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Internacional

Qué está pasando en Sudán: las claves para entender el conflicto en el que han participado cientos de mercenarios colombianos

Mujeres y niños en el campo de desplazados de Zamzam

Desde abril de 2023, el país africano vive una guerra que ha dejado más de 12 millones de personas desplazadas y una de las peores crisis humanitarias de la última década.

Por: Valentina Giannini

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Desde la madrugada del 15 de abril de 2023, la capital de Sudán, Jartum, se transformó en un campo de batalla: las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), comandadas por el general Abdel Fattah al-Burhan, se enfrentan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar independiente liderado por Mohamed Hamdan Dagalo. 

Lo que comenzó como una disputa por el poder militar y político del país se ha convertido en una guerra abierta que ya ha desplazado a más de 12 millones de personas, entre ellas 9 millones dentro del territorio y 3,3 millones hacia países vecinos.

Dos años después, y lejos de detenerse, el conflicto se ha recrudecido.

A finales de octubre, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FARC) se tomaron El Fisher, la capital de Darfur del Norte, lo que desató una nueva ola de atrocidades: ejecuciones extrajudiciales, ataques étnicos, y destrucción de barrios y hospitales, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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Bombardeo aéreo durante los enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares y el ejército en Jartum Norte | Crédito: REUTERS-Mohamed Nureldin Abdallah

“Barrios enteros han sido destruidos, hospitales reducidos a escombros y el acceso humanitario interrumpido”, denunció la organización. El 29 de octubre, un ataque contra un hospital materno-infantil dejó 460 muertos, un hecho condenado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según Save the Children, actualmente hay más de 260.000 personas, entre ellas unos 130.000 niños, atrapados en El Fisher, enfrentando condiciones de hambruna, sin atención médica y sin una salida segura.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la población civil “enfrenta violaciones generalizadas de derechos humanos, violencia de género y una catástrofe humanitaria sin precedentes”. Al igual que en Gaza, las partes en conflicto han bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria, dejando a millones de personas sin acceso a alimentos ni agua.

El origen de la guerra en Sudán: la escalada de un conflicto por el poder militar

Aunque el estallido de violencia en Sudán ocurrió en 2023, las tensiones entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán se venían gestando desde 2019, tras la caída del dictador Omar al Bashir.

Entre 2003 y 2005, al Bashir recurrió a milicias árabes, conocidas como Yanyauid, como parte de una campaña contrainsurgente. En ese contexto emergieron las Fuerzas de Apoyo Rápido, bajo la dirección de Mohamed Hamdan Dagalo.

Este grupo, con apoyo del Estado, fue el responsable de atrocidades sistemáticas contra las comunidades fur, masalir y zaghawa, grupos de origen africano y no árabe, incluyendo asesinatos en masa, violaciones y destrucción de aldeas enteras.

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Mujeres que huyeron de Sudán devastado hacen fila para recibir raciones de alimentos en el centro de tránsito del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Renk, Sudán del Sur Crédito: REUTERS-Jok Solomun

Las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán colaboraron en el golpe de Estado que derribó a al Bashir, quien gobernó el país durante 30 años. Aunque inicialmente los grupos acordaron una transición hacia un gobierno civil, el plan nunca se materializó.

De acuerdo con medios internacionales, las tensiones llegaron a su quiebre cuando se intentó integrar a las Fuerzas de Apoyo Rápido dentro de las Fuerzas Armadas, lo que habría significado que su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, perdiera su poder independiente.

Desde entonces comenzó un conflicto armado entre ambos grupos, que se extendió rápidamente en varias regiones del país y que, además, revivió viejos conflictos étnicos y raciales en el territorio.

Según Amnistía Internacional, los ataques contra comunidades no árabes, especialmente el pueblo masalit en Darfur Occidental, se han intensificado desde que se agudizó el conflicto. En ciudades como El Geneina, Ardamata y Misterei se han documentado asesinatos masivos, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias.

Hambre, violencia sexual y desplazamiento

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre abril de 2023 y diciembre de 2024, más de 27.000 personas civiles han muerto a causa del conflicto. Además, se estima que uno de cada 13 refugiados en el mundo es sudanés.

Actualmente, cinco regiones del país, entre ellas Darfur y Nuba, se encuentran en situación de hambruna, y más de 26 millones de personas sufren inseguridad alimentaria extrema. La niñez es una de las poblaciones más golpeadas, desde 2023, 2,9 millones de niños y niñas padecen desnutrición aguda, y 729.000 menores de cinco años enfrentan desnutrición severa.

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Una mujer sudanesa desplazada recibe tratamiento mientras carga a su hijo en una clínica improvisada gestionada por Médicos Sin Fronteras (MSF), en medio de los enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares y el ejército sudanés, en Tawila, Darfur del Norte, Sudán, el 3 de noviembre de 2025 | Crédito: REUTERS/Mohamed Jamal

Según información de Reuters, algunos niños que huyen de la ciudad de El Fisher están llegando a un campamento humanitario en el norte de Darfur con un grado de desnutrición tan grave que es posible que el tratamiento no pueda salvarlos.

“La gente llega tan deshidratada que no puede hablar”, explicó Mathilde Vu, del Consejo Noruego para los Refugiados, describiendo el duro viaje a través de condiciones desérticas desde El Fisher hasta Tawila.

Además, la crisis se desarrolla en un contexto de extrema vulnerabilidad, ya que Sudán sigue siendo altamente susceptible a los impactos del cambio climático y los desastres. “Desde sequías severas hasta inundaciones devastadoras, los efectos combinados del conflicto y la inestabilidad ambiental están llevando a las comunidades al límite”, explica la ONU.

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Mujeres y niños en el campo de desplazados de Zamzam | Crédito: REUTERS-MSF/Mohamed Zakaria

A la escasez se suma la violencia sexual. Amnistía Internacional documentó la violación de 36 mujeres y niñas entre 2023 y octubre de 2024, mientras que Human Rights Watch verificó 79 casos de niñas y mujeres (de entre 7 y 50 años) violadas solo en el estado de Kordofán del Sur.

“En Sudán, los cuerpos de las mujeres se convierten en la escena de un crimen. Ya no quedan espacios seguros, ningún lugar donde las mujeres puedan reunirse con seguridad, buscar protección o incluso acceder a la atención psicosocial más básica”, expresó Anna Mutavati, directora regional de ONU Mujeres para África Oriental y Meridional.

Los mercenarios colombianos en el frente

Entre los combatientes que hoy participan en el conflicto sudanés hay cientos de colombianos. Aunque su presencia ha pasado casi desapercibida, un grupo de exmilitares y soldados retirados de Colombia ha sido contratado como mercenarios por ejércitos privados vinculados a las fuerzas armadas de ese país.

No obstante, su participación no es un fenómeno aislado: en la última década, exuniformados colombianos han sido reclutados para conflictos en países como Emiratos Árabes Unidos, Ucrania y ahora Sudán, atraídos por la promesa de altas sumas de dinero y contratos internacionales.

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Mujeres recolectan agua en un campo de Sudán del Sur | Crédito: Colprensa

En agosto de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán explicó que los mercenarios colombianos desplegados en el territorio integran el grupo para militar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que ha consolidado su control en algunas regiones del país.

De acuerdo con el representante de Sudán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ammar Mahmoud, “los exmilitares colombianos serían responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos de civiles, desplazamientos forzados y ataques indiscriminados contra comunidades vulnerables”.

En noviembre de 2024, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema y dijo que “el mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente”.

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