Ley de garantías para las elecciones de 2026: así funcionarán las reglas que marcarán el pulso electoral

En el tablero electoral colombiano hay una pieza que suele generar tensiones entre el Gobierno nacional, los candidatos y sus partidos: la ley de garantías. Con la contienda de 2026 cada vez más cerca, esta ley volverá a aplicarse durante la carrera electoral para fijar los límites que condicionarán la organización, financiación y comunicación de cada campaña.  

Desde hace dos décadas, la Ley 996 de 2005 busca garantizar la igualdad de condiciones entre las campañas para evitar que la balanza se incline a favor de un candidato o partido. Por eso, en medio de un escenario de polarización creciente marcado por cuestionamientos de distintos sectores a las autoridades electorales, la norma será clave en la contienda.

Por el momento, las coaliciones continúan en las etapas previas de los mecanismos internos con los que definirán a los candidatos que buscarán consolidar sus aspiraciones en las elecciones presidenciales y legislativas. Sin embargo, desde ya las campañas deberán prepararse para las restricciones que impondrá la ley de garantías.

El marco que condiciona el margen de maniobra de los candidatos y sus partidos comenzará a regir cuatro meses antes de la cita en las urnas. En ese sentido, las restricciones previstas para las elecciones al Congreso comenzarán a regir desde el próximo 8 de noviembre, mientras que desde el 31 de marzo de 2026 se implementarán las establecidas para la carrera hacia la Casa de Nariño.

Las restricciones a la contratación estatal durante la campaña electoral de 2026

Uno de los elementos más importantes de la ley de garantías corresponde a las limitaciones establecidas para la contratación estatal en las etapas previas a las jornadas electorales. Con esas restricciones, se busca evitar que los candidatos utilicen recursos públicos como una herramienta para favorecer su aspiración o incidir en la decisión de los electores.

La ley prohíbe sin ninguna excepción la firma de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos como un instrumento proselitista. Gobernadores, alcaldes, secretarios y directores de entidades descentralizadas deberán abstenerse de ejercer esta modalidad de contratación entre el 8 de noviembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Por otra parte, todos los entes del Estado tendrán prohibida la contratación directa desde el 31 de enero hasta el 21 de junio del próximo año, fecha en la que se realizaría la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la ley no establece restricciones para prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de contratos suscritos.

Las entidades del Estado podrán realizar procesos de contratación directa solo en temas fundamentales como la seguridad nacional, la atención de emergencias, la reconstrucción de infraestructura afectada o las deben completar entidades sanitarias y hospitalarias con el fin de garantizar la oportuna respuesta del Estado frente a situaciones críticas o de interés público.

Los candidatos, directores de entidades o servidores públicos que violen la ley de garantías podrán enfrentar condenas de 64 a 216 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, tendrían que asumir millonarias multas de hasta 300 salarios mensuales legales vigentes y sanciones de inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo de hasta 18 años.

¿Cómo restringe la ley de garantías el uso de recursos públicos durante las campañas?

La Ley 996 de 2005 también establece un cerco alrededor de los recursos del Estado en tiempos de elecciones. Durante los meses previos a las urnas, la ley fija una serie de restricciones orientadas a prevenir la inversión de dinero público en maniobras irregulares con las que se busca utilizar la maquinaria estatal como una ventaja para quienes están en el poder.

En los cuatro meses previos a las elecciones del próximo año, los servidores públicos deberán cumplir con la prohibición de ofrecer beneficios a ciudadanos o comunidades mediante obras o proyectos públicos. Con esa norma, se pretende impedir que la gestión estatal se convierta en una estrategia para ganar votos en plena contienda electoral.

Los funcionarios tampoco podrán difundir propaganda electoral a través de publicaciones, imprenta pública o medios oficiales de televisión y radio. Asimismo, la ley de garantías prohíbe aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado para evitar que los recursos públicos se utilicen para promover la campaña de un candidato o movimiento en particular.

Los gobernadores, alcaldes, secretarios o directores de entidades descentralizadas deberán abstenerse durante los meses previos a la jornada electoral de financiar reuniones o eventos con fines proselitistas. De hecho, la norma también prohíbe realizar reuniones de campaña en inmuebles públicos y aportar recursos para facilitar el alojamiento o transporte de votantes.

Medios de comunicación y encuestas electorales: las reglas del juego en campaña

En la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, los medios de comunicación y las encuestas tendrán un papel decisivo en los comicios. En ese sentido, los concesionarios de noticieros y espacios de opinión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad en sus contenidos.

El Sistema de Medios Públicos RTVC deberá promover el acceso a sus espacios mediante tres debates presidenciales que podrán extenderse por una hora. Además, los candidatos podrán realizar una intervención en todos los canales de televisión y radio estatales para dar a conocer su programa de gobierno y presentar sus propuestas finales en el cierre de su campaña.

En caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) identifique una falta de trato equitativo para las candidaturas, podrá solicitar a medios privados o públicos realizar los ajustes necesarios para corregir su actuación irregular en un plazo de hasta 72 horas. Además, ningún candidato podrá contratar, producir o dirigir programas periodísticos desde el momento en que complete su inscripción.

Por otra parte, durante la semana previa a las elecciones presidenciales los medios tendrán prohibido realizar o divulgar encuestas a nivel nacional o internacional para prevenir su influencia en la decisión final de los votantes. Los canales y las encuestadoras que incumplan estas reglas enfrentarán multas de hasta 200 salarios mínimos legales vigentes.

Los cambios en la vinculación de personal al Estado en época electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) destaca las medidas orientadas a evitar el uso de la nómina estatal con fines proselitistas o clientelistas como una de las restricciones más importantes de la ley de garantías. En ese sentido, está prohibido crear o despedir a empleados como parte de las limitaciones a la modificación de la planta de entidades públicas.

“Los empleados del Estado que tienen personal a su cargo deben abstenerse de cualquier comportamiento que distorsione la voluntad electoral de sus subalternos. No podrán acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política”, explica la MOE sobre lo establecido en el artículo 38 de la ley.

Para evitar prácticas clientelistas, los directores de entidades deberán abstenerse de entregar bonificaciones o ascensos indebidos. Asimismo, se definen restricciones a movimientos en la planta de personal que puedan interpretarse como favores políticos en medio de la contienda electoral de 2026.

Finalmente, la MOE destaca que cada uno de los actores involucrados de forma directa o indirecta en las campañas para las elecciones presidenciales y legislativas tiene la responsabilidad de respetar las reglas del juego, en un terreno en el que cualquier falta puede traducirse en graves sanciones y donde los árbitros serán las autoridades electorales.