“Cuando llegaban los contingentes de soldados a Toribío, se rifaban las niñas de la escuela”: habla Alejandra Miller, directora de la ARN

El 28 de enero de este año, una llamada alertó a la Policía Metropolitana de Medellín sobre un presunto feminicidio. El soldado regular Sebastián Villegas (21 años) le confesó a su madre que había asesinado a su novia, Isabella Mesa (19). Dicho delito fue registrado por los medios de comunicación como “otro” feminicidio ―cada uno expone una historia única de machismo atroz―, sin subrayar un factor diferencial: su perpetrador es un miembro del Ejército.

Pocos días después, en otro orden noticioso, integrantes del exsecretariado de las extintas Farc publicaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la cual expresaban su preocupación por el “empeño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado”. Dicha misiva manifestó dudas sobre la “seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo”, aseveró que eso “se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del acuerdo”, y argumentó que las cifras actuales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) “indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas”. No soportaron su afirmación con datos de dicha entidad.

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(Desde entonces, se reactivó un clima de opinión adverso a la JEP –exacerbado por el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso– que curiosamente une a facciones de derecha y de izquierda en la aspiración a una “ley de punto final”… incompatible con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, sin mencionar el sistema jurídico colombiano).

¿Cómo abordar estos dos asuntos con una misma persona?

Alejandra Miller Restrepo es la primera mujer que dirige la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Es una feminista formada en la academia y en los territorios, desde la Ruta Pacífica de las Mujeres, regional Cauca; y después con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), para la cual coordinó “Mi cuerpo es la verdad”, capítulo sobre violencias basadas en género del Informe Final de la CEV. La economista de la Universidad del Valle, magíster en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, y PhD en Estudios de Género de la Universidad de Granada (España), habló para Revista CAMBIO con su “doble camiseta” de ARN y CEV.

Ana Cristina Restrepo Jiménez: Comencemos por la coyuntura, por el Día Internacional de las Mujeres. Usted coordinó el informe “Mi cuerpo es la verdad” que recoge el impacto que tiene la cultura patriarcal. El caso de análisis que propongo es el de Sebastián Villegas, un soldado regular que confesó un feminicidio. ¿Cuáles son esos hallazgos de la CEV que permiten pensar que es distinto cuando hay un feminicidio cometido por un actor que pertenece a un cuerpo armado del Estado?

Alejandra Miller Restrepo: Uno de los hallazgos más importantes del informe es que, a través de los miles de testimonios que pudimos escuchar de las mujeres víctimas, de todos los grupos armados, de las guerrillas, de los paramilitares, de la fuerza pública, es que sin duda sí hay diferencias entre esa violencia patriarcal que se ejerce en lo cotidiano, todos los días en contra de las mujeres. Las mujeres somos víctimas de esta violencia patriarcal día a día, y eso que hemos llamado el continuum de violencias contra las mujeres, casi que desde que nacemos, cuando somos niñas. Muchas de estas mujeres víctimas nos hablaban de que, antes de ser violadas por los paramilitares, habían sido violadas también por el padrastro, por un tío, etcétera. Hay evidentemente un continuum de violencias. Lo que lo hace diferente es que, con estos que tienen armas, esa violencia es mucho más degradada, es mucho más cruel, mucho más profunda. Y eso lo pudimos constatar: la militarización y la guerra es la expresión máxima del patriarcado, porque el patriarcado lo que busca es generar opresión y subordinación sobre el otro sujeto. En este caso las mujeres y la guerra y la militarización lo que busca es aniquilar.

A.C.R.J.: Usted cree que después del Informe Final de la CEV, de las denuncias periodísticas (como la de la periodista Adriana Villegas sobre los cánticos misóginos del Ejército), de un ministro de Defensa defensor de derechos humanos, como Iván Velásquez, ¿ha cambiado algo con respecto en las Fuerzas Armadas?

A.M.R.: Esos son procesos culturales, de transformaciones de mediano y largo plazo. El ministro nos invitó a varias charlas como comisionados y comisionadas. Creo que hay varias cosas: por un lado, una enorme resistencia en estos estamentos a que se abordaran temas del Informe de la CEV, pero en estos temas específicos, un poco la formación en derechos humanos, que todos la reciben, pero es como llamábamos antes “la clase de costura” de las Fuerzas Armadas. No es lo que les impacta. Creo que empezar a trabajar alrededor del discurso, de la narrativa que se va imponiendo es importante. Pero el trabajo que se tiene que hacer de fondo es muy profundo y de muy largo aliento porque estos son procesos de transformaciones culturales. Esos procesos tienen que ir acompañados de mensajes contundentes, de inmediato. No permitir la impunidad, sancionar a quienes cometan delitos o a quienes, sabiendo que no se pueden seguir generando este tipo de instrucciones, con estos cánticos misóginos, lo siguen haciendo. El problema es que en un país en guerra o con tantos conflictos, esas cosas no son importantes, no se sanciona, se le da una palmadita al instructor y se le dice “no lo vuelva a hacer”. Esas transformaciones de largo plazo, que están asociadas a procesos de reflexión, de formación, de cambiar subjetividades, tiene que darse además desde la escuela militar, desde que se forman esos muchachos y muchachas que entran a las Fuerzas Armadas. Tienen que ir acompañados de medidas muy específicas y contundentes. Recuerdo en un Consejo de Seguridad, cuando estábamos exponiendo en el Cauca la situación de las niñas en Toribio, cómo cuando llegaban los contingentes de soldados a Toribío, se rifaban las niñas de la escuela. De 14, de 13 años. Niñas indígenas. Estábamos exponiendo eso en un Consejo de Seguridad y alguno de los mandos levantó la mano y dijo: “Oiga, pero ¿ustedes por qué no entienden que esos muchachos llevan 18 meses en el monte? Tienen que venir a estar con mujeres porque si no, ¿cómo hacen?”. Lo dijo un coronel. Esas nociones que están en los mandos medios y altos, es parte de lo que culturalmente termina normalizando y legitimando todo lo que hacen sus soldados. En lugar de sanción lo que hay es defensa, ocultamiento.

A.C.R.J.: En el caso del crimen cometido por un soldado, ¿hay diferencias si perpetra el feminicidio con uniforme o sin uniforme? El producto es igual: una muerte violenta, pero ¿y en términos de cómo lo aborda la justicia y de su significado dentro de la sociedad?

A.M.R.: Yo creo que el efecto, como bien tú dices, es exactamente el mismo. Pero ¿cuál es la identidad de ese personaje? La identidad de quien hace eso, lo hace porque está armado y sabe que tiene una noción de poder distinta, muy superior a la de un hombre no armado. Ahí hay un elemento que es muy importante porque el uniforme también le otorga cierto un significado distinto, es decir, es un simbólico distinto. Quien carga un uniforme, se supone que tiene una autoridad y una legitimidad para hacer lo que hace, el informe le otorga esa legitimidad. Claro que sí hay diferencias: esa identidad yo sí creo que es parte de lo que hay que revisar. No es lo mismo el hecho de que sea un soldado y que haga lo que haga, porque lo hace también en razón a esa identidad masculina, armada, perteneciente a un cuerpo que le legitima de alguna manera su uniforme, lo que está haciendo o la práctica de lo que está haciendo. Es parte de la gravedad de lo que mencionamos cuando la militarización de la vida civil o la militarización de las mentalidades, porque aunque ese personaje no tenga uniforme piensa de esa manera. Y eso genera unos impactos diferenciales mucho más graves para las mujeres y las niñas en esta sociedad.

A.C.R.J.: Yo sé que para usted puede ser incómodo, pero le voy a pedir que le dé un consejo al ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre lo que podría hacer con la tropa para detener la misoginia, el menosprecio por el lugar de la mujer.

A.M.R: Es muy difícil. Yo creo que Iván está haciendo una tarea realmente muy dura y muy importante. Lo dijo la CEV: las reformas que necesitan las Fuerzas Armadas son de hondo calado y de largo aliento. De hondo calado en términos de todo el sistema. Yo podría hacer alguna recomendación en torno a la necesidad de que desde la misma escuela de formación exista una cátedra sobre equidad de género donde se hable de las masculinidades no hegemónicas, de lo que significa la militarización, y que lean el informe de “Mi cuerpo es la verdad”, de la CEV. Eso podría ser una medida, pero esa medida sin otras que tienen que ir alrededor de acabar con la impunidad en el interior de las Fuerzas Armadas, y esto pasa por temas hasta de la justicia penal militar, por ejemplo. De pronto el impacto no lo vayamos a alcanzar a ver. Eso sería una medida importante y ahí están las recomendaciones de la CEV para todo lo que creemos que se necesita en términos de avanzar hacia unas Fuerzas Armadas que realmente comprendan cuál es su rol y que transiten hacia un lugar distinto en términos de lo que significa la protección de la vida.

A.C.R.J.: Hablemos de mujeres, reincorporación y proyectos productivos.

A.M.R.: Nosotros tenemos en este momento 3.075 mujeres en el proceso de reincorporación. Han tenido muchas dificultades, mucho más que los hombres. Por supuesto, como lo sabemos, los retos ahí son más grandes porque ellas han tenido más obstáculos para su proceso de reincorporación. Obstáculos asociados, por ejemplo, a sus posibilidades de participación en la reincorporación económica o en la reincorporación política, porque se ha recargado el cuidado de los hijos, de las hijas, de las familias, de las personas con discapacidad, básicamente sobre ellas. Esto es lo que pasa en la sociedad y que se replica en este proceso de reincorporación y que ha afectado mucho más a las a las mujeres. A eso se suman condiciones de violencias que muchas han vivido. Nosotros ya estamos reportando, creo que con la llegada de una administración feminista a la ARN, también se han mostrado muchos más casos, por ejemplo, violencias contra mujeres firmantes, y estamos trabajando para que podamos erradicar no solamente esa violencia, sino garantizar que las mujeres eliminen esos obstáculos y pueden dar pasos hacia adelante mucho más contundentes, en sus procesos de reincorporación económica, política y social.

A.C.R.J.: Cambiemos de asunto, vamos a la carta que el exsecretariado de las Farc dirigió al presidente Gustavo Petro. Hablan de aumento de reincidencias y citan como fuente a la ARN. ¿Eso es cierto?

A.M.R.: No, no es cierto. Nosotros públicamente sacamos un tuit informando que en la ARN no tiene cifras de reincidencia. Nosotros manejamos cifras de reincorporación y creo que lo importante es que hoy, siete años después de la firma del Acuerdo de paz, el 87 por ciento de los y las firmantes se mantienen activos en el proceso de reincorporación. Lo que hacemos es seguimiento al proceso de reincorporación a través de facilitadores y facilitadoras en los territorios: sabemos en dónde están, qué están haciendo, a qué están vinculadas las personas que firmaron el Acuerdo de Paz. Tenemos básicamente tres procesos: primero, el de reintegración, que nace hace 20 naños. Ese proceso está más relacionado con las personas que deciden dejar las armas de manera individual y que han hecho parte de algún grupo armado, como el ELN o las Farc, antes de dejar las armas, u otros grupos armados considerados de carácter más político. Posteriormente, en el gobierno del expresidente Iván Duque se abrió una ruta para personas vinculadas a estos grupos, más de bandas criminales: tenemos más recientemente una ruta de “Atención especial”, con personas que dejan las armas de manera individual, como el Clan del Golfo y otros grupos armados de ese corte. Finalmente tenemos el proceso de reincorporación: actualmente hay activas 12.100 personas, de las cuales 3.075 son mujeres, y en los otros procesos suman aproximadamente 4.000 personas.

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A.C.R.J.: Retornemos a esa carta con críticas a la JEP, la cual aborda un asunto cierto y crucial: la seguridad de los excombatientes (para el día en que se realizó esta entrevista eran 411 asesinados, el día de su entrega para edición, 419). De estos excombatientes asesinados, ¿Cuántos estaban en ETCR? ¿Cuántas vidas ha perdido la ARN, el país, dentro de esta cadena de asesinatos?

A.M.R.: Creo que ese es el reto más importante que tiene este Gobierno. Insisto: no hay reincorporación que valga si se siguen asesinando firmantes del Acuerdo de Paz. Estas 411 vidas que nos duelen profundamente, sin duda alguna es una herida para la democracia del país y es un reto enorme para este Gobierno y para los que siguen. En este tema de seguridad hay varios niveles: uno más estructural y que tiene que ver con la seguridad de los territorios donde están fundamentalmente los y las firmantes del Acuerdo, donde están los ETCR: Cauca, Meta, Caquetá, Nariño y varios sectores de Antioquia, Urabá, son esos territorios a donde esperábamos que la implementación del Acuerdo de Paz, después de su firma en 2016, realmente llegara el Estado. Eso no sucedió. Esa no implementación terminó generando estos grupos armados –que en ese momento eran disidencias, todos los procesos de paz del mundo tienen disidencias– el problema es que “dejamos crecer ese enano”, como decimos coloquialmente. No tengo duda de que la posibilidad más efectiva para garantizar la vida de los y las firmantes del Acuerdo es que avancemos en la Paz total. Si avanzamos en la negociación con todos los grupos que están en las distintas mesas de conversación, en negociaciones, en diálogos sociojurídicos, es un elemento central para la protección de la vida de firmantes y de líderes y de lideresas sociales. No podemos seguir avanzando en la implementación del Acuerdo si no avanzamos simultáneamente en la Paz total: no se contradicen, son complementarias. Dos, otro nivel tiene que ver con lo que deben garantizar, por ejemplo, entidades como la UNP (Unidad Nacional de Protección); pero no se les puede dar un vehículo blindado, chalecos y escoltas a todos los firmantes o a todos los líderes y líderesas sociales. Sin embargo, creo que hay grandes retos en los que la UNP ha venido avanzando. Desde la ARN estamos trabajando en la estrategia de reincorporación comunitaria, que tiene que ver con el fortalecimiento de las comunidades que acogen a las personas firmantes del Acuerdo, estamos trabajando sobre diálogos restaurativos entre comunidades, víctimas, firmantes, de tal manera que podamos hablar sobre las heridas que nos ha dejado la guerra, que podamos entender lo que significa que estas personas hayan dejado las armas y estén hoy construyendo paz. Que de esa manera las comunidades mismas sean quienes defiendan y protejan la reincorporación y la vida de los firmantes.

A.C.R.J.: Todos los procesos de paz tienen disidencias, pero lo que no es usual es que se dialogue de nuevo con quienes no cumplieron. ¿Qué opinión le merece que quienes incumplieron se les vuelva a recibir, cuando en los ETCR hay firmantes que han hecho todo por cumplir?

A.M.R.: Los del EMC (Estado Mayor Central) fueron los que no negociaron. Por lo tanto, no son propiamente disidentes, aunque se les haya llamado así. Y luego están con los de la Segunda Marquetalia, que también tiene unas condiciones particulares, porque no solamente lo dijo la CEV, lo expuso en uno de sus casos, sino también ahora las Naciones Unidas con la relatora Antonia Urrejola, que documentó muy claramente el tema del entrampamiento que se le hizo al proceso de paz. Es uno de los argumentos clave, por los cuales también algunas de estas personas se regresaron a las armas. Hay una comprensión, al menos con estos dos grupos, en donde yo creería que es absolutamente válido conversar y negociar. Pero mi argumento va más allá: creo que el segundo elemento central es que estos son grupos que en estos siete años ya lograron avanzar en control territorial, de un rearme importante. ¿Cuál es la alternativa? ¿Si no es la Paz Total? ¿la guerra total? Quienes venimos de territorios como el Cauca (Miller es caleña pero ha vivió más de dos décadas en Cauca) sabemos lo que significa la guerra total. La tarea nuestra es agotar todos los esfuerzos para que haya una paz total, que sin duda pasa por el silenciamiento de los fusiles, pero que sin duda pasa también por las transformaciones de este país, por las reformas que necesita este país.