¿La memoria para qué? Los riesgos tras la llegada de D’mar Córdoba al CNMH
La llegada de D’mar Córdoba al CNMH ocurre en medio de la “batalla cultural” de Abelardo de la Espriella. Su nombramiento ha sido recibido con entusiasmo por víctimas de la Fuerza Pública que cuestionan el acuerdo de paz, pero también con una demanda ante la CIDH de organizaciones que temen por la protección de las víctimas y de los archivos de la memoria.
“Llegó la hora de las voces que no tenían voz”. Con la consigna de garantizar un trabajo “amplio, plural y equilibrado, sin sesgos ni exclusiones”, el abogado D’mar Córdoba llegó a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Su trayectoria pública se remonta a La Hora de la Verdad, el programa del exministro Fernando Londoño, donde ha defendido posiciones tradicionales de la derecha: que las guerrillas no son actores políticos sino organizaciones terroristas y que la negociación con las Farc produjo impunidad y prolongó la violencia.
En su canal de YouTube, llamado ‘Por la Derecha’, el abogado experto en derecho administrativo y constitucional ha profundizado en estas visiones, así como en la defensa de la “familia tradicional” y el cuestionamiento a lo que la derecha ha denominado “ideología de género”, que es un término despectivo para cuestionar la identidad de género y la diversidad.
En uno de sus videos, llamó “Justicia Especial para las Farc” a la Jurisdicción Especial para la Paz, y cuestionó el hecho de que los últimos integrantes del secretariado de las Farc hayan sido condenados a sanciones propias y no a penas de cárcel por más de 21.000 secuestros.
“Este tribunal busca limpiar todos los crímenes que cometieron las Farc para decir que hubo justicia”, dice Córdoba, reprochando que responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad hagan labores sociales y califica las sentencias como una muestra de esa impunidad. “La JEP los condena de manera simbólica porque tampoco repararon a las víctimas, no contaron la verdad, no pasó nada”, insistió el abogado. Aunque su desacuerdo con el acuerdo de paz es una opinión válida, ahora es problemática porque puede reñir con el mandato que tiene su nuevo cargo en el CNMH.
Como lo ha explicado la propia JEP, no se trata de un tribunal de impunidad, sino de justicia transicional con enfoque restaurativo. Las sanciones propias, que no implican cárcel, fueron precisamente uno de los mecanismos acordados en La Habana. La lectura que Córdoba hace del conflicto no niega su existencia, pero sí cuestiona el carácter político que se les reconoció a las guerrillas para sentarse a negociar. Lo dijo al posesionarse, en un pronunciamiento que ofrece una primera señal sobre el rumbo que pretende darle al CNMH.
El problema, apuntan expertos, es que, aunque el mensaje de escuchar a todas las voces parece lógico y responde a la lógica pluralista que consigna la Ley de Víctimas, por su trayectoria el llamado de Córdoba no parece del todo imparcial: podría dar mayor relevancia a aquellas que, como la suya, consideran que el CNMH ha dejado de lado a las víctimas de secuestro, reclutamiento forzado y despojo, o ha olvidado a los integrantes de la Fuerza Pública.
Para la académica María Emma Wills, quien se desempeñó como asesora de la Dirección del CNMH entre 2012 y 2018, el primer mensaje de Córdoba puede interpretarse como una afirmación de que lo adelantado hasta el momento ha sido ‘sesgado' y que ahora sí se incluirán las voces de aquellas víctimas que sostienen que en Colombia no hubo conflicto armado, sino una serie de actos terroristas perpetrados por unas guerrillas.
De hecho, una de las primeras publicaciones de la cuenta de Instagram del Centro corresponde a un mensaje del general (r) de la Policía, Luis Herlindo Mendieta, quien padeció el secuestro a manos de las Farc por casi 12 años, en el que afirma que, con Córdoba al frente del Centro y a diferencia del gobierno de Gustavo Petro, las víctimas de la Fuerza Pública sí serán escuchadas y tenidas en cuenta.
El mismo día que se posesionó el abogado, el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), le envió una carta en la que afirma que confían en generar espacios de diálogo y cooperación que contribuyan a una memoria histórica “integral, plural y respetuosa de todos los colombianos, en especial de dignificación de los hombres y mujeres que pertenecieron y pertenecen a la Fuerza Pública”.
¿Acaso la Fuerza Pública no ha sido escuchada por el CNMH? Fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que, si bien se podría ahondar aún más en su victimización, no es cierto que los militares y policías no hayan sido tenidos en cuenta. Una revisión de las publicaciones del propio Centro permite encontrar investigaciones sobre la violencia de las Farc.
“Recuerdos de selva”, un especial multimedia, establece que entre 1976 y 2017 tanto las Farc como el ELN secuestraron a 1.214 militares y policías y reconstruye las historias de algunos de ellos. También hay investigaciones sobre episodios concretos, como el secuestro de los diputados del Valle, las tomas guerrilleras y la toma de Mitú.
Las voces y la cautela
¿Hablar de “todas las voces” es problemático? ¿Al insistir en que los integrantes de la Fuerza Pública son solo víctimas, se niegan verdades incontrovertibles como los ‘falsos positivos’ y las alianzas con los paramilitares? La designación de Córdoba sacó a la luz preocupaciones de organizaciones sociales que ya presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento conocido por CAMBIO dice que el nombramiento de Córdoba es un riesgo “inminente para esta institución” y exponen tres razones.
En primer lugar, porque no garantizaría “la imparcialidad, el rigor técnico, ni el respeto por los principios rectores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario citado en estándares internacionales”. Además, estiman que Córdoba representa una amenaza para el Archivo de los Derechos Humanos.
“El control institucional por parte de sectores negacionistas pone en peligro la integridad, la conservación y el acceso público a estos registros de memoria”.
También señalan que se podrían vulnerar los derechos de las víctimas: “Desconocer el relato de las víctimas o imponer visiones oficiales sesgadas revictimiza a los colectivos y transgrede los compromisos del Estado colombiano en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El documento firmado por 132 organizaciones sociales y otras 410 personas más busca blindar al CNMH “frente a cualquier ejercicio de revisionismo, estigmatización o negacionismo” y pide que las autoridades ofrezcan garantías para que las políticas públicas de memoria se mantengan bajo los principios de una memoria democrática, amplia, participativa, pluralista y territorial establecidos por la legislación colombiana y sean desarrolladas en consonancia con los estándares interamericanos.
En la petición se deja en claro que Córdoba tiene derecho a expresar determinadas opiniones sobre el conflicto armado o sobre el proceso de paz.
“La cuestión es si la persona que dirige una institución pública con este mandato está en condiciones de ejercer sus funciones de manera compatible con los principios de pluralismo, participación, rigor técnico, defensa de los derechos humanos y valores democráticos que rigen las políticas públicas de memoria”, señala.
El abogado experto en derechos humanos Germán Romero, quien ha representado a víctimas del Estado y de la Fuerza Pública, le manifestó a CAMBIO su preocupación con la tesis de “todas las voces”.
“Al tratar de posicionar una idea de diferentes perspectivas sobre el conflicto armado y diferentes voces de memoria, se corre el riesgo de caer en la idea de perpetradores buenos y malos, de víctimas de primera y de segunda categoría, es decir, de darle espacio a discursos negacionistas y de poner en un plano igual a todas las personas y colectivos afectados por el conflicto armado y la violencia sociopolítica”.
Entre la batalla cultural y la defensa de la derecha
CAMBIO consultó fuentes en diversas entidades que manifestaron algunas preocupaciones. Una central es qué va a pasar con el Museo de la Memoria. María Gaitán le contó a este medio antes de salir de su cargo como directora que el lugar iba en un 26 por ciento de adecuación: Ya está terminada la obra principal, faltan las adecuaciones internas y también está lista la línea de tiempo que se expondrá.
“Dejamos establecida toda la programación de la obra para que el museo pueda abrir en 2029. En Función Pública no se puede contratar a cinco años, sino año por año. Nosotros aseguramos el dinero de 2026 y 2027. Como ya no estaremos en 2028, el siguiente gobierno debe gestionar esos recursos con el Ministerio de Hacienda. Estamos dejando la programación detallada de la obra para que terminen la obra”, señaló.
¿La tesis de escuchar a todas las voces modificará los cronogramas establecidos? ¿Cómo se va a armar la exposición del museo? ¿Cómo se compaginan narrativas tan diferentes en el marco de la llamada batalla cultural del presidente Abelardo de la Espriella? Una fuente que conoce bien estos temas da su visión, así:
“El problema de que suba al poder un personaje de estos es que hay audiencia. Hay audiencia para la negación del conflicto. Hay audiencia para negar los falsos positivos. Hay audiencia para decir que los responsables exclusivos de la violencia del país son la guerrilla. Entonces, digamos, la memoria comienza a nadar un poco a contracorriente”.
“El problema que suba al poder un personaje de estos es que hay audiencia. Hay audiencia para la negación del conflicto.
El historiador Carlos Medina Gallego estimó que la memoria histórica no puede convertirse en botín político e insistió en que el CNMH administra un patrimonio que no pertenece al gobierno de turno, a un partido ni a una ideología. A su juicio, Córdoba debe ofrecer garantías concretas de que ninguna investigación será censurada por razones ideológicas, que ningún informe será retirado por resultar incómodo y que ninguna víctima será excluida porque su memoria contradiga al Gobierno.
La respuesta dependerá menos de las declaraciones de Córdoba que de lo que haga con la institución que ahora dirige.
Familia, ideología de género, batalla cultural y el conflicto: lo que ha dicho Córdoba
CAMBIO revisó el canal de YouTube de Córdoba que tiene principalmente críticas al gobierno de Gustavo Petro, cápsulas de defensa de Álvaro Uribe y videos que él mismo llama de “batalla cultural” en los que expone quiénes fueron personajes como Iósif Stalin o Ernesto ‘Che’ Guevara.
Un video del 21 de abril de 2025 llamado ‘El manual de dominación comunista' afirma, por ejemplo, que apunta a que los seguidores de esta corriente política aplican al pie de la letra unas reglas para “destruir sociedades”. Ahí expone cinco pasos. El primero es la destrucción de la familia tradicional: “No es casual que promuevan ideologías que confunden la identidad y desintegran el rol del padre y la madre. Un pueblo sin estructura familiar es más fácil de controlar”, dijo.
Luego sigue “controlar la educación para moldear a los niños”. Según Córdoba, esa es la razón por la que “quieren meterse en las escuelas de preescolar a enseñar ideología de género y eliminar el mérito individual porque en el comunismo el mérito es no tener mérito”. El tercer paso es la crítica al empresario, el cuarto es aprovechar la inseguridad para justificar más control gubernamental y el quinto es limitar la libertad de expresión, de culto y de prensa.
No deja de llamar la atención que el presidente Abelardo de la Espriella haya cuestionado a los periodistas críticos o que la ministra de Educación, Viviane Morales, defienda un proyecto de decreto para la participación de congregaciones religiosas en la educación pública.
Otro video de Córdoba relevante tiene que ver con su análisis de lo que podía pasar en las elecciones de 2026, en el que califica al presidente Iván Duque de “centro”, a Álvaro Uribe de “centro derecha” y a Petro de “extrema izquierda”. Lo curioso es que también califica de “extrema izquierda" a Juan Manuel Santos y a las Farc”, para luego insistir en que el acuerdo de paz de 2016 es de impunidad.
En su canal de YouTube, Córdoba tiene varios videos en referencia al ataque al Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985 en los que califica de “héroes” a los integrantes del Ejército que participaron en la retoma, tras la incursión terrorista del M-19. Córdoba cuestiona la persecución de la justicia a uniformados que tuvieron responsabilidad en el exceso de fuerza dentro del edificio y las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de personas que salieron con vida del edificio.
Cabe precisar que, aunque Córdoba reproche las investigaciones o cuestione que el M-19 haya recibido indulto tras su desmovilización, lo cierto es que la justicia ya estableció las arbitrariedades ocurridas, que varios de los responsables están condenados por la Corte Suprema de Justicia y que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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