Sheinbaum en la línea de fuego: la extradición que puede quebrar al régimen

Una noticia surgida hace unos días en Washington cayó en México como una bomba: en una medida sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que pidió a las autoridades mexicanas la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya --un miembro prominente del partido oficial Morena—, por cargos de narcotráfico.

La solicitud, que incluye a nueve altos funcionarios más, puso a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ante la peor crisis política desde que asumió el poder y ante un dilema crucial.

Ella tendrá que decidir entre extraditar a Estados Unidos a miembros de su partido protegidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador –lo que provocaría un cisma en Morena--, o rechazar el pedido de Washington y desatar la furia de su agresivo colega estadunidense, Donald Trump, quien puede causar estragos en la economía mexicana subiendo aranceles o, incluso, optar por una operación militar para capturar a los presuntos colaboradores del cartel de Sinaloa.

“Cualquiera que sea la decisión de Sheinbaum, la presidenta pagará un alto costo. Si extradita a Rocha Moya puede provocar un gran desencuentro con López Obrador, y si no lo extradita, puede producir una ruptura histórica con Estados Unidos”, dice a CAMBIO el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Rodrigo Peña.

El consenso en México es que lo que haga la mandataria con respecto a la solicitud de extradición de Rocha Moya y los otros funcionarios acusados de estar coludidos con la facción ‘Los Chapitos’ del cartel de Sinaloa, acabará por definir el rumbo de su mandato.

La gobernanza criminal que impusieron políticos y jefes de los carteles de las drogas en varias regiones de México es un secreto a voces en el país y ha sido ampliamente documentada por periodistas, académicos y, ocasionalmente, por tímidas investigaciones judiciales que nunca llegan a tocar a altos funcionarios del partido Morena corrompidos por el narco.

Entregar a Rocha Moya no sólo sería el reconocimiento implícito de las dimensiones que ha alcanzado la complicidad político-criminal reiteradamente negada por López Obrador en su gobierno (2018-2024), y ahora por Sheinbaum, sino que equivaldría a aceptar que la investigación y procesamiento penal de los políticos y funcionarios del partido oficialista con nexos mafiosos nunca avanzan por la incompetencia o la complicidad de las fiscalías y los tribunales mexicanos, mayoritariamente subordinados a Morena.

Además, si la presidenta opta por extraditar al gobernador de Sinaloa –acusado desde hace años de estar vinculado al narcotráfico--, el precio a pagar a nivel interno sería muy alto. Una decisión de esa naturaleza podría provocar el quiebre de Morena y la ruptura de Sheinbaum con López Obrador, su mentor político y “líder moral” del partido que hoy domina los tres poderes del Estado mexicano: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Y si Sheinbaum se niega a entregar a Rocha Moya a Estados Unidos, Trump dispone de muchas herramientas –en especial la imposición de aranceles-- para socavar la economía mexicana, que envía el 80% de sus exportaciones (534 mil millones de dólares el año pasado) al mercado estadunidense.

El republicano también podría concretar sus amenazas de intervención y apostar por un operativo militar unilateral en México para capturar al cuestionado gobernador y a sus cómplices.

Es apenas lógico que, si Trump empleó la fuerza militar para “extraer” de su búnker en Caracas al líder chavista Nicolás Maduro, en enero pasado, es capaz de hacer lo mismo con el gobernador de un estado mexicano que está a 500 kilómetros de su frontera.

Al igual que Maduro, Rocha Moya está considerado por Estados Unidos un “narcoterrorista”, y de acuerdo con el ordenamiento interno de ese país, las operaciones extraterritoriales para combatir ese fenómeno son legales.

El director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, Rafael Fernández de Castro, considera que Trump está “pavimentando el camino para una intervención militar unilateral en México”.

Pero quizás el punto más álgido de esta trama, al menos para Sheinbaum, es que cada vez hay más evidencias de que el expresidente López Obrador presuntamente solapó o alentó ese orden criminal en aras de garantizar el financiamiento electoral y la continuidad en el poder de su partido, y de lo que él llama la Cuarta Transformación (4T). A la presidenta cada vez le resulta más difícil negar ese hecho.

La debacle moral

Desde luego que la historia de la captura criminal del Estado mexicano incluye a todos los partidos que han gobernado el país en el último siglo, desde el nacionalista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo en el poder 71 años y favoreció el surgimiento de los grandes carteles mexicanos de la droga, hasta el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que prometió una guerra contra el crimen y terminó con el estratega de esa cruzada, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por trabajar para el cartel de Sinaloa.

Pero Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) fue fundado en el 2011 por López Obrador con un ideario social y con la promesa de regenerar la vida pública de México. Siete años después, esos postulados convirtieron al político surgido del PRI en el primer presidente mexicano “de izquierda”, un término que en su caso genera dudas por su acendrado conservadurismo en temas de valores.

Para el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) de México Carlos Pérez Ricart, un académico cercano a Morena, el caso Rocha Moya es “un golpe brutal para el partido que prometió regenerar la vida pública y para la presidenta, porque la pone en una situación muy complicada”.

Hoy, pocos mexicanos, incluso los lopezobradoristas más leales al caudillo, pueden olvidar que fue López Obrador quien designó a dedo a Rocha Moya para ser el candidato de Morena a la gobernación de Sinaloa, a pesar de que el político, hoy señalado como ficha de ‘Los Chapitos’, no era ni el aspirante más popular de ese partido ni el que tenía mejor imagen pública.

La cercanía entre el expresidente y el gobernador caído en desgracia era tan conocida, que la presidenta Sheinbaum generó todo tipo de suspicacias cuando, solo tres días después de que el Departamento de Justicia solicitó la extradición del político sinaloense, ella viajó a Palenque, donde vive López Obrador en su finca de retiro ‘La Chingada’.

Aunque la mandataria negó que se hubiera reunido en Palenque con el expresidente, pocos creyeron esa versión. Ese mismo fin de semana, Rocha Moya pidió “licencia temporal” del cargo.

Sheinbaum regresó de esa visita con un discurso más beligerante frente a una solicitud de extradición que, por primera vez en la historia, fue dirigida contra funcionarios mexicanos en ejercicio, como es el caso de Rocha Moya. Además, fueron solicitados por la justicia de Estados Unidos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza, y el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro.

Defender lo indefendible

Hasta ahora, la presidenta ha reaccionado defendiendo de manera enfática a su compañero de partido y exigiendo con insistencia a Estados Unidos “respetar el debido proceso” y “la presunción de inocencia” del gobernador y los otros nueve funcionarios que figuran en la acusación de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York y del fiscal Jay Clayton.

Desde que se conocieron los cargos, el pasado 29 de abril, Sheinbaum ha insistido en sus conferencias de prensa matutinas en que el documento de 34 páginas contra Rocha Moya y nueve coacusados –incluidos también cuatro jefes policiacos de Sinaloa— carece de “pruebas sólidas e irrefutables”. Con ese argumento, se ha negado a ordenar la captura con fines de extradición de los presuntos colaboradores de ‘Los Chapitos’.

A través de la cancillería mexicana, la presidenta pidió “más pruebas” a Estados Unidos, y casi todos los días alimenta un discurso soberanista en el que rechaza la “injerencia extranjera”, habla de “colaboración (antidrogas) sin subordinación” y, ocasionalmente, promete que “no habrá impunidad”.

Sheinbaum dejó de ser en esta coyuntura la gobernante de cabeza fría que sabía lidiar con un presidente déspota, intervencionista, desmesurado y de enorme poder, como Trump.

Ahora se ríe de manera forzada de las “pruebas” que presentó la fiscalía estadounidense en su escrito de acusación (unas hojas manuscritas con supuestos pagos a políticos) y afirma, con un dejo de menosprecio, que fue “una oficina” del Departamento de Justicia la que solicitó la extradición y no el gobierno del mandatario republicano. Además, señala que la crisis que enfrenta es producto de una campaña mediática que produce “mucha mentira” y que busca “dañar al proyecto de transformación”.

Lo que más llama la atención es el empeño de la presidenta en defender la inocencia de un dirigente de Morena tan cuestionado por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa desde hace años, como Rocha Moya. Una de las tesis es que la presidenta trata de proteger, más que al gobernador, a López Obrador.

Casi todos los sinaloenses sabían desde 2021, porque así lo documentó la prensa local, que Rocha Moya ganó la gobernación del estado en un proceso electoral controlado por ‘Los Chapitos’, conocidos con ese nombre porque ese grupo está al mando de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fundador del Cartel de Sinaloa junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Medios sinaloenses como Río 12 y El Noroeste reportaron que antes y durante la jornada electoral del 6 de junio de ese año, sicarios de ‘Los Chapitos’ que recorrían en caravanas de camionetas las principales ciudades del estado, secuestraron a más de 200 candidatos, operadores políticos y testigos electorales de la coalición opositora PRI-PAN que enfrentó a Rocha Moya. También robaron y quemaron urnas y amenazaron a cientos de votantes.

El candidato opositor a la gobernación de Sinaloa en 2021, Mario Zamora, impugnó los comicios, no solo ante las autoridades electorales de México, sino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero Rocha Moya fue proclamado ganador.

Según la acusación de Estados Unidos, a cambio del apoyo de ‘Los Chapitos’ para su elección, Rocha Moya “ha permitido” que los hijos de ‘El Chapo’ operen con total impunidad en el estado y que pongan “funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno” y en agencias encargadas del orden público.

Esos funcionarios de la administración de Rocha Moya “han protegido a ‘Los Chapitos’ y sus operaciones de tráfico de drogas”, indica la solicitud de extradición, la cual, como es usual en una acusación de ese tipo, apenas esboza las pruebas que tiene la Fiscalía de Estados Unidos para procesar a los acusados.

Dos de ‘Los Chapitos’, Ovidio y Joaquín Guzmán López, están presos en Estados Unidos desde 2023 y 2024, respectivamente, y son testigos colaboradores de la justicia de ese país.

Cuando los adversarios mueren

Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 y se llevó con él, secuestrado, a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el cofundador del Cartel de Sinaloa junto con ‘El Chapo’ Guzmán, padre del Chapito.

En una carta enviada a la prensa mexicana un mes después, ‘El Mayo’, quien está sometido a un proceso por narcotráfico en una corte en Nueva York, señaló que Guzmán López lo había citado a una reunión para ayudar a resolver “una disputa” entre Rocha Moya y el político sinaloense Melesio Cuén, un conocido adversario del gobernador.

Pero, según el relato del capo, la reunión fue “una trampa” porque Rocha Moya nunca llegó al encuentro y Cuén fue asesinado. “Lo mataron en la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, afirmó el narcotraficante.

Lo cierto es que esa misma noche del 25 de julio, la Fiscalía de Sinaloa armó un falso escenario del crimen para aparentar que el opositor Cuén había sido asesinado durante un robo en una gasolinera de Culiacán. La versión era tan burda, que la misma Fiscalía General de la República (FGR) aceptó que se trataba de un montaje.

Pero nadie, ni Rocha Moya ni la fiscal del estado, Sara Bruna –muy cercana al gobernador—, fueron investigados por la FGR, organismo que siempre respondió a las órdenes de López Obrador cuando este era presidente, y que ahora obedece a Claudia Sheinbaum.

Incluso, en medio del escándalo, López Obrador viajó a Sinaloa y le levantó el brazo a Rocha Moya, como para que no quedara duda del blindaje político que protegía al gobernador morenista.

Para el doctor en ciencias sociales de la Universidad de Leiden y experto en gobernanza criminal, Rodrigo Peña, con la información pública que existe, “que no es poca, es claro que existía una coordinación y un pacto entre el grupo criminal y la gubernatura, y entre la gubernatura y el poder federal encabezado por López Obrador, quien hizo una defensa abierta, explícita, grandilocuente y determinada del gobernador”.

Con esos antecedentes, y con una Fiscalía General a cargo de la abogada morenista --y lopezobradorista de pura cepa-- Ernestina Godoy, no es extraño que la mayoría de los mexicanos desconfíen de la imparcialidad de la justicia.

Según una encuesta del Pew Research Center, el 69% de los mexicanos confía más en la justicia de Estados Unidos que en la de México para juzgar a Rocha Moya y sólo uno de cada 10 cree que las acusaciones contra el morenista son falsas. Además, dos de cada tres entrevistados están a favor de su extradición.

La presidenta Sheinbaum, que sigue gozando de una alta popularidad, sabe muy bien que hasta la mayoría de mexicanos que simpatizan con Morena, creen que Rocha Moya es culpable y que la gobernanza criminal imperante en Sinaloa se extiende a muchas otras partes del territorio.

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México, entre el poder criminal y el poder de Trump

La defensa de la soberanía que enarbola la presidenta Claudia Sheinbaum choca con la realidad de un Estado infiltrado por el crimen y de un poderoso vecino decidido a intervenir por las buenas o por las malas.

En medio del terremoto político que genera en México la solicitud de extradición de Estados Unidos del gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, una pregunta incómoda atraviesa el debate nacional: ¿qué es peor, la soberanía de la gobernanza criminal que han establecido los cárteles de las drogas en amplias regiones del país, o el descarado intervencionismo del presidente estadunidense, Donald Trump, en asuntos internos?

La pregunta es válida porque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se niega extraditar al gobernador militante de su partido, Morena, y a nueve coacusados más, con el doble argumento de que debe respetarse la soberanía mexicana y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha entregado a México pruebas suficientes que avalen los vínculos de los inculpados con ‘Los Chapitos’, la facción principal del Cártel de Sinaloa.

Entregarlos sin “pruebas contundentes”, ha dicho Sheinbaum, sería violar los derechos humanos y procesales de los acusados.

El pasado jueves 14 de mayo, la presidenta reiteró que el gobierno mexicano no tiene evidencias de que el gobernador y sus secuaces sean criminales y dijo que sus prioridades en este caso son defender la soberanía y exigir pruebas y un juicio justo.

“Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar”, aseguró.

Pero la directora para México de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Stephanie Brewer, dice a CAMBIO que “no es solo un problema de soberanía, que es lo que repite Sheinbaum; es un problema de arbitrariedad (de Estados Unidos) y es un problema de no atacar el problema de fondo, porque incluso si se extradita a Rocha Moya, eso no va a cambiar el sistema con el que opera el crimen organizado en México”.

Principalmente, porque “es perfectamente sabido que en México el poder del crimen organizado no proviene primordialmente de las armas, sino en gran medida de la colusión, la tolerancia y los nexos con autoridades, y esto se ve a todos los niveles, especialmente a nivel municipal y a nivel estatal”.

Brewer recuerda, además, que Sheinbaum no garantizó ni un juicio justo ni el debido proceso a 92 presuntos narcotraficantes mexicanos que entregó a Estados Unidos entre 2025 y este año sin mediar el procedimiento de extradición que marca la ley.

Ellos simplemente fueron “expulsados por razones de seguridad nacional”.

La directora de WOLA para México también se pregunta “dónde está ese debido proceso y la presunción de inocencia para decenas de miles de mexicanos que están encarcelados sin juicio mediante la figura de prisión preventiva oficiosa”, que instauró López Obrador en su sexenio (2018-2024) y que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ese punto es también crucial –señala-- porque el debido proceso, el respeto a las leyes y el estado de derecho tendrían que ser el eje en todos los casos y no sólo cuando se trata de actores poderosos o del partido Morena”.

Un Estado penetrado por el crimen

Para el politólogo Leo Zuckermann, frente a la bandera de la defensa de la soberanía que enarbola Sheinbaum en estos días es válido plantearse qué daña más la soberanía mexicana, si el intervencionismo de Estados Unidos, o los narcotraficantes y políticos que controlan varias regiones de México.

“La dura realidad es que el Estado mexicano ha sido penetrado, e incluso capturado por el crimen en varios estados (departamentos), como es el caso de Sinaloa, y no queremos que Estados Unidos intervenga en México porque su interés no es precisamente hacer justicia. Pero los mexicanos tampoco queremos que nos gobierne la delincuencia”, ha señalado el académico y analista político.

De acuerdo con Zuckermann, México está hoy en la “terrible disyuntiva de tener que elegir entre lo malo y lo peor por culpa de quien puso a Rocha Moya como gobernador, y esa persona se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador”.

La politóloga Blanca Heredia sostiene que Sheinbaum “se está jugando la presidencia” en esa crisis porque deberá definir si su mandato tiene un sello propio y es diferente al de López Obrador, cuya política de seguridad –“abrazos, no balazos”— se convirtió en un incentivo perverso para instaurar la gobernanza criminal en buena parte de México.

Recuerda que “cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México (2018-2023), Sheinbaum se distinguió de otros gobernantes, incluso de López Obrador, porque no estuvo dispuesta a pactar con grupos criminales”.

Mientras la presidenta mexicana decide qué hacer con Rocha Moya y los nueve coacusados solicitados en extradición, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre México.

El Departamento de Estado inició la semana pasada la “revisión” de los 53 consulados de México en Estados Unidos y advirtió que podría cerrar algunos de ellos por intervenir en la política interna de ese país, como acusan grupos extremistas del trumpismo a los que les irrita la defensa que hacen esas sedes diplomáticas de los inmigrantes mexicanos.

Además, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que habrá nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados a carteles de las drogas.

Y Trump no se cansa de afirmar que México “está gobernado por los carteles” y que si el gobierno mexicano no actúa contra ellos “lo haremos nosotros”.

Nadie en México cree que Trump esté interesado en erradicar la narcopolítica en México y en ayudar al país. La lucha antidrogas del mandatario está supeditada a su estrategia geopolítica y de seguridad hemisférica y ya ha demostrado que, cada vez que pueda, hará lo posible por socavar a gobiernos de izquierda en la región.

Pero en la medida en que el gobierno de Claudia Sheinbaum se empeñe en defender a políticos de su partido como Rocha Moya, le reducirá a Trump el costo político y diplomático de una intervención unilateral en México.

Sobre todo, en la medida en que se sigan produciendo hechos que parecen invalidar el discurso soberanista y de respeto al debido proceso de la presidenta.

El pasado viernes 15, por ejemplo, se conoció que dos de los funcionarios morenistas solicitados en extradición se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Se trata del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, quienes probablemente contribuyan con los fiscales estadunidenses para reforzar el acervo probatorio contra los otros coacusados, incluso Rocha Moya.

Incentivos para cooperar no les faltan. El mismo viernes 15, el diario The New York Times reveló que hace unos días el subprocurador general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, instruyó en una teleconferencia a fiscales regionales a utilizar las leyes antiterroristas para perseguir a los funcionarios mexicanos cómplices del narcotráfico.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, les dijo Singh a sus colegas, según la versión del diario estadunidense.

Además, Singh habría dicho que “si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”.

Es evidente que cada día aumenta la presión de la administración Trump sobre Sheinbaum y que de manera paulatina se le cierran a la presidenta los espacios para seguir defendiendo a funcionarios mexicanos. Si al menos dos de ellos se entregaron a fiscales de Estados Unidos es válido poner en duda su inocencia.

El profesor del Tec de Monterrey y especialista en gobernanza criminal, Rodrigo Peña, sostiene que la presidenta pagaría un costo menor si extradita a Rocha Moya y al resto de los coacusados y demuestra que está dispuesta a combatir el “pacto de impunidad” en Morena, aun cuando se confronte con López Obrador.

“La veo con más capacidad de navegar esa posible ruptura con López Obrador –indica-- que una ruptura histórica con Estados Unidos. Este sería un escenario pernicioso para ella y para México”.

Peña sostiene que con Sheinbaum hay que estar más atento a lo que hace que a lo que dice, por lo que no descarta que opte por la extradición de Rocha Moya o por una negociación discreta con la administración Trump en la que el gobernador y los coacusados que no se han entregado a los fiscales estadunidenses puedan ser juzgados en México bajo la atenta mirada de Washington.

Hasta ahora, Estados Unidos ha seguido el curso legal en el requerimiento de extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios morenistas.

La solicitud del Departamento de Justicia está apegada al tratado binacional de extradición y los cargos formulados no responden a un “entrampamiento” como el que montaron en 2018 la DEA y la fiscalía de Néstor Humberto Martínez contra el excomandante de las FARC Jesús Santrich, sino a testimonios de narcotraficantes del Cartel de Sinaloa encarcelados en Estados Unidos.

“Estados Unidos debe tener muchas pruebas, no sólo contra Rocha Moya, sino contra muchos otros políticos mexicanos señalados por sus asociaciones con el narcotráfico”, dice el politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Juan Manuel González Ramírez.

Y si México incumple el tratado de extradición, señala, “disminuye para Estados Unidos, y para Trump, el costo de una intervención unilateral” en territorio mexicano para capturar a los extraditables morenistas.