¿El fin justifica el incumplimiento?: el accidentado contrato para camionetas de la UNP
En menos de un año el contrato de camionetas blindadas para la UNP tuvo ocho modificaciones. Fotoilustración: Yamith Mariño - CAMBIO.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ha sido extrañamente indulgente con una unión temporal que debió entregar, en diciembre del año pasado, decenas de camionetas blindadas para la UNP. El contrato fue adjudicado a una firma en la que participan familiares del empresario Martín Manjarrés. ¿Qué hay detrás del proceso que se anunció como un freno a la cartelización empresarial?
Por: Ana María Cuesta
En el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, dice un adagio. Y eso es justo lo que hoy ocurre con un contrato por 28.774 millones de pesos que firmó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con la Unión Temporal Albo-Blink para proveer de camionetas blindadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). La empresa prometió que para el 20 de diciembre de 2024 la UNP tendría en sus manos 68 Toyota Fortuner último modelo de su propiedad, no alquiladas. Pero eso no ocurrió como se pactó. El viento con ese contrato sopló justo en la dirección en que se había anunciado.
El contrato protagonista de esta historia surgió del tercer intento que en menos de dos años emprendió el Gobierno de Gustavo Petro para que la UNP adquiriera, directamente, una flota de vehículos blindados que requieren los esquemas de seguridad de sus protegidos. El director de la entidad, Augusto Rodríguez, había anunciado la compra directa como un mecanismo para frenar la supuesta ‘cartelización’ de las empresas que arriendan dichas camionetas.
Pero la idea de Rodríguez no salió como él esperó. En 2023, una subasta que abrió la UNP por 65.000 millones de pesos fracasó, pues el único proponente que se postuló, UT Prode Blindados, no cumplió con los requisitos exigidos. En 2024, la entidad suscribió un convenio con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, un fondo con billonarios recursos adscrito al Ministerio de Defensa, que prometió la entrega expedita de las camionetas.
CAMBIO reveló en su momento que, presuntamente, detrás de esa movida contractual con la Agencia hubo guiños y gestiones de Andrés Sarabia, hermano de la entonces directora del Dapre, Laura Sarabia, para ese momento la mujer más poderosa de la Casa de Nariño.
Pero los primeros intentos con dicha Agencia también fracasaron. A mediados de 2024 se declaró desierta una subasta por 74.107 millones, porque el único proponente, UT Blindados C&N, tampoco superó el filtro. Y llegó el tercer intento. La Agencia Logística abrió otra subasta en septiembre, por el mismo precio, que fue revocada en octubre por la intervención de la Procuraduría.
Crédito: Colprensa.
Pero el proceso para las 170 camionetas que requiere la UNP se reabrió el mismo mes culminando en la adjudicación, el 4 de diciembre de 2024, de 64 vehículos por 28.774 millones de pesos con la Unión Temporal Albo-Blink, conformada en un 70 por ciento por Alborautos SAS y en un 30 por ciento por One Mobility, que hoy se llama Miaga SAS.
El nexo con el escándalo del ‘carrusel de blindados’
En la junta directiva de Miaga SAS figura Ana María Manjarrés, hija del empresario de los blindados Martín Ricardo Manjarrés, beneficiado en marzo de este año con una decisión judicial que tumbó la imputación que la fiscal Angélica Monsalve hizo en su contra, en 2022. El motivo fue su supuesta participación en un presunto caso de corrupción conocido como el ‘cartel de los blindados’, por lo que su caso se cayó y hoy se encuentra en etapa de indagación.
En ese proceso se investigan presuntas maniobras, entre otros, con oficiales de la Policía Nacional e integrantes de la Fiscalía, que habrían permitido, según el ente acusador, que las empresas de Manjarrés se quedaran con millonarios contratos con al menos nueve entidades del Estado con el suministro de información privilegiada.
En la junta y como accionistas también figuran las hermanas del empresario, Constanza y Martha Isabel Cabezas, y dentro de los accionistas en otro tiempo figuraron su hija y su exsuegra, María Zuluaga de Montes.
Crédito: suminisrado.
La empresa financiada por los Manjarrés se encargó en la UT Albo-Blink de aportar las experiencias que se requerían para ganar el proceso. Presentaron seis contratos suscritos con la Policía para acreditar la experiencia. Pero todos ellos figuran a nombre de las firmas 7M Group, antes llamada M&M Group, empresa de Manjarrés, en la que también participa Yonn Jairo García Rivera, su socio, imputado en el mismo caso y beneficiado del mismo modo por la nulidad de las diligencias.
Quienes fungían como representantes legales de One Mobility, o Miaga SAS, para la fecha en la que se ganaron el contrato para la UNP, Helver Lee y Pablo Zamora, también trabajaron para 7M Group.
Pero volvamos al contrato.
Crédito: suministrada.
El contrato de 64 camionetas que comenzó mal
El 4 de diciembre del año pasado, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, dirigida en encargo por Martha Eugenia Cortés Baquero, contrató a UT Albo-Blink para suministrar 64 camionetas Toyota Fortuner que cubrirían dos de las cinco regiones del país que el 'megacontrato' pretendía abarcar. Fue una subasta al menos en el papel, pues sólo se presentó esa única empresa, sin competencia ni puja alguna.
Para el 12 de noviembre, esa UT, representada por Luz Mila Benítez, no cumplía con dos de los requisitos técnicos requeridos, relacionados con certificaciones que se exigían de la casa matriz o del representante de Toyota en Colombia. Pero cinco días después presentó los documentos faltantes, por lo que superó expeditamente los filtros y la Agencia le entregó la jugosa contratación.
El contrato se firmó con el compromiso, concretamente la “obligación”, de que dicha empresa contaría con la disponibilidad total de las camionetas Fortuner modelo 2024, que se requerían con “urgencia”, y que debían ser entregadas el 20 de diciembre del mismo año. También se suscribió con el compromiso de girar un anticipo del 50 por ciento para la empresa ganadora. Pero llegó esa fecha y las camionetas se embolataron, amargando la Navidad en la UNP de Augusto Rodríguez.
Crédito: suministrado.
Estamos hablando de 64 camionetas Fortuner SR 4X4 Diesel 2.8, facturadas cada una por 208.250.000 pesos, con impuestos incluidos, más un adicional para cada vehículo por 214.900.000 pesos por concepto de blindaje IIIA, “trámites de matrícula, inclusión blindaje y SOAT”; GPS, accesorios y mantenimiento que se llevaron la mitad de dicho presupuesto.
CAMBIO ya había alertado desde el año pasado que el nuevo contrato sería una ilusión imposible de cumplir en la fecha pactada, pues, en el papel, prácticamente en 15 días debían entregarse todas las camionetas. “Es muy difícil blindar 64 camionetas en menos de 15 días y si una empresa no tiene la certeza de que se va a ganar el proceso, no puede adecuar los vehículos antes”. señaló una fuente a CAMBIO para ese momento.
Y así fue. En cuestión de días llegaron los primeros lamentos del contratista, atendidos complacientemente por la Agencia de la doctora Cortés, que les ha modificado el contrato ocho veces.
Las ocho modificaciones al contrato
El contrato, que debía culminar el 20 de diciembre de 2024, lleva ocho modificaciones, seis prórrogas y aún no ha culminado con satisfacción. El primer plazo se aprobó hasta el 20 de marzo, luego se extendió hasta el 20 de junio, y posteriormente hasta el 20 de agosto, el 20 de septiembre, el 20 de octubre. Y la última prórroga vencerá en noviembre.
El 20 de diciembre, cuando se esperaban las 64 Totoya, el supervisor del contrato informó una situación “de fuerza mayor” que expuso la unión temporal.
“Automotores Toyota Colombia, representante e importador de la marca japonesa, en estos momentos presenta una escasez marcada de unidades en el territorio colombiano. La referencia Fortuner 4x4 (ofertada por nosotros) en sus referencias SR (ofertada) y SRV, en este momento no hay disponibilidad inmediata de entrega para suplir la necesidad de la entidad”, señaló la señora Luz Mila Benítez.
Ella explicó que su proveedor dijo que “debido a las situaciones sui generis del proyecto, la marca no se podía permitir ampliar el margen temporal destinando estas unidades sin saber si el proyecto sería adjudicado o no”. También aseguró que, en Argentina, el fabricante más cercano, hubo inconvenientes con la materia prima de los chips semiconductores de los que dependen varias partes electrónicas.
La señora Benítez dijo tener en la mano 15 vehículos, que mandaría a blindar, pero que estaban retrasados por “las manifestaciones nacionales realizadas por la Minga y las restricciones vehiculares que reporta Fedetranscarga”. Contó que 20 restantes venían en camino en buque.
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En esa primera modificación del contrato se le permitió al contratista que se quedara con el 50 por ciento del anticipo “a título de mera tenencia”, conservando su condición de fondos públicos, indicando que si los manejaba mal tendría repercusiones legales.
La segunda prórroga, hasta el 20 de junio, se efectuó porque la Agencia explicó que el anticipo sólo le llegó al contratista el 7 de febrero de 2025, “lo que impactó considerablemente” la ejecución del contrato. Para dicha fecha, el contratista aseguró que ya tenía 41 camionetas, pero que las facturas de las mismas se entregaron el 1° de marzo y que estaban retrasados con trámites de placas y matrículas. Por lo general, la inscripción se hace previo al blindaje, pero la UT Albo-Blink mandó a blindar antes de matricular, e incluso, antes de recibir el anticipo, todo ello para “ahorrar tiempo”, según explicó la empresa.
La UNP modificó su convenio con la Agencia
Cuando se acercaba junio, vino el tercer cambio del contrato. En esa ocasión la excusa fue que la UNP modificó el convenio interadministrativo que firmó en 2023 con la Agencia Logística para reducir de cinco, a dos, las regiones en las que distribuirían las camionetas contratadas.
“La Unidad Nacional de Protección solicita modificar la Cláusula Segunda del Contrato interadministrativo Anexo 8, “zonas de distribución para la adquisición de vehículos” y justifica que debe realizar una nueva distribución de entrega de los vehículos, toda vez que no fue posible adjudicar los cinco (5) lotes previstos, por lo que en el presente proceso se adjudicaron dos (2) lotes”, señala la modificación.
En esa prórroga también se modificó el modelo de los vehículos que debía entregar la UT Albo-Blink: sólo serían 26 camionetas modelo año 2024 y los “42 vehículos restantes dejar la condición actual modelo no inferior al año de entrega”, dejando abierto el contrato por si algo más ocurría.
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Para el 13 de junio, la UNP advirtió que no contaba con ningún vehículo en mano pese a que la empresa decía haber nacionalizado 55 y que otros 13 estaban en camino. La Agencia Logística le respondió a la entidad que ya tenía listas 41 camionetas.
Y llegó la cuarta modificación en julio. Esta vez era para cambiar la cláusula del contrato sobre el lugar de ejecución del mismo y la forma de pago. Y el quinto cambio del contrato, que llegó en agosto, se produjo porque la empresa de la familia de Martín Manjarrés, One Mobility, dejó de llamarse así y pasó a ser Miaga SAS.
Para el sexto cambio ya se acreditó la entrega de 41 camionetas a la UNP, quedando pendientes el resto, advirtiendo situaciones de otras entidades como la Superintendencia de Vigilancia, que consideraron ajenas a las partes en el contrato. Aquí postergaron hasta el 20 de septiembre.
Y en el séptimo cambio el plazo para culminar se aplazó hasta el 20 de octubre, acreditando la entrega de otros vehículos en Cali, Medellín y Cartagena. La última prórroga, tramitada el pasado 20 de octubre, establece un nuevo plazo de un mes para finiquitar con éxito por cuenta de “novedades administrativas y técnicas sobrevenidas que han generado retrasos en la culminación de los trámites necesarios para la correcta entrega y legalización de los vehículos”.
CAMBIO solicitó explicaciones a la UNP y a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares sobre los constantes cambios a favor del contratista. Desde la UNP hubo silencio por una incapacidad médica de su director, Augusto Rodríguez, y desde la Agencia no se pronunciaron ni aclararon cuántos vehículos ya están al servicio de los esquemas de protección.
¿Contrato sin el lleno de requisitos legales?
Este medio consultó a juristas independientes sobre esta situación que parece a todas luces atípica e indulgente en la contratación estatal. Uno de los expertos señala que, posiblemente, en este proceso contractual pudo darse un escenario de un contrato sin el lleno de los requisitos legales, que castiga a los servidores públicos que tramiten procesos “sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos”.
“La interpretación jurídica del contrato nos permite verificar que su plazo de ejecución era hasta el 20 de diciembre de 2024., el contrato se suscribió el 4 de diciembre, esto es, 15 días para ejecutar 28.000 millones de pesos. Lo anterior permite advertir una evidente falta de planeación, lo cual estructuraría en su contexto un posible contrato sin el lleno de los requisitos legales, castigado por el ordenamiento penal colombiano”, señala la fuente.
“Llama la atención el número de modificaciones contractuales, sin que se haya aplicado las cláusulas vigésima primera y vigésima segunda para la imposición de multas, cláusula penal y/o declaratoria de incumplimiento a través de la audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. No solo es por carencias en la idoneidad del contratista, sino del comité y la entidad que seleccionó dicha propuesta, en un proceso de selección a todas luces mal planeado”, señala otro experto.
En el marco de este accidentado proceso contractual han surgido varios comentarios sobre hechos oscuros que este medio no ha podido comprobar. Serán autoridades como la Procuraduría las que tendrán que verificar si los incumplimientos que se justificaron y se pasaron por alto en este proceso configuran algún tipo de falta o no.
ana.cuesta@cambiocolombia.com.
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