Colombia registra 22 líderes sociales asesinados desde abril: un crimen cada 48 horas
Durante 2026 se han presentado más de 50 asesinatos de líderes sociales en Colombia. Según datos de Indepaz, solo un mes ya concentra la mayoría de crímenes en medio de la temporada electoral. CAMBIO habló con el director del instituto para profundizar en esta problemática.
Por: Juan David Cano
En lo que va de 2026, y sin haber llegado aún a la mitad del año, en Colombia ya han sido asesinados 55 líderes sociales. Así lo evidencian cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Abril fue el mes más crítico, con 19 víctimas, la cifra más alta del año. Sumando los 2 casos registrados en lo que va de mayo, el total asciende a 22 personas asesinadas en plena temporada electoral.
Los meses anteriores tampoco ofrecieron tregua: en enero se registraron 10 defensores asesinados, en febrero la cifra subió a 14, y en marzo descendió a 9, una reducción que coincidió con las elecciones legislativas de Senado y Cámara, antes de alcanzar el pico de 19 en abril.
Por sector social, los líderes comunales son los más asediados, con 13 asesinatos en lo que va del año; siguen de cerca los líderes políticos, con 11 casos; y los líderes comunitarios, con 9. También preocupan los homicidios contra líderes ambientalistas e indígenas, ambos con 5 casos cada uno; sindicalistas y agrarios, con 4 cada uno; campesinos, con 2; y un caso de un reclamante de tierras.
Las vidas detrás de las cifras
Una de las últimas víctimas fue asesinada el pasado martes 5 de mayo. Se trata de Sandra Nogales, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas, en Bello, Antioquia.
Durante 40 años, Nogales luchó por proteger los derechos de su comunidad y garantizar que los servicios y beneficios llegaran a todos sus habitantes. Desde la promoción del programa de madres comunitarias hasta los servicios para la niñez, la lideresa siempre estuvo al frente de las labores sociales de su barrio.
Sin embargo, el pasado martes, mientras caminaba por la calle junto a su esposo, fue acechada por dos sicarios que se movilizaban en moto. Al abordarla, le propinaron varios disparos que acabaron con su vida y dejaron herido a su esposo, pensionado del Inpec.
Más recientemente, el 7 de mayo, también murió Alejandro Caicedo Gavilán, secretario general del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet), subdirectiva Palmira. Caicedo había sido víctima de un atentado sicarial el pasado 30 de diciembre y permaneció más de tres meses hospitalizado en la clínica Imbanaco.
Los casos de Sandra y Alejandro son apenas dos entre muchas historias: William López, Guillermo Pérez, Teodoro Gamboa, Diego Dorado, Patricia Mosquera, Luis Eduardo Álvarez y tantos otros que, por defender sus derechos y los de sus comunidades, terminaron siendo objetivo del crimen organizado en el país.
¿Qué hay detrás del recrudecimiento de los asesinatos?
CAMBIO habló con Leonardo González Perafán, director de Indepaz, quien explicó que detrás de este recrudecimiento están las estructuras criminales que intentan ejercer un mayor control en los territorios.
“Son los grupos armados que intentan tener un control territorial basado en un régimen local. Es una gobernanza armada ilegal. Las gobernanzas armadas van en contra de los intereses de las comunidades y, por supuesto, de los líderes. Por ello, la principal forma de implementar estas gobernanzas es atacar a quienes están en contra de ellas, que son especialmente los líderes”, explicó.
González añadió que no son solo los grupos armados quienes están detrás de los asesinatos de líderes sociales. Esta población también es víctima de todos los actores de la economía ilegal y del crimen organizado, y cada uno de ellos tiene sus propios intereses, lo que genera un panorama de múltiples vulnerabilidades que el Estado no ha atendido correctamente.
“Hay una ausencia de mecanismos de protección válidos y efectivos por parte del Gobierno, especialmente del Ministerio del Interior, que es el encargado de garantizar la seguridad de los líderes sociales. Es un fenómeno de falta de voluntad política. La Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha centrado especialmente en el fortalecimiento de algunos liderazgos, pero es insuficiente porque son muchos los líderes que hay que proteger. Seguimos con los chalecos y con los carros blindados, y eso es insuficiente”, explicó.
Por todo lo anterior, González habló de las oportunidades de mejora que tiene hoy el Estado colombiano para garantizar una protección efectiva de la vida y los derechos de los líderes que cada día luchan por el desarrollo de sus comunidades y grupos sociales.
“Es importante que las comunidades y la sociedad rodeen a los líderes sociales y a los procesos que ellos impulsan. A ellos no los matan por servir, sino por defender un proceso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es garantizar los procesos sociales. Un proceso es la implementación del acuerdo de paz, la ampliación de un resguardo o la implementación de políticas sobre temas LGBTIQ+. Lo que tenemos que proteger son los procesos”, dijo.
Y concluyó: “La campaña contra la estigmatización es importante porque la estigmatización es la que justifica la violencia contra los líderes sociales y, además, si a esto le sumamos la alta tasa de impunidad que manejamos en el país, es mucho más fácil para los violentos ejercer estas acciones contra los líderes sociales”.
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