A 25 años del crimen contra Jineth Bedoya, altos funcionarios estatales entran en la mira de la justicia
La Fiscalía vinculó a exdirectores de la Dijín, el Inpec y la cárcel La Modelo a la investigación por el secuestro, tortura y violencia sexual sufrida por la periodista en el año 2000.
Por: Carolina Calero
Este miércoles 10 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación anunció la vinculación de varios exfuncionarios de alto rango a la investigación por el secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima. Entre ellos figuran los generales en retiro José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín, y Fabio Campos Silva, exdirector del Inpec.
La medida, tomada por la delegada ante jueces penales del circuito especializado, responde a un proceso penal por delitos de lesa humanidad. Según la Fiscalía, la periodista fue atacada mientras realizaba reportajes sobre masacres y desapariciones ocurridas dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá.
El alcance de la decisión no se limita a Gallego y Campos. También fueron vinculados Reinaldo Fierro Rico, exdirector del penal; Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector del Inpec; Jaime Gallo, exasesor de la dirección del Inpec; y Evangelista Basto, señalado como miembro del Frente Capital de las Autodefensas.
Los delitos que se investigan incluyen concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado. Todos son considerados crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles según la legislación nacional e internacional.
De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso el periódico El _Tiempo, l_os exfuncionarios habrían recibido pagos a cambio de su omisión, favoreciendo la comisión de masacres y desapariciones forzadas dentro de la cárcel. La Fiscalía también elevó un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que intervenga, en tanto los hechos están directamente relacionados con el conflicto armado interno, lo que abre la puerta a que los generales Gallego y Campos sean escuchados en ese tribunal especializado.
El secuestro y tortura a Jineth Bedoya
El caso se remonta al 25 de mayo de 2000, cuando Bedoya, entonces reportera de El Espectador, acudió a la cárcel La Modelo para cubrir una masacre de 32 personas ocurrida en su interior. Allí fue secuestrada por un grupo armado, trasladada fuera de la ciudad y sometida durante 16 horas a torturas y agresiones sexuales.
El expediente de la Fiscalía, que supera las 120 páginas, sostiene que la organización criminal responsable del ataque operaba con la complicidad de funcionarios estatales. Estos, en lugar de garantizar la seguridad en el penal, habrían permitido el ingreso de armas y facilitado la consolidación de estructuras paramilitares en La Modelo. Según reveló El Tiempo, ese escenario convirtió a la prisión en un espacio donde se planearon masacres y desapariciones, bajo la mirada permisiva de directivos y guardianes.
Este enfoque se conecta directamente con la condena que en 2021 profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones cometidas contra la periodista. En esa sentencia, el tribunal internacional ordenó medidas de reparación, garantías de no repetición y la obligación de continuar las investigaciones para identificar y sancionar a todos los responsables, incluidas las estructuras estatales involucradas.
A lo largo de 25 años, Bedoya ha enfrentado un camino judicial lleno de obstáculos. Aunque algunos paramilitares fueron condenados como autores materiales, las investigaciones contra los responsables intelectuales avanzaron lentamente. Esa falta de resultados motivó a la periodista a anunciar, hace pocos meses, su retiro del proceso.
“Al final nació un fruto que hoy es una política pública en el país. Pero lo más anhelado, mi aspiración de justicia, ha muerto. Sigo bajo amenazas de muerte, pero el sistema de justicia de mi país no fue diligente”, expresó Bedoya en un acto público al justificar su decisión.
La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, recordó en ese entonces que el retiro de Bedoya no exime al país de sus responsabilidades. “La decisión de la periodista de apartarse del proceso no libera al Estado de la obligación de garantizar justicia y protección a las víctimas”, subrayó.
El seguimiento del caso
A 25 años del secuestro y las agresiones contra Jineth Bedoya, la investigación sigue siendo un símbolo de la violencia ejercida contra las mujeres y contra la prensa en Colombia. Su historia refleja tanto la brutalidad del conflicto como la persistencia de un sistema judicial que durante décadas dejó en la impunidad a los responsables de mayor rango.
Este jueves 11 de septiembre, delegados de la Corte IDH realizarán un recorrido por la cárcel La Modelo, uno de los escenarios más oscuros del conflicto armado. Mientras que este miércoles se llevará a cabo una audiencia privada en la sede de la JEP, en la que Bedoya y sus abogados expondrán los argumentos sobre el incumplimiento de la sentencia internacional.
La vinculación de exdirectores de la Policía y del sistema penitenciario abre un nuevo capítulo que podría determinar si el país está dispuesto a enfrentar la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad.
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