¿En seguridad, Colombia mejora o empeora?

¿La situación de inseguridad durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha empeorado? A juzgar por los acontecimientos de las últimas horas, el panorama es inquietante.

En Morales, Cauca, una motocicleta acondicionada con explosivos sacudió el poblado y dejó varios heridos, entre ellos dos policías y varios menores de edad. En Barrancabermeja, Santander, también se detonaron artefactos explosivos. En Maicao, La Guajira, un puesto de Policía fue atacado con explosivos. En Río de Oro, Cesar, los niños no pudieron ir a clases porque las vías estaban bloqueadas con cilindros bomba con metralla. En Chocó, la población acaba de salir de un nuevo paro armado ordenado por el ELN, mientras que en el Catatumbo la crisis ha provocado más de 50.000 desplazados y 60 muertos y en Cúcuta hubo toque de queda tras varios atentados.

Durante el consejo de ministros televisado, la vicepresidenta Francia Márquez expresó su desazón al hablar sobre la situación en el Cauca: “Es algo que me duele, presidente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno”.

Ante este panorama, el Consejo Gremial Nacional (CGN) hizo “un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a las demás autoridades pertinentes para que se tomen las acciones necesarias para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional”. Sin embargo, el presidente Petro rechazó esta petición.

El mandatario aseguró que la organización gremial “le dijo una gran mentira a los colombianos” y sustentó su afirmación con la tasa de homicidios que, según él, en su gobierno ha sido menor que la registrada en las administraciones de Duque y Uribe. “Hoy tenemos un 66 por ciento apenas de la tasa de homicidios de Uribe. Vamos hacia la paz”, aseguró.

Las palabras del presidente fueron respaldadas por el aún ministro de Defensa saliente, Iván Velásquez, quien aseguró que algunos sectores han exagerado el panorama de orden público en el país.

Un paciente en cuidados intensivos

“La situación no es tan dramática”, aseguró Velásquez, y denunció que hay quienes quieren “maximizar” la crisis de orden público. No obstante, el Gobierno nacional sí tiene la tesis que existen “focos regionales de violencia”.

Las declaraciones del presidente Petro y del ministro Velásquez contrastan con las del ministro de Defensa designado, Pedro Sánchez, para quien la seguridad del país es un “paciente en cuidados intensivos”.

“Indudablemente, para solucionar un problema hay que reconocerlo con crudeza, y estamos en una situación muy delicada. Vemos la situación del Catatumbo, con 50.000 personas desplazadas, un sinnúmero de muertos, y eso requiere una acción contundente no solo del Ministerio de Defensa, sino de todo el Estado colombiano”, afirmó Sánchez.

Es evidente que, para el presidente Petro, la seguridad es un tema en el que no puede perder el manejo del relato. ¿Por qué? Carlos Arias, analista político y docente universitario, lo explica: “La batalla por la narrativa de la seguridad o por la idea de que no se ha perdido la seguridad se debe a que, claramente, esta —con la seguridad democrática— le permitió a Uribe impulsar la elección de casi tres presidentes seguidos, incluida su propia reelección”.

En efecto, en esta violencia endémica en que vivimos atrapados los colombianos y en la que a diario vemos que los nuevos actores armados son hijos y nietos de otros que también lo fueron, quien controle el relato de la seguridad tiene a su favor buena parte del electorado. Un ítem crucial en la campaña que está arrancando.

De hecho, en la izquierda son conscientes de que esa fue la herramienta que le permitió a la derecha gobernar durante cuatro períodos consecutivos, es decir, 16 años. En este periodo, la seguridad se convirtió en el eje central de las promesas de campaña de los candidatos que triunfaron, incluyendo a Santos, que llegó con una propuesta diferencial pero en esencia el sueño de la gente: vivir en paz.

La promesa de seguridad produce votos

Hoy, perder esa narrativa desde la izquierda haría mucho más factible que cualquier candidato de la derecha posicionara en el discurso y en la opinión pública la necesidad de recuperar la seguridad.

El analista político Gabriel Cifuentes se muestra categórico. “El tema de la seguridad es el gran talón de Aquiles del Gobierno frente a la campaña del 26”.

Pero, ¿la gente creerá las afirmaciones del presidente y de ministro saliente? “Si el Gobierno realmente creyera lo que está diciendo, denotaría una profunda miopía ante las propias cifras oficiales”, dice Cifuentes.

El experto recuerda que estas cifras evidencian el crecimiento desproporcionado de los grupos armados y su expansión territorial, y que las denuncias de la Defensoría sobre desplazamiento, así como las alertas de Naciones Unidas sobre el aumento no solo de la productividad, sino también del área cultivada con coca y la ausencia total de una política de erradicación o sustitución, son muy críticas.

Este año, según el Ministerio de Defensa, no se ha erradicado ni una sola hectárea. “Es preocupante ver que, ya sea por una estrategia de construcción de narrativa política, por falta de reconocimiento o por confusión interna dentro del Gobierno, no se está viendo la magnitud del problema. Esto no solo afecta la seguridad, sino también la institucionalidad y los riesgos que enfrenta Colombia”, dice.

Cuatro elementos cruciales

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que hay que tener en cuenta cuatro aspectos en esta discusión:

1. La concepción de seguridad del presidente Petro. Su visión se basa en criterios ya revaluados, según los cuales las condiciones socioeconómicas determinan la seguridad. Sin embargo, está claro que no son los únicos factores. También influye la capacidad del Estado para controlar a los actores que generan violencia y la utilizan como medio para sus negocios ilícitos.

En otras palabras, dice, la visión de Petro está anclada en un enfoque del pasado, cuando se justificaban las causas estructurales de la violencia. Este discurso, utilizado en la década de los ochenta, sostenía que, si esas causas eran resueltas, no habría problemas de seguridad. Sin embargo, el mundo ha cambiado, los estudios han evolucionado y hoy se reconoce que, aunque la inequidad está vinculada a la generación de violencia, también lo están la debilidad del Estado y la racionalidad de los actores que emplean la violencia con fines criminales, argumenta el experto.

2. El crecimiento de los grupos armados ilegales. Según cálculos de la fuerza pública, a finales de 2024 había cerca de 20.000 personas armadas o pertenecientes a grupos al margen de la ley, sin contar bandas delincuenciales organizadas. Esto evidencia la magnitud del problema y muestra que una concepción de seguridad basada en criterios obsoletos no es suficiente. “Coincidimos con el ministro de Defensa en que el deterioro de la seguridad es evidente y que las comunidades están siendo las más afectadas”, añade Arias.

3. Los indicadores para medir la violencia. En el contexto actual, la tasa de homicidios no es suficiente para evaluar el impacto de los grupos armados sobre la población civil. Este indicador sirve para medir la letalidad y establecer comparaciones internacionales, pero no refleja el control territorial y la gobernanza criminal que ejercen estas organizaciones.

No basta, dice el analista de la FIP, con analizar los homicidios; es necesario considerar también el confinamiento, el desplazamiento forzado y el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. En este sentido, los datos de confinamiento y desplazamiento muestran que los grupos armados tienen un alto control criminal sobre los territorios y que la estrategia de seguridad actual es insuficiente.

4. Los errores en la estrategia de paz total. Lo que estamos viendo hoy en términos de seguridad está estrechamente relacionado con los fallos de esta estrategia. En primer lugar, se les ha concedido demasiado reconocimiento a los grupos armados ilegales, incluyendo ceses al fuego sin exigirles nada a cambio. Como resultado, la gobernanza criminal ha aumentado.

La estrategia de seguridad no se articuló con la política de paz total, lo que ha generado un escenario crítico, ya que ambas iniciativas han seguido caminos distintos. “Esto también es consecuencia de una falta de comprensión sobre cómo abordar estos fenómenos de violencia”, afirma Arias.

¿Qué pasó con la paz total?

En esta discusión sobre la seguridad, el camino inevitablemente conduce al balance de la paz total. Para el analista político Pedro Viveros, con el sol a las espaldas y luego de dos años y medio en el poder, una de las banderas centrales del presidente Petro la conclusión muestra “una realidad preocupante”.

El recrudecimiento de la violencia y la expansión del Clan del Golfo y el ELN obligan tanto al exministro de Defensa como responsable directo de las acciones contra estos grupos delincuenciales, como al presidente, responsable político de las decisiones tomadas, a reformular algunas cifras sobre seguridad. “Sin embargo, estos datos no reflejan la verdadera magnitud de la inseguridad generalizada”, dice Viveros.

Según la Defensoría del Pueblo, el 73 por ciento del país está amenazado por grupos armados ilegales. Desde su concepción hasta su evaluación, la política de paz total y la de seguridad y defensa han carecido de la rigurosidad necesaria, añade el analista.

Pero, ¿por qué se llegó a este punto? “El Gobierno no designó a personas con la preparación adecuada para obtener resultados, y el presidente no hizo un seguimiento diario y riguroso de esta propuesta, que es vital para su gestión”, responde Viveros.

En conclusión, los analistas creen que en los días por venir desde el Gobierno nacional vendrán más mensajes de que la situación en seguridad sí mejora mientras en los territorios, como se vio en los casos que han ocurrido en las últimas horas, hay un deterioro enorme.