El debate por regular compra de tarjetas SIM: ¿evitaría la extorsión carcelaria?

En el Congreso se radicó un proyecto de ley que le apuesta a ponerle freno al fenómeno de la extorsión en el país, un problema que ha crecido en los últimos años y que se acentúa en las cárceles, según cifras de la Policía.

¿Cuál es el panorama de este delito? Solo entre 2022 y 2023 se presentó un aumento de 7,9 por ciento, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Así, pasó de 9.791 en 2022 a 10.560 en 2023.

El informe también muestra que el método favorito de los extorsionadores es a través de las llamadas telefónicas, con 4.513 casos. Luego están los cobros directos (26 por ciento) y las redes sociales (14,3 por ciento).

Además, se detalla que cerca del 40 por ciento de las extorsiones se hacen desde centros carcelarios, donde están prohibidos los celulares. Pero también hay que decir que expertos en seguridad insisten en que hay ciudades donde prima la extorsión en las calles.

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Y los departamentos que más reportan este delito son: “Antioquia con un total de 1.797; seguido de Bogotá D.C con 1.626, Atlántico con 1.303, Valle del Cauca con 1.100 y Norte de Santander con 549 casos”, como detalla la fundación Pares.

A su vez, las cifras de la fundación muestran que en 2023 la extorsión en Bogotá creció más que en todas las otras ciudades del país, con un aumento de 22 por ciento.

Regular la compra de tarjetas SIM: la apuesta en el Congreso

Para hacerle frente a ese fenómeno han surgido varias ideas, una de esas llegó hace unas semanas al Congreso y le apuesta a regular la compra de tarjetas SIM. ¿Cómo así?

Se trata de un proyecto de ley que tiene dos artículos. El primero establece que los proveedores de tarjetas SIM deben registrar en sus bases de datos a los compradores. Así, deben pedir: nombre y apellidos completos, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad y prevenir suplantaciones.

El segundo artículo busca que el Gobierno, a través del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el Ministerio de Justicia, reglamente la implementación de una estrategia para que se identifique y alerte a los usuarios sobre las llamadas originadas desde centros penitenciarios y carcelarios.

Es decir, los operadores de telefonía móvil tendrían que dar aviso a los usuarios con un mensaje así: “esta llamada proviene de un centro carcelario”.

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¿Es una solución al fenómeno de la extorsión carcelaria?

En la exposición de motivos del proyecto, que es de autoría del representante Julio César Triana, de Cambio Radical, se detalla que si bien hay aplicaciones móviles que permiten la identificación de llamadas; “no es una solución permanente, porque las tarjetas SIM que se utilizan en los centros carcelarios son cambiadas con mucha frecuencia debido a su precio y tamaño”.

Es decir, considera que el freno a ese fenómeno creciente está en las medidas para controlar la venta y acceso a las tarjetas SIM.

El representante menciona que es necesario que los operadores móviles sea actores activos en la lucha contra la criminalidad, “al ser involuntariamente el intermediario entre la víctima y el extorsionador, tienen la oportunidad de establecer mecanismos que prevengan o al menos, obstaculicen el accionar de los grupos organizados criminales”.

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La idea con esto es que el registro le permita al operador tener los datos de quien compra una tarjeta SIM y que se puedan poner a disposición de las autoridades cuando sea necesario.

Sin embargo, hay expertos que consideran que no es una solución de fondo al fenómeno de la extorsión en el país y que regular la venta de tarjetas SIM, incluso, podría llevar a un aumento en la piratería de las mismas.

“No es un delincuente que se encontró una SIM, son mafias y podríamos llegar a tener luego una inundación de SIM piratas en el mercado (…) Yo creo que lo que hay que hacer es enfrentar a esas grandes bandas criminales a través de la inteligencia”, detalló Henry Cancelado, profesor en temas de Seguridad y Defensa.

Por otro lado, el experto dijo que se debe atender el problema directamente en las cárceles, porque —dice— las mismas autoridades saben que el fenómeno ocurre allá y se debe poner en cintura a los altos mandos en los centros penitenciarios.

En cuanto al artículo del proyecto que establece que los operadores le deben avisar a los usuarios que están recibiendo una llamada de un centro carcelario, Cancelado asegura que se trata de algo “absurdo”.

“Es totalmente ridículo. Es como decirle a la gente: ‘pilas, que te pueden extorsionar. Yo no puedo controlar esto, pero no conteste’ (…) Entonces, no se está haciendo absolutamente nada”, afirmó.

Luis Fernando Quijano, también experto en Seguridad, señaló que si bien es válido darle un marco de legalidad a la compra de tarjetas SIM, “eso no acaba el tema de la extorsión”.

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Quijano también cree que hay ciudades del país en las que la extorsión no solo se hace a través de llamadas telefónicas, sino que es más un asunto de las calles y el barrio.

Por lo pronto, el proyecto ya está radicado y le van a asignar ponentes en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.