La inquietante idea de sacar a Colombia de la CPI y del Estatuto de Roma
Abelardo de la Espriella, presidente de la República de Colombia; y Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores. Fotos: Colprensa – CAMBIO.
Aunque se cocina en el Gobierno de Defensores de la Patria, la salida del Tribunal Penal Internacional en la práctica debe ser una decisión de Estado y no exclusivamente del Ejecutivo. Expertos advierten que el retiro tampoco detendría la jurisdicción de la Corte y dudan de los beneficios diplomáticos que el Gobierno espera.
Por: Armando Neira
Casi oculta por la avalancha informativa que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, hace unos días circuló una noticia de profundas implicaciones para la política exterior: el Gobierno estaría estudiando la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) y denunciar el Estatuto de Roma.
La versión, dada por Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, a partir de fuentes consultadas en La Haya que daban por segura la salida de Colombia, provocó la natural inquietud por sus posibles consecuencias.
La CPI es el último escalón del sistema internacional de justicia penal para los crímenes más graves y, en el caso colombiano, su existencia ha operado durante años como un mecanismo complementario de presión sobre la justicia nacional, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La salida, sin embargo, no podría producirse de manera inmediata. La renuncia del tratado exige un procedimiento formal y, mientras este surte efecto, la Corte conservaría su jurisdicción en los términos establecidos por el Estatuto de Roma. Además, una eventual decisión de retiro podría tener consecuencias jurídicas y políticas que el Gobierno tendría que asumir.
Un giro alineado con Washington
La posibilidad del retiro surge en medio del nuevo rumbo de la política exterior trazado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella y de su acercamiento a Washington e Israel. Días antes, durante la reunión de la Coalición de las Américas contra los Carteles, celebrada en Panamá, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, había instado a los países del llamado Escudo de las Américas, entre ellos Colombia, a abandonar el tribunal.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia ni la Cancillería habían confirmado oficialmente que el proceso de retiro hubiera comenzado.
La CPI es un tribunal permanente e independiente, con sede en La Haya, creado por el Estatuto de Roma de 1998. Juzga a personas naturales, no a Estados, por cuatro de los crímenes más graves para la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Su jurisdicción es complementaria: interviene cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar y juzgar genuinamente esos delitos.
Ese carácter subsidiario es precisamente uno de los elementos centrales del debate. La eventual salida del Estatuto de Roma no significaría, por sí sola, que la Corte perdiera de inmediato toda competencia sobre hechos ocurridos mientras Colombia estuvo sometida a su jurisdicción.
Las dudas de la academia
La posibilidad de abandonar la CPI generó inquietud entre académicos y expertos en relaciones internacionales. Sandra Borda, analista internacional y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, puso el foco en una aparente contradicción histórica de la derecha colombiana.
Fue un gobierno de derecha, el de Andrés Pastrana, el que llevó a Colombia a vincularse al sistema de la Corte como mecanismo de disuasión frente a los grupos armados. También fue durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando Colombia resistió los intentos de Estados Unidos por obtener un trato especial frente al tribunal y cuando sectores del propio uribismo recurrieron a la amenaza de la CPI como instrumento para reclamar que no hubiera impunidad en el Acuerdo de Paz, recordó.
La posibilidad de que ahora otro gobierno de derecha promueva la salida del tribunal, en sintonía con la ofensiva de Trump contra la CPI, introduce por eso una paradoja política: se buscaría abandonar precisamente una institución internacional que durante años fue presentada como una garantía frente a la impunidad de los grupos armados ilegales.
Para Jorge Restrepo, experto en conflicto armado, sería una de las decisiones más relevantes dentro de la llamada batalla cultural del Gobierno. Retirarse de la CPI supondría, en la práctica, afirmar que la justicia colombiana cuenta con la capacidad, los medios, la independencia y las condiciones de seguridad suficientes para atender las demandas de las víctimas del conflicto y de la violencia que todavía persiste.
El asunto tiene además una dimensión jurídica que podría producir un efecto contrario al buscado. De hecho, teniendo en cuenta que la Fiscalía de la CPI decidió suspender hace tres años el examen preliminar sobre Colombia, una eventual decisión de retiro podría llevar a revisar nuevamente esa determinación y aumentar la presión internacional sobre la justicia transicional y la ordinaria.
La paradoja sería evidente: una decisión concebida para reducir la influencia de la Corte podría terminar incrementándola. Una mayor presión internacional, además, podría acelerar los procesos internos y obligar a la justicia nacional a demostrar con mayor contundencia su capacidad para investigar y sancionar los crímenes más graves.
El expresidente Ernesto Samper también cuestionó la posibilidad de retiro y la consideró un costoso paso histórico. A su juicio, la salida dejaría al país expuesto a los mecanismos de la justicia universal y a la posibilidad de que ciudadanos colombianos fueran procesados en otras jurisdicciones.
El precedente de Venezuela
Si Colombia concretara la medida, pasaría a formar parte del grupo de países que han decidido apartarse del sistema del Estatuto de Roma. Venezuela formalizó su retiro el pasado 24 de julio, mientras la Fiscalía de la CPI mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país. Burkina Faso, Malí y Níger también han iniciado procesos de retiro y han cuestionado al tribunal como una herramienta de represión neocolonial.
La ofensiva contra la CPI también se ha intensificado desde Washington. El gobierno estadounidense ha recurrido a sanciones, restricciones de visado para jueces y presión diplomática sobre los Estados miembros. La administración Trump sostiene que el tribunal ha abusado de sus atribuciones y ha puesto en riesgo la soberanía de los Estados.
El capítulo más reciente se produjo el martes que pasó, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la presidenta de la Corte, la magistrada japonesa Tomoko Akane, y contra el abogado senegalés Abdoulaye Seye, integrante de la Fiscalía del tribunal.
La CPI respondió que las sanciones constituían un ataque contra la independencia de una institución judicial que actúa por mandato de sus Estados parte. Desde Naciones Unidas también se expresó preocupación por la medida.
Una Corte bajo cuestionamiento
La controversia, sin embargo, no se limita a la confrontación entre Washington y La Haya. La CPI también enfrenta cuestionamientos sobre su eficacia práctica. La dificultad para ejecutar órdenes de captura contra personas con respaldo estatal o protegidas por gobiernos aliados ha alimentado las críticas sobre el verdadero alcance de su poder.
Las órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente ruso, Vladímir Putin, son ejemplos de esa dificultad. La brecha entre las decisiones jurídicas de la Corte y su capacidad efectiva para hacerlas cumplir ha abierto un debate sobre los límites de la justicia penal internacional y sobre el peso de la realpolitik frente a las obligaciones jurídicas.
Entre tanto, aquí en Colombia, los sectores críticos del Gobierno rechazan la posibilidad de abandonar el Estatuto de Roma y consideran que invocar la soberanía para hacerlo supone una interpretación incompleta del concepto. Desde esa perspectiva, la soberanía democrática no consiste en aislarse de los mecanismos internacionales de protección ni en crear espacios de impunidad para quienes ejercen el poder.
La adhesión a tribunales internacionales, sostienen, refuerza la legitimidad de las instituciones nacionales al establecer que ningún actor, estatal o ilegal, está por encima de la justicia. Desvincularse de la CPI, en cambio, podría debilitar la posición diplomática de Colombia y proyectar una imagen de retroceso frente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El riesgo también tendría una dimensión territorial. En zonas rurales y étnicas, la pérdida del mecanismo de supervisión complementaria de la Corte podría ser interpretada como una señal de permisividad frente a los grupos armados ilegales. La desaparición de la amenaza de una investigación internacional podría favorecer, según esta lectura, escenarios de despojo de tierras, desplazamiento forzado y persecución de liderazgos comunitarios.
Un cálculo político de alto riesgo
Para Eduardo Pastrana, experto en relaciones internacionales, la iniciativa responde principalmente a un cálculo de conveniencia diplomática: alinearse con la ofensiva del gobierno de Trump contra la CPI, sus jueces y su Fiscalía.
En ese escenario, el Gobierno colombiano, dice, buscaría acercarse a la administración estadounidense con la expectativa de obtener beneficios económicos, como una eventual reducción de aranceles, y recursos de asistencia técnica y militar para el nuevo Plan Colombia que pretende impulsar el Gobierno de De la Espriella.
El problema, según Pastrana, es que buena parte de esas decisiones no depende exclusivamente de la Casa Blanca. El Congreso estadounidense tiene un papel determinante en la asignación de recursos y, además, se aproxima una renovación legislativa que podría modificar el equilibrio de fuerzas en Washington. Una eventual recuperación de la mayoría por parte de los demócratas, tanto en la Cámara como eventualmente en el Senado, cambiaría las condiciones políticas de la relación bilateral.
La apuesta también tendría un costo potencial frente a Europa. La Unión Europea es uno de los principales actores internacionales de cooperación para el desarrollo, la atención a víctimas, la reincorporación y el fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia. Una decisión que fuera interpretada como un respaldo a la ofensiva de Washington contra la CPI podría provocar un fuerte rechazo político entre los gobiernos europeos y afectar la relación con uno de los principales socios internacionales del país.
Una decisión de Estado
El ingreso de Colombia a la CPI tampoco fue una decisión menor ni exclusivamente presidencial. El Estatuto de Roma contenía disposiciones que exigieron una adecuación del ordenamiento constitucional colombiano. Para hacerlo posible, el país reformó la Constitución mediante el Acto Legislativo 02 de 2001, que adicionó el artículo 93 para permitir el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte.
En otras palabras, los tres poderes públicos concurrieron para vincular al país con la CPI. Por eso, una eventual salida no puede entenderse simplemente como un giro diplomático del Ejecutivo de turno. Es una decisión de Estado que compromete obligaciones internacionales, principios constitucionales y la posición del país frente al sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La eventual decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella y del canciller Omar Bula se encuentra así ante una paradoja: una medida presentada como un ejercicio de soberanía podría terminar abriendo un complejo debate constitucional, jurídico y diplomático sobre los límites de esa misma soberanía.
Y hay un último elemento que reduce cualquier posibilidad de efecto inmediato. Aun si el Gobierno notificara en los próximos días su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, el retiro no entraría en vigor de manera instantánea. El propio tratado establece que la denuncia surte efectos un año después de recibida la notificación escrita por el secretario general de las Naciones Unidas.
Colombia, por tanto, seguiría siendo durante ese periodo un Estado parte de la Corte Penal Internacional. La idea de abandonarla puede estar sobre la mesa, pero convertirla en una realidad sería un proceso mucho más largo, complejo y trascendente que una simple decisión de la Patria Milagro.
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