Las disidencias de alias Calarcá suman más miembros y aumentan su control de territorio

Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del bloque Jorge Briceño de las disidencias de las Farc, ha estado al frente de las negociaciones de paz, asumiendo compromisos para avanzar hacia acuerdos que conduzcan a la paz.

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Sin embargo, también ha fortalecido su presencia en zonas estratégicas del nororiente y sur del país, sosteniendo una fuerte confrontación con el Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, antiguo compañero en la organización.

De acuerdo con el testimonio de un desmovilizado, la estrategia de ‘Calarcá’ consiste en generar divisiones en los bloques Jacobo Arenas, Isaías Duarte y Amazonas —afines a ‘Mordisco’—, restablecer el mando de los frentes 18 y 36 en Antioquia, y fortalecer los bloques Jorge Briceño y Magdalena Medio.

“Una estrategia que siempre lo ha caracterizado: autoproclamarse como quien reconstruyó y continuó el proyecto revolucionario de los fundadores de las Farc, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, siguiendo también los ideales del ‘Mono Jojoy’, con el propósito de refundar su bloque armado y proyectarse como un caudillo carismático”, señaló el desmovilizado.

Control territorial

Actualmente, el grupo cuenta con aproximadamente 1.600 integrantes, lo que representa un aumento del 17 por ciento desde el inicio del actual gobierno y del 1 por ciento en el último semestre. Tiene presencia en siete departamentos: Norte de Santander —el más afectado—, Bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta. Además, busca expandirse hacia Huila y Tolima.

Según fuentes de inteligencia, en el Catatumbo el frente más beligerante es el 33, mientras que en el sur del país destacan los frentes Rodrigo Cadete, Carolina Ramírez y Raúl Reyes.

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Un alto oficial de inteligencia aseguró que, desde el inicio de su disputa con Mordisco, una de sus principales tareas ha sido controlar las economías ilícitas mediante el cobro del “gramaje”, es decir, una extorsión a cultivadores y compradores de coca a cambio de protección de cultivos, laboratorios y rutas. “Una práctica similar a la que utilizaba ‘Tirofijo’ en los años ochenta con los grandes carteles del narcotráfico”, explicó el uniformado.

El grupo también ha sido señalado de desplazar comunidades, despojar de tierras a campesinos, ganaderos y hacendados, apropiarse de terrenos baldíos y obligar a la población a construir carreteras y puentes, utilizados para el transporte de droga.

Asimismo, la inteligencia militar ha identificado que sus integrantes desarrollan labores de adoctrinamiento político en sus zonas de influencia, lo que les ha permitido consolidar su presencia armada y obtener reconocimiento como autoridad de facto. Esto ha derivado en el respaldo de algunos sectores de la población local, hasta el punto de que comunidades organizadas confrontan a las autoridades, a quienes hostigan cuando ingresan a territorios controlados por el grupo, bajo el argumento de que no requieren su presencia.

“Es una actividad que no se ha detenido, pese a que continúan en la mesa de negociación. Entre los temas no negociables figuran sus fuentes de financiación, el cese de hostilidades contra la población y los cobros ilegales a las víctimas”, afirmó el alto oficial.

Futuro del proceso

Para el analista político Carlos Herrera, el proceso con este grupo no ha mostrado avances significativos. Las Fuerzas Militares han cuestionado su falta de compromiso.

“Parece responder más a los intereses del cabecilla que a una verdadera voluntad de paz. En la mesa ha dilatado compromisos clave como el desmonte y desmovilización de la organización, así como la entrega de armas. En cambio, exige la legalización de predios y construcciones bajo el argumento de que son obras sociales que pretende controlar en el futuro”, señaló.

Tampoco se evidencian avances en las transformaciones territoriales, de las cuales dependen recursos económicos y el respaldo de países que han apoyado el proceso de paz.

Según un alto oficial, alias Calarcá se ha negado a concentrar a sus hombres en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), pese a haberse comprometido a ello. “Sus combatientes son su principal garantía de seguridad y control territorial. Por eso no quiere entregar las armas ni desmontar sus estructuras financieras y de inteligencia, ante el temor de ser confrontado por Mordisco o el ELN, lo que podría implicar la pérdida de control sobre economías ilícitas y bases sociales”, concluyó.