La alianza criminal entre el Clan del Golfo y el Frente Jaime Martínez busca controlar el litoral del San Juan, en el Chocó
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana ante el riesgo de confrontación armada entre estructuras ilegales que pretenden dominar rutas de narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como economías ilícitas como la minería ilegal y la extracción de madera.
Por: Javier Patiño C
Desde finales de 2025, las autoridades detectaron el movimiento de varios integrantes del Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc, que habría conformado una alianza criminal con el Clan del Golfo para tomar el control de una zona históricamente dominada por el frente de guerra occidental del ELN.
La llegada de esta estructura criminal provocó que, en las primeras semanas de 2026, se registrara el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de otros dos en la quebrada Munguidó, un afluente estratégico que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan. Este corredor es clave para la salida de rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como para actividades de minería ilegal y extracción de madera.
Según la Defensoría del Pueblo, esta situación ha generado el confinamiento forzado de 1.367 personas (465 familias) de comunidades negras e indígenas, que tienen restringida la movilidad por los ríos. Esto les impide realizar actividades vitales como la pesca, la caza y la agricultura. La población local ha reportado estar enfrentando hambre debido al bloqueo impuesto por los grupos armados.
La entidad denunció que estas estructuras ilegales ejercen control mediante la distribución de panfletos en los que declaran como “objetivo militar” a quienes no se unan a sus filas o sean señalados como colaboradores del grupo contrario.
Además, la Defensoría ha documentado ataques con drones cargados con explosivos, una táctica recurrente de las disidencias de las Farc que ya ha dejado víctimas en la zona. También preocupa la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales y zonas de tránsito.
“Esta dinámica de estigmatización y control restringe la autonomía de las autoridades étnicas y de organizaciones como Acadesan (que representa a comunidades afro) y Woundeko (que representa a comunidades indígenas), quienes en ocasiones deben pedir permiso a los grupos ilegales para desplazarse por su propio territorio”, señala un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
El litoral del San Juan queda en el extremo sur del departamento del Chocó. Su territorio tiene una geografía diversa que se extiende desde el páramo del Duende, en la cordillera Occidental —lugar donde nacen varios ríos, como el Calima—, pasando por extensas zonas de selva húmeda tropical, hasta la desembocadura del río San Juan en el océano Pacífico.
Su importancia radica también en que las quebradas que desembocan en el río San Juan constituyen corredores estratégicos de alto valor táctico para los grupos armados organizados que operan en la región. Se trata de una compleja red de ríos y esteros que conecta las cuencas del San Juan y del Calima, así como la zona rural y urbana de Buenaventura, y el sur con el centro del Chocó, configurando un corredor clave para el tránsito de grupos armados y sus economías ilegales.
Alerta Temprana
Ante la vulneración de los derechos de las comunidades, la Defensoría emitió la Alerta Temprana número 010, en la que reporta casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido ser evacuadas ni recibir atención médica debido al confinamiento.
La situación se agrava por hechos registrados a finales de 2025, cuando se documentaron siete casos de reclutamiento forzado. Actualmente, 324 estudiantes no reciben clases debido al temor de docentes y a las restricciones de movilidad.
“Las escuelas en zonas como Munguidó carecen de condiciones básicas y entornos seguros, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores de edad ante la influencia de los grupos armados”, advierte la alerta.
Llamado al Gobierno
Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 17 recomendaciones a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Chocó y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las recomendaciones instan a brindar una respuesta rápida que permita disuadir la violencia, implementar tecnologías para contrarrestar ataques con drones, fortalecer la autoprotección étnica y garantizar asistencia humanitaria integral bajo un enfoque de seguridad humana.
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