¿La democracia como un derecho humano? Colombia toma partido en un debate que divide a los Estados

En un continente agitado por los recientes cambios en Venezuela, tras la extracción del dictador Nicolás Maduro, por la violencia que golpea a Ecuador o por las tensiones que ha generado el Gobierno de Donald Trump, que recientemente tiene sus ojos en Cuba, ha pasado desapercibido un debate que se está dando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el que están en juego posibles cambios en las democracias, tal y como las conocemos hoy.

Guatemala, un país que retornó a la democracia hace 40 años tras sufrir años de gobiernos autoritarios y dictatoriales, presentó una solicitud de consulta ante la Corte Interamericana en la que le pidió al alto tribunal que defina a la democracia como un derecho humano autónomo y, en ese sentido, que imparta directrices para que los 20 Estados bajo su jurisdicción deban proteger esa forma de gobierno. 

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La consulta, presentada por el procurador general guatemalteco Julio Roberto Saavedra, pretende que la democracia figure como un derecho humano autónomo en la Convención Americana de Derechos Humanos, ante los riesgos autoritarios que se asoman en el continente. Para Saavedra, existe un “escenario desafiante y amenazante para la democracia en la región” que merece una intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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“Este escenario ha sido visibilizado por la Organización de Estados Americanos, ejemplo de ello son las resoluciones sobre el deterioro de instituciones democráticas sobre Venezuela, Nicaragua y Bolivia”, señaló, puntualizando que “el mayor peligro no es un rompimiento abrupto del orden constitucional sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso, si este es electo por elecciones populares”.

De las audiencias que se celebraron durante cuatro días en Brasilia, sobre la democracia, el sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, participaron por Colombia la presidenta de la Corte Constitucional Paola Meneses, la defensora del pueblo Iris Marín, delegados de la Cancillería y de organizaciones jurídicas y de derechos humanos.

Estados Unidos y los países que se oponen a la democracia como un derecho humano

Estados Unidos, uno de los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana al no ratificar su tratado, fue uno de los que presentó una de las oposiciones más fuertes a la posibilidad de que la democracia sea catalogada como un derecho autónomo.

Tres delegados de la oficina asesora jurídica del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtieron que, aunque la democracia representativa es un principio político fundamental, no debe considerarse un derecho humano en tanto una “democracia sin límites puede conducir al dominio de las masas y a la inestabilidad, y fomentar un entorno en el que los demagogos y los dictadores engañen al público”

Estados Unidos entiende a la democracia como un derecho colectivo de los pueblos y no como un derecho de cada individuo, insistiendo en que en ningún tratado de derechos humanos aparece así. “¿Qué valor agrega decir que la democracia es un derecho humano? Es un derecho estrictamente retórico que no contribuye a promover la democracia (…) la Convención Americana no incluye un sistema político particular para los Estados, ello socavaría la soberanía estatal”, añadieron sus voceros.

Esta postura contraria, también la manifestaron otros países que, como Guatemala, tuvieron dictaduras. La República de Chile, por ejemplo, indicó que la democracia no puede ser un derecho subjetivo individual exigible per se pues, aunque la democracia está ligada con la garantía de los derechos humanos, “dichos estándares no resultan suficientes para considerar que la democracia constituye un derecho autónomo”. Y Uruguay añadió que, más que crear un nuevo derecho, lo que debe ocurrir es que la Corte declare a la democracia como un principio estructural del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Ecuador y México también se opusieron. Ecuador indicó que se estaría trasladando un concepto político, e incluso moral, a las esferas del mundo jurídico, y México consideró que elevar a la democracia como un derecho “vulneraría el principio de no intervención” y generaría incertidumbre, por ejemplo, en aspectos como quién sería el titular del derecho, ¿el individuo o el pueblo? 

La postura de Colombia, a favor del derecho humano

Colombia, a través de su embajador en Costa Rica, Carlos Rodríguez Mejía, envió un concepto en el que se mostró partidario del debate. Indicó que, aunque no existe una norma que, taxativamente, nombre a la democracia como un derecho humano, sí existe una obligación de los Estados para garantizarla. 

“La democracia debería ser entendida como un derecho humano fundamental complejo o compuesto. Esto quiere decir que su contenido, en su núcleo esencial, comporta la interrelación con otros derechos”, añadió el concepto de Rodríguez, quien considera a la democracia como un derecho y un principio de los pueblos, que al mismo tiempo habilita otros derechos individuales.

Ya en audiencia, el delegado de asuntos internacionales de la Cancillería, Jhon Jairo Camargo, explicó ante los jueces de la Corte IDH que “la democracia aparece como un derecho complejo que implica derechos políticos y la oportunidad real para ejercerlos, como también a los pueblos”. 

El Estado colombiano, a través del embajador Rodríguez, también hizo una consideración llamativa, planteándole a la Corte una posible inhabilidad política para las personas que participen en golpes de Estado. “Este tipo de limitaciones podría aceptarse, toda vez que existen bases legales razonables para inferir que personas que hayan puesto en riesgo el sistema democrático podrían estar inhabilitadas para ejercer ciertos cargos”. 

La defensora del pueblo Iris Marín fue más enfática y le pidió a la Corte que reconozca a la democracia como un derecho humano autónomo y la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, expresó que “en un momento en que las democracias de nuestra región enfrentan desafíos significativos, la labor de la Corte Interamericana adquiere un valor especial, esto es, recordar que la democracia es una condición esencial para la protección de los derechos humanos y para la convivencia pacífica de nuestras sociedades”. 

Lo que viene

La Corte Interamericana deberá definir, tras escuchar a las decenas de actores que intervinieron durante los cuatro días de audiencia en Brasilia, si continúa de fondo con este debate jurídico y si dicta una opinión como intérpretes de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

El asunto es desafiante pues algunos actores como la República de Ecuador expresaron que, el debate propuesto, supone que la Corte vulnere la soberanía de los países en sus asuntos internos. “La Corte IDH no tiene como competencia decidir sobre las formas de gobierno de los países que están bajo su jurisdicción”.

Por ahora se sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- ya se mostró a favor de declarar a la democracia como un nuevo derecho humano, ante el temor de vernos en el espejo de los años que quedaron atrás.

“Afirmar el derecho a la democracia como derecho es fortalecer la protección de sus elementos frente a retrocesos autoritarios”, puntualizó la vicepresidenta de la CIDH Andrea Pochak.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.