Radiografía del hacinamiento: así está el sistema que De la Espriella quiere transformar

Una de las propuestas insignia de Abelardo de la Espriella durante su campaña presidencial fue construir entre siete y diez megacárceles. Ya en la Presidencia, el mandatario ha mantenido la iniciativa, asociada desde campaña con el modelo penitenciario de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. La reafirmó en su discurso de posesión y la ha reiterado en escenarios como la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar y del director de la Policía, donde dijo:

“Mantengo intacto mi compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país.”

Más allá del número de cárceles y del modelo que inspira la propuesta, todavía se conocen pocos detalles sobre su implementación. Lo que sí está claro es la magnitud de la crisis penitenciaria. Según datos del INPEC la población recluida supera por más de 20.000 cupos la capacidad carcelaria del país. 

CAMBIO analizó los datos del sistema carcelario y consultó a distintos expertos para evaluar los alcances de la propuesta. El análisis muestra que aumentar la capacidad podría reducir el hacinamiento en el corto plazo, pero que la construcción de nuevas cárceles, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales del sistema. Además, una estrategia de expansión penitenciaria acompañada de políticas de mano dura plantea interrogantes a la luz de experiencias como la de Ecuador y de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional.

• Vea más sobre esta y otras propuestas en el promesómetro de CAMBIO

Megacárceles: ¿una respuesta al colapso penitenciario?

El hacinamiento en la cárceles no es un problema nuevo. En los últimos doce años la población recluida se ha mantenido por encima de la cantidad de cupos disponibles.  Aunque la brecha se redujo en 2020, principalmente por medidas transitorias de excarcelación adoptadas durante la pandemia, volvió a crecer en los últimos años. 

La crisis tiene antecedentes de varias décadas. En 1998, la Corte Constitucional declaró por primera vez el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario debido a la violación masiva, prolongada y sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Esa situación ha sido reiterada posteriormente por la Corte en distintas sentencias y autos.

Aunque el hacinamiento no fue inicialmente el centro de la propuesta del Gobierno, recientemente ha ganado espacio en su discurso.  El ministro de Justicia, Iván Cancino,presentó la construcción de las megacárceles como una medida para combatir la sobreocupación del sistema, alejándose un poco del modelo Bukele, cuestionado por las violaciones de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Según dijo el ministro a la FM: 

"La instrucción del presidente es construir las diez cárceles con el menor costo posible para el erario y con rapidez, no para volver esto un sistema de violación de derechos humanos sino precisamente para combatir el hacinamiento, combatir la reincidencia y hacer que Colombia tenga una infraestructura carcelaria mucho más moderna" 

La mayor parte de los 127 establecimientos penitenciarios del país tienen su capacidad copada, en mayor o menor medida. Solo 27 tienen una población menor a su capacidad, lo cual implica unos 2.574 cupos libres en todo el sistema, muy por debajo del déficit de más de 20.000. En los nueve establecimientos con mayor hacinamiento, la población llega a duplicar la capacidad instalada.

La sobrepoblación está altamente concentrada. Solo ocho cárceles reúnen la mitad del déficit de cupos del país. En los casos más críticos hay entre 1.700 y 2.000 reclusos por encima de la capacidad disponible. El Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota, tiene el mayor número de personas hacinadas, mientras que en establecimientos como la cárcel La Paz, en Itagüí, la población llega a ser casi tres veces superior a los cupos disponibles. 

Frente a esto, las megacárceles aparecen como una solución aparente al problema. El Gobierno todavía no ha informado cuántos internos albergaría cada establecimiento, por lo que CAMBIO hizo distintos cálculos tomando como referencia proyectos construidos en América Latina, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

El CECOT tiene una capacidad de 40.000 cupos, suficiente para cubrir el déficit neto actual de Colombia. Un solo establecimiento de este estilo equivaldría a la mitad de los cupos que tiene el país y sería 6,5 veces más grande que la cárcel más grande de Colombia.

Sin embargo, no necesariamente las megacárceles proyectadas por el Gobierno tendrían las dimensiones del CECOT. Otros proyectos de la región inspirados en la fórmula salvadoreña son menos ambiciosos. Por eso, CAMBIO planteó distintos escenarios: si se construyeran diez establecimientos de 10.000 cupos cada uno, el sistema pasaría de 80.992 a 180.992 cupos, es decir, se multiplicaría por 2,2; si fueran de 20.000, llegaría a 280.992, casi 3,5 veces la capacidad actual.

Aumentar cupos no necesariamente resuelve las causas del hacinamiento. Lina Porras, coordinadora de la línea de investigación e incidencia sobre el sistema carcelario de Temblores ONG, explicó a CAMBIO que “la creación de nuevos cupos puede disminuir temporalmente el porcentaje de hacinamiento, pero si no se modifican las condiciones que producen el crecimiento de la población penitenciaria, esos espacios vuelven a ocuparse”. 

La discusión tampoco es nueva. En la sentencia T-762 de 2015, un concepto del Departamento Nacional de Planeación citado por la Corte advirtió sobre los límites de responder al hacinamiento exclusivamente con nueva infraestructura:

“En torno al fenómeno del hacinamiento y la capacidad instalada para privar a las personas de su libertad, que el crecimiento del número de los cupos carcelarios siempre ha sido una medida aislada que sólo ofrece soluciones de corto plazo, ya que la política criminal actual hace que las tasas de crecimiento de la población privada de la libertad siempre superen los logros en infraestructura.” 

Algo así ha pasado en otros países como Ecuador. Daniel Pontón, analista en seguridad e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito (IAEN), explicó a CAMBIO que una política de expansión carcelaria y medidas de mano dura puede generar incentivos para aumentar la población penitenciaria. “En el gobierno de Rafael Correa se dio una política de construcción de cárceles y mano dura. Esto cuadruplicó la población penitenciaria que pasó de cerca de las 10.000 a 40.000 personas”, señaló.

Pontón añadió que los efectos de ese proceso no se limitaron al aumento de la población recluida. “Cuatro o cinco años después, estalló la problemática porque generó una especie de reacomodo de la dinámica criminal”, explicó. Según el investigador, esos reacomodos derivaron posteriormente en episodios de violencia extrema dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

Las experiencias de Ecuador y El Salvador permiten contrastar la estrategia de seguridad planteada por el presidente De la Espriella, que prometió un ataque frontal contra la delincuencia. Para Lina Porras, sería simplista entender las megacárceles exclusivamente como una política destinada a reducir el hacinamiento. Por ejemplo, el modelo salvadoreño, explicó, no se limita a la infraestructura:

 “Está asociado a un conjunto mucho más amplio de medidas de política criminal y de seguridad, incluyendo un régimen de detención altamente restrictivo”.

Por eso, las políticas de seguridad de la adinistración  De la Espriella que acompañan la propuesta son igual de importantes que la construcción de infraestructura. El Gobierno ya anunció 12.000 capturas desde el 7 de agosto. Con una política de seguridad más agresiva y complementada con endurecimiento de penas, las nuevas cárceles se volverían a llenar.  

También está abierta la discusión sobre la conveniencia de construir cárceles de esa magnitud.  Hugo Acero, experto en seguridad, le dijo a CAMBIO : “Está demostrado que una cárcel, para funcionar de manera adecuada y cumplir con sus labores de atención, sanción y resocialización, no puede pasar de 1.500 internos”.

El dónde también importa al hablar de las cárceles

Otra de las incógnitas de la propuesta es dónde se construirán las megacárceles. Durante la campaña, De la Espriella planteó que los nuevos establecimientos estuvieran alejados de los grandes centros urbanos. “Ojalá estén en la mitad de la nada donde no entre ni la señal de la santa cruz para que no puedan seguir extorsionando los bandidos desde allá de la cárcel”, afirmó entonces.

Lina Porras explicó que “las cárceles de gran escala requieren extensiones de tierra importantes y pueden terminar ubicándose lejos de los centros urbanos. La distancia no es un asunto menor”. Según la experta, esto puede afectar la resocialización y el mantenimiento de los vínculos familiares de las personas privadas de la libertad. 

La población carcelaria en Colombia está concentrada principalmente en grandes ciudades y los peores casos de hacinamiento están en Bogotá, el Valle de Aburrá (Medellín y su área metropolitana) y Cali. Construir las cárceles en zonas alejadas implicaría el traslado de parte de la población carcelaria actual y futura a esos nuevos establecimientos. 

Ese escenario podría entrar en tensión con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. La Corte ha señalado la importancia de mantener los vínculos familiares para los procesos de resocialización y ha advertido que la distancia también puede afectar el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho a la defensa.  

“Las políticas de traslado como solución a la crisis por hacinamiento, entran en tensión con los derechos de los reclusos. Concretamente con su derecho a no ser separado de su familia, tan importante en el contexto de la resocialización y reintegración de las personas en prisión. De forma similar, los traslados también pueden impactar el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la defensa de la persona recluida en la libertad.”, Sentencia T-388 de 2013

La infraestructura es solo una parte del problema

El problema del hacinamiento en Colombia va más allá de cuánta gente cabe en las cárceles. También involucra la duración de los procesos judiciales, la reincidencia y las fallas de la política criminal. Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, resumió parte del problema así: “Tenemos en la justicia altos niveles de impunidad y altos niveles de reincidencia”. 

A esas dificultades se suman las demoras en la definición de la situación jurídica de miles de personas privadas de la libertad. Según los datos del INPEC analizados por CAMBIO, el 16,8 por ciento de la población carcelaria está conformada por sindicados, es decir, personas que todavía no tienen una condena. Sin embargo esto ha mejorado. En 2014 el número de sindicados era uno de cada tres presos. 

Además, uno de cada cuatro sindicados lleva más de tres años esperando una condena. 

Más allá del hacinamiento, las largas esperas muestran parte de las deficiencias del sistema judicial y abren la pregunta sobre las garantías de las personas sindicadas.

Para Chacón otro problema es que no hay una armonización entre la política carcelaria y la política criminal. La Corte Constitucional también ha advertido, en la sentencia T-388 de 2013, que la crisis penitenciaria “no se soluciona sólo con la creación de más cupos carcelarios, pues su superación requiere el ajuste, más que del Sistema Penitenciario y Carcelario, de la Política Criminal”. En la misma sentencia, la Corte señaló:

“La política criminal colombiana se ha caracterizado por ser reactiva, desprovista de una adecuada fundamentación empírica, incoherente, tendiente al endurecimiento punitivo, populista, poco reflexiva frente a los retos del contexto nacional, subordinada a la política de seguridad, volátil y débil”.

Algo que pone de frente la debilidad de la propuesta de De la Espriella y que choca directamente con un modelo del tipo Bukele en Colombia. Para Daniel Pontón este tipo de propuestas debe entenderse más como un performance que como una medida de seguridad. “Está aplicando otra vez una narrativa de mano dura y de ahí viene la estética Bukele, porque más que una forma de resolver es una estética que busca replicar” afirmó.

A esto se suma que el escenario criminal colombiano es distinto al salvadoreño. “En Colombia el fenómeno criminal es mucho más diverso y complejo porque tú tienes guerrillas, paramilitarismo, bandas criminales. La situación a El Salvador donde todo se centró netamente en las maras”, explicó Pontón.

A esto se suma un segundo límite: el institucional. Para Pontón, el gobierno de De la Espriella representa el ascenso de una derecha de corte “antisistémico”, que puede entrar en tensión con los contrapesos institucionales. Ese factor será clave para observar qué ocurre si la propuesta entra en conflicto con las decisiones judiciales, principalmente con la Corte Constitucional. “Colombia tiene esa tradición institucional que es importante. Un tipo como De la Espriella, por lo general, siempre esa institucionalidad le va a incomodar”, sostuvo.

Así, más allá de la imagen de mano dura que proyectan las megacárceles, su viabilidad dependerá de mucho más que construir nuevos centros de reclusión. Aunque más cupos pueden aliviar temporalmente la crisis institucional, su efecto puede ser limitado si no se solucionan las fallas del sistema judicial y la política criminal. Además, falta ver como la propuesta se ajusta a los límites que impone la jurisprudencia constitucional respecto al trato de la población carcelaria.