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La sede presidencial de Barranquilla: la ruta sin rastro de la plata que pagó la remodelación
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La sede presidencial de Barranquilla: la ruta sin rastro de la plata que pagó la remodelación

Sede de la Presidencia en Barranquilla. Crédito: redes sociales de Deimer Espinosa.

Las versiones oficiales sobre la financiación de la sede presidencial en Barranquilla no coinciden. Gobernación, Ejército, Ministerio de Defensa y Presidencia no han explicado de dónde salieron los recursos ni quiénes financiaron la remodelación del Batallón Paraíso. CAMBIO rastreó las declaraciones y documentos que dejan al descubierto los vacíos alrededor de la adecuación del palacio alterno.

Por: Mateo Muñoz

La nueva sede presidencial se instaló, nada menos, que dentro de un batallón: el Paraíso, en Riomar, sobre un pedazo de tierra militar de unas cincuenta y una hectáreas que hasta hace poco solo conocían los soldados de la Segunda Brigada en Barranquilla. El edificio no es nuevo, tiene raíces de 1938, estilo neoclásico republicano, por lo que parece vestido de lino blanco para una foto oficial. 

Por fuera, dos letreros iluminados anuncian lo que allí ocurre, como si el propio inmueble necesitara presentarse: uno dice "Presidencia de la República" y el otro repite el lema del escudo, "Libertad y orden", encendidos ambos con ese aire de neón institucional. 

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Sede presidencial en Barranquilla. Crédito: Deimer Espinoza.

Por dentro, el contraste es más marcado todavía: oficinas, salas de reunión, obras de arte y, bajo tierra, un búnker con sala de crisis (al estilo de la Casa Blanca o Mar-A-Lago) pensada para monitorear en tiempo real cualquier emergencia —desastre natural o situación de orden público, según ha dejado saber el propio presidente—.

Los muebles son nuevos y la decoración es al gusto de Patricia Mejía, diseñadora de interiores y amiga de Abelardo de la Espriella, quien ya se había encargado de adecuar la oficina de De la Espriella Lawyers. 

Pero más allá de lo llamativa de la nueva fortaleza presidencial, todavía no se ha explicado de manera completa cuánto costó convertir el antiguo edificio militar en el palacio alterno del jefe de Estado, quién pagó cada una de las adecuaciones y bajo qué figura jurídica llegaron los aportes privados que, según las autoridades, financiaron buena parte de la obra.

Las respuestas oficiales a estos cuestionamientos, hechas por CAMBIO así como por algunos congresistas, se han ido alejando unas de otras.

¿Quién puso la plata?

El punto de partida son unas declaraciones del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. En entrevistas con Blu Radio y La Fm, el mandatario departamental aseguró que la Gobernación había dispuesto recursos para la adecuación del Batallón Paraíso, aunque aclaró que la mayor parte de la financiación correspondía a donaciones.

“Bueno, nosotros obviamente que hemos dispuesto de algunos recursos, pero básicamente la mayor cantidad de recursos han sido donaciones que se han venido recibiendo”, dijo Verano. 

En la misma entrevista identificó a los hermanos Daes como algunos de los empresarios que habían contribuido a la obra: “La parte que corresponde a ventanería, puertas, vidrio de seguridad, que son puertas especializadas, ellos las han venido donando”.

La cifra que había quedado rondando a partir de esa entrevista era de unos 2.000 millones de pesos para las adecuaciones en el Batallón Paraíso.

Con esa información, el senador del Partido Verde Ariel Ávila decidió pedir los documentos. El 22 de julio radicó un derecho de petición ante la Gobernación del Atlántico para conocer cuánto dinero público se había destinado al proyecto, de qué rubro había salido, qué contratos o convenios lo respaldaban y cuál era el cronograma de las obras.

La Gobernación respondió seis días después entregando la primera versión oficial que contradice la declaración pública del gobernador Verano. Según la Secretaría de Interior, luego de revisar los archivos físicos y digitales de Planeación, Infraestructura, Contratación, Jurídica y Hacienda, no encontró “registro, contrato, convenio, compromiso presupuestal, acto administrativo o documento alguno” relacionado con el proyecto.

La conclusión apuntó a que los recursos a los que había hecho referencia Verano “no provienen del presupuesto del departamento del Atlántico”. La Gobernación dijo que no había destinado, comprometido ni ejecutado ningún rubro presupuestal para adecuar la nueva sede del Gobierno Nacional. Tampoco había sido contratante, financiadora o donante de las obras, según esa respuesta.

El senador Ávila insistió a través de otro derecho de petición, al cual accedió CAMBIO. Allí, en una segunda respuesta fechada el 10 de agosto, la Gobernación insistió en que no había recursos departamentales comprometidos en las obras actuales y que las adecuaciones respondían a donaciones privadas entregadas directamente a la Segunda Brigada del Ejército. También explicaron que los 2.000 millones a los que hizo referencia Verano correspondían a inversiones hechas entre 2008 y 2010, hace 16 años, y no a gastos recientes.

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Respuesta de la Gobernación del Atlántico al senador Ariel Ávila.

La administración departamental dijo, además, que no tenía la relación detallada de las empresas que hicieron aportes a las adecuaciones de este año, sus razones sociales, NIT, valores individuales ni los mecanismos jurídicos utilizados. Es decir, en ese momento la Gobernación reconoció que conocía de donaciones, pero aseguró que no sabía quiénes las hicieron y cuánto valieron.

Lo anterior es llamativo, pues el propio gobernador Verano sí había identificado públicamente a algunos de los supuestos aportantes. En particular, había mencionado a los hermanos Daes y había detallado qué habían donado: ventanería, puertas y vidrio de seguridad.

Ese mismo día, la Gobernación también le respondió un derecho de petición enviado por CAMBIO. La respuesta recibida por este medio fue esencialmente la misma que obtuvo el senador verde: no hubo recursos departamentales para la remodelación, las donaciones fueron hechas directamente a la Segunda Brigada y la Gobernación no tiene información sobre cuánto costó la obra ni sobre el origen específico de los recursos.

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La administración departamental dijo que actuó como “canal institucional” de particulares interesados en donar a la Segunda Brigada, pero sin intervenir en las decisiones de la unidad militar.

Así, la pelota pasó del despacho del gobernador al Ejército y el Ministerio de Defensa.

La plata que llegó al Ejército

El representante a la Cámara del Pacto Histórico Daniel Monroy hizo el mismo recorrido. El 31 de julio le pidió a la Gobernación información sobre el valor de los recursos públicos destinados a la adecuación del Batallón Paraíso, el rubro presupuestal, la fuente de financiación y los actos administrativos que respaldaran esa destinación. También preguntó por las empresas privadas que hubieran hecho aportes, cuánto había entregado cada una y bajo qué mecanismo jurídico.

La respuesta fue similar a la que recibió Ávila y a la que obtuvo CAMBIO: el departamento no había destinado recursos públicos para adecuar el Batallón Paraíso como sede alterna de la Presidencia.

Pero Monroy hizo una segunda pregunta que resulta clave para reconstruir la historia: si la Gobernación no había pagado las obras y las donaciones habían sido entregadas directamente al Ejército, ¿quién las recibió y cómo quedaron registradas?

El 11 de agosto, el congresista acudió a la Segunda Brigada. Preguntó por el origen exacto de los recursos, el proyecto o rubro presupuestal utilizado, los responsables de ejecutar y supervisar las obras y la identidad de las personas naturales o jurídicas que habían hecho donaciones. También solicitó actas de recibo, contratos de donación, comprobantes contables y los documentos que permitieran establecer cómo ingresaron esos bienes al patrimonio del Ejército.

Sin embargo, la respuesta tampoco llegó. La Segunda Brigada sostuvo que no estaba facultada para emitir directamente una respuesta integral a las preguntas del representante y que la información debía ser entregada por el Ministerio de Defensa.

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Respuesta de la Segunda Brigada al representante Monroy.

Monroy terminó presentando una acción de tutela al considerar que las entidades habían evadido las preguntas de fondo. El recurso fue aceptado y está en estudio. En resumen, la Gobernación dice que las donaciones fueron directamente al Ejército y el Ejército dice que la respuesta debe darla el Ministerio de Defensa.

Los contratos

La respuesta del Ministerio de Defensa al senador Ariel Ávila, fechada el 19 de agosto, aporta una nueva pieza al rompecabezas. La cartera entregó información sobre contratos de mantenimiento y adecuación de infraestructura militar en Barranquilla. Entre ellos aparece uno de 2026 por 730 millones de pesos para mantenimiento correctivo y preventivo y adecuación de bienes inmuebles de las unidades administrativamente centralizadas por la CENAC Barranquilla. También aparecen contratos de años anteriores por otros cientos de millones de pesos.

Pero el dato importante está en la precisión que hace Defensa: los contratos revisados corresponden al mantenimiento, conservación, reparación y adecuación de infraestructura militar existente. Ninguno, dice el Ministerio, tiene como objeto específico la adecuación de una sede presidencial. CAMBIO corroboró en las bases de datos públicas y confirmó que no existe ningún contrato para la adecuación de la nueva sede del poder Ejecutivo.

Cuando Ávila preguntó específicamente por las obras que se están realizando en el Batallón Paraíso para su utilización como sede alterna de la Presidencia, el Ministerio señaló que la CENAC Barranquilla no encontró entre los procesos contractuales revisados ningún contrato cuyo objeto correspondiera a la adecuación de una sede presidencial.

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Además, el Ministerio de Defensa dijo que todavía estaba recopilando y consolidando información de las dependencias competentes para entregar una respuesta “de fondo, completa y precisa” sobre las obras actuales, su costo, la fuente de financiación y su finalidad. Es decir, la respuesta del 19 de agosto dejó las preguntas abiertas.

Esto significa que, por ahora, se conocen contratos de mantenimiento y adecuación de infraestructura militar por cientos de millones de pesos, pero el propio Ministerio dice que ninguno de los revisados tiene como objeto la sede presidencial y que todavía debe establecer qué ocurrió con las obras específicas que transformaron el Batallón Paraíso.

¿Y los donantes?

Este es uno de los puntos más difíciles de la historia. La Gobernación asegura que las obras se financiaron con donaciones privadas entregadas directamente a la Segunda Brigada. Pero la misma Gobernación dice no tener el listado de los aportantes, los valores de cada contribución ni los mecanismos jurídicos utilizados.

Esto deja una necesidad de transparencia: si las donaciones llegaron al Ejército, debería existir alguna forma de establecer quién donó, qué donó, cuánto valía y bajo qué figura jurídica se entregó.

El asunto cobra mayor interés porque el gobernador Verano sí habló públicamente de algunos aportantes. No solo mencionó a los hermanos Daes, sino que describió algunos de los elementos que, según dijo, habían entregado. La preocupación es que el Estado no pueda reconstruir la ruta de esos aportes. 

De hecho, el mismo presidente Abelardo de la Espriella aseguró que fue él quien donó los muebles de la sede, valorados en 700 millones de pesos, y que publicaría las facturas, algo que hasta ahora no ha pasado.

El otro interrogante es cuánto costó toda la intervención. La Gobernación no tiene ese dato porque, según explica, no ejecutó ni administró las obras. El Ministerio de Defensa todavía está consolidando información. Y la Segunda Brigada no respondió directamente las preguntas de fondo de los congresistas.

Por eso, los 2.000 millones se han convertido en una cifra especulativa. Primero aparecieron asociados a las declaraciones del gobernador. Después, la Gobernación explicó que esa suma correspondía a inversiones realizadas entre 2008 y 2010 y no a la remodelación actual. Y, mientras tanto, la administración departamental sostiene que para las obras de 2026 no puso recursos públicos.

Mientras las respuestas pasan de una entidad a otra, el resultado es una paradoja: el palacio alterno del presidente ⎯quien ha hecho de la transparencia y la coherencia su bandera⎯ ya está terminado. No obstante, la factura completa de la adecuación sigue sin aparecer ni tampoco los financiadores. ¿Cuánto costó, quién puso la plata y cómo llegó hasta allí?

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