Día Internacional de la Niña: las dificultades y discriminaciones que enfrentan las niñas en Colombia
Aunque Colombia ha avanzado en leyes y políticas para la equidad de género, las niñas siguen creciendo entre desigualdades, discriminaciones y violencias que vulneran su autonomía, su educación y sus derechos más básicos.
Por: Valentina Giannini
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Cada 11 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 2011 para visibilizar los retos que enfrentan y promover acciones concretas a su favor.
A pesar de los avances en leyes y políticas públicas, las niñas siguen siendo un grupo que enfrenta desafíos específicos de discriminación, violencia y falta de oportunidades. Según la Secretaría de la Mujer, “las niñas suelen enfrentar barreras adicionales por su edad, género y condiciones de vida, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a la discriminación y la violencia”.
Estas son algunas de las principales dificultades y discriminaciones que enfrentan en Colombia:
Violencia sexual y de género
Una de las múltiples violencias que enfrentan las niñas y adolescentes en Colombia es la violencia sexual y de género. Según Unicef, siete de cada diez víctimas de violencia sexual son niñas entre los 0 y los 17 años, y solo en 2024 se registraron 8.457 casos de violencia sexual en contra de niñas de 10 a 14 años.
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la violencia sexual comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una niña o adolescente, usando la fuerza, el engaño o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional. En la mayoría de los casos, el agresor es alguien cercano: un familiar, un vecino, un amigo o incluso alguien del entorno educativo o comunitario.
Según la organización Children Change Colombia, la mayoría de las niñas y adolescentes víctimas provienen de entornos con altos niveles de pobreza, muchas veces ubicados en zonas periféricas o rurales, donde el acceso a educación, servicios de salud y redes de apoyo es limitado. No obstante, la violencia sexual no distingue clase, raza ni territorio, sus consecuencias son profundas y duraderas, lo que afecta la salud física, emocional y el desarrollo integral de las víctimas.
Explotación sexual
La explotación sexual es una de las manifestaciones más graves de la violencia sexual y es, también, una problemática en aumento. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2023 se registraron más de 1.400 casos de explotación sexual infantil, de los cuales cerca del 80 por ciento correspondían a niñas y adolescentes.
La explotación sexual ocurre cuando una niña es “utilizada” con fines sexuales a cambio de dinero, bienes o favores, ya sea directamente o a través de terceros. El ICBF advierte que muchos de estos casos están ligados a redes de trata de personas, en las que las niñas son engañadas o presionadas bajo falsas promesas de empleo o apoyo económico.
Maternidad infantil
La maternidad infantil es una de las problemáticas más graves que afectan las vidas y los futuros de las niñas en Colombia. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se trata de un fenómeno multicausal, relacionado con factores como la pobreza, la falta de acceso a educación sexual y reproductiva, la violencia sexual, el machismo y el matrimonio infantil.
En 2024, 3.159 niñas entre los 10 y 14 años y 63.527 adolescentes entre los 15 y 19 años se convirtieron en madres. Las cifras evidencian una realidad preocupante: cada día, más de 180 niñas y adolescentes dan a luz en Colombia.
El fenómeno es aún más crítico entre las comunidades étnicas y rurales, donde el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva continúa siendo limitado. En grupos como el palenquero de San Basilio, las comunidades indígenas y el pueblo Rrom, los embarazos tempranos están estrechamente ligados a la desinformación, la pobreza y a prácticas culturales tradicionales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que los embarazos en niñas menores de 14 años son consecuencia de violencia sexual, por lo que deben ser tratados como casos de abuso y no como decisiones personales. Estos embarazos vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, y ponen en riesgo su salud física, mental y emocional.
Matrimonios y uniones tempranas
Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas representan otra forma de violencia de género que condiciona la vida y el futuro de las niñas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), alrededor del 12 por ciento de las mujeres jóvenes en Colombia se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años, lo que las expone a embarazos no deseados, abandono escolar y dependencia económica.
Aunque el matrimonio infantil está prohibido por la ley, la práctica persiste en varios territorios del país. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, en 2023 se registraron 114 matrimonios infantiles, siendo Antioquia, Atlántico y Bolívar los departamentos con mayor incidencia.
Estas uniones, muchas veces legitimadas social o culturalmente, restringen la autonomía y la libertad de las niñas, las alejan de la educación y las obligan a asumir responsabilidades para las que no están preparadas.
Desconocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos
El acceso a información y servicios sobre derechos sexuales y reproductivos sigue siendo limitado para muchas niñas y adolescentes en Colombia.
Aunque la Corte Constitucional ha reconocido que no es necesario ser mayor de edad para tomar decisiones que afectan derechos fundamentales, como la interrupción voluntaria del embarazo, la realidad es que la desinformación y las barreras culturales siguen impidiendo su ejercicio.
Según el Ministerio de Salud, en regiones rurales y comunidades vulnerables los servicios de salud sexual son precarios y muchas niñas no conocen sus derechos ni las rutas de atención disponibles.
Falta de acceso a productos de higiene menstrual
La menstruación sigue siendo un tema rodeado de silencio y desinformación en Colombia. Según Unicef, al minimizar o estigmatizar esta experiencia, propia de niñas, adolescentes y mujeres, se refuerzan los tabúes y se dificulta el acceso a información clara sobre los procesos del cuerpo y la salud menstrual.
Una investigación de Unicef sobre el manejo de la higiene menstrual en instituciones educativas del Pacífico colombiano reveló que el 34 por ciento de las niñas y adolescentes no sabían nada sobre la menstruación antes de vivirla por primera vez. Esta falta de educación provoca miedo, vergüenza y desinformación, y hace que muchas niñas enfrenten su primera menstruación sin acompañamiento ni recursos adecuados.
La desigualdad también se expresa en el acceso a productos de higiene menstrual. En muchas zonas rurales y comunidades vulnerables, las niñas no cuentan con toallas sanitarias, baños adecuados ni agua potable, lo que afecta su bienestar y su asistencia escolar.
Mutilación genital femenina
Aunque suele asociarse con regiones de África y Asia, la mutilación genital femenina (MGF) también ocurre en Colombia, principalmente en algunas comunidades indígenas. Este procedimiento, que consiste en la alteración o extirpación de los genitales femeninos por razones culturales o tradicionales, no tiene ningún beneficio médico y vulnera gravemente los derechos humanos de las niñas.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la práctica persiste en comunidades embera, especialmente en departamentos como Risaralda, Chocó y Valle del Cauca. Aunque se han logrado avances importantes en su erradicación gracias a procesos de sensibilización y educación liderados por mujeres de las mismas comunidades, todavía se reportan casos aislados.
La mutilación genital femenina puede causar hemorragias graves, infecciones, complicaciones durante el parto y traumas psicológicos. Más allá de sus consecuencias físicas, simboliza el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las niñas, reforzando roles de género y prácticas que las privan de decidir sobre sí mismas.
Desde 2007, Colombia penaliza esta práctica en el Código Penal, y diferentes instituciones han impulsado estrategias comunitarias para reemplazarla por rituales simbólicos que mantengan el sentido cultural sin afectar la integridad de las niñas. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la vigilancia y el acompañamiento deben continuar para garantizar que ninguna niña sea sometida a esta forma extrema de violencia.
Discriminación en entornos educativos
El colegio, que debería ser un espacio de aprendizaje y protección, muchas veces se convierte en un entorno hostil para las niñas. Según un diagnóstico de Unicef sobre la situación educativa en el norte del Cauca, el 96 por ciento de las niñas entre los 10 y 14 años afirmaron haberse sentido acosadas en su institución educativa.
Estas experiencias no solo afectan el rendimiento académico, sino también la permanencia en el sistema educativo, profundizando brechas de género y limitando las oportunidades de desarrollo. La discriminación basada en el género, la raza o la condición socioeconómica impacta especialmente a niñas afrocolombianas, indígenas y rurales, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a una educación de calidad.
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