Los altos funcionarios del Gobierno De la Espriella que figuran como “pobres” o “vulnerables” en el RUI
Didier Blanco, director de la UNP; Leonardo Huerta, director de Función Pública, y Diana Bravo, presidenta de la SAE | Crédito: Colprensa - Redes sociales
CAMBIO encontró que al menos diez altos funcionarios están clasificados en los grupos de vulnerabilidad y pobreza moderada, pese a contar con patrimonios que en algunos casos superan los 1.500 millones de pesos. Sus casos podrían ser otra muestra de las inconsistencias en la clasificación socioeconómica que el RUI construye a partir de datos de distintas fuentes oficiales, y que llevaron al Gobierno a aplazar su entrada en operación.
Por: Jonathan Beltrán
El Gobierno de Abelardo de la Espriella aplazó la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), tras detectar inconsistencias en el nuevo modelo que será clave para identificar a potenciales beneficiarios de subsidios. En medio de esa decisión, CAMBIO rastreó los registros de funcionarios que, pese a sus altos ingresos y millonarios patrimonios, aparecen clasificados como vulnerables o en pobreza moderada.
La creación del RUI quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro como una apuesta para mejorar la focalización de los programas y políticas sociales. Su implementación estaba prevista para comenzar el pasado 1° de agosto, pero la administración entrante le bajó el ritmo al proceso luego de encontrar fallas en el algoritmo del nuevo sistema.
CAMBIO conoció que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) prepara un decreto para extender hasta julio de 2027 el periodo de transición al RUI. La decisión estaría relacionada con el volumen de quejas por errores en la clasificación socioeconómica, que durante el primer mes de implementación del nuevo instrumento fueron casi diez veces más que las registradas durante todo el año anterior.
Las inconsistencias en los modelos técnicos de estimación también quedaron expuestas en el caso del propio presidente. El pasado 26 de agosto figuraba como “vulnerable” en el RUI, pese a declarar un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. El error fue corregido apenas 24 horas después y el mandatario pasó a integrar la categoría de “no pobre”.
Estas clasificaciones no son reportadas directamente por los funcionarios. El RUI construye el perfil socioeconómico a partir de datos que extrae y cruza de distintas fuentes oficiales. Por eso, las inconsistencias encontradas en estos casos estarían relacionadas con el sistema de clasificación y no, por sí mismas, con declaraciones incorrectas o actuaciones irregulares de los funcionarios.
Los funcionarios del Gobierno de De la Espriella clasificados como “vulnerables” y “pobres”
CAMBIO consultó en el RUI la clasificación de los designados en ministerios, entidades y departamentos administrativos por Abelardo de la Espriella durante su primer mes como jefe de Estado y encontró que al menos diez altos funcionarios permanecen clasificados en categorías que no corresponden con su nivel de ingresos reportados recientemente.
La ministra del Trabajo, Natalia López, se ubica en la categoría C15 del RUI, correspondiente a hogares cuya estabilidad financiera es frágil y que ante un imprevisto económico podrían caer en situación de pobreza. La clasificación contrasta con la situación patrimonial que la propia funcionaria reportó tras su designación: en su declaración de renta más reciente registró un patrimonio líquido de 307 millones de pesos.
En su declaración de bienes y conflictos de interés, la jefa de esa cartera también reportó que durante 2025 recibió ingresos por 391 millones. A esto se suman un bien mueble valorado en 350 millones y dos inmuebles por 1.250 millones, para un total de 1.600 millones. Aun con esas cifras declaradas, López permanece clasificada en el RUI dentro del grupo de población vulnerable.
Otro de los casos que llaman la atención es el del director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Leonardo Huerta, quien figura en el RUI en una categoría que supone un nivel de vulnerabilidad aún mayor que la asignada a la ministra de Trabajo. El excandidato a la Vicepresidencia reportó en su declaración de bienes un patrimonio líquido superior a 1.500 millones de pesos; sin embargo, permanece clasificado en la categoría C02.
El exdefensor delegado para temas de salud, quien aterrizó en el Gobierno de De la Espriella tras hacer fórmula con Claudia López, reportó ingresos en el último año por 150 millones. Además, declaró una casa en Pereira valorada en 1.100 millones, un vehículo de 120 millones y un crédito bancario por 520 millones.
A la lista de altos funcionarios clasificados como vulnerables se suma Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El funcionario permanece en esa categoría pese a que en el último año reportó ingresos por 98 millones de pesos y un patrimonio de 491 millones.
En la categoría de vulnerabilidad también están Richard Caicedo, presidente del Icetex; Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); y Juan Camilo Valencia, presidente de la Agencia Nacional de Minería. En el último año, Caicedo reportó ingresos por 283 millones, Ayerbe por 101 y Valencia por 18.
La presidenta de la SAE y el secretario general del Mininterior, clasificados en “pobreza moderada”
CAMBIO encontró que dos altos funcionarios del Gobierno de De la Espriella aparecen en los subgrupos de pobreza moderada del RUI. La línea de pobreza monetaria del DANE para 2025 fue fijada en 482.041 pesos mensuales por persona, por lo que los hogares ubicados en esta categoría tendrían que registrar ingresos por debajo de ese umbral para ser considerados en situación de pobreza.
La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Bravo, se encuentra en el subgrupo B07, correspondiente a pobreza moderad”. Aunque su declaración de ingresos del último año todavía no está disponible en el portal de Función Pública, por el alto cargo que ocupa recibirá una remuneración mensual de 34,7 millones.
Un caso similar ocurre con el secretario general del Ministerio del Interior, Hitler Chaverra, quien aparece en el subgrupo de pobreza moderada B03. El funcionario tiene una asignación mensual de 16 millones y, además, reportó ingresos por 191 millones durante 2025 y un patrimonio de 390 millones de pesos.
Por los ingresos y la situación patrimonial que han reportado, ambos funcionarios deberían ubicarse en la categoría D del RUI, establecida para los miembros de hogares que no se encuentran en condición de pobreza ni de vulnerabilidad. Al permanecer en los subgrupos B03 y B07, en cambio, figuran dentro de la población que podría ser tenida en cuenta como potencial beneficiaria de subsidios y programas sociales focalizados.
Cónsules clasificados como pobres y vulnerables: ¿qué implican las fallas del RUI?
Entre los casos que también llaman la atención están los de la cónsul en Miami, Antonella Farah,y el cónsul en Nueva York, Camilo Naman, quienes además son primos. Los dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran en subgrupos creados para hogares colombianos en condición de vulnerabilidad.
Los errores en la clasificación socioeconómica de al menos diez altos funcionarios del Gobierno De la Espriella podrían ser una muestra de las inconsistencias del RU, que han provocado más de 100.000 quejas desde comienzos de agosto. En respuesta a una consulta de CAMBIO, el DNP explicó que este tipo de fallas podría persistir mientras avanzan los procesos de calibración de los modelos de estimación y del algoritmo que determina la clasificación de los hogares.
La persistencia de estas fallas podría afectar directamente la asignación de los programas sociales. Una clasificación errónea podría incluir entre los potenciales beneficiarios a hogares con altos ingresos que no cumplen los criterios de focalización, mientras que familias en condiciones económicas más precarias podrían quedar por fuera de las ayudas que necesitan.
Ante las quejas y los errores identificados incluso al interior del alto Gobierno, el DNP busca extender hasta el 31 de julio del próximo año el plazo para la transición al RUI. Durante ese periodo, el Sisbén continuará siendo utilizado para definir el acceso a subsidios y programas sociales, mientras se garantiza la confiabilidad del nuevo instrumento.
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