Los archivos del DAS comienzan a hablar: tras las huellas de los documentos desclasificados
Las familias de Pedro Movilla y Jaime Garzón recibieron los primeros archivos de inteligencia que el Gobierno desclasificó: una decisión histórica que le apuesta a la búsqueda de la verdad. ¿Qué dice el primer memo del DAS que se hizo público? CAMBIO se adentró en el proceso de identificación de los archivos desclasificados por Gustavo Petro, una labor titánica sobre 57.000 cajas de información. Francisco Flórez, director del Archivo General, le pide al gobierno de Abelardo de la Espriella fortalecer el proceso y a la entidad: “Hay que pluralizar la memoria, no imponerla”.
El 7 de julio de 1993, el jefe de División de Análisis del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) envió a la División de Policía Judicial el memorando 002-92 con el siguiente mensaje:
“Adjunto el presente envío de información disponible sobre la red urbana del ELN y de algunos integrantes del frente ‘Domingo Laín Sáenz’ con el propósito de que se continúe la investigación respectiva y se alleguen los resultados de los procesos de vigilancia, seguimiento y capturas a que haya lugar”.
No es un documento más sobre las investigaciones contra la insurgencia que se hacían en la época. El archivo que CAMBIO revela es el primero de una carpeta de información de inteligencia del DAS sobre Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente del Partido Comunista Marxista Leninista, desaparecido forzadamente meses antes, el 13 de mayo de 1993, minutos después de dejar a su hija en el colegio en el sector de la avenida Primero de Mayo, en Bogotá.
Del paradero de Movilla, quien no hacía parte de ningún grupo armado ilegal, no se sabe nada desde hace 33 años. Su familia deposita ahora sus esperanzas en dos frentes: las labores de búsqueda que se adelantan en los terrenos de la Escuela Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército —la antigua Brigada XX— y los secretos que aún puedan guardar los archivos del DAS.
Se trata de documentos que, leídos en contexto, revelan detalles de la persecución del DAS a las personas que pensaban diferente y cuyo resultado fue el exilio, la estigmatización, la desaparición o la muerte en los aciagos días del Estatuto de Seguridad. Los documentos que le siguen a ese memorando, de fechas anteriores, registran que se le pidió a la Seccional del DAS en Montería aportar toda la información relacionada con Movilla y su familia.
En los últimos días de su mandato, Gustavo Petro hizo algo que ningún presidente colombiano había hecho: ordenó la entrega de los primeros archivos desclasificados de inteligencia y contrainteligencia. La primera carpeta llegó a la familia de Pedro Movilla. La segunda, dedicada al caso de Jaime Garzón, fue recibida por su hermana, Marisol Garzón, quien espera encontrar en esos documentos nuevas pistas sobre los responsables del asesinato del humorista y sobre el papel que desempeñó el propio DAS en el desvío de la investigación.
¿Qué hay en esos documentos? ¿Cómo se encontraron? ¿Cuándo se podrán consultar? ¿Cómo va el proceso de intervención de 57.544 cajas y 47.829 medios magnéticos?
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CAMBIO se adentró en el proceso que apenas va en la revisión de cajas que provenían de las Seccionales del DAS en el Amazonas, Antioquia y Arauca y que deberá seguir el 7 de agosto una vez se posesione como presidente de la República el abogado Abelardo de la Espriella. El director del Archivo General de la Nación, Francisco Flórez, advirtió sobre las implicaciones de alterar o violentar los documentos y manifestó su preocupación en caso de que esa entidad, adscrita al Ministerio de las Culturas, pueda ser objeto de recortes presupuestales o quede en medio de discursos políticos de negacionismo.
“Colombia ha hecho en las últimas décadas un esfuerzo notable para avanzar en una cultura de paz y esto implica que las instituciones del Estado deban asumir las responsabilidades del horror que se produjo en Colombia. En vez de desmontar el aparato que se ha construido para avanzar en ese horizonte de paz, el gobierno entrante debe fortalecerlo. Algo que debería continuar es construir una suerte de Estado reparador”, dice Flórez desde su oficina en el centro de Bogotá.
Su mensaje a Abelardo de la Espriella va más allá: Flórez apunta que las sociedades que están mejor preparadas para gestionar sus conflictos no son aquellas que borran el pasado, sino las que recuperan su memoria, la entienden, la cuestionan y le formulan interrogantes.
"En esa idea de avanzar hacia el negacionismo o la 'batalla cultural’ que han anunciado, creo que, en vez de homogenizar la memoria, hay que pluralizarla. Nosotros aquí no llegamos a imponer una memoria sobre otra, nosotros llegamos a ensancharlas. Ese debería ser el derrotero y el curso que debiera seguir el país”, dice.
En vez de homogenizar la memoria, hay que pluralizarla. Nosotros aquí no llegamos a imponer una memoria sobre otra, nosotros llegamos a ensancharlas.
La verdad oculta entre millones de papeles
El 22 de diciembre de 2025, el presidente Petro desclasificó la información, inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del fondo del extinto DAS. Fue una decisión política, por un lado, que solo puede tomar el jefe de Estado, pero también el cumplimiento de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una respuesta a órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz. El DAS fue liquidado en 2011 tras múltiples investigaciones que revelaron cómo la policía secreta fue usada para perseguir a sindicalistas, defensores de derechos humanos, militantes de partidos políticos, entre otros, que eran calificados como afines a la guerrilla sin serlo.
Desde 2014, el fondo documental del extinto DAS se mandó al Archivo General, mientras que otra parte de la información fue enviada a entidades como la Unidad Nacional de Protección y Migración Colombia. Con el decreto que oficializó la desclasificación, el Archivo empezó una tarea que busca identificar cada folio, hacer “primeros auxilios” a los documentos que lo requieran, restaurar, clasificar, ordenar, describir y digitalizar cada uno. Después, sobre esa copia digital, trabajan los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para anonimizar los datos sensibles.
¿Cuáles? Los nombres, por ejemplo, de agentes del DAS. Mientras el archivo original se protege y podrá ser entregado cada vez que un juez lo disponga, la copia digital es la primera que permanecerá para consulta en la sede física del Archivo General en Bogotá. Luego, será publicada en la plataforma Dataviva quye hoy alberga, por ejemplo, 25 millones de imágenes sobre el pasado de Colombia (lo cual le valió a Flórez un premio de alta gerencia).
Este proceso, que técnicamente se denomina “intervención”, tiene unas reglas de juego: el Archivo General debe mantener cada una de las 57.000 cajas tal y como las recibió y no es trabajo de esa entidad interpretar los documentos que encuentre. ¿Cómo se encontraron los archivos de Julio Movilla y Jaime Garzón? Aunque pueda causar sorpresa, esas carpetas no estaban en cajas del DAS catalogadas como “Bogotá” o “Cundinamarca”, sino en las cajas de las primeras seccionales revisadas: Antioquia, Amazonas y Arauca.
Gloribel Rodríguez Carrasco, subdirectora de Archivos de Entidades Liquidadas del Archivo General, lo explicó así. “Recibimos las cajas y empezamos con el diagnóstico e intervención el año pasado. Tiene una fase para saber cuántos folios (hojas) tiene una carpeta, cuántos tiene una caja y en cinco años sabremos cuántos folios tiene todo el archivo”.
Luego vienen las labores de conservación y la descripción de cada carpeta: una especie de índice que resume los nombres, las fuentes y los documentos que contiene, así como las misiones de trabajo a las que hacen referencia. Con esto en mano, se puede avanzar en la digitalización. “En el marco de esas tres seccionales que ya hemos intervenido apareció el apellido Garzón. Nosotros no lo buscamos, apareció. Eso no se armó”, explicó.
En el caso de Movilla sí hubo una priorización porque hay una orden de la Corte IDH. Por eso, en los próximos meses o años, las carpetas con información de Garzón, Movilla y otros casos de connotación nacional podrían aumentar, así como carpetas relacionadas con la conformación de grupos paramilitares, la insurgencia o el narcotráfico en Colombia. Todo depende del presupuesto.
“Si contáramos con muchos más recursos económicos, con mucho más personal, podríamos reducir el tiempo de intervención, no solo para nosotros, sino para el proceso que hace la DNI y reduciríamos el tiempo para el acceso público de los documentos”, indicó Rodríguez. El director del Archivo, Francisco Flórez, destacó el esfuerzo presupuestal del gobierno Petro y señaló que se hizo una ampliación del cupo fiscal por 2.400 millones de pesos para la adecuación de la infraestructura y la compra de equipos.
“En medio de la turbulencia financiera siempre hemos dispuesto de recursos. El universo es muy amplio y una cotización para la parte documental hablaba de unos 50.000 millones de pesos lo cual es una cifra considerable. Nosotros tenemos más o menos 35 personas trabajando únicamente en los archivos de Entidades Liquidadas”, agregó Flórez. Aun así, explica el funcionario, en tres años logró avanzar más que en gobiernos anteriores, en un trabajo que ha contado con el apoyo clave de los apoderados de víctimas y que deberá seguir.
¿Por qué hay registros en los archivos de personas que están dadas por desparecidas?
El Archivo tiene ya avanzada la digitalización de múltiples carpetas, lo que falta para la puesta en público es la fase de anonimización de la DNI. En los documentos también trabaja la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, que ha encontrado registros de personas en las cajas, que luego cruzó con su base de datos, la cual oscila entre 125.000 y 130.000 personas. El resultado es revelador: 667 personas aparecen tanto en los archivos del DAS como en el registro de personas desaparecidas. La pregunta, dice Flórez, es por qué. Responderla ya no les corresponde solo a los archivistas o a la Unidad de Búsqueda, sino también a las autoridades judiciales.
“¿Por qué personas sobre las que el DAS hizo al menos un escrutinio están dadas por desaparecidas en este momento? ¿Eran labores del DAS como policía judicial o son personas a quienes les hizo perfilamiento? Esto muestra el sentido que puede tener una información desclasificada cuando se le pone en contexto, cuando se triangula y contrasta con otro tipo de datos que ya disponen otras instituciones de organizaciones de derechos humanos”, indicó Flórez.
La tarea del Archivo también se ha dado con al JEP, que ha emitido medidas cautelares sobre los documentos del DAS, para hacer, por ejemplo, una copia de seguridad de los documentos de la Comisión de la Verdad que fue llevada a Suiza. Además, se entregará a la justicia transicional una serie de documentos relacionados con la creación de las Convivir que estaban en los archivos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Son 57 cajas que se entregan digitalizadas para que la JEP haga el proceso de anonimización.
Las advertencias para el nuevo gobierno
Lo cierto es que esta trabajo que ya empezó deja también algunas dudas entre representantes de las víctimas se preguntan cómo se hace precisamente ese proceso de anonimización por parte de la DNI, si esto podría llegar a afectar la lectura y la puesta en contexto de los memorandos que se encuentren, y si las disputas políticas van a afectar este proceso.
También hay otros desafíos: ¿qué pasa con los archivos del DAS que pasaron en 2014 a otras entidades como la UNP si la orden de desclasificación no los incluyó? ¿Cómo podrán acceder las víctimas? ¿Se avanzará hacia una política de desclasificación de archivos a nivel nacional? ¿Habrá un documento Conpes para la intervención de los archivos ante la cantidad de documentos cómo se llegó a plantear en este gobierno? ¿Puede estar información de seguridad nacional en una nube? ¿Dónde queda la soberanía de datos?
Por el tamaño, ahora el reto le corresponde seguirlo al gobierno de Abelardo de la Espriella. El director Flórez explicó que la información que hoy está en la entidad adquirió un carácter patrimonial y quien quiera violentarla o afectarla incurriría en un delito. “Sabemos cuánto hay por el diagnóstico que se hizo. Este fondo también hace parte del programa Memoria del Mundo de la Unesco que salvaguarda la información y la JEP ha expedido una serie de autos que también lo protegen”, indicó.
Por eso, Flórez insiste en que este esfuerzo, que se hace de manera articulada con múltiples entidades como la Cancillería, el ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Unidad de Búsqueda, la JEP y la DNI, debería fortalecerse. “Uno de los asesores de Abelardo, Enrique Serrano, fue director del Archivo en el gobierno de Iván Duque. Siento que él (Abelardo) sabe de la importancia de lo patrimonial”, dijo. Ahora, como el presidente electo ha hablado de eliminar entidades, reducir el Estado en un 40 por ciento y ya puso sobre la mesa el término de “batalla cultural”, las preocupaciones continúan.
Flórez dice que si la idea pasa por eliminar los programas que se han creado para darle respuesta “a la lógica en que entró el Estado colombiano después de los procesos de paz, ahí podría haber un retroceso importante”. El otro riesgo puede ser una eventual desfinanciación del Ministerio, entidad a la que está adscrito el Archivo; y la última preocupación pasa por qué entiende el nuevo gobierno por “cultura”.
“La idea de cambiar el nombre a Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es semántica, sino que implicó pluralizar las memorias, trabajar con las distintas comunidades, tener en cuenta las voces de las comunidades campesinas, indígenas, afro, comunidades LGBTIQ + y uno escucha discursos de representantes del gobierno entrante que pareciera no estar en sintonía con esa visión”, indicó Flórez. La idea, señala, pasa por entender que la cultura tiene una dimensión sociohistórica, por garantizar expresiones artísticas, trabajar en los archivos, hacer pedagogía y no solo una noción mercantilista de la cultura.
“Habrá que observar hacia dónde se dirigen: si es una reedición de lo que en su momento Duque planteó como ‘economía naranja’ o si tienen la capacidad de entender que la administración pública requiere de una memoria. No es simplemente llegar y hacer tabla rasa. Somos una entidad clave para la generación de conciencia histórica. Hay que consolidad la idea de un Estado que repara: sin memorias, no hay reparación histórica”, finalizó Flórez.
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