El cuestionado Plazas Vega como “héroe”, el nuevo capítulo de la batalla cultural de De la Espriella
Luis Alfonso Plazas Vega. Fotoilustración: Yamith Mariño-CAMBIO. Archivo: Colprensa.
¿A quién se le puede llamar “héroe”? Mientras el presidente Abelardo de la Espriella pretende instrumentalizar el juicio civil que enfrenta en Estados Unidos el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la familia de la víctima sigue buscando justicia. Urán salió con vida del ataque al Palacio de Justicia en 1985.
“Por favor cuida a las niñas. Te mando un beso. Te amo como siempre”. Así recuerda Ana María Bidegain parte de la última conversación que tuvo con su esposo Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, el 6 de noviembre de 1985, día en que el M-19 se tomó el corazón de la justicia misma: el Palacio de Justicia.
Sentada en un atril del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, la profesora Bidegain contó cómo ese mismo día empezó el periplo por encontrarlo, luego de que amigos y periodistas como Julia Navarrete le dijeran que lo habían visto salir con vida del Palacio.
No hubo razón ni llamada que sirviera: el cuerpo de Urán fue encontrado después dentro del edificio, lavado y con un disparo a corta distancia. Sus pertenencias fueron halladas en la Brigada 13 del Ejército en 2007, el mismo año en que una investigación periodística encontró las piezas de video clave que mostraban al jurista salir del edificio.
Un apartado de ese video se presentó en el segundo día del juicio civil con el que la familia busca justicia por la ejecución extrajudicial de Urán. Al frente estaba Luis Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro del Ejército, entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, quien hizo parte de la coordinación de la respuesta ese 6 y 7 de noviembre de 1985, reacción que pasó todo límite, según ya probaron la Corte Suprema de Justicia, así como el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se estableció que el Ejército interrogó, torturó, ejecutó y desapareció a sobrevivientes que fueron calificados como de “especiales”; que la Casa del Florero se volvió un centro de tortura, y que algunas personas fueron llevadas a otras unidades militares que esconden todavía los gritos del horror.
La pregunta es clara: si el magistrado salió con vida del Palacio de Justicia y luego fue encontrado en el edificio muerto, ¿quiénes son los responsables? ¿Por qué la Fiscalía no ha podido —o no ha querido— encontrarlos? ¿Por qué la justicia en Colombia sigue insistiendo en que Uran habría caído muerto dentro del Palacio?
Plazas Vega, absuelto en Colombia únicamente por las desapariciones de la guerrillera Irma Franco y el trabajador de la cafetería Carlos Rodríguez Vera, enfrenta ahora una demanda civil que la familia del magistrado Urán presentó, insistiendo en que el oficial sí sabía del tratamiento que estaban recibiendo las personas calificadas como “especiales”, una vez salían del edificio, en el segundo piso de la Casa del Florero.
El recurso asegura que Urán, herido pero vivo, estaba bajo la custodia o control físico de Plazas Vega o de sus hombres; que su cuerpo muestra rastros de tortura; que tenía un disparo a corta distancia como integrantes del M-19 que participaron en la toma y que su cadáver fue custodiado incluso en Medicina Legal como un supuesto integrante de la guerrilla. Además, la demanda afirma que Plazas Vega sí inspeccionó el segundo piso de la Casa del Florero donde “los especiales” eran interrogados y que ordenó transferirlos a otras unidades donde fueron torturados.
¿A quién se le puede llamar “héroe”?
Esta semana, una vez más, el país se dividió en bandos cuando el presidente Abelardo de la Espriella calificó de “héroe de la patria” a Plazas Vega, insistiendo en que ya fue procesado en Colombia y absuelto en casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia dictada por mayoría y con dos salvamentos de voto, no impide que las víctimas busquen justicia, sea en Colombia o en otros países.
La familia Urán llevó ante la justicia de Estados Unidos a Plazas Vega, quien reside en Miami, donde está vigente la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 (TVPA). Esta norma contempla la posibilidad de reclamar responsabilidad civil en Estados Unidos por determinados actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos bajo la autoridad oficial de un país extranjero.
Ahora será un jurado de civiles, de distintos orígenes, el que determine si existe responsabilidad civil —lo que implicaría una condena económica— o si falla a favor del exoficial. Para tomar su decisión, escuchará los testimonios de testigos de ambas partes y examinará las pruebas documentales presentadas durante el proceso.
Mientras la familia Urán quiere evitar la politización de un proceso que arrancó en 2022, el presidente De la Espriella apeló al discurso tradicional de la derecha y de la fuerza pública para defender a Plazas Vega públicamente: le dice “héroe”, descalifica la búsqueda de justicia llamándola “persecución judicial”, cuestiona el litigio estratégico, que es usado por abogados de todo el mundo y toma partido a su favor. Si De la Espriella hablara solo como penalista, la suya no sería sino su opinión, pero como jefe de Estado, su intervención es problemática.
No le corresponde al presidente de la República decir quién es inocente y quién es culpable. Tampoco insinuar que toda alegación hacia un integrante de la fuerza pública es un ataque. Esa respuesta es propia del concepto de “guerra jurídica”, un término que usan los militares para desestimar cualquier reparo en su contra aun cuando haya evidencias. El presidente De la Espriella dice que, si Plazas tiene que enfrentar procesos por hechos ocurridos en el “ejercicio de su deber”, entonces el “Estado” debe acompañarlo.
Esa sola frase parece más una carretera revisionista hacia la impunidad, que un llamado a esclarecer lo que pasó y acabar de una buena vez el pacto de silencio sobre la toma y la retoma. Aunque el presidente tiene derecho a defender sus propios ideales y los de aquellos que representa, ¿qué implicaciones tiene su mensaje? ¿Acaso la ‘batalla cultural’ del presidente implica negar excesos de fuerza y verdades incontrovertibles?
No le corresponde al presidente de la República decir quién es inocente y quién es culpable. ¿Acaso la ‘batalla cultural’ del presidente implica negar excesos de fuerza y verdades incontrovertibles?
Otro de los aspectos problemáticos de lo dicho por el presidente De la Espriella —que también pone en riesgo a la familia Urán— es el llamado explícito a usar los mecanismos del Estado para la defensa de un particular. Lo anterior no tiene precedentes en la historia de Colombia. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como su nombre lo indica, no puede ponerse al servicio de un ciudadano y, menos aún cuando se trata de un hombre con las sombras del coronel (r) Plazas Vega.
El Centro Democrático se metió en la ‘batalla’ con una constancia en el Congreso en la que defienden a Plazas Vega y piden que su respaldo “se materialice mediante gestiones políticas y diplomáticas” y que se “analice el apoyo económico por parte del Estado para sufragar los gastos en que han debido incurrir el coronel, su familia y su equipo de defensa”. La bancada —ahora oficialista— insiste en que Plazas estaba cumpliendo sus labores.
Abogados consultados por CAMBIO señalaron que, aunque el respaldo de De la Espriella y de un grupo de congresistas es legítimo, otra cosa muy distinta es intentar interferir en un proceso judicial en otro país, donde existe un modelo de independencia diferente al colombiano y donde ese “abrazo cortesano”, casi normalizado en Colombia, resulta inaceptable.
No es un asunto menor: en la misma sentencia contra Plazas Vega, la Corte incluyó un apartado para insistir en que su decisión obedeció a razones jurídicas y no fue una respuesta a objeciones de carácter político.
Entre la sentencia y las atrocidades que soportaron los sobrevivientes
Plazas Vega fue absuelto en Colombia en una decisión dividida pero mayoritaria por la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia ordinaria que, en cambio, sí condenó al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, superior de Plazas, en un pronunciamiento que indica que la retención de los “sospechosos” y la aprehensión de los guerrilleros no fueron ideas de último momento, sino parte del operativo.
“La desaparición de los ‘capturados’ corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación conforme a las líneas del ‘Plan Tricolor’, y que culmina precisamente con la captura y clasificación de los sospechosos y con su posterior ocultamiento al poder civil, desde ese momento y hasta ahora”, dice el fallo contra Arias Cabrales.
La sentencia de Plazas Vega —que no menciona ni una sola vez a Carlos Horacio Urán—, apunta a que no hay prueba suficiente para responsabilizarlo por las desapariciones de Franco y Rodríguez “por hacer parte de una estructura organizada de poder o bajo la modalidad de posición de garante, o simplemente como coautor”. Y también dice que Plazas no se ocupó de seleccionar sospechosos, que no quedó a cargo de los rescatados, desestimando testimonios que dicen lo contrario como el de Yolanda Santodomingo, torturada en la Casa del Florero, y declarando la responsabilidad de los excesos allí cometidos al B2 del Ejército, al mando del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, condenado y prófugo de la justicia.
Germán Romero, quien representa a familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio, le dijo a CAMBIO que la justicia ya reconoció que las desapariciones forzadas ocurrieron por responsabilidad del accionar de la fuerza pública, que no solo hubo un exceso en el uso de la fuerza, sino que “de manera deliberada se hizo la privación de la libertad, la comisión de torturas y finalmente la desaparición forzada de personas y en algunos casos la ejecución extrajudicial de estas”.
¿Se puede hablar de “héroes” en una cadena de mando que permitió tales atrocidades?
El juicio en Estados Unidos
“Recuerdo que cantaba mucho, recuerdo su calidez”. Xiomara Urán, una de las hijas del magistrado le contó al jurado el recuerdo de un padre que le fue arrebatado y el dolor de una familia que fue amenazada e intimidada por personal militar, al punto de tener que exiliarse. Orlando Arrechea, exfuncionario de la Corte Suprema, contó que tras salir del Palacio fue llevado al segundo piso de la Casa del Florero, tratado como un “especial”, golpeado, pateado y presionado para decir que supuestamente colaboraba con el M-19.
Arrechea señaló directamente a Plazas Vega como un agente que sí daba órdenes en la Casa del Florero, dijo que sí interactuó con él y que el militar lo golpeó repetidamente. Incluso, fue una de las personas que trasladaron a la Escuela de Caballería en donde fue torturado.
Ricardo Gámez Mazuera, un exinformante del Ejército que hizo labores de inteligencia sobre personas señaladas de ser del M-19, le dijo al jurado que vio a Plazas Vega en la Casa del Florero y recordó que el oficial sí habría dado la orden de torturar personas. Según él, lo que Plazas dijo fue: “Llévenselo, trabájenlo y repórtenme cada dos horas”. Este es uno de los testimonios claves de este juicio en el que declaró igualmente el excomisionado de la Verdad Alejandro Valencia y familiares de los trabajadores desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia.
La demanda de la familia alega que sí hay evidencias de que Plazas Vega, como comandante de la operación, no solo tuvo constante diálogo con Arias Cabales y el coronel Sánchez Rubiano para coordinar la respuesta armada, sino que “personalmente escoltó a un número de rehenes rescatados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, en donde fueron interrogados por los militares, incluyendo hombres del B2 (unidad de inteligencia dentro de la Brigada 13)”.
La demanda insiste en que Plazas Vega sí estuvo en el segundo piso de la Casa del Florero y que dio órdenes directas al personal militar sobre esas personas “especiales”. También afirma que el 7 de noviembre el magistrado Uran fue castigado por personal militar al mando de Plazas Vega y tratado bajo ese régimen de “especial”, provocando intenso dolor y sufrimiento a él y a su familia.
“Ya herido, el magistrado Urán fue privado de atención médica y, en su lugar, brutalizado por los militares —incluyendo golpes en el rostro— antes de su ejecución extrajudicial”, dice el recurso que detalla cómo esos actos atroces no solo provocaron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental, sino que se perpetraron “de manera intencional y deliberada (para) castigar al magistrado Urán” por hechos que él o terceras personas habrían realizado y para “discriminar” al jurista por las convicciones políticas que el Ejército creía que él tenía.
¿A quién le dará la razón el jurado? El juicio sigue la otra semana. Lo cierto es que, luego de una lectura breve de los expedientes y de los hechos ampliamente conocidos, es inaceptable que el Estado colombiano pretenda darle al coronel Plazas Vega el calificativo de héroe.
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