El azúcar y los bancos: el mapa de los 53.900 millones que financiaron al nuevo Congreso

El Congreso elegido para el periodo 2026-2030 se prepara para una de las discusiones más sensibles para la industria de alimentos y bebidas del país: un proyecto de los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, del movimiento Salvación Nacional, para eliminar los impuestos saludables que gravan las bebidas azucaradas y los ultraprocesados desde noviembre de 2023. Fenalco respalda la iniciativa; del otro lado, la resisten congresistas del Pacto Histórico como María Fernanda Carrascal y Laura Beltrán.

Con ese debate como telón de fondo, CAMBIO cruzó los reportes que los 285 congresistas y los partidos radicaron en el CNE. El resultado: 34.568 millones de pesos en créditos y donaciones de empresas identificables, repartidos entre 147 legisladores y provenientes de 170 razones sociales distintas. 

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A eso se suman otros 19.350 millones que la banca les prestó a los partidos como organización en 2025, el año previo al arranque de la campaña, para un total de más de 53.900 millones de pesos en financiación privada identificable.

El patrón cambia según el sector: la banca presta y se reparte entre casi todos los partidos; la industria de bebidas dona y se concentra en un bloque específico; y un tercer grupo de fundaciones y proveedores de campaña completa el resto.

La banca privada, el gran prestamista

El sector bancario es la fuente de financiación privada más grande de todo el nuevo Congreso, a través de líneas de crédito.

Confiar Cooperativa Financiera, con sede en Medellín, es el caso más visible: financió a los 25 senadores electos del Pacto Histórico, sin excepción, más 25 representantes del mismo partido en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Santander, Huila y Quindío. Tres congresistas más de otras colectividades completan la lista: Catherine Juvinao (Alianza Verde), Wilder Escobar Ortiz (Alianza Por Colombia) y José Octavio Cardona (Partido Liberal). En total, 21.360 millones de pesos entre 53 congresistas.

Esta cooperativa se ha consolidado como una habitual prestamista de políticos. De hecho, solo en la primera vuelta, Confiar le prestó 15.000 millones de pesos a la candidatura presidencial de Iván Cepeda. También ha financiado aspiraciones de Sergio Fajardo, Claudia López, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y Gustavo Petro.

El resto de la banca repartió créditos puntuales: Bancolombia dio 318 millones a María Lucía Villalba Gómez (coalición de Ahora Colombia), Luis Guillermo Patiño (Creemos) y María Camila Salas (Conservador); BBVA prestó 370 millones al senador conservador Luis Eduardo Díaz Mateus; Banco de Bogotá le dio un crédito por 200 millones al representante conservador José Alejandro Martínez; Davivienda repartió 107,5 millones entre Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical y Alma, Senado) y Mauricio Andrés Toro Orjuela (Alianza Verde, Cámara); y Banco Popular prestó 100 millones al senador Luis Alfonso Mejía Núñez, de Alianza Por Colombia.

A los partidos como organización —para el presupuesto anual de funcionamiento— la banca también les prestó en 2025, el año previo al arranque de esta campaña. Según la información disponible en el Monitor de Transparencia por Colombia, Bancolombia le dio 11.000 millones al Partido Liberal y 5.000 millones al Partido de la U; Davivienda le sumó 3.000 millones más al Liberal, que así cerró el año con 14.000 millones de deuda bancaria; y Confiar le prestó 350 millones al Partido Dignidad y Compromiso. En total, 19.350 millones de pesos, de los cuales el 83 por ciento provino de Bancolombia.

Hay que precisar que los créditos y aportes hechos este año serán reportados en el 2027.

La industria azucarera y de bebidas

Si la banca se repartió entre casi todas las colectividades, la industria de bebidas y azúcar se concentró en ocho congresistas de la coalición Cambio Radical-Alma: Carlos Mario Farelo Daza, José Nicolás Gómez Medina y Didier Lobo Chinchilla en el Senado, y en la Cámara Julio César Triana Quintero, Carlos Alberto Cuenca Chaux, Eimy Julieth Suárez González, Nataly Vélez Lopera y Hernando González.

Bavaria y Gaseosas Lux, las dos marcas del Grupo Santo Domingo y de la Organización Ardila Lülle, que en 2022 fueron de los mayores donantes de partidos del país, aportaron a estos siete un total de 750 millones de pesos, y Mayagüez, Riopaila y Castilla sumaron otros 66 millones.

Además, el mismo grupo de congresistas recibió recursos de Seguros Bolívar, Tecnoquímicas, Mercantil Colpatria y hasta del Ingenio Pichichi, un ingenio azucarero del Valle del Cauca. También hay aportes de Rendifin S.A.S., una sociedad del grupo Sarmiento Angulo. Farelo Daza, senador electo por esa coalición, terminó con cuatro financiadores corporativos distintos: Bavaria, Gaseosas Lux, Rendifin y un crédito de Davivienda.

A diferencia de la banca, que sigue prestándole a distintos partidos año tras año, el dinero de Bavaria y Postobón como organización se secó antes de esta campaña: ambas empresas fueron grandes donantes en 2019, 2022 y 2023 (21.351 millones y 6.922 millones de pesos respectivamente), pero ninguna aparece con un solo peso en el presupuesto de funcionamiento de 2025. Su plata, en este ciclo, llegó únicamente por la vía de las campañas individuales, y concentrada en ese mismo bloque de congresistas.

Otras empresas: fundaciones nuevas y proveedores de campaña

Un tercer grupo de financiadores se concentra sobre todo en el Centro Democrático. Los 17 senadores electos de ese partido aparecen como beneficiarios de las mismas ocho empresas: P73 Group, Helistar, Searca, Deeploy, Lecta, Sievert, JP Soluciones Colombia y E14 Soluciones Electorales, con montos casi idénticos entre candidatos, como si un mismo paquete de servicios —transporte, imprenta, logística, tecnología— se hubiera repartido entre los 17 y facturado como donación individual de cada proveedor.

A la bancada del Centro Democrático en el Valle del Cauca llegó también la Fundación Despierta Valle, constituida en Cali en junio de 2024, que le aportó 328 millones a tres representantes electos: Santiago Castro Gómez, Christian Munir Garcés Aljure y Óscar Darío Pérez Pineda. Castro Gómez, además, recibió de Carvajal Soluciones de Comunicación.

Por otro lado, la Fundación ProPública (de la familia Echavarría Olano, propietaria de Organización Corona) le dio 50 millones de pesos —siempre el mismo monto— a ocho congresistas electos de distintas colectividades: Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Óscar Darío Pérez Pineda y Santiago Castro Gómez, del Centro Democrático; Ana Paola Agudelo García, Jennifer Pedraza y María Lucía Villalba Gómez, de Ahora Colombia; y Juan Manuel Londoño Jaramillo, del Partido Conservador.

El resto del universo corporativo, documentado en la primera fase de esta investigación, completa el cuadro: Miacom Comunicaciones le prestó 700 millones al senador Ariel Fernando Ávila, de la coalición Alianza Por Colombia; Madecentro Colombia le aportó 57 millones al representante Andrés Felipe Guerra Hoyos, del Centro Democrático; y la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) le dio 10 millones a José Octavio Cardona, del Partido Liberal. Otras 160 empresas, casi todas firmas pequeñas de logística, publicidad y consultoría, aportaron entre uno y trescientos millones a un solo candidato cada una.La financiación privada de campañas y de partidos es legal en Colombia, dentro de los topes que fija la ley. 

Lo que deja este cruce, entonces, es una radiografía: quién le puso plata a quién, en qué proporción y bajo qué figura —crédito o donación—, justo antes de que ese mismo Congreso se siente a legislar sobre los intereses de esos mismos sectores. 

Así, en los próximos cuatro años, cualquier proyecto que toque a la banca, a la industria de alimentos o a los grupos económicos que aparecen en esta lista pondrá a prueba si esos intereses pesan en el Capitolio.