‘Usan la democracia para llegar al poder y luego la desmontan, la asedian’: Fernando Carrillo

Fernando Carrillo Flórez lanza este viernes su libro Defender la democracia sin miedo desde la democracia. En este trabajo explica la importancia de desenmascarar a aquellos que la asedian y subraya la importancia de lograr acuerdos reales entre todos:

“Para lograr profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que fortalezcan la democracia no basta con llenar la plaza pública ni con salir a la calle a ganar aplausos de benefactores de los subsidios públicos”, advierte. “Se necesitan consensos políticos, pactos de largo aliento con diversos actores, que se traduzcan en caminos menos empedrados para profundizar la democracia y garantizar los derechos ciudadanos”, escribe. CAMBIO presenta en exclusiva fragmentos de su obra.

“En los tiempos de turbulencia que vive el mundo, muchos ciudadanos se preguntan si la democracia tiene la respuesta a las preguntas esenciales sobre un futuro de paz, bienestar y desarrollo. Colombia no es la excepción. A pesar de que un sector de la población defiende la repetida frase de que somos la democracia más sólida del continente, lo cierto es que el déficit democrático no ha parado de crecer. Si el descontento sigue aumentando, no será sorprendente que la democracia entre en una crisis profunda y que, a través de las urnas, un populista tome el poder con la intención de desechar el orden constitucional e instaurar un modelo autoritario.

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No es exagerado decir que nunca como ahora la democracia ha estado tan amenazada por el vertiginoso surgimiento de liderazgos políticos extremos, tanto de izquierda como de derecha, que promueven el autoritarismo, el desmantelamiento del sistema de frenos y contrapesos, la eliminación del Estado de bienestar, la cooptación de la justicia y el derrumbamiento de las barreras democráticas con constituciones hechas a la medida de sus ambiciones personales, sin el acompañamiento de los organismos multilaterales y sin medios de comunicación libres ni organizaciones de la sociedad civil autónomas. Todo esto con el fin de imponer una visión autocrática en la que las libertades individuales se pierden y el respeto a los derechos humanos se desvanece.

El Salvador con Bukele, Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro muestran una América Latina en la que la democracia ha sido utilizada para llegar al poder y luego desmontada, disminuida, asediada, relegada, ante un planeta que mira para otro lado, intentando solucionar otros problemas como invasiones, guerras, hambrunas, migraciones, violencia, actos de terrorismo y el impacto del cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana.

La crisis de la democracia no es una enfermedad del trópico. En un mundo en constante caos y reconfiguración, las potencias democráticas como Estados Unidos han visto cómo se han ido desvaneciendo las fronteras éticas. La política de manos limpias ha dado paso a un exhibicionismo caricaturesco, pero extremadamente peligroso, de actores absurdos con acceso al poder nuclear, como Donald Trump.

Estos actores desprecian a los medios, ridiculizan a las minorías, amenazan al Congreso, desconocen los resultados electorales, atacan a los migrantes, y, sin embargo, gozan del apoyo de millones de ciudadanos que se identifican con sus discursos de odio y los elevan al poder como el símbolo de un nuevo sueño americano marcado por el aislacionismo, sin migrantes, sin medios de comunicación que actúen con plenas garantías y sin derechos para las minorías.

Esa nefasta manera de hacer política, hoy made in USA, se ha exportado a través de los medios masivos y las redes sociales y ha engendrado una nueva forma de ganar elecciones, a cualquier costo, y destrozar la esencia de la democracia, profundizando su crisis.

Ante esa realidad las preguntas subyacentes son: ¿Cuánto se demorará Colombia en vivir un proceso similar a los experimentados en el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Milei o El Salvador de Bukele? ¿Tenemos hoy los suficientes mecanismos de defensa de la democracia? ¿Los conocemos, los estimulamos y protegemos? ¿Estamos ya en ese camino?

Este texto busca dar respuestas para que el lector valore la Constitución de 1991, nacida del más importante acuerdo político de la segunda mitad del siglo pasado, impulsado por jóvenes que marcaron la historia y fueron capaces de desencadenar, con su arrojo y valor civil, el derrumbe épico de la muralla centenaria de la Constitución de 1886, que impedía la modernización, la reconciliación y la reconfiguración del Estado para garantizar los derechos fundamentales.

Estas páginas son, asimismo, un llamado a la ciudadanía para que defienda la Carta Política de las aventuras reformistas que, en nombre del pueblo, la justicia social o la seguridad, puedan sumir a Colombia en el abismo del populismo o el autoritarismo. Tales acciones podrían revertir las conquistas políticas que han permitido la modernización del país y la creación de una institucionalidad que ha garantizado el cumplimiento de los acuerdos de paz de la década de los noventa del siglo pasado.

Los acuerdos hicieron posible que los reincorporados de la época vivieran en libertad y con plenas garantías, disfrutando de la paz firmada y conquistando, democráticamente, nuevos espacios de poder, hasta llegar a la presidencia de la República. Gracias a esa constitución también se firmaron los Acuerdos de Paz de La Habana con las extintas FARC, reafirmando su espíritu garantista al blindar su contenido e impedir su anulación por parte de gobiernos futuros.

Esa joven constitución treintañera ha soportado además los embates de los conservaduristas y nostálgicos de la Carta de 1886 de Rafael Núñez, resistiendo la reducción de las garantías y los derechos fundamentales. La tutela ha sido la gran sobreviviente de la mutilación continua del árbol frondoso de la Constitución y el mayor tesoro de una Colombia sumida en crisis recurrentes de la justicia, la economía y la política, en la que el ciudadano de hoy tiene plena consciencia de sus derechos y exige su cumplimiento. Defender la Constitución es un imperativo ético para impedir el derrumbe de la nación y la pérdida de la libertad, que es la primera condición de la dignidad del hombre y del desarrollo humano.

El estallido social de 2021, que arrinconó contra las cuerdas al presidente Duque, expresó el malestar de la sociedad con un Estado incapaz de resolver la pobreza, la violencia y la corrupción, las tres amenazas más grandes a la democracia y, para algunos, sus tres grandes promesas incumplidas. Precisamente ese estallido popular consolidó, en la pospandemia, el arribo al poder del primer presidente de izquierda, firmante de un acuerdo de paz, cuyo objetivo supremo era reformar a profundidad las instituciones, sin que hoy nadie conozca con exactitud cuál será el punto de llegada de sus ambiciones políticas.

Por eso, ante la amenaza de un nuevo proceso constituyente o un referendo popular al margen del orden constitucional, que es ciencia ficción en una mente hipercreativa que no concreta sus propuestas y confunde a la sociedad, hay que hacer pedagogía constitucional.

Es necesario contarle al ciudadano común que los mecanismos de defensa de la democracia están a la vista de todos y que son herramientas que se deben usar para garantizar que sea la razón, y no la locura reformista a ultranza, la que guíe el destino de los colombianos.

De ahí la idea resaltada en el título del presente prólogo: salvar la democracia sin miedo al cambio. Pero el cambio debe respetar líneas rojas imposibles de cruzar, como construir acuerdos, respetarlos, acatar la Constitución y no revivir la reelección presidencial. Tampoco se deben poner en entredicho libertades públicas o derechos, ni imponer reformas corrompiendo el Congreso, ni avivar un estallido social que se lleve por delante la Carta Política y tiña de incertidumbre el futuro.

Otras herramientas para defender la democracia son el contrapeso del poder judicial y el control constitucional. Baste recordar que, sin la existencia de la Corte Constitucional y el valor democrático de sus integrantes, en el período 2002-2010 Colombia hubiera sucumbido al delirio reeleccionista que cambió un artículo de la Constitución, creyendo que lo autorizaba a permanecer de manera indefinida en la Casa de Nariño, lo cual retrasó a Colombia en el tránsito hacia acuerdos de paz que pusieran fin a sesenta años de conflicto armado interno.

Además, sin la valerosa acción de la Corte Suprema de Justicia, el Cartel de la Toga habría continuado demoliendo la confianza en la justicia y denostando la dignidad del máximo tribunal. Son esenciales también para defender la democracia el Poder Legislativo, tan desprestigiado por la histórica baja representación de sus integrantes y su sumisión al Ejecutivo, y los partidos políticos, que se multiplican en Colombia a gran velocidad sin que signifiquen un aporte sustancial a la hora de construir gobernabilidad o acuerdos que permitan tramitar las reformas aplazadas por décadas.

De hecho, una pregunta fundamental que surge es con quiénes se logrará un acuerdo nacional que desbloquee la política e impulse esas reformas si los partidos políticos son excluidos del diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Para lograr profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que fortalezcan la democracia no basta con llenar la plaza pública ni con salir a la calle a ganar aplausos de benefactores de los subsidios públicos. Se necesitan consensos políticos, pactos de largo aliento con diversos actores, que se traduzcan en caminos menos empedrados para profundizar la democracia y garantizar los derechos ciudadanos.

Acuerdos que incidan en la desactivación de la polarización, la cimentación de la reconciliación y la estabilidad democrática. Acuerdos que conduzcan, además, a la superación del estancamiento legislativo, a la reforma de la justicia, la salud y la educación, al silenciamiento definitivo de los fusiles, a la protección de la vida y al fin de la larga noche de horror de la violencia, cuyas cenizas, después de acuerdos de paz, siempre vuelven a encenderse hasta formar llamaradas que arrasan con todo, incluso con la esperanza en la democracia.

Para ello, además, es necesario resignificar la importancia de luchar contra el exacerbado centralismo que domina todos los escenarios en un país hiperpresidencialista, que desprecia los liderazgos en los territorios y concentra el manejo del Estado en Bogotá.

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