierno nacional terminar el contrato del concurso en medio de cambios en el cronograma y alertas de la Contraloría. Este es el primer proceso que se intenta hacer desde 2014 para suplir más de 300 puestos de notarios en todo el país.

Incluso, en septiembre del año pasado, el presidente Petro aseguró en su cuenta de X que se estaban cobrando “mil millones por cupo” en el concurso notarial que por ese entonces fue suspendido por “limitaciones presupuestales” luego de una petición de la Procuraduría de frenarlo por supuestas irregularidades como, por ejemplo, que los aspirantes no tenían cómo defenderse si consideraban que habían sido excluidos errónamente o mal calificados.

• Le puede interesar: Suspenden el concurso de notarios: la suspicacias que envolvieron el proceso por posibles irregularidades

Por ello, lo que está pensado para ser una figura temporal, en el gobierno Petro se ha vuelto la norma teniendo cada vez más nombramientos en provisionalidad. Esto se refuerza aun más en el último año. 

Así, con un método de designación más flexible, el gobierno se demoró cada vez menos en llenar las vacancias. CAMBIO analizó la mediana del tiempo que pasó entre el momento que la notaría quedó vacante y la nueva designación y comprobó que la administración Petro se volvió más ágil en sus asignaciones con el paso de los meses.

Los notarios cercanos al gobierno

Para el gobierno Petro, los nombramientos afines en las notarías fueron una constante y empezaron muy temprano en su cuatrienio. De las 113 designaciones notariales hechas en los cuatro años de la administración saliente, 37 tienen nexos políticos rastreables, según la radiografía hecha por CAMBIO. 

Una de las primeras con cercanía al petrismo fue Erika Andrea Macías Cárdenas, la primera notaria designada por Petro en 2022. Macías fue funcionaria en la Alcaldía de Ibagué, durante la administración del actual Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. 

Otros de los primeros nombramientos del gobierno saliente fueron los de Édgar Garcés Abdala, excandidato liberal al Concejo de Montería en 2015, y Zoraida del Carmen Burgos, donante de la campaña al Congreso del liberal Guillermo García Realpe en 2014. A Garcés le correspondió la Notaría Tercera de la capital de Córdoba y a Burgos la Notaría primera de Ipiales.

Incluso, en las designaciones rastreadas por CAMBIO, aparece un nombre particular: el de Lia del Carmen Hurtado designada en noviembre de 2023 como notaria séptima en propiedad de Medellín. Hurtado fue condenada en primera instancia en diciembre de ese mismo año por despojo de tierras a favor de las AUC en Antioquia. No obstante, la sentencia fue revocada en 2024 por el Tribunal Superior de Antioquia al considerar que los delitos prescribieron.

El nivel de los nombramientos siguió un ritmo normal hasta las últimas semanas, cuando a muy poco de salir del gobierno el presidente intensificó la designación de fichas afines en las notarías.

Por ejemplo, la excongresista liberal Karyme Cotes fue nombrada la semana anterior como notaria interina sexta de Medellín. Cotes fue una de las representantes a la Cámara que respaldó la agenda legislativa del gobierno Petro en el periodo 2026-2030 desafiando las instrucciones de su propio partido. 

Caso parecido al del abogado Juan David Ortega Ramírez, designado como notario interino número doce de Barranquilla. En la pasada campaña presidencial, Ortega apoyó activamente a Iván Cepeda e incluso se presentó como "líder del Pacto Histórico" en entrevistas con medios de comunicación.

Lo mismo que el abogado Mauricio Martínez Rivillas, que recibió una notaría en los últimos días del gobierno actual. Martínez fue director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Bolívar y Sucre en el gobierno Petro y es el nuevo notario sexto de Barranquilla.

El resto de perfiles van desde el exsuperintendente de sociedades, Billy Escobar, hasta Adriana Mejía Aguado, que fue abogada de la primera dama, Verónica Alcocer. CAMBIO recopiló los 10 notarios más cercanos al gobierno Petro. Reviselos en la siguiente visualización interactiva.

Además, CAMBIO recopiló todos los nombramientos de notarios afines al gobierno o con alguna relación política. Puede explorarlos aquí:

Con el gobierno Petro en su último tramo, las notarías repartidas durante estos cuatro años quedan como una radiografía más de cómo se ejerce el poder en Colombia: una mezcla de mérito, cuota y cercanía que ningún gobierno, sin importar su bandera ideológica, ha logrado —o querido— erradicar del todo. 

La herencia quedará para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha prometido distancia con la politiquería y revisar con lupa las designaciones hechas por la administración saliente con el sol a cuestas. Además, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, y el futuro superintendente de Notariado y Registro, recibirán el chicharrón del concurso que sigue enredado.