Inversiones forzosas: un nuevo intento que genera prevenciones

En el cierre del foro de reactivación económica organizado por el Gobierno nacional en Manizales, Caldas, el presidente Gustavo Petro anunció una medida que ha desatado la polémica: un proyecto de ley de inversiones forzosas en varios sectores de la economía.

“Si logramos combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento, ambas organizadas alrededor y dentro de la transición hacia una economía descarbonizada y hacia una economía productiva, (...) tendríamos una posibilidad de reactivación económica que cambiaría el sistema de desarrollo de Colombia”, dijo Petro.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Laura Sarabia anunció que en aproximadamente seis semanas el Gobierno presentaría la hoja de ruta para la reactivación.

Para Sarabia, es clave que el país necesita tanto del sector público como del privado. “Nuestro enfoque es claro: un Acuerdo Nacional que integre a todos los sectores en cinco ejes estratégicos: agricultura, infraestructura, hábitat, transición energética e inclusión financiera. Juntos, podemos construir un país más justo y próspero”.

Nuestro enfoque es claro: un Acuerdo Nacional que integre a todos los sectores en cinco ejes estratégicos: agricultura, infraestructura, hábitat, transición energética e inclusión financiera. Juntos, podemos construir un país más justo y próspero.

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— Laura Sarabia (@laurisarabia) August 9, 2024

Invertir, invertir e invertir

La propuesta del presidente Petro parte de la base de que como las tasas de interés del Banco de la República siguen altas, eso desincentiva inversiones privadas, especialmente aquellas en las que la empresa necesita endeudarse pensando en los réditos que dejará la inversión y que, finalmente, pagarán el crédito y sus intereses.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Colombia intente algo de ese tipo y, por lo mismo, ya se conocen los resultados que puede tener. En los primeros días de julio de este año, el centro de pensamiento Anif publicó un documento en el que, justamente, se refería a los distintos intentos de inversiones forzosas que tuvo el país en el siglo XX y que, por su resultado, terminaron por desmontarse desde la década de 1990 con excepción del sector agropecuario.

“Vale la pena recordar que precisamente el colapso de la banca pública del país por una mala asignación crediticia fue lo que llevó al desmonte de la fuerte intervención en la actividad financiera”, señala el documento.

Además, José Ignacio López, director del think tank, advirtió que ese tipo de medidas terminan convertidas en una especie de impuesto para la actividad de la intermediación financiera y encarecen el crédito tanto para las empresas como para las personas, ya que habría menos dinero disponible para préstamos.

“También desincentiva el ingreso de inversión extranjera en el sector. Colombia se destaca porque los bancos son básicamente bancos colombianos, y cada vez que ha habido intentos de que lleguen bancos extranjeros, no lo han logrado tan bien como los locales por las razones que sean. Entonces, si hay algún banco que esté interesado en llegar, en abrir mercado en Colombia, en tener otras opciones para el financiamiento, lo cual es bueno (un sector financiero competitivo es siempre mejor), esta decisión de imponer inversiones forzosas desincentiva esas nuevas inversiones de extranjeros porque van a ver que su negocio no va a operar, tan libremente como en otras partes”, añade Carolina Soto, exviceministra de Hacienda y excodirectora del Banco de la República.

Por su parte, Javier Mejía, profesor asociado en la Universidad de Stanford y PhD. en Economía señala que “no es algo completamente extraño en nuestra historia. Además, el sistema bancario está profundamente regulado ya, y lo ha estado por décadas. Sin embargo, la aproximación de este gobierno al asunto parece improvisada. No hay noción de la escala, ni de los términos. Y ante la reputación que el Gobierno ha ido construyendo, el mercado creo que lo ha interpretado con mucha preocupación”.

¿Ahorro público o del público?

Desde la campaña presidencial, Gustavo Petro puso sus cartas sobre la mesa: para él, el dinero que guardan, prestan e invierten los bancos es público porque es del público y, por lo tanto, deberían obligarse a invertir en varios aspectos del país que requieren mayor financiación, como la infraestructura.

Carolina Soto, actual asociada sénior de Dattis Comunicaciones, le dijo a CAMBIO que “es una mala interpretación lo que dice el presidente Petro de que el ahorro es público. Él dijo que iba a destinar el ahorro público para sectores estratégicos, para prestar barato y tener unos rendimientos importantes, pero no decía ‘el ahorro del público’. El ahorro público es el ahorro del gobierno y el ahorro de los hogares, de las personas en los bancos, es el ahorro privado. El Gobierno no puede disponer del ahorro privado”.

Sin embargo, por ahora el presidente no ha aclarado si se trata del ahorro público como se interpretó en Manizales o si se trata del ahorro del público como decía en campaña. Lo que es claro es que esa ambigüedad “también genera más incertidumbre y más temor en la gente. Si a mí me van a decir que van a coger mi plata del banco para prestar mal, pues yo prefiero ahorrar afuera. Eso desincentiva el ahorro y puede generar una crisis financiera si la gente decide retirar su dinero. Si la gente decide no dejar su plata ahí para que la presten quién sabe cómo, también hay ese riesgo”, advierte Soto Losada.