
¿Por qué la JEP remitió el caso del general (r) José Leonardo Gallego a la Unidad de Investigación y Acusación?
La JEP envió a la Unidad de Investigación y Acusación el caso del general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, luego de que negara su participación en el secuestro de Jineth Bedoya y en otros crímenes ocurridos en la cárcel La Modelo. Conozca los detalles.
Por: Gabriela Casanova
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón negó su participación en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000 y en otros crímenes ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003. Tras escuchar su negativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió su proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
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El 5 de septiembre de 2025, la Fiscalía 251 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados vinculó a Gallego a una investigación por su presunta participación en los hechos. Sin embargo, el general retirado solicitó la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la JEP.
Por esta razón, fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los casos 11, que investiga la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión e identidad de género diversa; y 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles, durante el conflicto armado.
Durante la diligencia, que se llevó a cabo el 3 de febrero y el 5 de marzo, Gallego negó cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos. Por esta razón, la JEP trasladó su caso a la UIA, el órgano del tribunal encargado de adelantar las investigaciones y ejercer la acción penal cuando los presuntos autores de los crímenes cometidos no reconocen verdad plena ni responsabilidad.
#Atención | Por no reconocer responsabilidad, la JEP remite el proceso del general (r) José Leonardo Gallego Castrillón a la @UIA_JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 13, 2026
Los detalles en este hilo 👇 pic.twitter.com/UAPxsKqlDt
¿Cómo estaría vinculado con hechos ocurridos dentro de La Modelo y con el secuestro de Jineth Bedoya?
A finales de los años noventa, en la cárcel La Modelo de Bogotá surgió un conflicto entre internos pertenecientes a las guerrillas de las Farc y del ELN, y reclusos de grupos paramilitares que fueron trasladados allí en 1998, situación que agravó las condiciones de seguridad y convivencia dentro del penal.
En esa época, los internos de diferentes cárceles impulsaron mecanismos para fortalecer su participación dentro de los centros penitenciarios, entre ellos las llamadas mesas de trabajo, que funcionaban como espacios donde los internos negociaban mejores condiciones de reclusión y presionaban cambios en la política carcelaria y criminal.
Las mesas de trabajo en La Modelo eran lideradas por internos pertenecientes a las guerrillas. En estos espacios habían obtenido beneficios como decidir las visitas, eliminar los conteos de reclusos, restringir el acceso a ciertas zonas del penal y definir la distribución de los privados de la libertad. Sin embargo, con la llegada de líderes de grupos paramilitares, como Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha, el panorama cambió.
Las guerrillas entraron en disputa con los grupos paramilitares que pretendían asumir el liderazgo de esos espacios. A causa de este conflicto de poder hubo masacres, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos que dejaron al menos 101 víctimas.
Para esa época (1999 y 2000), José Leonardo Gallego era coronel y director de la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín) en Bogotá. Según testimonios recogidos por la justicia ordinaria, habría contribuido de diversas formas a que integrantes de grupos paramilitares asumieran el control político y económico de la cárcel.

Existen señalamientos que lo vinculan con una red de tráfico de armas que fortaleció el poder militar de ese grupo ilegal y que habría facilitado una masacre el 27 de abril de 2000, donde hubo un estimado de 25 muertos y 15 heridos. De acuerdo con las autoridades, testigos afirmaron que el general retirado habría tenido conocimiento de la masacre y se comunicó con los responsables mientras esta ocurría.
También afirmaron que, al día siguiente, fue observado junto a los líderes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha señalando a los internos que serían trasladados, lo que finalmente facilitó que la mesa de trabajo y el control del penal quedaran en manos de los paramilitares.
De hecho, al menos cinco testigos aseguraron haber visto en varias oportunidades a Gallego ingresar de manera irregular al pabellón de alta seguridad de la cárcel, un espacio habitado por líderes paramilitares, para reunirse con Arroyave y Gaitán con el fin de, presuntamente, acordar o coordinar acciones delictivas.
La periodista Jineth Bedoya investigó toda esta situación y la denunció en artículos publicados en El Espectador, lo que no habría sido del agrado de los implicados. Era objeto de seguimientos que, al parecer, habrían sido ordenados por miembros de organismos de inteligencia y también, al parecer, por Gallego, según lo denunciado por un testigo en el proceso penal ordinario.

Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 en la puerta de la cárcel, un lugar que solía contar con altos niveles de seguridad, luego de que Mario Jaimes Mejía, un interno y subordinado a los líderes paramilitares, la contactara para que acudiera al penal ese día. Fue trasladada a una bodega cercana y posteriormente transportada por la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Durante su secuestro, fue víctima de torturas y actos de violencia sexual. Este habría sido un plan ideado por Arroyave y Gaitán, con Gallego, para silenciar a la periodista.
“La JEP recuerda que los casos que involucran violencias basadas en género deben investigarse con especial diligencia, de acuerdo con los estándares del derecho internacional. Por eso, en este caso concreto, y teniendo en cuenta los avances de la justicia ordinaria y la decisión del compareciente de negar responsabilidad ante la JEP frente a los señalamientos que presuntamente lo implican, la sala decidió remitir su proceso a la UIA”, dijo en un comunicado la JEP.
La justicia ordinaria, entre 2016 y 2019, condenó por estos hechos a los paramilitares Alejandro Cárdenas Orozco JJ o John Jairo Restrepo), Mario Jaimes Mejía (el Panadero) y Jesús Emiro Pereira Rivera (Huevo de Pisca o Alfonso).
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