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Corte Suprema abre indagación previa contra Iván Cepeda por la financiación de la consulta del Pacto Histórico
Senador y líder la oposición, Iván Cepeda. Crédito: Colprensa.
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Corte Suprema abre indagación previa contra Iván Cepeda por la financiación de la consulta del Pacto Histórico

La Sala de Instrucción ordenó pruebas y declaraciones por su propia cuenta, sin esperar solicitud de las partes.

Por: Juan David Cano

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que la colectividad escogió a su candidato a la Presidencia de la República.

El caso quedó en el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien ordenó de oficio la práctica de varias pruebas. “El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones”, informó la Corte en un breve comunicado.

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Lo que la Corte Suprema busca son pruebas que permitan establecer si hubo o no financación irregular en la consulta. Crédito: Colprensa

Una indagación previa es la etapa más temprana de un proceso. Su propósito es recopilar información y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. En esta fase no hay imputación de cargos ni una declaración de responsabilidad.

La consulta se realizó el 26 de octubre de 2025. Cepeda obtuvo cerca del 65 por ciento de los votos y se quedó con el tiquete presidencial del Pacto Histórico. Sus contendores fueron la exministra de Salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Las denuncias se concentran en dos cifras. La primera corresponde a 116 millones de pesos asociados a Javier Antonio Pérez Páez, un monto que, según los cuestionamientos, superaría el tope permitido para las donaciones de una persona natural. La segunda son 609 millones de pesos registrados a nombre de Samat Publicidad S.A.S., una empresa de Barranquilla.

En este último caso, el cuestionamiento está relacionado tanto con el monto como con la prohibición de que las empresas realicen aportes a campañas presidenciales. Pérez Páez sostuvo desde el comienzo que los 116 millones no correspondían a una donación, sino a un crédito por servicios de impresión y publicidad, que la campaña le pagaría con los recursos de la reposición de votos.

El CNE ya había cerrado el caso

El expediente de la Corte ya tiene precedente. Esos mismos recursos ya fueron revisados por el Consejo Nacional Electoral, que descartó irregularidades y cerró de manera definitiva la actuación. La decisión quedó consignada en la Resolución 3880 del 18 de agosto de 2026.

El CNE concluyó que no se probó que Pérez Páez ni Samat Publicidad hubieran realizado donaciones a la campaña, ni que se hubiera utilizado un crédito para ocultar un aporte. Según la resolución, los reportes registrados a nombre de la empresa y del particular “corresponden exclusivamente a créditos en especie por prestación de servicios publicitarios”.

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El CNE ya había revisado el caso y concluyó que no hubo financiación irregular. Crédito: Colprensa

Un crédito en especie es una obligación que no se entrega en dinero, sino mediante bienes o servicios. En este caso, la campaña recibió servicios de publicidad y quedó con una deuda pendiente. La legislación electoral contempla esta figura y, de acuerdo con el CNE, no la somete a los mismos topes aplicables a las donaciones.

Se logró acreditar que entre Samat Publicidad S.A.S. y el candidato no existió un bien transferido a título gratuito por la suma de 609.399.000 millones, sino una suma que, producto de la prestación de un servicio de elaboración de propaganda electoral, el candidato adeuda”, señaló el CNE.

Cepeda celebró esa decisión y la presentó como un respaldo al manejo de los recursos de su campaña. “Mi campaña a la consulta dio estricto cumplimiento a las normas sobre financiación privada”, dijo el senador en ese momento. Sin embargo, la Procuraduría puso la lupa sobre la actuación adelantada por el CNE.

Por ahora, la Corte Suprema no ha informado cuáles son las pruebas que ordenó practicar ni a quiénes llamará a declarar. Tampoco ha precisado quién presentó la denuncia que dio origen al expediente.

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