Desmantelada banda delincuencial que les vendían armas y explosivos a las disidencias de las Farc

Durante 22 meses investigadores de la Dijín de la Policía siguieron los movimientos de una banda encargada de conseguir, acopiar y vender armas de fuego y explosivos al frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, que delinque en los departamentos del Huila y Cauca.

“Durante ocho diligencias judiciales de registro y allanamiento fueron capturadas siete personas que acopiaban y vendían ilegalmente armas de fuego y explosivos”, aseguró el general José Luis Ramírez, director de la Dijín de la Policía.

La comercialización del material bélico era coordinada, sobre todo, por vía telefónica. Una vez contactados los compradores, les enviaban fotografías de las armas de fuego, municiones y explosivos disponibles por aplicaciones de mensajería instantánea, en donde exponían especificaciones técnicas, estado de conservación y el precio de las mismas, aseguraron las autoridades.

El cabecilla de la banda era Rodolfo Quintero, quien se hacía pasar como comerciante independiente en la ciudad de Neiva y contaba con la ayuda de seis de sus cómplices, quienes tenían un rol definido dentro de la organización delincuencial.

Eliseo, alias Cheo, era el enlace entre la banda y las disidencias de las Farc, y estaba dedicado, además, a la venta de motocicletas hurtadas y a la distribución de estupefacientes en el departamento del Huila.

Otro de los capturados es alias don Hernando, experto en el ámbito de las armas de fuego, quien trabajaba como administrador y especialista en una empresa de mantenimiento de armas ubicada en el centro de Neiva, que contaba con los permisos del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos. Allí, sin el conocimiento y consentimiento de sus propietarios, almacenaba material bélico ilegal.

Alias don Hernando trabajaba con alias Comando en la modificación de armas traumáticas para convertirlas en armas letales; también, acondicionaron una habitación de la armería como polígono o zona de prácticas de tiro improvisada, para verificar el estado y funcionamiento de las armas transformadas.

Como resultado de la operación, las autoridades incautaron ocho pistolas, siete escopetas, seis revólveres, un rifle, 877 cartuchos, 74 partes para armas de fuego, 25 proveedores de pistola, seis proveedores de fusil, seis cañones para fusil, seis cañones para escopeta, cuatro cañones para pistola, cinco miras telescópicas, un chaleco militar multipropósito, unas esposas metálicas y 11 USB con información digital.

Los siete capturados fueron presentados ante un juez de Control de Garantías, que les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.