De la Espriella: la Biblia, “Cristo Rey” y el grito de guerra

Hay gobiernos que necesitan meses para revelar sus símbolos. El de Abelardo de la Espriella los mostró desde el primer día.

Durante la campaña, el hoy presidente resumía su promesa de seguridad con una imagen deliberadamente contundente: “En esta mano voy a llevar la Biblia y en esta otra el fusil para combatir el crimen”. Un mes después de su llegada al poder, aquella frase parece haberse convertido en la síntesis de su Gobierno.

La Biblia aparece en ceremonias oficiales, en reuniones de gabinete y en momentos de oración. El presidente ha recurrido, además, a una expresión de profunda carga religiosa e histórica —“¡Viva Cristo Rey!”— para cerrar sus discursos. Y, al mismo tiempo, su Gobierno ha querido exhibir una política de seguridad asociada a la fuerza militar, hasta el punto de que el propio mandatario fue grabado caminando entre los cadáveres de integrantes de grupos armados abatidos en operaciones de las Fuerzas Militares.

La combinación ha provocado desconcierto, adhesiones y rechazo. También ha abierto una pregunta que va mucho más allá de las preferencias religiosas del presidente: ¿qué ocurre cuando la fe de un gobernante empieza a ocupar un lugar visible en la representación pública del Estado?

La respuesta, por ahora, no está en una ruptura de la laicidad constitucional. Está en una zona más ambigua: la de los símbolos, el lenguaje político y la manera en que una sociedad interpreta su utilización.

“¡Viva Cristo Rey!”

La expresión que el presidente incorporó a su lenguaje político no nació en Colombia ni pertenece exclusivamente a la liturgia católica. José Yamid Castiblanco, S.J., profesor de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, sitúa su origen histórico más conocido en la Guerra Cristera de México, entre 1926 y 1929.

En aquel conflicto, el grito “¡Viva Cristo Rey!” se convirtió en una consigna de los católicos que se levantaron contra el Gobierno de Plutarco Elías Calles y sus políticas anticlericales. La frase quedó además asociada a la muerte del sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro, ejecutado por el Gobierno mexicano. Según la tradición histórica, esas fueron sus últimas palabras.

Por eso, cuando un jefe de Estado la utiliza hoy, la expresión difícilmente puede entenderse como una frase religiosa desprovista de contexto. Tiene una historia política, militar y confesional. Pero el significado contemporáneo no está predeterminado por aquel pasado. Depende también de la intención de quien la pronuncia y de la lectura que haga la sociedad. 

Sergio González Sandoval, magíster en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Javeriana, considera que hasta ahora el Gobierno no ha adoptado decisiones religiosas que permitan afirmar que la laicidad del Estado esté en riesgo. El presidente, sostiene, puede haber encontrado en la religión una forma de aproximarse a una sociedad en la que la fe continúa teniendo un peso considerable. La cuestión de sus motivaciones es más difícil de establecer.

De la Espriella se declaró ateo durante una etapa inicial de su trayectoria pública y posteriormente comenzó a presentarse como un hombre de fe. González Sandoval considera que desde fuera es imposible determinar si se trata de una transformación espiritual auténtica o de una estrategia de conexión política con sectores religiosos.

Y hay una razón adicional para la cautela: nadie puede penetrar en la conciencia de otro para establecer la autenticidad de una conversión. Si el cambio es genuino, explica el académico, el presidente tiene pleno derecho a modificar sus convicciones. El problema comienza cuando una convicción privada se convierte en criterio para gobernar a quienes no la comparten.

Ese momento todavía no parece haber llegado. Pero algunos de los asuntos que tendrá que afrontar el Gobierno pueden llevarlo rápidamente hasta allí: los contenidos de la educación pública, temas como el aborto, la eutanasia o la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Son materias en las que religión, moral y política suelen encontrarse.

Y es precisamente en ese cruce donde la frontera entre las convicciones personales y las decisiones de Estado puede volverse difícil de distinguir. “El principio de laicidad del Estado no permite que una determinada religión se imponga al conjunto social ni que obtenga ventajas frente a otras denominaciones”, advierte González Sandoval. No se trata de expulsar la religión de la vida pública. Se trata de impedir que una religión se convierta en la religión del Estado.

Gabinete y religión

El relevo en el Ministerio de Educación añadió otra capa al debate. Viviane Morales dejó el cargo alegando motivos familiares. Su salida fue interpretada por distintos sectores como una pérdida de representación del mundo protestante y evangélico dentro de la administración. Su sucesora, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, pertenece a un universo religioso distinto y es asociada por analistas y sectores políticos con posiciones conservadoras del catolicismo institucional y en las filas del Opus Dei. 

Su trayectoria contribuyó a alimentar esa interpretación. Abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, fue decana de la facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. También fue procuradora delegada para la Familia durante la administración de Alejandro Ordóñez.

De ahí que su nombramiento haya sido leído como algo más que un simple cambio de funcionario: para algunos sectores representa un desplazamiento dentro del mapa religioso que acompaña al Gobierno. Pero esa lectura tiene un límite.

La presencia de funcionarios religiosos o de personas con posiciones conservadoras no demuestra, por sí sola, la existencia de un proyecto destinado a modificar la naturaleza laica del Estado. El Gobierno, además, no está compuesto por una sola corriente religiosa. En su entorno conviven sectores católicos, iglesias evangélicas e independientes. Entre ellos aparecen la pastora Clara Lucía Sandoval, gerente para Bogotá, y el sacerdote Rodolfo Londoño, capellán de la Casa de Nariño y delegado presidencial ante los consejos superiores de universidades públicas. La coalición, por tanto, es más compleja que una simple identificación del poder con una confesión.

El profesor Rodrigo Pombo Cajiao dice conocer de cerca la trayectoria de la nueva ministra, aunque aclara que no es su amigo ni la conoce personalmente. Su referencia sobre ella proviene, sobre todo, de su carrera académica y de las responsabilidades que ha ocupado en el ámbito educativo.

Hoyos, recuerda él, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad y también cuenta con publicaciones académicas indexadas en el campo de la educación. Y subraya haber conocido algunos documentos relacionados con los planes educativos en Humanidades de esa universidad. Aquellos textos, señala, abordaban cuestiones de fondo sobre la función de la educación, la concepción de la persona humana y, a partir de allí, el papel que debe desempeñar el Estado frente a asuntos como el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y la eugenesia. Son materias, reconoce, en las que puede haber coincidencias o profundas discrepancias. Y él las tiene.

Pombo Cajiao afirma no compartir la visión ideológica de Hoyos en varios de esos asuntos, particularmente en lo relacionado con la concepción de la persona humana, la comunidad y los valores éticos que, a su juicio, debe promover el Estado. Pero esa diferencia, advierte, no debería confundirse con una valoración sobre su integridad o su capacidad profesional. “Es una persona proba desde lo ético y desde lo intelectual”, sostiene.

En su opinión, a Hoyos no se le conocen escándalos y existe suficiente evidencia de su formación y experiencia para considerarla una persona seria y preparada en el campo de la educación. La discrepancia ideológica, por tanto, no invalida esas condiciones. Pombo Cajiao plantea además una cuestión más amplia: las creencias religiosas de una persona no deberían convertirse en una barrera para su participación en la vida pública. Que alguien sea creyente católico —sostiene— no le impide aspirar a un cargo público, cuestionar decisiones judiciales, defender sus convicciones ni expresarlas abiertamente en una sociedad democrática.

Desde esa perspectiva, su criterio como ciudadano es otro. Más que preguntarse si comparte las ideas políticas o filosóficas de Hoyos, considera necesario establecer si posee la integridad y la preparación requeridas para ejercer una responsabilidad pública. En ese punto, su respuesta es afirmativa. Considera que Hoyos tiene la solvencia ética e intelectual necesaria para desempeñar el cargo, aun cuando sus convicciones políticas no sean las que él comparte.

Las diferencias sobre esas convicciones, concluye, son legítimas y pueden —y quizá deben— ser discutidas. Pero pertenecen a otro debate: el de las ideas. No necesariamente al de la idoneidad de una persona para servir en la esfera pública.

Catolicismo y poder

La discusión alrededor del Gobierno ha vuelto visible, además, una realidad que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano: Colombia ya no es una sociedad religiosamente homogénea. Durante buena parte de su historia republicana, el catolicismo ocupó una posición dominante. Esa hegemonía comenzó a erosionarse con el avance de otras confesiones y encontró un punto de inflexión en la Constitución de 1991.

La diferencia entre católicos y protestantes, sin embargo, no siempre está clara en el debate cotidiano. González Sandoval explica que los protestantes forman parte del cristianismo surgido de la Reforma del siglo XVI, asociada principalmente con Martín Lutero y con la ruptura que siguió a su enfrentamiento con la Iglesia católica. El movimiento se extendió por Europa y, posteriormente, llegó a América. Con los siglos se fragmentó en numerosas denominaciones.

Por eso, hablar simplemente de 'los protestantes' puede ocultar una diversidad considerable: pentecostales, neopentecostales y otras comunidades cristianas responden a tradiciones diferentes. Los católicos también son cristianos. La palabra 'católico' significa 'universal' y la pertenencia a la Iglesia católica se articula alrededor del bautismo y del reconocimiento de la autoridad del papa.

En Colombia, durante generaciones, esa distinción tuvo consecuencias sociales mucho más profundas que las puramente teológicas. No ser católico podía significar ser diferente. En algunos lugares, podía significar incluso ser excluido. La Colombia contemporánea ofrece una imagen muy distinta.

En los barrios de las grandes ciudades pueden encontrarse templos pertenecientes a comunidades religiosas de tamaños y tradiciones muy diversas. El concepto de iglesia —explica González Sandoval— no se refiere estrictamente al edificio sino a la comunidad de creyentes que comparte un sistema de fe. La multiplicación de esas comunidades está relacionada con el derecho a la libertad religiosa y con la autonomía de las confesiones.

Según la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, en Colombia existen más de 9.000 confesiones religiosas inscritas en el registro oficial. A ellas se sumarían otras tantas que no están registradas. El dato ofrece una imagen elocuente del cambio producido en el país. La antigua Colombia de una sola religión dominante se ha transformado en una sociedad de múltiples iglesias, credos y comunidades.

La diversidad es una conquista. Pero también plantea nuevos problemas. Una comunidad religiosa puede ser un espacio de solidaridad, identidad y sentido. También puede convertirse, como cualquier organización humana, en un espacio susceptible de abusos de poder. González Sandoval advierte sobre los riesgos de manipulación económica, política y sociológica que pueden aparecer cuando líderes religiosos utilizan la confianza de sus seguidores para obtener beneficios.

El fenómeno no pertenece a una sola tradición religiosa. Tampoco puede atribuirse a una confesión en particular sin pruebas. Por eso, cada caso exige evidencia. 

Lo que cambió en 1991

Quizá el mejor modo de comprender la transformación colombiana sea recordar cómo era el país antes de la Constitución de 1991 y, sobre todo, décadas atrás. No ser católico podía provocar rechazo social. En algunas comunidades, los sacerdotes ejercían una autoridad que trascendía la esfera estrictamente religiosa. Familias que no bautizaban a sus hijos o que optaban por otra confesión podían ser objeto de presión. Las comunidades protestantes también enfrentaron hostilidad.

Niños pertenecientes a familias no católicas podían ser señalados o aislados por sus compañeros. En ciertos colegios se les relegaba simbólicamente dentro del salón y algunas familias recomendaban a sus hijos no relacionarse con ellos.

La Constitución de 1991 cambió ese escenario al consolidar la libertad religiosa y establecer un marco de igualdad entre las confesiones. No significa que la historia haya desaparecido. Significa que el Estado dejó de tener la misma relación privilegiada con una sola tradición.

¿Puede haber un retroceso? González Sandoval considera posible, aunque poco probable, un retroceso en la laicidad. Su argumento es que la sociedad colombiana ha madurado y que hoy existe una mayor capacidad para cuestionar la relación entre religión y poder. La controversia alrededor de Ilva Myriam Hoyos es un ejemplo. A Viviane Morales se le cuestionó por sus posiciones frente a los contenidos escolares y la llamada 'ideología de género'. A Hoyos, en cambio, algunos sectores han comenzado a asociarla con la trayectoria de Alejandro Ordóñez y con posibles posiciones frente a la censura de publicaciones. 

Pero atribuirle automáticamente esas posiciones sería adelantarse a los hechos. Hasta donde conoce González Sandoval, Hoyos no ha rechazado personas por razones religiosas o ideológicas ni ha promovido la censura de libros. La diferencia entre ambas ministras, sin embargo, ha sido suficiente para activar la discusión pública.

La sociedad ya no observa la religión como un bloque único. Reconoce diferencias entre católicos y protestantes, entre conservadores y progresistas dentro de una misma confesión, entre iglesias históricas y nuevas comunidades. El debate religioso se ha vuelto más sofisticado porque la sociedad también lo es.

“Ganar dinero nos santifica”

La religión ha estado presente incluso en episodios aparentemente secundarios del primer mes de Gobierno. Varios ministros han participado en ceremonias religiosas y un video en el que aparecen el economista español Antonini de Jiménez y el vicepresidente José Manuel Restrepo provocó una nueva controversia al incluir la frase: “Ganar dinero nos santifica”.

Los críticos interpretaron la escena como una alusión al episodio bíblico del Becerro de Oro, en el Éxodo. El excandidato presidencial Roy Barreras cuestionó públicamente la expresión y reclamó al vicepresidente, por su condición de católico, una lectura más cuidadosa del pasaje. Más allá de la polémica puntual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el problema central. La religión está presente en la política colombiana. Lo ha estado durante siglos.

La diferencia es que el Estado contemporáneo ya no puede identificarse con una sola fe. Por eso, la pregunta no debería ser si un presidente puede rezar, asistir a misa, portar una Biblia o decir “¡Viva Cristo Rey!”. Puede hacerlo.

La pregunta relevante es otra: qué ocurre cuando esos símbolos dejan de expresar solamente la fe personal de un gobernante y empiezan a utilizarse como parte de la identidad política de su Gobierno. Si las decisiones del Estado garantizan los mismos derechos a quienes creen, a quienes creen de otra manera y a quienes no creen, la laicidad permanece intacta.

Si una convicción religiosa comienza a convertirse en criterio privilegiado para legislar, educar o gobernar, el escenario cambia. El primer mes de Abelardo de la Espriella no ofrece todavía una respuesta definitiva. Ofrece, en cambio, una señal inequívoca de hacia dónde quiere mirar el presidente: una mano sobre la Biblia y la otra sobre el poder del Estado.

El desafío será demostrar que ninguna de las dos termina imponiéndose sobre la otra.