“Espero que me acepten la renuncia cuanto antes”: directora (e) de la ARN denuncia que no le han permitido salir de la ‘Patria Milagro’
Carolina Vergara, directora encargada de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Crédito: ARN.
Carolina Vergara, directora encargada de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), denuncia que ha presentado varias veces su carta de renuncia al gobierno de Abelardo de la Espriella, pero nadie le responde en la ‘Patria Milagro’. Vergara asegura que, hasta ahora, solo ha encontrado silencio por parte del nuevo gobierno frente a una entidad que trabaja con quienes dejaron las armas para reincorporarse a la vida civil.
Por: Ana María Cuesta
"Me permito informar que, si bien hago parte de este gobierno, por una resolución de nombramiento y encargo, he presentado mi renuncia y he ratificado mi renuncia más de tres veces, pero no se responde".
La abogada Carolina Vergara Ospina, directora encargada de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), atraviesa una situación laboral sui géneris de la que dejó una dura constancia ante el Congreso de la República el pasado 15 de septiembre.
La funcionaria, quien llegó en 2023 a la institución presidencial que vela por el retorno a la vida civil de quienes han dejado las armas, denunció ante la Comisión Legal de Paz del Congreso que ha presentado su renuncia irrevocable en al menos tres ocasiones, pero ningún funcionario de la 'Patria Milagro' le responde o agiliza su salida de manera formal.
Vergara, quien tiene una maestría en Defensa de los Derechos Humanos y es experta en acción sin daño y construcción de paz, llegó a la ARN como secretaria general durante la presidencia de Gustavo Petro. Tras la renuncia de la entonces directora de la entidad, Alejandra Miller, presentada el pasado 5 de agosto, Vergara asumió el cargo en calidad de encargada.
Ese sello de haber trabajado por el proyecto de país que representó Gustavo Petro, distante de las banderas patrióticas del actual presidente, Abelardo de la Espriella, bastaría hoy para que la Presidencia de la República tramitara con rapidez la renuncia de una funcionaria que no quiere pertenecer al nuevo gobierno y con la que este, probablemente, tampoco quiera trabajar.
La situación, denunciada por la funcionaria, se agrava aún más si se tiene en cuenta que, desde que asumió el presidente Abelardo de la Espriella, hace ya más de un mes, ningún funcionario de la Rama Ejecutiva se ha acercado a impartir órdenes o lineamientos sobre la ARN, una entidad que actualmente coordina la reincorporación de 15.441 personas que renunciaron a la guerra, entre ellas 11 mil excombatientes de las extintas Farc. Al parecer, por ahora, sólo habrá silencio.
"Hoy yo también venía para recibir lineamientos del gobierno entrante. Y no hay. ¿Qué va a ocurrir con la institucionalidad para la paz? ¿Para dónde se va la ARN? Porque no hay nadie dando orientaciones sobre el proceso actual en la agencia. El proyecto de presupuesto 2027 entra desfinanciado y la ARN va a funcionar hasta el 15 de octubre, dejo constancia en esta sala, por el silencio del gobierno de Abelardo de la Espriella, que espero me acepten las renuncias cuanto antes", señaló la directora (e) de la ARN en la cita del pasado 15 de septiembre ante el Congreso.
Las renuncias y el silencio
CAMBIO conoció que, desde el 27 de agosto, la directora (e) Carolina Vergara presentó su primera carta de renuncia irrevocable al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, y al secretario jurídico de Palacio, Andrés Barreto.
En esa primera carta dejó constancia de que su renuncia irrevocable al cargo de secretaria general era "libre, espontánea, expresa e inequívoca" y que esperaba que se hiciera efectiva a partir del 15 de septiembre.
Ante el silencio de la Casa de Nariño, Vergara remitió un nuevo oficio el 8 de septiembre en el que le pidió al jurídico Barreto, antiguo representante legal de la oficina de abogados De la Espriella Lawyers, que ejecutara las acciones necesarias para que se expidieran los actos administrativos que le permitan a ella abandonar, formalmente, el barco de la 'Patria Milagro'.
El 15 de septiembre Vergara volvió a escribirles a sus superiores Ríos y Barreto, esta vez con una solicitud de coordinación institucional para que resuelvan su renuncia y decidan libremente qué quieren hacer los 'Defensores de la Patria' con la Agencia de Reincorporación, institución presidencial creada en 2011.
En esa nueva comunicación, Vergara dejó una constancia sobre el silencio de parte de la Casa de Nariño con ella y con los 360 funcionarios y contratistas que hoy trabajan en la entidad a su cargo.
"Los esfuerzos de comunicación mediante comunicaciones oficiales, correos electrónicos y vía telefónica han sido infructuosos, pues no atienden ninguna solicitud elevada por la suscrita; de la misma manera no puede significar que la renuncia presentada carezca de efectos por ausencia de una actuación que corresponde adelantar a las autoridades competentes, que para todos los casos es de la Presidencia de la Republica y su Departamento Administrativo DAPRE", indica la comunicación conocida por CAMBIO.
El silencio y la indiferencia que ha denunciado Vergara de parte de sus jefes han sido tan llamativos que solo hasta el 15 de septiembre, y en la citación en el Congreso, la directora (e) de la ARN pudo conocer y hablar con su jefe, el director del Dapre, Carlos Ríos.
Las alertas de Vergara
El mismo 15 de septiembre, la directora (e) de la ARN hizo pública una circular con una serie de advertencias sobre sobre "las consecuencias institucionales por el bloqueo del presupuesto 2026 en lo que resta de la vigencia".
La circular relata que desde el 21 de agosto se ordenó un bloqueo sobre recursos sin certificado de disponibilidad presupuestal por $15.266 millones de pesos, y de otros que sí contaban con dicho certificado y obedecían a procesos contractuales en curso, que ascendió a $53.000 millones de pesos.
Aunque Vergara remitió varias comunicaciones al Dapre solicitando el desbloqueo de los recursos, no habría recibido respuesta alguna sobre las acciones o motivaciones. El bloqueo propició que, el 1 de septiembre, la directora ordenara la suspensión del contrato de seguridad y vigilancia privada de la entidad, informándole a la Contraloría y a la Procuraduría sobre los riesgos asociados a dicha interrupción.
El 3 de septiembre, Vergara también tuvo que suspender la adjudicación del programa integral de seguros, que da garantía a los bienes de la entidad, a la vida de sus altos funcionarios y que además protege a los excombatientes, cuando dejan las armas, y en el primer año de su ruta de reincorporación.
De acuerdo con Vergara, los recursos bloqueados desde agosto han impactado la ejecución de actividades misionales y administrativas de la ARN. La circular que dictó enumera una serie de actividades que hoy no contarían con recursos para su ejecución. Entre ellas figuran los gastos de desplazamiento y comisiones de viaje de contratistas, funcionarios o delegados del Consejo Nacional de Reincorporación, o el pago de ARL de aquí a diciembre o de la convocatoria Fomento 2026.
Pero también se verían afectados algunos procesos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como la consolidación del ETCR las Colinas, la contratación para la consolidación del ETCR La Pradera o el contrato para implementar los "componentes social, comunitario, productivo y político de los beneficiarios del proceso de Reincorporación Colectiva", entre otros asuntos.
Vergara también ha sido una voz crítica ante el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal -Zut- Valle del Guamuez, en Putumayo, cuyo funcionamiento se anuncia hasta el 30 de septiembre y en la que se concentraron 99 integrantes de los Comandos de Frontera, en uno de los procesos de la llamada 'paz total'. "El cierre carece de todas las garantías a los derechos humanos de estas personas que han confiado en un proceso de paz", señaló en el Congreso.
Fuentes con las que dialogó CAMBIO advierten que el silencio institucional del nuevo gobierno sobre una entidad como la ARN pondría en riesgo la materialización del acuerdo de paz, la posibilidad de que los desmovilizados tengan proyectos reales para la vida civil, además de generar incertidumbre sobre casi 11 mil excombatientes de las Farc que decidieron ponerle punto final a 50 años de guerra.
Si el presidente y sus altos funcionarios no se han dirigido a la directora ni a los funcionarios de una agencia presidencial que trabaja en la reincorporación de quienes dejaron las armas para apostar por la paz, ¿qué lugar ocupa la reincorporación de los excombatientes acogidos al acuerdo de 2016 entre las prioridades del gobierno de la ‘Patria Milagro’?
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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