El oscuro negocio de amigos de Char para modernizar los hospitales en Barranquilla y Cartagena

Hace unas semanas, CAMBIO reveló que las autoridades tienen la lupa puesta en un jugoso contrato que se firmó en la segunda Alcaldía de Álex Char en Barranquilla relacionado con la modernización de la red hospitalaria de la ciudad. El contrato, que se firmó en 2016, terminó costando 245.000 millones de pesos, casi 100.000 millones más de lo presupuestado.

Hay varias perlas: sobrecostos, obras inconclusas, remodelaciones que no pueden ser cuantificadas. Además, el contratista, íntimo de Char, ha estado relacionado con múltiples escándalos de corrupción.

Este medio investigó esa red de contratación y encontró lo que parece un modus operandi, pues ya había pasado lo mismo en Cartagena con los mismos personajes, aunque en esa ocasión sí fueron sancionados -por lo menos- disciplinariamente.

Los mismos actores, los mismos problemas

Para contar la historia de las irregularidades en la remodelación de los centros de salud de Cartagena y entender los vasos comunicantes con el caso de Barranquilla, hay que hacer una recapitulación de lo revelado por CAMBIO.

Además de las presuntas irregularidades en los contratos de remodelación de la red hospitalaria de Barranquilla, este medio reveló que el accionista mayoritario del consorcio Iconho, que operó esos contratos, es Gary Espitia Camargo, íntimo amigo de Char. Espitia ha estado envuelto en múltiples escándalos de corrupción que no han terminado en nada, como el sonado caso de la inconclusa Vía de la Prosperidad. Espitia es el primer vaso comunicante con el caso de Cartagena.

Él fue el contratista que, a través de su empresa Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A. (Coinses), ejecutó el contrato para la modernización de hospitales de Cartagena que quedaron inconclusos y abandonados desde 2015.

Esta historia se inició en 2014 durante la Alcaldía de Dionisio Vélez, quien llegó a la ciudad promoviendo un modelo gerencial como el de su amigo Álex Char.

La Silla Vacía cuenta que el alcalde Vélez había nombrado en 2013 a Martha Rodríguez Otálora como su secretaria de Salud. Rodríguez ocupó el mismo cargo en la Alcaldía de Char, por lo que el nombramiento fue una especie de cuota o guiño a ese clan.

En 2014, la entonces directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), Martha Cristina Rodríguez, abrió una licitación para diseñar, realizar estudios de ingeniería y construir, adecuar, ampliar, remodelar y dotar las instituciones de salud pública de Cartagena.

El 16 de septiembre de 2014, Martha Rodríguez adjudicó dos contratos para modernizar las Unidades Primarias de Atención (UPA) y Centros de Atención Permanente (CAP), para beneficiar a cerca de 470.249 habitantes del Distrito de Cartagena. El primer contrato por 29.893 millones de pesos se lo dio al Consorcio Salud Heroica, el cual contemplaba 25 instituciones de salud del grupo 1 y 2 (UPA). El segundo, se lo dio a Coinses S.A. por 64.061 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 14 meses y el cual contemplaba 41 instituciones de salud del grupo 3 y 4 (10 CAP y 4 hospitales).

Ambos contratos de obra incluían la ejecución de estudios y diseños definitivos, construcción, dotación y contingencias como la adecuación de inmuebles para reubicación provisional y la prestación de los servicios públicos.

Según la Procuraduría, esas obras quedaron a medias y aún no se sabe en dónde quedó la plata invertida.

En 2020, el entonces procurador Fernando Carrillo le puso la lupa al contrato y, por las faltas gravísimas cometidas en la ejecución del contrato, suspendió por ocho meses al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo y por 15 años a Martha Rodríguez. La decisión, por supuesto, no cobijó a los contratistas por la naturaleza del ente de control disciplinario.

“La sanción se da esencialmente por las irregularidades cometidas en toda la contratación de la infraestructura de salud de la ciudad, concretamente en la omisión en la destinación de los 100.000 millones, donde se violaron todos los principios de la contratación, de responsabilidad, de economía, de eficacia y transparencia”, dijo Carrillo en el periódico El Universal.

**Lo que la Procuraduría encontró es inaudito. Las obras que pretendían el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de Cartagena quedaron a medio camino y a merced de la intemperie y del vandalismo.

Además, las obras se hicieron sustentadas en unos diseños prototipo y sin tener en cuenta el verdadero estado físico de los bienes, ni quién era el dueño de los predios donde se iba a construir.**

Por otra parte, las obras se iniciaron sin las respectivas licencias de construcción y demás permisos legales. Como no había planes de contingencia para cada obra, optaron por priorizar 25 de las 39 en total, pero al final ni siquiera esas se terminaron. Además, encontraron que los costos superaron ampliamente las estimaciones iniciales. En otras palabras, las improvisaciones causaron un incuestionable detrimento patrimonial.

Se suma un proceso de la Contraloría

En 2019, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Fernando Vélez; la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Martha Cristina Rodríguez; el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios (Coinses) S.A., y los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena, quien se encargó de hacer la interventoría. En ese momento, la Contraloría dijo que el presunto detrimento patrimonial podría llegar a los 37.810 millones de pesos. Fue un anuncio más, pues cuatro años después, no ha pasado nada.

Bueno, lo que sí pasó es que en 2021 declararon la nulidad de todo lo actuado, volvieron a abrir el proceso pero, esta vez, no vincularon al exalcalde Vélez y disminuyeron el detrimento a 12.582 millones de pesos.

¿Quién investigará el descalabro?

Tampoco se sabe en qué van las investigaciones en la Fiscalía. Lo que sí se sabe es que después de dejar las obras inconclusas en Cartagena desde 2015, el contratista Gary Espitia cayó bien parado pues –un año después– fue contratado por su amigo Álex Char para replicar ese modelo de modernización que, como lo reveló CAMBIO, también tiene irregularidades, aunque en este caso la Procuraduría, ya en cabeza de Margarita Cabello, no ha entrado a cuestionarlo.

Eso está a punto de cambiar porque, según fuentes judiciales, la Fiscalía lo analizará al detalle.

Lo otro que se sabe es que a Martha Rodríguez también le fue bien. A pesar de su inhabilidad de 15 años por el caso de Cartagena, ahora es asesora de la gerencia de Mi Red EPS, el máximo operador de salud pública en Barranquilla que fue creado por Char en 2017.

Es decir, después de dejar semejante desastre en Cartagena, el contratista Gary Espitia y la directora del Dadis, Martha Rodríguez, fueron cobijados con la mano amiga de Álex Char. Ambos, por ahora, permanecen sin procesos ante la justicia.

CAMBIO se contactó con los involucrados, pero hasta el momento del cierre de esta publicación no respondieron.