Mientras se formalizan docentes y faltan recursos, la reforma a la educación sigue en pausa: ¿por qué no se agenda la discusión?

“Nuestra exigencia es que se tramite la reforma a la educación”, dice Steven Bautista, integrante del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional. Ese reclamo no es solo suyo, sino de estudiantes, profesores y hasta de las mismas universidades públicas en el país que desde hace varios años enfrentan una crisis financiera que ha alcanzado uno de sus puntos más críticos.

Para atender este fenómeno, una de las soluciones que propone el gobierno de Gustavo Petro es que se apruebe la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establece las fuentes de financiación de las instituciones de educación superior públicas del país. Si bien la iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en su primer debate en la Comisión VI de Senado, el trámite parece estar pausado en la plenaria. Mientras tanto, las universidades siguen con las cuentas ajustadas.

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El 'agravante' financiero y los caminos

A todo eso se suma un factor agravante: que esta semana el Gobierno emitió el decreto 0391 del primero de abril de 2025, con el que ordena a las universidades públicas del país comenzar con un plan de formalización para evaluar su planta docente, ver las necesidades y contratar oficialmente a las y los maestros. Es decir, en un plazo de dos años deberán terminarse los contratos temporales y a término fijo.

Esta es una apuesta destacable porque permite que los profesores tengan mejores condiciones laborales, como un salario garantizado durante todo el año y prestaciones sociales. El problema es que no se establecen nuevas fuentes de financiación y —como hemos visto— los recursos actuales no son suficientes.

¿La solución? Los expertos en el sector dicen que es fundamental establecer nuevas fuentes de financiación para las universidades públicas, pero también dicen que se debe ampliar la base presupuestal que reciben año a año. Justo esto último es lo que se intenta hacer con la reforma a los artículos de La Ley 30.

¿Por qué no se agenda la discusión?

Congresistas cercanos al Gobierno dicen que el problema está en la mesa directiva del Senado, que es la que “no quiere asignarle ponentes”. Por ende, no se ha presentado la ponencia para segundo debate. Como le dijo un congresista del Pacto Histórico —coalición de gobierno— a este medio: “la están intentando hundir”. Además, sostienen su argumento en que la presidencia del Senado está en manos de Efraín Cepeda, un “conservador opositor a Gustavo Petro”.

Pero por el otro lado, los congresistas independientes, como la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso y una de las autoras del articulado, el trámite no ha avanzado lo suficiente porque el gobierno no ha puesto en interés en sacarlo adelante.

“La prueba de que no es por el Congreso que no avanza, es que este proyecto pasó por unanimidad en el primer debate, pero claramente un proyecto que tiene un impacto fiscal, pues la velocidad a la que avanza depende mucho del concepto fiscal del ministerio de Hacienda. A día de hoy, eso no existe”, como dijo la parlamentaria en diálogo con CAMBIO.

Desde el Ministerio de Educación, en cambio, dicen que ellos sí están impulsando el articulado. De hecho, Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, le dijo a este medio que vienen avanzando en recoger las inquietudes de los congresistas. “Ese proyecto ya fue aprobado en Comisión Sexta de Senado y eso ya es un avance histórico porque nunca se había contado con una aprobación de una reforma a este nivel. Por ahora, estamos a la espera de la programación”, aseguró.

Como fue aprobado en primer debate, el proyecto no muere al menos hasta 2026. El problema que ven algunos es que si no se tramita antes del 20 de junio es poco probable que tenga futuro en la última legislatura, en la que todos están pensando en hacer campañas para reelegirse o para apoyar a algún político cercano.

A esto se suma una dificultad adicional. ¿Cuál? La consulta popular con la que el gobierno intenta buscar apoyos en las calles para salvar la reforma laboral, una iniciativa que se hundió en el Senado. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el interés del Ejecutivo estará en recoger votos en las calles.

“Este proyecto no ha sido una prioridad para este gobierno, pero más allá de la consulta, lo más grave es la declaración de Armando Benedetti”, dijo Pedraza.

‘Es necesario que se apruebe para mejorar las condiciones de las universidades’: el reclamo de movimientos y estudiantes

Si no se aprueba la ‘mini reforma’ para mejorar la financiación de la educación, expertos, congresistas y movimientos dicen que se podría acentuar la crisis que hoy viven las instituciones de educación superior. Es decir, podríamos ver a menos profesores contratados, edificios en peores condiciones y más problemas en el acceso a la educación.

Con la agravante del decreto de formalización que, según Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, generaría costos adicionales de 0,4 billones de pesos anuales para las instituciones públicas. Por eso, insisten en hacer un llamado para que se agilice el trámite.

“Si se aprueba, Putumayo tendría una universidad pública, se solucionarían problemas de infraestructura en universidades como la Nacional —que hoy tiene edificios que se están cayendo—, se generaría una base presupuestal para los institutos técnicos, se ampliaría la planta docente y mejorarían las labores misionales”, detalló Steven Bautista, líder estudiantil.

Con eso coinciden voces de otros colectivos, como Yenny López, exlider estudiantil. Para ella, ese ingreso justo de recursos posibilitaría “el avance en las políticas de género y en los programas de bienestar”.

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A esas declaraciones se suma la de Óscar Domínguez, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), quien asegura que “esa iniciativa es un requisito necesario para superar el desfinanciamiento estructural que trae la educación superior pública desde hace más de 30 años”.

Sin embargo, también fue claro en decir que se necesitan otras modificaciones en esa ley que permitan llevar al sistema educativo a la vanguardia. “Creemos que este es un momento histórico para que el Congreso avance en la modificación a los artículos 86 y 87 para garantizar la sostenibilidad de las instituciones”, enfatizo.