"Me sigue impresionando la facilidad con la que mataban": Julieta Lemaitre sobre la imputación a 27 ex-Farc
La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre explica en CAMBIO la imputación a 27 exintegrantes de las Farc por algunos de los peores crímenes de la antigua guerrilla: las tomas de Mitú y Miraflores, el atentado al club El Nogal y otros ataques emblemáticos. "Es la guerra, guerra", dice, sobre el control que ejercía la guerrilla en regiones donde actuaba como si fuera la ley.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 exintegrantes de las Farc por graves crímenes realizados por esa guerrilla que abarcan hechos dolorosos para la historia colombiana como las tomas guerrilleras, los carros bombas, los atentados a personalidades políticas, los asesinatos en masa de concejales, profesores y familias enteras perseguidas. La imputación habla de tres patrones macrocriminales.
Uno, se refiere a crímenes en el contexto del control social y territorial. Aquí la guerrilla impuso "normas de convivencia" para regular la vida cotidiana y también se cometieron crímenes como castigo por desobedecer (no pago de 'vacunas', negativa al reclutamiento), por sospecha de colaboración con el enemigo (fuerza pública o paramilitares) y como estrategia de "vacío de poder" como la persecución a alcaldes, concejales y líderes sociales. En este patrón se encuentra, por ejemplo, la masacre de la familia Turbay Cote del año 2000.
El segundo patrón tiene que ver con los crímenes en contextos urbanos, que son acciones en ciudades (Bogotá, Neiva, Villavicencio, Florencia) ejecutadas por redes clandestinas, que se divide en dos modalidades: ataques con explosivos para "hacer presencia" e impulsar la insurrección (como el atentado al club El Nogal) y asesinatos selectivos de figuras públicas declaradas "objetivos militares" como los dos atentados que sufrió Germán Vargas Lleras o el uso de rockets en la posesión presidencial de Álvaro Uribe.
El tercer patrón versa sobre los crímenes en desarrollo de las hostilidades: operaciones militares contra la fuerza pública que afectaron a civiles y bienes protegidos. Incluye tomas guerrilleras, hostigamientos y emboscadas caracterizados por el uso de medios indiscriminados (cilindros bomba, 'tatucos') y ataques a personas fuera de combate. Además, una imputación conjunta con el macrocaso 11, que señala que la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres fue un dispositivo funcional al control territorial, utilizado para castigar, disciplinar o expulsar a quienes desafiaban la autoridad de la guerrilla.
CAMBIO: ¿Cuáles fueron los hallazgos de la JEP en esta imputación?
Julieta Lemaitre: De alguna manera, este es el caso de la Colombia olvidada. Los hechos que más tenemos comprenden vastas zonas del país que en Bogotá tienden a ignorarse y que ocurrieron en Arauca, Casanare, una parte de Boyacá, Caquetá, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, una parte de Nariño y un pedacito del Cauca. Medio país. Se acumularon 37 informes de pueblos y municipios apartados que nos dicen cómo fue la guerra. A veces es difícil de dimensionar lo que fue la guerra en esa parte del país que incluyó, no solo acciones de la guerrilla, sino también de la fuerza pública y los paramilitares. El crimen que más hay son asesinatos y desplazamiento forzado como castigo.
CAMBIO: ¿A qué se refiere?
J.L.: Hubo una época en que las Farc quisieron que se fueran todos los funcionarios públicos y los que no se iban, los desplazaban o los mataban. Ahí tenemos crímenes que la gente ha olvidado, pero que fueron muy impactantes: las masacres de concejales de Rivera (Huila) y los de Puerto Rico (Meta). Esto es lo que llamamos un patrón de lucha por el control social y territorial en zonas donde también se estaban disputando el tráfico de la pasta base de coca con el paramilitarismo. Es una guerra a dos niveles con ellos: el tema ideológico y la disputa por el control del negocio. Este es un patrón de los crímenes cometidos (por las Farc) en la búsqueda del control de esta región y son hechos que la justicia ordinaria no tuvo la capacidad de investigar
CAMBIO: Hay un segundo patrón que identifica los crímenes cometidos en las ciudades por células. ¿Por qué se incluyeron y cómo se procesaron?
J.L.: Por incluir a Bogotá, Florencia, Villavicencio y Neiva, tenemos un segundo patrón sobre crímenes cometidos en contextos urbanos que son bien distintos. Si ellos en las zonas rurales andaban uniformados y eran un ejército, en lo urbano todo se manejaba en clandestinidad. Hay una época en los años noventa y primeros años de 2000 en que se dedicaron a cometer crímenes internacionales y a poner bombas. Ellos lo llamaban hacer presencia en las ciudades. Quienes ponían las bombas eran estas células urbanas secretas. El hecho más notorio es la bomba al club El Nogal, pero hay una casa-bomba en Neiva, hay unas bombas en la zona rosa de Villavicencio y Florencia. Otra modalidad que tuvieron las células en las ciudades fue el sicariato: unos operativos de la guerrilla que están especializados en grupos de tres o cuatro para matar a alguien, generalmente con pistolas o con miniametralladoras. Esto sucedió a finales de los años noventa. Las bombas son los hechos que menos tenemos (en este caso), pero son los hechos de más impacto.
CAMBIO: El tercer patrón incluye todas las tomas guerrilleras, las mismas que el Ejército y la Policía enfrentó muchas veces en evidente desigualdad de hombres, sin apoyo y en donde se produjeron los secuestros de uniformados....
J.L.: Al tercer patrón yo le digo "la guerra guerra", que formalmente son los crímenes cometidos en el desarrollo de las hostilidades. Y es que en esta parte del país hubo guerra de verdad: bombardeos, campos minados, pueblos destruidos, hasta batallas tenemos entre ejércitos. En las leyes que nosotros aplicamos se puede hacer la guerra, se puede matar gente desde que sean combatientes que están combatiendo; o atacar bienes del enemigo desde que sean bienes militares. Los crímenes que tenemos en este patrón son la destrucción de bienes civiles y asesinatos de civiles que están protegidos, o asesinatos de personas ya fuera de combate, lo cual está prohibido por las leyes de la guerra. Para uno que no lo vivió es difícil imaginarse cómo era eso.
CAMBIO: Este caso es enorme. ¿Cuántas víctimas tienen acreditadas?
J.L.: Tenemos 2.436 víctimas, una proporción pequeña para lo que creemos que hay, pero, una vez más, es una parte del país donde realmente la institucionalidad no había estado presente y en donde están las disidencias y hay partes en donde los paramilitares nunca se desmovilizaron, sino que se cambiaron de nombre. Hay partes en donde nosotros no podemos ir.
CAMBIO: ¿En dónde entra el atentado contra Germán Vargas Lleras y otros hechos de violencia política?
J.L.: En el patrón de acciones urbanas. De otro lado, la masacre de la familia Turbay Cote está en el patrón de crímenes por presencia territorial, teniendo en cuenta que también mataron a varios concejales y alcaldes que pertenecían al mismo grupo político. Quienes lo hicieron no estaban ocultos, lo hacían las unidades regulares de ellos. Lo de la posesión de Álvaro Uribe (uso de rockets en la posesión de 2002) sí fue en contexto urbano, fueron unas células pequeñas de las Farc que además tuvieron mala puntería: le dieron a una cantidad de gente que era muy pobre. Mataron niños, a una señora embarazada. A Álvaro Uribe también lo trataron de matar con una bomba en una casa que explotó cuando no era.
CAMBIO: Aquí, ¿quiénes son los imputados?
J.L: Cuando reconstruimos las cadenas de mando encontramos que cerca de la mitad de los que fueron comandantes están muertos y una proporción menor se voló, es decir, que nunca firmó el Acuerdo de Paz o que lo firmó y después se voló. De los firmantes del Acuerdo de Paz, identificamos a 27 comandantes que tuvieron un rol importante en esta región en la comandancia de los frentes grandes o en los estados mayores de los bloques. A los que quedaron vivos se les imputó su responsabilidad por estos hechos.
CAMBIO: Algunas de las víctimas de los hechos que entran en el patrón de la 'guerra guerra' que usted menciona han manifestado públicamente como sus reparos a la JEP. Por ejemplo, el general Luis Mendieta secuestrado en la toma de Mitú. ¿Qué se les puede decir?
J.L: Los reparos los podemos dividir en categorías. Hay una categoría de gente, en la cual creo que está el general Mendieta, que realmente no estuvo de acuerdo con el Acuerdo de Paz. La JEP es fruto del Acuerdo de Paz y materializa lo que mucha gente rechaza del acuerdo: que si los exFarc reconocen sus crímenes, no hay cárcel sino sanciones reparadoras. Creo que ahí no es lo que haga o no la JEP, sino que la mitad del país votó que no (al plebiscito).
Luego, hay otras personas que tenían unas expectativas del proceso. Esas me preocupan más porque señalan objeciones a la manera como las tratamos. Por ejemplo, hay unas víctimas de la masacre de Gutiérrez que no se habían acreditado y que presentaron su solicitud en abril de este año y hay otro grupo de víctimas de ese hecho que lo presentaron antes y son quienes han participado. A las otras víctimas, ya las estamos acreditando. Esto es como una fila y al mes estoy acreditando entre 100 y 200 personas. Pero hay fila y hay gente que no quiere hacer fila o no sabe lo grande que es la fila.
En tercer lugar, hay gente que participa e igual no queda contenta por distintos motivos, o hay gente que al principio no estaba contenta, pero al final sí. Entonces, hay una gran diversidad. Yo creo que es muy difícil hablar de "las víctimas", más si se piensa que en este país hay 9 millones de víctimas. Hay otro grupo de personas que les molestan que no las reparen y a la JEP no le dieron ninguna posibilidad real de reparar. Por ejemplo, siempre me acuerdo de una señora que para acceder a la pensión le faltaban el número de semanas que estuvo secuestrada. Yo quisiera dar la orden, pero no tengo la capacidad legal para hacerlo.
Ahora, diré que en mi experiencia, la gran mayoría de las víctimas, si no son todas, que han hecho el proceso de principio a fin, nos dicen que están contentas. Pero en las diligencias que hago, están agradecidas. Hay gente que queda satisfecha y a mitad de camino nos han dicho: 'hasta aquí llegué, no necesito más, esto era'. Entonces, hay una diversidad. Mi impresión es que la gran mayoría queda satisfecha.
CAMBIO: Los imputados son integrantes del secretariado y del Bloque Sur y del Bloque Oriental...
J.L.: Todos los que imputamos han aceptado una parte de la responsabilidad. Estamos imputándole a Joaquín Gómez cuando comandó el Bloque Sur y a Rodrigo Londoño que fue comandante en el Bloque Oriental. También se incluyó a Julián Gallo y Jaime Alberto Parra que llegaron a comandar el Bloque Oriental cuando se muere el Mono Jojoy.
CAMBIO: En términos históricos, ¿qué revela esta investigación sobre el dominio de las Farc en esos años tan álgidos de la guerra?
J.L.: Los antropólogos y los académicos hicieron trabajos que documentaban el gobierno que tenía la guerrilla en estas partes del país. Ellos mismos dicen: 'nosotros éramos la autoridad' y los campesinos dicen: 'aquí la ley era la guerrilla'. Entonces, (la imputación) revela en detalle cómo funciona el hecho que la guerrilla fuera la ley.
Tenemos una cantidad importante de reportes de líderes campesinos asesinados porque se resistían a este gobierno de la guerrilla. Informes de asociaciones de campesinos que se sienten victimizadas. Cosas como que, la guerrilla percibía a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) como un programa cercano al gobierno, como un programa de contrainsurgencia. El gobierno dependía del talante de los comandantes, pero encontramos reportes en el Putumayo, por ejemplo, de los maestros contando que los guerrilleros mandaban a una persona que se le sentaba en la clase al profesor a ver qué era lo que estaba dando y, si no les gustaba, pues había sanciones. Es decir, un control muy intenso.
También tenemos reportes que en varios sitios del país mataron a los pastores y ordenaron cerrar los templos. No permitían los servicios religiosos evangélicos, por ejemplo. En la zona de extensión hay un asesinato de un pastor en pleno servicio. Es decir, la gente también que tenían que aceptar el gobierno de la guerrilla y señalan que cuando llegaron los paramilitares fueron súper crueles con los campesinos diciéndoles: 'Ustedes son unos campesinos guerrilleros'.
CAMBIO: ¿Hay hallazgos sobre violencia ejercida a menores de edad?
J.L.: Sí, claro. Las bombas no disciernen. Tenemos familias victimizadas porque se resisten al reclutamiento de sus hijos y de sus hijas. Hay un caso muy doloroso: los patrulleritos de Algeciras, Huila. La Policía les hacía un evento a los niños de 'policía por un día' y les ponían uniformes y la guerrilla pensó que eran policías de verdad. Iban a una actividad deportiva en un vehículo de la Policía y los mataron. Ellos dicen que atacaron el vehículo pensando que eran policías y resultó que eran niños. Eran seis niños y niñas y entre 4 y 9 años y dos policías.
CAMBIO: Usted lleva ocho años en esto, pero conocer en detalle la crueldad de la guerrilla no deja de sorprender...
J.L.: De la crueldad de la guerrilla me sigue impresionando la facilidad con la que mataban a la gente. Hay unas excepciones horribles, pero por lo general no eran torturadores. Pero una facilidad para matar, muchas muertes. Todas las conjugaciones del verbo matar y eso es impresionante.
CAMBIO: La JEP está haciendo una imputación conjunta con el caso 11, que tiene ver con la violencia sexual. ¿De qué se trata?
J.L.: Hay una parte conjunta porque son hechos de mujeres que fueron violadas como castigo en la misma lógica cómo una familia era desplazaba. Por ejemplo, no pagaron la vacuna, los desplazan. Pero a veces, a las mujeres las violaban. Eso es lo que estamos imputando de manera conjunta porque los hechos del macrocaso 11 se relaciona con los hechos que les pasaban a las mujeres por ser mujer. Un ejemplo, una señora y su hija menor de edad son víctimas de una bomba que ponen en Bogotá. La bomba la mató por ser civil, no por ser mujer. Pero entendemos que no a todas las mujeres que castigaban las violaban, pero algunas mujeres cuando las castigaban sí las violaban. Entonces, es una violencia que ocurre tanto porque son mujeres como porque las están castigando y los hechos son del (macrocaso) 10 y del 11.
CAMBIO: Esta nueva imputación de la JEP llega en momentos en que Abelardo de la Espriella está a días de posesionarse como presidente de la república y quien, como se sabe, ha cuestionado a la jurisdicción y la legitimidad de la JEP. ¿Esto afecta el trabajo de la JEP?
J.L.: No lo afecta porque nosotros estamos cumpliendo la Constitución y la ley. Parte de la crítica que hace el presidente entrante tiene que ver con cambios que requerirían una reforma constitucional y legal. La JEP está cumpliendo la Constitución y la ley.
CAMBIO: El presidente electo representa un sector de la sociedad que no apoya a la JEP y ese discurso de deslegitimación contra la justicia creada en el Acuerdo de Paz puede atacar la credibilidad de la JEP, minar sus hallazgos...
J.L.: Los comparecientes están cumpliendo con la Constitución y la ley. En un contexto más amplio, es cierto que la justicia transicional no ha sido popular en ninguna parte. Nosotros llegamos después de un conflicto armado interno que no solo fue entre ejércitos, sino que también se reflejó en las opiniones de la gente y en sus compromisos políticos y eso sucede en todas partes del mundo. De hecho, en Colombia este debate ha sido de los más pacíficos. Por dar un ejemplo: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Ambas partes, ningún grupo político, quería que se publicara el informe final de la Comisión.
En Argentina hubo una rendición de cuentas, pero varios años después (los represores) recibieron amnistía. Los juicios que se siguen haciendo ahora son porque en la amnistía dejaron afuera el hurto de niños. Y ahora la vicepresidenta de (Javier) Milei dicen que nunca hubo crímenes en la dictadura. Todo esto para decir que la naturaleza de este tipo de justicia despierta pasiones porque lo que estamos haciendo, en parte, es una alquimia que transforma el conflicto violento en un conflicto que se da en los estrados judiciales.
No sé cómo lo vaya a manejar el Gobierno entrante, pero entendería uno que el lugar para el conflicto no es el twitter, sino la reforma legal, la reforma constitucional, los espacios que ofrece la ley para expresar esa insatisfacción. Somos un país que quiere estar sometido a las leyes y que espera que el espacio judicial sea en donde se tramiten los conflictos entre los ciudadanos. Entonces, en la medida que Colombia intenta tramitar su conflicto armado a través de la justicia nuestra u ordinaria, pues la justicia se convierte en un espacio donde corren muchas pasiones, porque son las mismas pasiones que en un momento histórico llevaron a la gente a matarse entre sí.
Mi opinión personal es que esto es parte de la naturaleza de la justicia transicional, eso vimos en otros países, yo sabía eso cuando ingresé y, sin embargo, es una apuesta por la ley, por la solución pacífica de los conflictos, por el Estado de Derecho.
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