Más de medio millón de víctimas militares en la fuerza pública: el alto costo de proteger a Colombia
El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas es una fecha para rendir homenaje a los uniformados que protegen la vida de los colombianos, garantizan el ejercicio de los derechos y el normal funcionamiento de las instituciones. Muchos de ellos han ofrendado sus vidas.
Por: Javier Patiño C
La mayoría de los integrantes de la fuerza pública dejan atrás a sus familias para desplazarse hasta los rincones más remotos del territorio nacional y entregar lo mejor de sí cada día. Su labor se desarrolla en diversas regiones donde, en muchos casos, representan la única presencia del Estado y deben enfrentar condiciones extremas para cumplir con su misión.
Más de seis décadas de violencia han cobrado un alto precio sobre la integridad física y emocional de militares y policías en Colombia y, en numerosos casos, han dejado en sus familias heridas que difícilmente cicatrizan.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre 1985 y 2016 se documentaron 571.399 hechos victimizantes que afectaron a 546.208 miembros de la fuerza pública y sus familias.
Se trata de uniformados afectados por graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, es decir, aquellas causadas por métodos y medios de guerra prohibidos o no convencionales.
El hecho victimizante más frecuente en la base de datos es el desplazamiento forzado, con 433.403 registros. Cientos de miles de uniformados y sus familias se vieron obligados a abandonar sus tierras y pertenencias, dejando atrás su historia y sus raíces.
Le sigue el homicidio, con 53.897 casos, lo que refleja el uso indiscriminado de la violencia por parte de grupos armados ilegales. Luego aparecen las amenazas contra la vida e integridad, con 39.275 registros, una práctica recurrente utilizada para intimidar a los servidores públicos y a sus seres queridos.
De acuerdo con el RUV, se registran 7.208 casos de victimización por actos terroristas o enfrentamientos armados y 7.038 afectaciones por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados o municiones sin explotar, un peligro latente que continúa cobrando víctimas incluso años después.
Las cifras también indican 5.700 casos de desaparición forzada, que incluyen tanto a las personas desaparecidas como a sus familias, quienes aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
En cuanto a las lesiones personales físicas, se reportan 5.366 registros; la pérdida de bienes muebles o inmuebles suma 3.538 casos, y hay 2.717 hechos sin información específica.
Asimismo, se registran 2.444 casos de secuestro, 1.921 eventos de despojo o abandono forzado de tierras, 1.579 casos de confinamiento y 1.316 lesiones personales de carácter psicológico.
Una realidad persistente
Estas cifras evidencian la complejidad de las situaciones que han enfrentado los hombres y mujeres de la fuerza pública y sus familias. Sin embargo, la situación resulta aún más preocupante al constatar que, del total de víctimas registradas, apenas 22.223 han recibido alguna forma de reparación integral.
Desde 2017, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ha impulsado más de 38 jornadas de caracterización en distintas regiones del país, con el propósito de conocer de cerca la realidad de estas víctimas y, mediante el trabajo conjunto con la UARIV, acercar de manera efectiva la oferta institucional del Estado.
A pesar del profundo dolor y las cicatrices imborrables que ha dejado el conflicto armado en miles de familias de la Fuerza Pública, la resiliencia de sus miembros y de sus seres queridos sigue siendo un testimonio de su compromiso con la seguridad del país.
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