¿Qué hay detrás de la pelea del Gobierno de Petro con el dueño de la revista 'Alternativa' y administrador del muelle 13 en Buenaventura?

Hace un año, cuando CAMBIO reveló por primera vez la historia del lío por el millonario contrato del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, se desató una pelea jurídica, económica y hasta política entre el Gobierno y el dueño de la empresa Ventura Group por el control de la terminal marítima.

Lo que al principio parecía ser una diferencia de conceptos sobre una decisión administrativa que tomó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en diciembre de 2023, ya va en un pleito de grandes proporciones que incluye demandas entre ambas partes e incluso acusaciones muy graves.

Por un lado, el Gobierno señala a la empresa de un presunto prevaricato por acción y hasta ecocidio y, por el otro, la compañía dice que las medidas en su contra tienen una falsa motivación y se trata de una persecución contra un importante representante del sector privado en Colombia.

El megaempresario detrás del contrato

Una de las razones de este intenso pleito tendría que ver con la persona detrás de la compañía involucrada. Se trata de Álvaro Rodríguez, el megaempresario dueño de Ventura Group que desde hace 30 años administra y opera la Unidad Operativa Muelle 13 en el puerto de Buenaventura.

Rodríguez ha financiado en el pasado algunas campañas de la derecha y también ha sido abiertamente opositor del Gobierno de Gustavo Petro. Desde su revista Alternativa, relanzada en el año 2020, ha promovido varios cuestionamientos a la administración actual y al comienzo de la misma puso en la dirección del medio de comunicación a Hassan Nassar, el exasesor de comunicaciones del presidente Iván Duque.

El ingrediente de la revista en toda esta historia cada vez toma más fuerza. Cuando se conoció que la ANI no iba a prorrogar el contrato del muelle 13, Hassan Nassar salió de la dirección de Alternativa. Además, en noviembre del año pasado y a la espera de una decisión final por parte del Gobierno sobre la infraestructura portuaria, la empresa dio a conocer que la versión impresa del medio no iba más.

Ahora, en el desarrollo de toda la polémica, la situación parece agravarse para la publicación. Si definitivamente Gustavo Petro le quita la concesión a Álvaro Rodríguez por los nuevos problemas que aparecieron y que tienen que ver con una presunta afectación ambiental, la revista desaparecerá del todo, dicen en la publicación.

Por lo menos así lo dieron a conocer en las últimas horas algunos periodistas que trabajan allí y que temen por su futuro laboral. Ellos advierten que el rollo con el muelle puso en jaque en materia financiera al grupo empresarial que hasta hace 12 meses contaba con un millonario contrato por 20 años más.

No obstante, desde la otra orilla, fuentes del Gobierno que conocen el proceso y que hablaron con CAMBIO, consideran que lo que ha pasado en todo este tiempo es el resultado de algunas malas decisiones y de trámites incompletos que ahora se deben surtir.

Es más, aseguran que las decisiones no tienen nada que ver con el hecho de que Alternativa sea un medio de oposición y que por eso no pueden usar el futuro de la revista como presión para que se favorezca a la empresa de Álvaro Rodríguez.

Así empezó el problema

Luego de una larga negociación entre el Gobierno nacional y el Grupo Portuario que hace parte de Ventura Group, la cual empezó en el año 2021 con el objetivo de prorrogar por 20 años más el contrato 002 de 2005 para la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, el 23 de diciembre de 2023 la ANI expidió la resolución con la que, por fin, aceptó la adición. Así, la Unidad Operativa del Muelle 13 de Buenaventura quedó en manos del operador privado hasta el año 2045.

Sin embargo, apenas cinco días después y mientras el Grupo Portuario celebraba la medida, la empresa recibió una sorpresiva noticia que expertos consideraron absurda: a pesar de los derechos adquiridos, y de que la resolución con la prórroga estaba en firme, el ministro de Transporte de la época, William Camargo, ordenó a su equipo revocar la decisión alegando una supuesta afectación ambiental.

A partir de ese momento empezó un rifirrafe entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Grupo Portuario. El mandatario de los colombianos anunció en varios escenarios que el muelle quedaría en manos de los pescadores y mientras tanto la compañía hacía todo lo posible por negociar su situación.

Las demandas de ambas partes

Como nunca hubo luz verde a una conciliación, la compañía de Álvaro Rodríguez se fue a instancias judiciales y puso una demanda contra la decisión de la ANI. La Procuraduría también se metió en este pleito al considerar que hubo una violación al debido proceso por parte del Ministerio de Transporte e inició una investigación y un trámite disciplinario contra el exministro Camargo y algunos funcionarios de la ANI.

A mediados de diciembre del año pasado, el contencioso falló a favor del Grupo Portuario y, al igual que la Procuraduría, ese tribunal advirtió que el Gobierno nunca pudo demostrar con estudios técnicos la tal afectación ambiental que motivó la decisión de no renovar el contrato.

A pesar de que en ese momento se pensó que el presidente Gustavo Petro perdió la pelea y no pudo lograr su objetivo de quedarse con la administración del muelle, iniciando 2025 llegó otra medida que volvió a mover el caso. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revisó la operación y al no evidenciar un adecuado plan de manejo ambiental tomó la decisión de suspenderla.

Así mismo, en línea con una demanda que en junio del año pasado puso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ante la Fiscalía, en la cual habló de prevaricato por acción al modificar el plan de manejo ambiental del muelle, la Anla tomó la competencia de esa terminal que antes tenía el Distrito de Buenaventura y se puso al frente de ese tema que vuelve a quedar en la cancha del Gobierno.

¿Por qué hasta ahora se mete la Anla?

La competencia para revisar ambientalmente la situación del muelle 13 se la quitó la Anla a la autoridad ambiental de Buenaventura (EPA) tras conocerse que esa terminal es de gran calado.

A pesar de eso, ni EPA ni el mismo Grupo Portuario informaron al Gobierno sobre su situación y solo hasta el año pasado, cuando en los medios se conoció lo que estaba pasando en Buenaventura, la Anla solicitó el traslado del expediente que le compete estudiar como entidad nacional.

A eso se suma otro factor: EPA aprobó en 2023 la modificación del plan de manejo ambiental que ahora es objeto de dudas. Aunque el Grupo Portuario siempre ha dicho que han cumplido con los requisitos establecidos en ese plan, la Anla empezó este año un proceso de control y seguimiento para saber si eso es cierto o no y si hay lugar a una investigación adicional o un proceso sancionatorio.

Dichas inquietudes están plasmadas también en la demanda de la ANDJE revelada por CAMBIO, la cual alega que hubo un “abuso de función pública de parte de funcionarios de EPA que dictaron la decisión cuando era competencia de la Anla, permitiendo un daño a los recursos naturales y un ecocidio por autorizar la invasión de un área de especial importancia ecológica, disponer el traslado del mangle y construir sobre la zona una placa de concreto”.

Al Grupo Portuario le toca ahora hacer un nuevo estudio en el que actualice las disposiciones de su plan de manejo ambiental con el fin de mitigar las afectaciones que se puedan dar por la operación de cargue y descargue de granos y minerales en el muelle.

Aunque la Anla dice que esa actualización y las medidas que se deben tomar no son lo mismo que una licencia ambiental, el nuevo plan sí debe contar con la aprobación de esa entidad para que la empresa pueda seguir operando en Buenaventura. Ese trámite puede tardar un largo tiempo y por eso la preocupación de la compañía que insiste en decir que tiene sus papeles al día.

Un pulso que ambas partes se han empeñado en ganar

Mientras todo eso sucede, tanto el Gobierno como la empresa involucrada en este asunto están empeñados en demostrar que tienen la razón frente a la situación ambiental del puerto.

Por un lado, la semana pasada la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que muestra fotos de algunos hallazgos que califica como críticos en el muelle y que, según la funcionaria, ponen en riesgo la salud pública y comprometen el medioambiente.

En el Muelle 13 de Buenaventura identificamos hallazgos críticos:
❌ Insalubridad alarmante en el almacenamiento de granos en descomposición.
❌ Plan de Manejo Ambiental desactualizado desde 2002.
❌ Estaciones de monitoreo ambiental inoperativas.
❌ Residuos sólidos, aguas… pic.twitter.com/6zDBwlxkXa

— Susana Muhamad (@susanamuhamad) January 10, 2025

En contraste, Luis Felipe Henao, abogado de Ventura Group, respondió publicando otras imágenes con las que muestra “otra realidad”.

#MINISTRANOMIENTA #FAKENEWS @susanamuhamad @petrogustavo esta es la realidad del Muelle 13. pic.twitter.com/P0I46QBJT0

— Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) January 10, 2025

Tanto el Gobierno como el Grupo Portuario han cometido errores en este caso. En primer lugar, la ANI tomó una decisión aparentemente sin fundamento que podría costarle muy caro al país al no tener en cuenta la supuesta afectación ambiental antes de aprobar la prórroga del contrato. Aunque después esa entidad se echó para atrás, lo cierto es que ya un tribunal dijo que no hubo un debido proceso y, en cambio, sí una falsa motivación.

A pesar de eso, la empresa insiste en conciliar y ha hecho varias propuestas para salir de este problema y desistir de la demanda. La ANI no ha querido ceder y con la participación de la Anla en este enredo le están complicando las cosas al empresario Álvaro Rodríguez y al muelle.

Entre tanto, la empresa debe explicar por qué no contó en su momento que recibía barcos de gran calado para que la competencia al revisar la situación ambiental pasara desde antes a la Anla.

Aunque el Grupo Portuario ha dicho en varios medios de comunicación que no mueven grandes cargas, en sus redes sociales hay publicaciones donde hablan de más de 2 millones de toneladas de maíz transportadas al año, lo que significa que están por encima del límite que establece la ley para considerarlos un puerto grande.

Luis Felipe Henao dijo en una entrevista con el programa 6 a.m. de Caracol Radio que lo que señala la Anla no es cierto porque tuvieron todo un año para verificar si se cumplía con los requisitos ambientales. Eso sí, recordó que en este momento existe una demanda por parte de Ventura Group que supera los 200 millones de dólares.

No obstante, indicó que a la empresa no le interesa ganar el proceso que puede durar tres años sino poder llegar a un acuerdo para seguir con el muelle y en contraprestación hacer inversiones de más de 75.000 millones de pesos en la zona.

CAMBIO buscó a la EPA para conocer por qué aprobó el plan de manejo ambiental del muelle 13 en 2023, pero no ha conseguido respuesta.