El silencioso y dramático fenómeno de la ‘migración inversa’ en la era de Trump

La escena conmueve. Las cálidas y diáfanas aguas de la costa de Miramar, distrito de Santa Isabel, en la provincia de Colón, se vieron sacudidas por los gritos de desespero de veinte migrantes que retornaban al país en una pequeña embarcación que se fue a pique. Ocurrió el domingo 9 de noviembre. En esta zona, donde los buceadores suelen encontrar un paraíso por sus arrecifes de coral, el viaje se convirtió en un infierno. Una niña colombiana de tres años murió.

“Pese a los esfuerzos, falleció”, informó en un comunicado el Gobierno de Panamá. En el texto, esa nación lamentó “profundamente la pérdida de esta vida humana” y señaló que no pudieron salvarle la vida a la pequeña pese a las maniobras de reanimación. Las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) rescataron a las otras veinte personas con vida: dieciocho adultos y dos menores.

Se trataba de una embarcación conducida por un colombiano que, según los registros, estaba destinada únicamente a la pesca artesanal y no contaba con autorización para el transporte de pasajeros. La lancha zarpó de manera ilegal desde un improvisado muelle no habilitado por la Autoridad Marítima de Panamá.

Aunque la nacionalidad de la mayoría de los rescatados no fue precisada en el informe oficial, medios locales afirmaron que, en su mayoría, eran de origen venezolano.

“Es una tragedia estremecedora”, dice el fotógrafo Federico Ríos Escobar, quien documentó la migración de cientos de personas por las selvas del Darién en busca del sueño americano y que ahora presencia su regreso.

A este fenómeno se le llama ‘migración inversa’. Sus protagonistas son víctimas por partida doble. Primero, se adentraron en la selva rumbo al norte y muchos padecieron explotación económica, abusos sexuales y condiciones impuestas por el Clan del Golfo que rozaban la esclavitud, como lo señaló en su momento Human Rights Watch (HRW).

“Juego mi vida, cambio mi vida…”

¿Por qué tomar semejante riesgo? “Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida”, escribió el poeta León de Greiff. En efecto, los migrantes que viajaban hacia Estados Unidos creían que allí sus vidas serían distintas. Fue un fenómeno que atrajo toda la atención. Era natural: Migración Colombia informa que, en 2024, se registraron 400.612 detecciones de migrantes en tránsito irregular por el territorio colombiano con destino a Estados Unidos. Miles más cruzaron agazapados entre la manigua.

Sin embargo, con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, todo cambió. No solo se reforzaron al máximo los controles fronterizos con México, sino que se inició una cacería implacable contra los migrantes que ya estaban dentro del país. Cientos de miles quedaron varados en la frontera sin saber qué rumbo tomar y miles iniciaron el camino de regreso.

Por eso, las estadísticas muestran que la mayoría de retornados proviene de México, donde llevaban entre uno y tres meses a la espera de una cita con las autoridades estadounidenses mediante CBP ONE, la aplicación oficial de citas migratorias. Exhaustos, sin plata y ante un futuro aún más incierto que cuando partieron, decidieron volver.

“Los migrantes regresan desde cualquier punto de Centroamérica en el que se encuentren; incluso algunos han salido desde Estados Unidos”, relata Ríos, quien ha estado con ellos reportando para The New York Times. “Huyen, atemorizados por la amenaza de ser separados de sus familias. Llegan hasta Colón, en Panamá, donde nuevamente quedan en manos de la clandestinidad, en botes que no tienen condiciones mínimas de seguridad”.

Una tragedia silenciosa

La migración inversa constituye, en gran medida, un retorno forzado de personas cuyos derechos han sido vulnerados de manera sistemática. Ha habido varios naufragios y, oficialmente, dos muertes de menores que no sabían nadar. La tragedia, silenciosa esta vez, ocurre en ambos océanos.

Sus aguas son escenario de una paradoja: mientras Estados Unidos exhibe sus poderosos navíos nucleares para intimidar a lo que denomina organizaciones de narcotráfico, los protagonistas de esta historia viajan al sur en embarcaciones modestas, con la esperanza de no ser detectados.

Pero los imprevistos ocurren. En junio de 2025, una lancha que trasladaba a 38 personas desde Panamá hacia las costas del Chocó naufragó. Aunque no hubo muertos, varias mujeres gestantes, niños, niñas y una persona con discapacidad que perdió su silla de ruedas retrataron el drama.

La travesía es difícil. Hay una ruta migratoria inversa que se origina en la frontera de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua. Desde allí, los migrantes son trasladados en autobús hacia el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CTEM), en Paso Canoas, cercano a la frontera con Panamá. En ésta, abordan nuevamente autobuses con destino a la Estación de Recepción Migratoria.

Otra ruta descrita por los migrantes consiste en movilizarse por tierra hasta Colón y luego dirigirse a distintos caseríos en las playas de San Blas. Allí buscan transporte marítimo hacia Puerto Obaldía. Una vez llegan allí, deben pasar un control de antecedentes.

Posteriormente, con recursos más menguados, contratan lancheros locales, en su mayoría indígenas, que los llevan hasta Capurganá, en Acandí (Chocó). El viaje desde algunas de las playas de Colón hasta un punto geográfico de Colombia puede durar hasta diez horas, según las condiciones del mar.

Hay testimonios de personas de la región que también han señalado que algunas lanchas llegan a la playa La Miel, en territorio panameño, desde donde los migrantes emprenden caminatas de unas dos horas hasta el casco urbano de Capurganá.

Lecciones no aprendidas

A Gracy Pelacani, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, le sorprende que el Gobierno nacional no haya aprendido las lecciones. “¿Cuál es la política pública de Colombia frente a la migración inversa o de retorno? La respuesta es que, en realidad, no existe una estrategia clara”.

¿Cómo es posible que, después de haber vivido el fenómeno de ida, el país no se haya preparado institucionalmente para enfrentar estos desafíos? “Esta falta de previsión impacta directamente a los municipios receptores, que suelen tener pocos recursos e infraestructura limitada”, añade esta experta.

Estas comunidades reciben personas que llegan tras recorridos largos, costosos y marcados por distintas formas de violencia. “Los municipios no tienen cómo responder y la ausencia de coordinación nacional agrava la vulnerabilidad tanto de los migrantes como de las poblaciones locales”, afirma.

“La migración en la región atraviesa un cambio sin precedentes”, sostiene la defensora del Pueblo, Iris Marín. Ella integró una comisión conformada por las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para examinar lo que ocurre.

“La misión nos permitió corroborar que las restricciones de tránsito en la selva del Darién, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, provocaron que entre enero y agosto de 2025 se diera una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte, en contraste con las más de 260.000 personas que cruzaron en el mismo periodo de 2024”, señala el documento de conclusiones.

“Sin embargo, en ese mismo periodo se registró un aumento significativo de migración inversa: más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos e ingresaron a Colombia”, afirmó la defensora Marín.

Los hallazgos, recogidos en el informe Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional, se basan en 182 testimonios directos de personas en tránsito inverso, en un 97 por ciento de nacionalidad venezolana. 

Entre ellas había mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. Estremece que varios menores viajen separados de sus familias. A todos los une la extrema necesidad. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 37 por ciento afronta “necesidades económicas críticas”, frente al 13 por ciento registrado en la ruta sur–norte. Es decir, en esta travesía se empobrecieron aún más.

¿Por qué volvieron?

Las principales razones de retorno fueron la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos (49 por ciento), los cambios en su política migratoria (46 por ciento), el temor a detenciones o deportaciones (17 por ciento) y el agotamiento de recursos económicos (34 por ciento). Estos factores, indica el informe, muestran que las decisiones de retorno no son libres ni informadas, sino resultado de la disuasión, la coerción y la falta de garantías de protección en los países de tránsito y destino.

Jonathan Santana, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá, resume la situación en su país: “En Colón y Puerto Miramar, la ausencia de atención humanitaria y la falta de presencia de autoridades generan graves vulnerabilidades para las personas migrantes y refugiadas, quienes enfrentan altos costos de transporte, precariedad extrema y riesgos de violencia, mientras la respuesta estatal es insuficiente y fragmentada”.

En su intento de volver a casa, no pueden olvidar la dureza del viaje hacia el norte. El 86,8 por ciento afirma haber sido víctima directa o conocer abusos durante el cruce por el Darién. Abundan los relatos de secuestro, extorsión y robo en México y Guatemala, perpetrados por redes criminales.

Las más vulnerables son mujeres y niñas que se ven obligadas a pernoctar en casas abandonadas, parques públicos y lugares improvisados en Miramar (Panamá), Paso Canoas (Costa Rica–Panamá) y varias zonas del Caribe y el Pacífico colombianos.

Este problema ocurre además en un contexto de recortes presupuestales a los fondos de cooperación internacional, lo que ha limitado la asistencia humanitaria y ampliado los vacíos de protección. Por eso, callar es lo habitual. El 76 por ciento en Panamá, el 75 por ciento en Colombia y el 42 por ciento en Costa Rica no denunciaron hechos de violencia por desconfianza en las autoridades y ausencia institucional.

Y así como en su viaje hacia el norte los migrantes debían ponerse en manos del Clan del Golfo en el Tapón del Darién, ahora las organizaciones criminales también actúan en la ruta inversa.

Los criminales están de fiesta

La comisión de defensorías constató la operación de redes transnacionales de tráfico que controlan la migración inversa en Costa Rica, Panamá y Colombia. Estas estructuras cobran tarifas o ‘paquetes’ para facilitar el retorno y, en muchos casos, están integradas por los mismos grupos que controlaban el tránsito hacia el norte. La falta de coordinación interestatal y de canales humanitarios seguros favorece la impunidad.

Todo tiene un costo. Tanto de ida como de regreso, el traslado marítimo se estima en 280 dólares por persona. Es una suma demasiado alta para quien no tiene nada. Eso obliga a muchos a permanecer días o semanas varados hasta reunir el monto necesario.

“Escuchamos testimonios preocupantes y dolorosos sobre los desafíos que enfrentan los migrantes de regreso, casi siempre hacia Colombia”, dice el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell. “Según los datos, durante 2025 llegaron a Colombia, gota a gota, unas 14.000 personas migrantes”.

Migración Colombia registró 14.422 personas en flujo inverso en zonas como Capurganá y Turbo (Antioquia). Ante esta oleada, la indiferencia del Estado contrasta con la presencia de actores armados ilegales que ven en ellos un botín. “Urgimos a las autoridades a atender a las personas en migración inversa para que no sean captadas por grupos armados no estatales ni se conviertan en víctimas de la violencia”, pide Campbell.

En este periplo, los venezolanos vuelven a ser las mayores víctimas. Según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Urabá, entre febrero y julio de 2025 circularon por esta ruta 11.732 personas en tránsito inverso, el 95 por ciento de ellas venezolanas.

Pero poco importa donde se nace sino en donde se sufre. Los estudios muestran que quienes arriban a Juradó y Bahía Solano (Chocó), presenta riesgos elevados de reclutamiento forzado, explotación y violencia sexual debido a la presencia de grupos armados ilegales que son quienes allí imponen las condiciones.

El propósito de muchos es saltar a Medellín. La capital de Antioquia es un punto clave del tránsito inverso. El 75 por ciento pasa por esta ciudad. Entre enero y julio de 2025 se registraron 13.000 personas en movimiento inverso desde Urabá, cuatro veces más que quienes se desplazaron hacia el norte.

Todo esto ocurre mientras Estados Unidos ha fortalecido su cooperación con Panamá. Un Memorando de Entendimiento firmado en julio de 2024 por ambos países ha sido determinante para reforzar las medidas impulsadas por los presidentes José Raúl Mulino y Donald Trump. 

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, ha dicho que Estados Unidos destinó 14 millones de dólares al proceso de deportación y expulsión: 7 millones en 2024 y 7 millones adicionales en 2025. Según Ábrego, “se alcanzó un total de 2.736 personas deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio”.

“La llamada ruta migratoria inversa está gestionada por pequeñas operaciones en las que participan pescadores y capitanes de embarcaciones de recreo, anunciadas incluso en TikTok. Llevan a los migrantes hasta la frontera panameña, donde embarcan en otras embarcaciones para llegar a Colombia”, relató The New York Times.

Migración Colombia informa de las dificultades para la recepción de los venezolanos. Se identifican dos situaciones recurrentes: venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) que salieron de manera irregular, omitiendo el control migratorio; y venezolanos sin PPT que carecen de documentos válidos o no cumplen los requisitos de ingreso. En términos generales, los registros muestran que en enero y febrero de 2025 los flujos inversos de venezolanos aumentaron un 41 por ciento frente al mismo periodo de 2024.

Para Colombia la situación no es fácil. Este nuevo fenómeno aumenta dramáticamente los índices de movilización obligada. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, señala que Colombia alberga a casi 11 millones de personas forzadas a huir: más de 7 millones de desplazados internos, 2,8 millones de venezolanos, 500.000 colombianos retornados y más de 12.000 personas en movimientos del norte al sur. El país ocupa el quinto lugar en el mundo por población desplazada internamente.

Ahora, a ese panorama se suma un grupo que alimentó durante duras jornadas el sueño americano y que terminó convertido en una pesadilla.