Más allá de la supervivencia: los derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes en América Latina
En el tránsito migratorio por América Latina, miles de mujeres y personas en movilidad enfrentan violencia sexual, desinformación y barreras para acceder a servicios de salud reproductiva.
Por: Valentina Giannini
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En la última década, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe, tanto en situación regular como irregular, aumentó de 14,3 millones en 2020 a 17,5 millones en 2024, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De este total, alrededor del 80 por ciento se desplazaron dentro de la región.
Este incremento ha estado marcado por el movimiento de personas venezolanas, que se sumó a los patrones históricos de movilidad entre países vecinos. De acuerdo con la OIM, “las personas que migran de forma irregular enfrentan graves riesgos para sus vidas durante el trayecto”.
En la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP), realizada en Bogotá, expertas coincidieron en que una de las dificultades que afrontan las mujeres y personas en tránsito es el acceso a la salud: especialmente a la salud sexual y reproductiva (SSR), así como a los métodos de anticoncepción.
La salud sexual y reproductiva incluye la anticoncepción, que es el acceso a información y métodos (como pastillas, preservativos, implantes, DIUs, vasectomía y ligadura de trompas).
También comprende el asesoramiento para prevenir embarazos no deseados, las estratégias de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), la atención prenatal y posparto, la educación sexual y la disponibilidad de productos de aseo menstrual.
Bibiana Saskia, asesora técnica del Comité Internacional de Rescate (IRC), una organización humanitaria global que ayuda a personas afectadas por crisis humanitarias, advierte que “diversos factores, como la discriminación y el estigma por parte de los proveedores de servicios públicos, representan un gran problema para que las mujeres y adolescentes migrantes accedan a servicios de salud sexual y reproductiva”.
Aunque la experta señala que algunas de las poblaciones migrantes “tienen conocimiento sobre soluciones físicas del autocuidado en la salud sexual y reproductiva”, la información y el acceso a productos o herramientas es escaso y fragmentado, especialmente durante tránsitos alargados y accidentados.
Así mismo, explica que en países como Colombia y Perú el acceso a los servicios de SSR es limitado antes, durante y después de la migración. “Muchas mujeres migrantes llegan con un conocimiento mínimo sobre métodos anticonceptivos o productos de salud sexual, y durante el tránsito enfrentan todavía más barreras para acceder a ellos”, menciona.
Esto se suma a la falta de historiales médicos, servicios públicos inconsistentes e insuficientes, costosos y no necesariamente accesibles.
Según el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos (NIH), las limitaciones en el acceso a servicios de salud implican incrementos en la taza de embarazos no deseados, violencia obstétrica, abortos clandestinos, enfermedades de transmisión sexual, complicaciones durante los embarazos y mortalidad materna.
Violencia estructural: los retos que enfrentan las personas migrantes en el camino
Según Ivana Valencia Cortés, investigadora en salud pública de The London School of Economics and Political Science (LSE), “las personas que atraviesan el corredor migratorio, especialmente las mujeres y niñas, se enfrentan a graves violencias y desigualdades”.
Esto ocurre más que todo en zonas de transición como ‘La Bestia’, el corredor de trenes de carga que migrantes centroamericanos utilizan para viajar hacia el norte de México y Estados Unidos, así como en cruces fronterizos como la selva del Darién.
Según la experta, una de cada cuatro mujeres migrantes (26,5 por ciento) ha experimentado violencia, y el 8 por ciento, violencia sexual. No obstante, la mayoría de los casos estás subregistrados por el miedo o la vergüenza de quienes los experimentan.
“La violencia sexual se ha convertido en un riesgo sistémico: muchas mujeres sufren agresiones en cruces fronterizos, estaciones de tren o albergues”, sostuvo. Así mismo, en varias ocasiones “recurren al sexo transaccional, que consiste en intercambiar sexo por protección, comida o refugio, como estrategia de supervivencia”.
Un hallazgo alarmante es el uso anticipado de anticonceptivos de larga duración como mecanismo de ‘protección’ ante la violencia sexual esperada. Las mujeres migrantes buscan el DIU de cobre, el DIU hormonal o el implante subdérmico en sus países de origen y se los colocan antes de empezar el camino migratorio a modo de preparación para lo que podría ocurrir.
“Este fenómeno, lejos de representar una elección libre, refleja la normalización de la violencia sexual durante la migración”, añadió Valencia.
En medio de los riesgos y la violencia, algunas madres optan por iniciar métodos anticonceptivos en sus hijas adolescentes sin su consentimiento, como una forma de protección ante posibles agresiones sexuales en el camino.
Respuestas institucionales a las necesidades de las comunidades migrantes
Para las expertas, atender las necesidades de las personas migrantes y garantizar su acceso a salud reproductiva implica ir más allá de la asistencia humanitaria y garantizar la autonomía de quienes migran.
En Colombia, un país que ha recibido más de 2,8 millones de migrantes venezolanos con datos a enero de 2024, los desafíos para garantizar el acceso a servicios de SSR han evolucionado con el tiempo. Carlos Alberto Gómez Silva, director de proyectos sociales de Profamilia, presentó el proyecto Sin Fronteras, una iniciativa creada para atender a esta población en distintas fases del proceso migratorio.
Según Silva, la primera etapa se centró en la atención de emergencia para caminantes y comunidades en zonas fronterizas; la segunda, en la estabilización e integración en contextos urbanos; y la más reciente, en la respuesta a los nuevos flujos migratorios complejos, como los del tapón del Darién.
Entre 2022 y 2024, la proporción de migrantes venezolanos con estatus regular en Colombia aumentó del 43 al 83,7 por ciento, lo que permitió ampliar la cobertura de servicios de salud. Sin Fronteras se consolidó como un modelo de atención que busca garantizar el acceso a salud sexual y reproductiva, incluso en condiciones de movilidad prolongada.
Otro ejemplo destacado es Golondrinas, una organización que busca facilitar el acceso a los servicios de salud sexual a mujeres en tránsito, jóvenes, LGBTQI+, HSH y PVVIH a través de un sistema de seguimiento comunitario.
Los expertos coincidieron en que la migración en América Latina no puede abordarse sin reconocer el cuerpo como un espacio político. Las trayectorias migratorias no solo reflejan desplazamientos geográficos, sino también desigualdades en el acceso a la información, la salud y la autonomía.
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