La paz territorial empieza a echar raíces en Putumayo y Nariño

El gobierno del presidente Gustavo Petro logró un avance significativo en su propósito de transformar la geografía de esa Colombia tan profunda como olvidada. En Nariño y Putumayo, dos departamentos marcados por la violencia y el narcotráfico, comprometió a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) a que sus combatientes se ubiquen en puntos específicos, sin armas y con la voluntad de formarse para insertarse en la vida civil.

La CNEB es una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y cuenta con dos temidas estructuras: los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Entre ambas suman cerca de 5.000 colombianos, entre combatientes y auxiliadores, que ahora manifiestan su deseo de dejar la guerra.

Pero no se trata solo de silenciar los fusiles, sino de capacitarse para que cada uno de ellos dé el salto de las economías ilícitas a la economía lícita, dice Armando Novoa, jefe del Gobierno nacional en este proceso.

Para esto, se pondrá en marcha una ruta que se inicia con la agrupación de los combatientes, quienes llegarán a puntos fijos —denominados Zonas para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT)— sin armas y con la convicción de que las confrontaciones violentas deben quedar en el pasado.

“Esto es un gran paso porque estamos trazando un camino hacia la paz territorial”, afirma Novoa, quien subraya que la CNEB está dispuesta a participar en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Si esto se logra, sería un avance de dimensiones históricas, ya que entre ambos departamentos se concentran cerca de 100.000 hectáreas sembradas de coca.

Un mar de coca

Nariño ocupa el primer lugar entre los departamentos con más área de cultivos de coca —59.746 hectáreas—, lo que representa el 26 por ciento del total nacional. En el último año, en Putumayo, los cultivos de hoja de coca se incrementaron en un 77 por ciento, al pasar de 28.205 hectáreas a 48.034. Es un fenómeno que crece sin freno, pero que con procesos como este se le puede dar un giro 'en u'.

El acuerdo fue firmado por Walter Mendoza, comandante de esta estructura disidente, quien ingresó a las antiguas Farc en 1978, firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y las Farc, pero regresó a las armas dos años después.

En los últimos días, ha ocupado las primeras planas no solo por esa decisión, sino también porque se le responsabiliza del asesinato, el 9 de mayo de 2025, de 11 militares ecuatorianos durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Mendoza niega ese hecho, aunque la sola mención demuestra su capacidad militar.

Se trata de un proceso tan accidentado como ahora esperanzador. La CNEB se separó de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez para continuar en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional. Ahora afirma que la posibilidad de la reconciliación está cerca.

“Son procesos de diálogo y negociación complejos y con muchos retos, pero que van en la dirección de construir una paz con cambio y participación social, como lo ha liderado el actual Gobierno”, dice Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado.

Desafíos en el territorio

Uno de los puntos más significativos del acuerdo es la creación de las ZUT, que se iniciarán en el área rural del municipio de Roberto Payán, Nariño, en zonas aún por definir del departamento de Putumayo y, posteriormente, en otros puntos donde la CNEB tiene presencia.

Novoa precisa que en Nariño habrá unas cuatro o cinco, mientras que en Putumayo, unas tres. “La firma de este acuerdo es un hito importante porque abre una ruta concreta hacia la paz territorial”, dice.

¿Por qué ahora este proceso podría ser diferente? La organización disidente ha manifestado su voluntad de participar en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, no solo con su respaldo político, sino también involucrando a miembros de sus estructuras como participantes del proceso, sin armas ni uniformes.

En esos territorios se habilitarán ZUT, un concepto distinto al aplicado en lugares como el Catatumbo, el otro punto de la geografía nacional donde ahora se esperan avances en la paz territorial.

En el sur del país, “los excombatientes se agruparán para integrarse a programas de transformación de economías ilícitas en legales, entregarán sus armas, destruirán material bélico y participarán en la eliminación de minas antipersonales”, enumera Novoa.

Es, sin duda, una decisión de gran calado. Aunque no cuenta con el mismo impacto mediático que los hechos de reconciliación en zonas urbanas, su trascendencia es enorme para gente humilde y que ha vivido en ciclos de violencia sin fin. Estas son regiones históricamente olvidadas, dominadas por economías ilegales y con escasa presencia estatal. Esta combinación alimenta la violencia y las economías ilícitas.

Las diferencias son de peso

Sobre la diferencia con otras negociaciones, Novoa aclara que en este caso no se trata de una mesa tradicional como la que existe con las disidencias del ELN, también en Nariño. Aquí hubo una decisión unilateral de la CNEB de reincorporarse a la vida civil. Por eso se habla de “construcción” y no de negociación, lo cual marca un camino distinto y de fondo en los avances.

Los riesgos y desafíos, sin embargo, son enormes. En Nariño y Putumayo también hay presencia de otros grupos armados: los Comuneros del Sur, el grupo de Iván Mordisco en el norte de Nariño, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, y reductos del ELN. “Esto implica que, sin protección estatal, será difícil garantizar la sostenibilidad del proceso”, advierte Novoa. Ese es el reto: garantizar la vida a quienes ahora quieren deponer las armas.

Novoa rechaza cualquier comparación con lo ocurrido en el Caguán. En primer lugar, porque estas zonas de capacitación se crearán con programas piloto de transformación económica. En segundo lugar, porque no habrá presencia armada. Y en tercero, porque contarán con protección del Estado.

“No estamos hablando de zonas de despeje ni de impunidad. Lo que estamos pactando es la posibilidad de que, a través de políticas sociales, el Estado empiece a llegar a estos territorios”, señala.

Según Novoa, la política de paz total ha sido blanco de desinformación y muchas de sus acciones han sido tergiversadas. Jurídicamente, el Gobierno trabaja en garantizar seguridad para quienes firmaron el Acuerdo de Paz y luego se rearmaron. “No existe norma que impida rearmarse, pero lo que sí puede impedirlo es el cumplimiento de los acuerdos y el restablecimiento de la confianza”, afirma.

La idea es que estos grupos pasen de ser actores armados a convertirse en activistas de la transformación social, aprovechando su conocimiento del territorio y sus lazos con las comunidades.

¿Cuánto tiempo tomará este proceso?

Con el tiempo limitado que le queda al actual Gobierno, muchos se preguntan si el proceso podrá consolidarse. Novoa responde: “Ya presentamos una hoja de ruta y un acuerdo final para iniciar la implementación. A la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 se le asignaron 12 años. Nosotros llevamos apenas un año en esta mesa y ya hemos avanzado en más del 50 por ciento de la construcción del acuerdo mediante la lógica de pactos parciales”.

Transformar esos territorios no es tarea de un solo gobierno. Tampoco se trata de un proceso indefinido, pero debe entenderse que requiere tiempo. “No es tan corto como desearían sus impulsores, ni tan largo como afirman quienes critican la política de paz total”, subraya Novoa. “La paz territorial implica construir un Estado que ha sido históricamente inexistente en amplias regiones del país”, dice.

Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, explica que estas acciones reflejan la estrategia del Gobierno de focalizar ciertos territorios para implementar una triple intervención con actores armados. En lugar de una negociación nacional, se busca establecer “burbujas” locales con tres componentes: reducción de la violencia por parte del grupo armado, transformación territorial con inversión estatal y una ruta hacia el desarme o la legalidad.

Para Dickinson, estos anuncios formalizan esa estrategia, que ya se venía implementando. Aclara que, aunque las ZUT recuerdan a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del proceso con las Farc, en este caso se trata de generar burbujas de presencia estatal con intervenciones integrales y permanentes, que puedan expandirse progresivamente.

Dickinson destaca dos compromisos clave del acuerdo: la desvinculación de menores reclutados por la CNEB —siendo esta la primera vez que un grupo armado lo reconoce y se compromete públicamente a dejar de reclutar menores— y el desarrollo de un sistema para buscar a personas desaparecidas. Ambos son avances humanitarios de gran relevancia que deben cumplirse.

El poder de la paz

El ideal es la incorporación plena a la vida civil de los integrantes de la CNEB y su participación sin armas como una fuerza de paz transformadora.

Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla y analista de paz, señala que, si bien los anuncios son relevantes y se espera que contribuyan a reducir la violencia en los territorios, también surgen dudas.

La primera es la poca claridad del marco jurídico aplicable, especialmente sobre qué tipo de justicia se implementará para quienes dejen las armas: justicia transicional o justicia ordinaria. Muchos de los miembros de la CNEB participaron en el proceso con las antiguas Farc, por lo que no podrían acceder nuevamente a beneficios jurídicos, asegura.

Además, persisten dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad tanto a los desmovilizados como a las comunidades locales. En muchos casos, quienes dejan las armas seguirán conviviendo con otros actores armados, lo que puede generar nuevas disputas territoriales.

También preocupa la falta de claridad sobre el proceso de dejación de armas. Si las transformaciones territoriales se inician sin este paso previo, podrían generarse escenarios de clientelismo armado y legitimación de la violencia, al percibirse que la presión armada es la única vía para acceder a recursos del Estado, advierte Trejos.

Sebastián Guerra, analista del conflicto armado, sostiene que, entre otros factores, la presión para evitar la extradición de miembros de estos grupos ha acelerado la toma de decisiones en los procesos. Ante esta amenaza y frente a las disputas locales con otros actores, estos grupos parecen buscar “zonas seguras”, como las que promete el Gobierno con las ZUT, aunque aún no sea claro su propósito final ni si realmente serán herramientas eficaces para alcanzar el fin del conflicto, concluye el analista Guerra.