¿Fraude electoral? Por Catalina Botero
Catalina Botero, abogada experta en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos, analiza para CAMBIO los riesgos de deteriorar la confianza en las autoridades electorales bajo narrativas infundadas de fraude electoral.
Por: Catalina Botero
CAMBIO reclutó a grandes firmas colombianas de diversas posturas políticas para analizar qué está en juego hoy en estas elecciones. Así respondió Catalina Botero:
No siempre se destruye una democracia alterando los votos. A veces se la erosiona sembrando la idea de que el voto será desconocido, que las autoridades no son confiables y que el resultado será ilegítimo si no favorece a quien denuncia. Ese es uno de los daños más profundos que puede sufrir un sistema electoral: la sospecha infundada convertida en consigna política.
Eso es lo que vuelve tan delicadas las narrativas que hoy circulan en Colombia sobre un supuesto fraude electoral. No porque el sistema deba quedar por fuera del escrutinio público. Al contrario. Las elecciones deben ser vigiladas, auditadas, criticadas y mejoradas. Pero una cosa es ejercer control democrático con base en hechos verificables, y otra muy distinta es instalar, sin prueba suficiente, la idea de que existe una manipulación general en marcha. Lo primero fortalece la democracia. Lo segundo la debilita.
La desinformación electoral más eficaz no suele presentarse como una mentira obvia. Opera de una manera más sofisticada: toma un hecho cierto, lo mezcla con una inferencia dudosa, le suma un antecedente sacado de contexto y termina ofreciendo una conclusión desproporcionada. Así, una duda se convierte en “prueba”, una falla se vuelve “plan”, y una irregularidad o un error termina presentado como demostración irrefutable de que todo el sistema está corrompido.
Ese mecanismo no es inocuo. Ya mostró su poder destructivo en otros países. En Estados Unidos, las acusaciones sin fundamento de Trump sobre fraude en 2020 no solo confundieron a millones de personas, sino que fracturaron la confianza institucional y dejaron una herida política profunda, además de varios muertos. En Brasil, con Bolsonaro, ocurrió algo parecido. La lección es clara: cuando se convence a una parte del país de que no existe árbitro legítimo ni resultado confiable, la democracia entra en una pendiente peligrosa. Y en Colombia esa pendiente puede terminar con un saldo de violencia particularmente grave.
Por eso no deberíamos recorrer ese camino. Sin embargo, algunos mensajes recientes apuntan en esa dirección. Se sugirió, por ejemplo, que la presencia de un logo de la embajada de Estados Unidos en una página de la Registraduría era prueba de injerencia extranjera en las elecciones. La explicación real era mucho menos dramática: se trataba de una pieza asociada a una campaña del Gobierno y la información estaba en la página de la Registraduría a solicitud de la Policía Nacional. Pero en el clima actual, la verdad compite en desventaja frente al impacto de la desinformación.
Algo similar ocurre con la instrucción de no diligenciar, en las actas electorales, los espacios de los candidatos que no obtuvieron votos. La acusación de que esa instrucción era la antesala de un monumental fraude es completamente infundada. Dejar las actas limpias sirve al propósito de la transparencia y ayuda a que sean más fácilmente transmitidas y digitalizadas. Y la acusación de que ello conduce al fraude desconoce cómo opera realmente el sistema: las actas de cada mesa las diligencian los jurados, gente como usted y como yo, en presencia de testigos de los partidos, observadores electorales y autoridades, y existen varias copias de estas actas que se custodian de manera separada, controles cruzados y mecanismos de verificación justamente diseñados para detectar inconsistencias. Presentar una característica del procedimiento como si fuera una prueba de manipulación no mejora la vigilancia ciudadana; la extravía.
A esto se añade una confusión que resulta muy útil para fabricar alarma: la diferencia entre preconteo y escrutinio. El preconteo se realiza a partir de la transmisión telefónica rápida de una de las copias del acta electoral (el llamado E-14). Gracias al preconteo, la ciudadanía puede conocer rápidamente los boletines de la Registraduría que dan información preliminar de las mesas. Pero esos datos no tienen valor legal, pues solo buscan informar preliminarmente para dar transparencia y tranquilidad.
Por su parte, el escrutinio es un procedimiento totalmente separado que comienza con otra de las copias del acta que se envía a las llamadas comisiones escrutadoras con todo el material electoral, custodiado por la fuerza pública y que nunca se cruza con el proceso del preconteo. Se trata del procedimiento oficial en el que jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, en las comisiones escrutadoras, en presencia de testigos, abogados, autoridades y observadores, revisan directamente las actas originales firmadas por los jurados, resuelven reclamaciones, si se requiere, recuentan los votos y consolidan los resultados. Claro que pueden existir inconsistencias entre los dos procesos, pues son procesos humanos separados, pero estas no son prueba de fraude pues la única información que produce resultados legales es la del escrutinio. Confundir ambos momentos permite presentar cualquier diferencia inicial como si fuera prueba de fraude. Pero justamente la existencia de dos etapas diferenciadas demuestra que el sistema tiene mecanismos de corrección y control que son eficaces y transparentes.
El problema de estas narrativas no radica solo en su debilidad probatoria. Radica también en sus efectos. Cuando se repite una y otra vez que habrá fraude, se deteriora la confianza en las autoridades electorales, se eleva la tensión social, se presiona indebidamente a jurados y funcionarios, y se prepara el terreno para desconocer resultados sin fundamento razonable. Y eso en Colombia puede tener un saldo trágico en términos de vidas humanas. La desinformación electoral no solo falsea hechos: altera las condiciones en que la democracia puede funcionar y termina generando violencia.
Lo más grave es que esa conversación crispada desplaza la atención de los verdaderos riesgos reales. La compra de votos, la financiación ilegal, el clientelismo, la presión sobre electores, la violencia territorial y el uso indebido de recursos públicos representan amenazas mucho más concretas para la integridad electoral. Pero mientras la discusión se deja capturar por relatos espectaculares sin evidencia suficiente, esos peligros comprobados quedan en segundo plano.
Pero especialmente grave es el anuncio de una supuesta “Registraduría paralela”. Ningún conteo privado o ciudadano puede presentarse como si tuviera la misma autoridad, ni mucho menos las mismas garantías, que las del proceso oficial. Un conteo paralelo no cuenta con los mecanismos institucionales de corrección, verificación, trazabilidad y contraste que sí existen en el procedimiento electoral en Colombia. Es que Colombia no es Venezuela. Por eso, una cifra parcial, incompleta o errada, divulgada con premura por una persona enardecida y no experta, puede no coincidir transitoriamente con la oficial sin que ello signifique manipulación alguna. El problema es que, en un ambiente polarizado, esa diferencia puede ser leída como “prueba” de fraude, viralizarse en redes y terminar alimentando desinformación, desconfianza e incluso episodios de tensión o violencia. Sacar datos de contexto y convertirlos en un conteo alterno no fortalece la transparencia: puede socavarla.
Por eso conviene insistir en una distinción básica. Defender la transparencia electoral no exige amplificar cualquier sospecha. Exige rigor. Exige prueba. Exige denunciar lo que tenga sustento, corregir lo que funcione mal y explicar con claridad cómo opera el sistema. Una democracia no se protege sembrando pánico anticipado sobre sus elecciones y despertando emociones tribales para sacar a la gente a votar enfurecida. Se protege fortaleciendo la confianza pública en que los problemas reales pueden detectarse, discutirse y corregirse dentro de las reglas institucionales. La desinformación no sirve para prevenir el fraude; sirve para instalar otro más silencioso y devastador: el fraude contra la confianza pública, sin la cual ninguna democracia es viable.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
