¿Qué riesgo existe de que se presenten acciones armadas durante la jornada electoral del 8 de marzo?
Más de 200 municipios se encuentran en alerta por la presencia de grupos armados ilegales que podrían influir en las comunidades y afectar su derecho a elegir y ser elegidos. ¿Cuáles son los municipios y regiones más vulnerables?
Por: Javier Patiño C
Varios celulares de presidentes de juntas de acción comunal, de distintas veredas en la zona rural de El Tambo, Cauca, recibieron el mismo mensaje de texto. Les ordenaban asistir a una reunión para recibir supuestas instrucciones relacionadas con las elecciones legislativas del 8 de marzo.
En la comunicación se indicaba que debían asistir dos integrantes mayores de edad por cada familia. Según versiones de la comunidad, el objetivo del encuentro sería imponer los candidatos por los que debían votar.
La situación encendió las alarmas de las autoridades, que han recibido múltiples denuncias sobre citaciones realizadas por estructuras ilegales, no solo para condicionar el voto, sino también ante la posibilidad de ataques que puedan entorpecer la jornada electoral.
Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), un total de 170 municipios se encuentran en alerta por la coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y violencia. “Es decir, un 15,2 por ciento de los municipios en todo el país presenta un escenario altamente complejo que exige la pronta atención de las autoridades”, señaló la entidad.
De acuerdo con la MOE, en los últimos cuatro años se ha registrado una expansión en varios municipios por parte de las disidencias de las Farc, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo, cuyas acciones han incidido directamente en la configuración del riesgo electoral.
La entidad afirma que existen 54 municipios en riesgo extremo por la presencia de estructuras ilegales, 100 en alto y 219 en medio lo que ha genera temor de posibles afectaciones durante la jornada electoral.
Regiones en riesgo
Según información del Ministerio de Defensa, el esfuerzo de las Fuerzas Militares y la Policía se concentra en siete regiones del país con presencia de estructuras ilegales que podrían generar ataques contra la población civil.
El departamento de Arauca presenta riesgo en los municipios de Cravo Norte, Arauquita, Saravena, Fortul y Puerto Jordán. Allí, integrantes de la columna Domingo Laín, del frente oriental del ELN, históricamente han obligado a los pobladores a votar por determinados candidatos o han realizado ataques contra la fuerza pública.
Las alertas también se concentran en varios municipios del centro y sur del Chocó, donde operan subestructuras del Clan del Golfo que mantienen disputas con el ELN por el control del río Atrato y sus afluentes. Esta situación ha llevado a implementar un amplio operativo para evitar contratiempos en el ingreso del material electoral y garantizar la seguridad en las mesas de votación.
Otra de las regiones con mayor preocupación es el Pacífico nariñense, zona fronteriza con Ecuador, donde están presentes estructuras de la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc y bandas de delincuencia organizada que operan en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.
El norte del Cauca es considerado uno de los territorios de mayor riesgo, especialmente en los municipios de Suárez, Caldono, Toribío y El Tambo, donde operan cuatro frentes de las disidencias de las Farc: Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Adán Izquierdo, que realizan reuniones frecuentes con comunidades de la zona.
Las autoridades también han implementado un plan especial en el Medio y Bajo Putumayo, así como en los departamentos de Meta, Caquetá y Guainía, donde se presentan disputas entre disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, territorios donde históricamente se han registrado ataques durante jornadas electorales.
De igual manera, se ejecuta una estrategia de seguridad en el norte de Antioquia y sur de Bolívar, donde subestructuras del Clan del Golfo mantienen confrontaciones con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc y del ELN por el control de economías ilegales como la minería.
Para la MOE, el Catatumbo merece atención particular, una subregión que ha concentrado altos niveles de violencia asociados al conflicto armado. “En este territorio, los municipios de Hacarí y El Tarra mantienen de manera persistente niveles de riesgo extremo, lo que evidencia la continuidad de condiciones estructurales de inseguridad. Si bien, en el ámbito estrictamente electoral, algunos indicadores han tendido a normalizarse, la situación humanitaria que ha marcado de forma constante el calendario electoral en la región ubica al Catatumbo como un territorio de especial preocupación”, concluye la organización.
Alertas de la Defensoría
En su informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, en el que advierte riesgos para los procesos electorales de 2025 y 2026, la Defensoría del Pueblo denunció que persiste una “gobernanza armada ilegal sostenible y fortalecida” en varias regiones del país. Según la entidad, aunque estos grupos niegan participación directa en política, inciden indirectamente en los procesos electorales mediante amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial y estigmatización.
La Defensoría señala que el riesgo afecta de manera diferenciada a candidatos, víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres, pueblos étnicos, periodistas, líderes sociales y servidores públicos.
En el caso de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), advierte la imposición de “permisos” para circular, vetos a candidaturas independientes, presiones para unificar listas y retrasos en el desembolso de anticipos estatales, lo que expone a las campañas a extorsiones.
El informe clasifica los niveles de riesgo en distintos municipios del país: 69 tienen llamado a acción inmediata; 168 a acción urgente; 433 a acción prioritaria; 195 a observación permanente y 257 a acción ordinaria.
Además, 45 municipios cambiaron su nivel de alerta frente al reporte inicial, lo que evidencia variaciones en el escenario de riesgo en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Bolívar, Sucre, Meta y Valle del Cauca.
La entidad solicitó al Ministerio del Interior fortalecer la coordinación de la respuesta rápida; al Ministerio de Defensa garantizar presencia efectiva en zonas de riesgo; a la Fiscalía reforzar la investigación y judicialización de delitos electorales; al Consejo Nacional Electoral asegurar la financiación oportuna; y a la Procuraduría ejercer vigilancia disciplinaria sobre el cumplimiento de las medidas.
“El riesgo electoral no se limita a hechos violentos aislados, sino a la consolidación de condiciones estructurales que restringen la participación libre y democrática en amplias zonas del país”, concluye el informe.
Plan Democracia 2026
De cara a los procesos electorales de 2026, el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Defensa e Interior, en coordinación con la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, estableció un plan especial orientado a fortalecer las garantías de seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones, en desarrollo del Plan Democracia del sector Defensa.
“La clave es la articulación de todas las instituciones del Estado. Nos reunimos bajo la bandera de la Procuraduría de la ‘Paz Electoral’, pero también desarrollamos mesas con el Ministerio del Interior y otros organismos para garantizar tanto la seguridad de los candidatos como la de los votantes”, aseguró el ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez.
El ministro afirmó que se garantizará la seguridad de 13.494 puestos de votación con el despliegue de la fuerza pública, y recordó que se han desarrollado 21 elecciones atípicas que transcurrieron en condiciones de normalidad.
Según explicó, se priorizaron 208 municipios con riesgo alto, en los que se desplegarán todas las capacidades institucionales. Más de 246.000 integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares estarán encargados de la seguridad de los 13.493 puestos de votación en el país. Además, se extendió el servicio militar obligatorio para sumar 22.000 soldados y 4.000 auxiliares de Policía al despliegue regional.
También se dispuso de capacidades de ciberseguridad para proteger la infraestructura electoral de posibles ataques o campañas de desinformación que puedan alterar el curso normal de los comicios.
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