Fenoge aumentó 32 por ciento los honorarios de su nueva directora a pesar de los anuncios de austeridad del nuevo Gobierno

El 14 de agosto de 2026, entre las nueve y las diez de la mañana, el comité directivo del Fenoge se reunió de manera presencial en la sede del Ministerio de Minas y Energía. La sesión fue presidida por María Nohemí Arboleda Arango, quien había sido nombrada ministra apenas una semana antes, el 7 de agosto. También participaron Eulogio Solarte, en su doble condición de viceministro de Energía encargado y director de Energía Eléctrica; Nathalia Succar Jaramillo, secretaria general del ministerio, y Rafael Enrique Fragozo Díaz, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme).

La propia ministra presentó la candidatura de Melba Rocío Pérez Tuta para ocupar la dirección ejecutiva del fondo. El comité la eligió para el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 y fijó sus honorarios en 52 millones de pesos mensuales más IVA, equivalentes a 61,88 millones de pesos. La decisión fue aprobada por unanimidad. El acta contabilizó cinco votos, aunque participaron cuatro personas, debido a que Eulogio Solarte ocupó dos puestos dentro del comité. Arboleda firmó el documento como presidenta de ese órgano.

El comité también designó a Solarte como responsable de estructurar el proceso de contratación, impartir las instrucciones a la fiduciaria que administra los recursos y supervisar el contrato de la nueva directora.

La remuneración aprobada fue de 52 millones de peos más IVA, equivalentes a 61,88 millones de pesos mensuales. La cifra representa un aumento del 32,22 por ciento con respecto a lo que el anterior director, el cuestionado Brayan Giraldo, recibía hace tan solo unos días.

La cifra también superó el máximo establecido en la tabla de honorarios de Fenoge. Esa escala había sido actualizada para 2026 con un incremento general del 5,03 por ciento y fijaba un techo de 45.510.360 pesos mensuales con IVA. Los honorarios aprobados para Pérez quedaron en 16.369.640 pesos por encima de ese valor, una diferencia del 35,97 por ciento.

El comité decidió no aplicar la circular a la nueva directora. Argumentó que la tabla había sido expedida por la dirección ejecutiva y que la facultad de elegir a quien ocupara ese cargo y definir su remuneración le correspondía exclusivamente al comité directivo. En el acta no quedaron registradas consideraciones adicionales de sus integrantes sobre el monto. El único anexo relacionado fue la hoja de vida de Pérez.

Al terminar la sesión, la secretaría general informó que los documentos serían enviados al equipo del fondo para estructurar los soportes precontractuales y contractuales. Esto indica que el comité fijó primero la remuneración y después ordenó preparar la documentación del contrato. El manual de contratación de Fenoge establece que el estudio de mercado debe realizarse para definir el valor de la contratación y que los términos y condiciones contractuales deben elaborarse antes de iniciar el proceso.

Cuatro días después de la reunión, el 18 de agosto, se firmó el contrato por un valor total de 282.585.333 millones de pesos y con vigencia hasta el 31 de diciembre. Su ejecución comenzó el 19 de agosto.

CAMBIO conoció que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía mediante una denuncia por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La denuncia incluye a los integrantes del comité que participaron en la decisión, entre ellos la ministra María Nohemí Arboleda, y solicita establecer la responsabilidad de quienes tramitaron, aprobaron y suscribieron el contrato.

El posible contrato sin cumplimiento de requisitos legales se sustenta en que los honorarios habrían sido definidos antes de elaborar el estudio de mercado y los demás documentos que debían justificar su valor. La denuncia pide establecer si esos estudios existen, cuándo fueron realizados y qué criterios económicos respaldaron el aumento.

El presunto prevaricato se relaciona con la decisión de excluir a la directora de una circular vigente que había fijado el aumento general y el máximo de los honorarios para 2026. La Fiscalía deberá determinar si la facultad del comité para fijar la remuneración le permitía apartarse de la tabla y si la explicación consignada en el acta fue suficiente.

La denuncia también pide investigar un posible interés indebido en la celebración del contrato. Aunque Pérez no participó en la sesión que fijó sus honorarios, se solicita establecer si intervino posteriormente en el trámite presupuestal, en la preparación del contrato o en la autorización de sus propias cuentas.

El posible peculado por apropiación se refiere a las sumas que habrían sido pagadas por encima del máximo de la tabla. Esta hipótesis depende de que se demuestre que la escala era obligatoria para la directora y que los pagos hayan sido realizados.

La denuncia solicita obtener los estudios de mercado, los documentos precontractuales, los conceptos jurídicos, las órdenes de pago, los comprobantes de los giros y las declaraciones de conflicto de interés. 

CAMBIO se comunicó con Eulogio Solarte y con la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, para conocer sus explicaciones sobre esta decisión. Al momento de esta publicación, no había recibido respuesta.