La guerra entre Shottas y Espartanos se cobra la vida del líder juvenil Alan Josué

Buenaventura llora en silencio a Alan Josué Valencia Cuero, de 17 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico, amante del fútbol y apreciado líder social y juvenil. Su familia lo despidió sin saber quién lo mató. Aunque en voz baja, en el puerto se dice que fue víctima de una página más de la guerra reanudada entre los Shottas y los Espartanos, las dos bandas criminales que hasta hace pocos días mantenían una frágil tregua.

La suspensión de hostilidades se acabó con este triste hecho. No está claro quién disparó primero. Lo cierto es que durante esta semana los pobladores volvieron al confinamiento forzado y a un toque de queda que se inicia al caer el sol. En el ocaso de la jornada, los locales cierran sus puertas, el comercio apaga sus luces y la soledad se adueña de las calles de este puerto sobre el Pacífico, donde viven 324.130 habitantes.

“Da miedo salir”, dice un poblador. “Hay disparos y no se sabe de dónde vienen”, agrega. Eso fue lo que le ocurrió a Valencia Cuero: se desplazaba por el barrio Los Pinos, de camino a su casa, cuando fue atacado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento. Cayó gravemente herido y, aunque varias personas intentaron auxiliarlo, falleció. Eran las 5 de la tarde del jueves 11 de septiembre.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una ONG que lleva una dramática lista de líderes asesinados en Colombia, lo registró como el número 117 en lo que va del año.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advierte del riesgo para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Buenaventura. La tragedia afecta además a buena parte de la población: la imposición de normas y formas de control social por parte de los grupos armados implica un riesgo permanente de violación de sus derechos, señala Indepaz.

La suma de las violencias

Buenaventura es un coctel explosivo en el que confluyen varias organizaciones criminales. Se tiene evidencia cotidiana de que, tanto en el casco urbano como en su zona rural, operan el Frente Jaime Martínez del autodenominado Bloque Occidental del Estado Mayor Central, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo (EGC) y otras bandas locales y, claro, los Shottas y los Espartanos, que ahora retomaron la confrontación.

En 2022, ambos grupos acordaron acogerse a la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, que se presentó con la esperanza de ser un “laboratorio urbano de paz” en Buenaventura. Sin embargo, esta posibilidad se disipó, al menos por ahora, entre los disparos.

El centro de pensamiento InSight Crime recuerda que los orígenes de estas dos organizaciones se remontan a finales de la década de 1990. El Bloque Calima, un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desembarcó en Buenaventura con el decidido propósito de expulsar al Frente 30 de las FARC, amo y señor en las zonas rurales del municipio en esos tiempos.

Con el paso de los años, la violencia mutó. En diciembre de 2020 se produjo una fragmentación interna de la que surgieron dos bandas rivales que competían por el control de la ciudad: los Espartanos y los Shottas.

A medida que estas facciones se disputaban los barrios, apareció el fenómeno de las “fronteras invisibles”: divisiones entre zonas controladas por bandas opuestas que restringían el movimiento de los residentes. Todos sabían del peligro de poner un pie en una calle sin autorización o por simple descuido.

Hoy, como en aquellos días, las consecuencias de sus acciones se repiten. Los informes de esa época son idénticos a lo que se ha visto estas dos semanas. La violencia de las bandas y los frecuentes tiroteos dieron lugar a toques de queda informales. Los residentes de los barrios con fuerte presencia de grupos armados rara vez salen después del atardecer para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado, mientras que las escuelas e instituciones educativas ajustan sus horarios para garantizar el regreso de los estudiantes a sus casas antes de la noche.

En octubre de 2022, las dos bandas acordaron una tregua como parte de la Paz Total. El pacto permitió 92 días consecutivos sin homicidios en Buenaventura, una reducción drástica de la violencia que todos celebraron, como le subrayó en su momento la vicepresidenta Francia Márquez.

Hubo pausas al fuego cruzado y nuevos intentos de sentarse a hablar. Desde entonces, el acuerdo se prorrogó en varias ocasiones y los homicidios disminuyeron un 16 %, pasando de 60 a 50 entre junio de 2023 y junio de 2024. 

La paz que no fue

El proceso, sin embargo, se truncó. Aunque había tensión, muchos se ilusionaban con la tregua vigente. No fue así, y en ese contexto cayó Alan Josué.

La socióloga Linda Posso Gómez, de la Universidad del Pacífico y coordinadora de la Oficina Regional Pacífico de Pares, recogió testimonios que recuerdan que Alan había mostrado desde niño su talento para el fútbol en las canchas de Bahía Málaga: “Descrestaba a sus vecinos, pero también mostraba una disciplina que lo llevó a convertir el fútbol en un motor”. 

De hecho, se había ganado un puesto en la selección de la universidad. Alan cursaba segundo semestre de Ingeniería en Sistemas en la Universidad del Pacífico. 

Hoy lo lloran en su natal Bahía Málaga, un consejo comunitario ubicado a poco más de una hora en lancha desde Buenaventura. 

Aunque se ilusionaba con ser futbolista, el Alma Mater era su prioridad. A pesar de las dificultades que ha atravesado, la Universidad del Pacífico sigue siendo la única institución de educación superior propia de la región. 

El asesinato de Alan no es un hecho aislado. La violencia contra los jóvenes en Buenaventura se ha intensificado en los últimos años y tiende a normalizarse en medio del dolor, el silencio y la impunidad. Los casos se multiplican. En marzo fue asesinado Vladimir Bravo Núñez mientras comía en un local del barrio; hace un mes, otro joven de 23 años fue baleado en el barrio El Retén. La repetición de estos hechos va atada con dos fenómenos: miedo e impunidad. Los jóvenes caen, pero los responsables no aparecen.

Solo en 2025 se han registrado oficialmente 113 homicidios en Buenaventura, muchos de ellos con víctimas jóvenes. Esta violencia tiene raíces profundas en las que los asesinos han dejado caer su fuerza cuando los muchachos hacen deporte.

Hace 20 años, cuando el Bloque Calima de las AUC dominaba la ciudad, el fútbol fue escenario de horror: en 2005, doce jóvenes fueron asesinados tras salir de un partido en el barrio Punta del Este.

“Jóvenes llenos de ilusión que, a través del engaño, fueron convocados a jugar para luego ser vilmente torturados y asesinados. Estas siguen siendo heridas abiertas. Cada año la ciudad conmemora a los doce de Punta del Este, y sus madres, familiares y amigos aún esperan verdad y justicia”, recuerda Posso en un texto publicado por Pares.

El fantasma del narcotráfico

La situación es compleja. Como analiza InSight Crime, los grupos criminales más grandes y las redes de narcotráfico parecen estar cada vez más dispuestos a utilizar de nuevo la zona urbana de Buenaventura como ruta de tránsito de droga en tiempos de paz y de guerra.

Saben que la ausencia de enfrentamientos entre bandas hace menos probable el robo de cargamentos, pero cuando están en disputa van por las de los rivales porque un tesoro muy preciado.

Estas redes emplean a los Shottas y a los Espartanos para proteger las cargas y utilizan los barrios bajo su control para mover la droga, consolidando el narcotráfico como la principal fuente de ingresos de ambos grupos.

La posibilidad de una reducción permanente de la violencia a través de un acuerdo integral de desmovilización sigue siendo baja. Después de que las pandillas abandonaran la mesa de negociaciones en febrero de 2025, permitiendo que su alto el fuego expirara sin prórroga, podrían regresar a la ciudad niveles aún más altos de violencia, advirtió InSight Crime.

El personero de Buenaventura, Carlos Yeferson Potes, señala que la cifra de jóvenes víctimas ya superó las 100 en lo corrido de 2025, cuando aún faltan tres meses para terminar el año. En todo 2024, las autoridades registraron 86 casos. Es decir, el azote de la violencia, en lugar de disminuir, ha aumentado durante 2025, llevándose para siempre los sueños de jóvenes como Alan Josué.

Las organizaciones sociales, étnicas y defensoras de derechos humanos de Buenaventura, articuladas a la Ruta Humanitaria y a la construcción de paz desde el territorio, dicen que hay que abrir las puertas de las soluciones.

En esa línea, enviaron al presidente Gustavo Petro una carta en la que señalan que Buenaventura atraviesa un difícil contexto, marcado por la deuda histórica del Estado y la ausencia de garantías para el cumplimiento de los derechos. Esto ha generado una crisis humanitaria permanente, situación que ya ha sido planteada de manera reiterada, subrayan.

Por lo tanto, dicen, se hace urgente implementar un plan de intervención especial e integral para Buenaventura, concertado con las organizaciones territoriales. Y anotan que lamentablemente, las políticas públicas ordinarias no han producido el impacto necesario para generar un ambiente de paz en la región.

Recuerdan que el Espacio de Diálogo Sociojurídico, creado para abordar el conflicto con los Shotas y Espartanos, se instaló el 18 de julio de 2023. Han pasado 26 meses y la crisis humanitaria persiste. Según fuentes oficiales, entre 2023 y lo corrido del presente año se han registrado 322 muertes violentas. 

No obstante, hacen un llamado a la reflexión: “el derecho a la vida, que es el más importante de todos, no está siendo respetado. Por ello exigimos mayor efectividad en estos diálogos. La sociedad civil de Buenaventura demanda un informe público y detallado sobre el desarrollo e impacto del Espacio de Diálogo”.

“Solicitamos al Ministerio del Interior convocar un espacio de alto nivel, encabezado por funcionarios del Estado con capacidad de decisión, para implementar un plan de choque que atienda de manera inmediata la situación”. Según la misiva, este espacio debe contar con la veeduría de organismos internacionales como la OACNUDH, la CIDH y la MAPP-OEA. 

Los pobladores demandan ser escuchados y que se cumplan las exigencias del pasado reciente. Por eso, piden al presidente Petro impartir las directrices necesarias para agilizar la implementación de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura.

Y lanzan un dato estremecedor. Dicen que los datos sugieren que podría configurarse un etnocidio en Buenaventura, pues el 99,5 por ciento de las víctimas pertenecen al pueblo negro. Como Alan Josué Valencia Cuero, de 17 años.