12 años de prisión para Álvaro Uribe: los coletazos de una condena para la historia

El siete de agosto de 2002, Álvaro Uribe Vélez se posesionó como presidente de la República, tras ser elegido en primera vuelta con la más alta votación registrada hasta entonces. Cambió la Constitución para reelegirse y, como se le cayó su intentona de aspirar a un tercer periodo, usó su inmensa popularidad –por entonces cercana al 90 por ciento– para señalar con el dedo a su sucesor. Luego de pelear con Juan Manuel Santos, se inventó un partido para hacerle oposición y logró elegir a la bancada más grande en el Congreso.

La fuerza de Uribe alcanzó para que su candidato, Oscar Iván Zuluaga –hoy acusado por el escándalo de Odebrecht–, ganara la primera vuelta y, cuatro años después, para entregarle las llaves de la Casa de Nariño a un novato: Iván Duque. Nadie duda de que este antioqueño de 73 años ha sido el factor determinante de la política y de la economía nacional en el último cuarto de siglo. Si a cualquier colombiano le preguntan quién es el hombre más poderoso del país, la respuesta, sin lugar a dudas, será Álvaro Uribe Vélez.

A principios de los 2000, en pleno apogeo del todopoderoso Uribe, nadie podía imaginarse que 25 años después aparecería derrotado, oyendo con atención la voz de la jueza Sandra Heredia mientras le leía la sentencia que lo convirtió en el primer expresidente de la historia de Colombia en ser condenado. Los 12 años de prisión domiciliaria que tendrá que enfrentar el exmandatario, si el fallo se mantiene en firme, más que un punto de llegada, representan el comienzo de una guerra política con la que, una vez más, Uribe se convierte en el principal protagonista del debate electoral.

A ese escenario no se llegó por accidente. Los cargos formulados contra Uribe obedecen a consideraciones eminentemente jurídicas y su proceso ha gozado de plenas garantías. Aunque existen juristas serios que tienen diferencias de fondo sobre los argumentos de las víctimas, de la Fiscalía y de la jueza en este proceso, se trata de debates propios de derecho, que no solo se fundan en las normas, sino en la interpretación que se les da a las mismas. Lo anterior es usual en cualquier proceso, y no puede usarse como argumento para decir que el expresidente fue víctima de una persecución política. Sin embargo, por tratarse de una disputa entre el caudillo más influyente de Colombia y uno de los senadores de izquierda más reconocidos, era imposible que el caso no se politizara.

Así las cosas, el juicio contra Uribe acabó disputándose en dos cortes al mismo tiempo: la de los tribunales y la de la opinión pública. Existen muchas razones por las que el expresidente fue vencido en juicio, pero tal vez la más evidente es la equivocada estrategia de su portentosa batería de abogados. Mientras que los defensores de las víctimas jugaron al tiempo en la cancha de la justicia y de la opinión pública, Álvaro Uribe y sus abogados se dedicaron a instalar su narrativa en los micrófonos y se olvidaron de lo que sí importaba: demostrar su inocencia ante la justicia.

Esa línea narrativa de Uribe y su defensa siempre sostuvo que el expresidente no solo fue víctima del senador Iván Cepeda, de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, sino de los magistrados José Luis Barceló y César Reyes; de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigó; de las juezas que negaron dos veces la preclusión solicitada por la Fiscalía en la era de Francisco Barbosa; de la prensa, que reportaba sobre el caso, y hasta del propio Diego Cadena. En esa medida, dedicaron buena parte de sus actuaciones en el juicio a desvirtuar la credibilidad de los testigos, la legalidad de las pruebas, la imparcialidad de sus jueces y buscaron probar situaciones que nada tenían que ver con los delitos concretos que se le imputaban al expresidente.

Por ejemplo, citaron a 12 testigos para tratar de demostrar que Juan Guillermo Monsalve no fue paramilitar, algo irrelevante para esta acusación. Algo similar ocurrió con la prueba del reloj espía. En lugar de demostrar que su cliente no fue el determinador de las acciones de Diego Cadena, dedicaron sesiones enteras a cuestionar la cadena de custodia y la legalidad de la prueba. Pasó lo mismo con la famosa frase “Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien”: los doctores Lombana y Granados concentraron sus esfuerzos en establecer por qué dicha interceptación era ilegal y no podía ser tenida en cuenta y poco se ocuparon del comprometedor contenido de esa conversación.

Aunque en la derecha y el conservatismo colombiano la tesis de la persecución se ha impuesto, lo cierto es que este proceso, desde su origen, es consecuencia de las acciones del mismo Álvaro Uribe. Él fue quien decidió denunciar a Iván Cepeda por la misma conducta que hoy lo tiene preso en su casa en Rionegro. La decisión de sumar a su equipo de abogados a alguien tan cuestionado y resbaloso como Diego Cadena fue suya, incluso desestimando el consejo de los abogados Granados y Lombana, que lo han asesorado por años, y quienes no veían con buenos ojos la presencia de semejante personaje. Fue Uribe quien renunció al Senado para evadir a la Corte y ser investigado por la Fiscalía, entonces dirigida por Francisco Barbosa, amigo personal del entonces presidente Iván Duque.

Asimismo, en un hecho casi inédito, Álvaro Uribe decidió asumir su propia defensa material en la que, si bien pudo demostrar su profundo conocimiento del caso y buscó rebatir varios argumentos jurídicos de su contraparte, se centró más en hablarles a sus bases y en los ataques personales a sus contradictores en el juicio, incluyendo a la jueza. Si lo que ocurrió durante la audiencia fue cuestionable, la actitud del uribismo por fuera de ella fue cuando menos alarmante. Muchos de los seguidores de Álvaro Uribe, que van desde ciudadanos del común hasta congresistas y expresidentes de la República, se volcaron a perseguir, perfilar y estigmatizar a cualquier persona natural o juez competente que no comulgara con las tesis de su líder.

Los ataques se mueven en un rango amplio. Algunos son simples trinos de ilustres desconocidos; otros, visitas de delegaciones parlamentarias a los Estados Unidos para decirles a las autoridades gringas que en Colombia se acabó la división de poderes y que el presidente Gustavo Petro utiliza un aparato politizado de justicia para perseguir a sus contradictores al mejor estilo de Nicolás Maduro. Eso, por supuesto, carece de fundamento real.

Otra elección alrededor de Uribe

La imagen de Álvaro Uribe detenido tiene dos lecturas diametralmente opuestas. Hay quienes la ven como la caída de una leyenda, otros apenas como un golpe del que resurgirá victorioso eligiendo -desde su lugar de reclusión- a la bancada mayoritaria en el Senado y al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. En un contexto político distinto al nuestro, una condena a 12 años sería el puntillazo final de una carrera política, un título de indignidad y el objeto de una dura sanción social. Pero, por lo visto, el caso de Álvaro Uribe pinta más parecido al de Donald Trump que al de Alberto Fujimori.

Por varias razones, los vientos de la política parecen estar a su favor. En primera medida, la tesis de la persecución político-judicial contra Uribe ha sido acogida por una parte importante del electorado. Algunas de las indelicadezas innecesarias en el proceso, como el comentario salido de tono de la jueza Heredia sobre la “gallardía” de Tomás Uribe, contribuyen a esa narrativa. Sobre lo mismo, existen juristas serios que consideran excesiva la cuantía de la pena e innecesaria la orden de casa por cárcel inmediata sin que la condena esté en firme. Los precarios resultados del gobierno también constituyen un terreno abonado para la derecha en las próximas elecciones y el atentado a Miguel Uribe Turbay sacudió el ajedrez político en ese mismo sentido.

Entre tanto, el senador Iván Cepeda, quien hasta ahora solo había aspirado a ser un muy buen parlamentario empieza a pensar seriamente en la posibilidad de lanzarse a la Presidencia de la República. Aunque Cepeda está en todo su derecho de emprender ese camino, si decide hacerlo, les dará a sus contradictores el pretexto perfecto para decir que su llegada a la Casa de Nariño es la culminación de una milimétrica persecución político-jurídica que empezó a fraguarse contra Uribe hace más de una década.

Sin embargo, el principal caballito de batalla del uribismo en las próximas elecciones será el contraste de las demoras de la justicia transicional en imponer sanciones significativas a los exintegrantes de las antiguas Farc, responsables de crímenes de lesa humanidad, frente a la condena al expresidente. Aunque se trata de una comparación entre peras y manzanas, la inmensa mayoría de los colombianos no dominan las teorías jurídicas que sustentan la necesidad de la justicia transicional. En ese tribunal se sacrifica la plena aplicación de la justicia punitiva a cambio de desmovilizar a un grupo insurgente, obtener verdad, reparación y no repetición. La justicia ordinaria no tiene esos atenuantes y en ella los ciudadanos del común deben someterse sin contemplaciones a los designios del código penal.

A los entendidos del derecho y a los estudiosos de los procesos de paz esa explicación puede sonarles lógica. Sin embargo, como argumento electoral resulta muy efectivo decir que Uribe está preso, mientras que los máximos cabecillas de las Farc no han pagado un sólo día de cárcel, se mueven cuidados por la policía en esquemas de seguridad, ganan casi 50 millones de pesos al mes y, por si fuera poco, sus aportes a la verdad sobre los graves crímenes que se les endilgan son tan parciales como discutibles. Aunque esa realidad tiene una explicación jurídica, el contraste es un sapo muy difícil de tragar para una buena parte de los colombianos.

El caso de Álvaro Uribe está lleno de paradojas. Por un lado, acabó preso por un proceso que él mismo arrancó. Pero lo que más llama la atención es que el expresidente, que ha sido señalado de lo divino y lo humano, terminó cayendo por un delito relativamente menor, frente a la gravedad de otros hechos que algunos le atribuyen. Uribe ha sido mencionado desde su rol en la gobernación de Antioquia de haber permitido el crecimiento del paramilitarismo a través de las Convivir y de supuestamente tener conocimiento previo de las masacres de El Aro y La Granja; así como de haber promovido una política de seguridad con tal presión por resultados que acabó en la ejecución extrajudicial de al menos 6.402 civiles inocentes. Eso, por no hablar de los problemas judiciales de algunos de los miembros de su familia y los funcionarios de su gobierno que terminaron presos.

La orden de detención contra Álvaro Uribe ha generado indignación entre sus seguidores. Sus detractores, por su parte, sienten que por fin se hizo justicia para un hombre que parecía intocable. El hecho de que la justicia les toque la puerta a quienes ostentan el poder es un síntoma de un Estado más sólido. Sin embargo, no puede caerse en el error de pensar que la condena a Uribe muestra una nueva realidad del sistema penal colombiano que, a partir de hoy, ya no tiene miedo de meterse con los presidentes. Esa lectura es equivocada. Es importante aclarar que si bien Uribe ocupó la presidencia en dos períodos, está ahora condenado a 12 años de prisión porque fue juzgado como particular y por hechos ocurridos cuando era senador. El diseño institucional que hace imposible juzgar a un presidente en ejercicio o a un expresidente por hechos cometidos durante su mandato, sigue intacto.

En la víspera de la condena, algunos llegaron a pensar que la imagen de Uribe preso iba a incendiar el país, sacar a la gente a las calles y generar una situación de crisis institucional. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Y, al contrario, en los abogados de ambas partes y en algunos sectores políticos se han visto actitudes sensatas y voces que llaman a la mesura. Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria, representa un desafío para la institucionalidad colombiana. Aunque la jueza Heredia lo halló responsable de actos delictivos, el expresidente Uribe, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que la decisión quede en firme. Cualquiera fuere el desenlace de la novela, se espera que quien salga derrotado lo acepte con altura y sin ataques a los servidores judiciales.