La encrucijada del caso Nicolás Petro: presiones, cartas cruzadas, filtraciones y la credibilidad de la Fiscalía en juego

La investigación contra Nicolás Petro se convirtió en un reality show desde el comienzo. Todo el proceso se filtró a los medios de comunicación a pesar de que muchas de las piezas eran reservadas. Y en vez de proteger semejante caso, en las últimas semanas del fiscal Francisco Barbosa, acérrimo opositor del presidente, exprimieron el expediente hasta el tuétano y, como pocas veces sucede en casos como este, se conocieron hasta las imágenes de las capturas de Petro y su esposa, Laura Ojeda. Ambos aparecieron casi desnudos ante las cámaras. El proceso, inicialmente en manos del fiscal Mario Burgos, es una muestra de la politización de la justicia en Colombia. 

Se trataba de una acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente de la República. Un proceso que, tramitado con rigor y altura, ya debería tener resultados en los estrados judiciales. Pero dos años después todavía no se ha iniciado el juicio, la fiscal del caso ha denunciado presiones indebidas, Nicolás Petro está libre, su abogado ha denunciado a los investigadores por la filtración de piezas procesales y el proceso está lejos de concluir.

Detrás de todos los titulares rimbombantes y coloridos que ha dado el caso, la gran perdedora ha sido la justicia, pero sobre todo, la Fiscalía, que hoy es representada por Luz Adriana Camargo. Una fiscal general que ha optado por el bajo perfil y el silencio frente a los medios de comunicación. Esa distancia, sumada a la inacción en expedientes de connotación nacional, ha terminado por consolidar una percepción que se hace cada vez más sonora e incómoda para ella: la de una fiscal más funcional al poder que a la justicia.

Las cartas de la discordia

Esta semana que pasó estalló un nuevo capítulo relacionado con el manejo del caso. Todo comenzó con la carta de la fiscal Lucy Laborde. En ella, advierte que la Resolución 33, firmada el 8 de septiembre, asignaba a su despacho una “fiscal de apoyo” que, en la práctica, limitaba su autonomía. La denuncia fue clara: la medida no era un acompañamiento administrativo, sino una intromisión indebida.

La fiscal general respondió con un tono institucional. En un oficio del 23 de septiembre, Camargo defendió la figura: aseguró que la designación de fiscales de apoyo se usa “en forma cotidiana” para “brindar acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” y que “no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”. Sin embargo, para calmar las aguas, ordenó revocar la designación.

Camargo también explicó por qué el 18 de septiembre se convocó una mesa de trabajo entre las direcciones de Lavado de Activos y Corrupción: había una aparente duplicidad de hechos en poder de la Fiscalía 16 de Corrupción, derivados de copias compulsadas por el fiscal Mario Burgos. Según ella, se trataba de una reunión “habitual” para evitar duplicidades, no de un intento por quitarle el caso a Laborde.

La defensa de Nicolás Petro contraatacó. CAMBIO conoció una carta que le envió el abogado Alejandro Carranza a la fiscal Camargo, en la que califica la misiva de Laborde como una “cortina de humo” y sostuvo que la autonomía fiscal “no es un privilegio personal” ni un blindaje contra el control institucional. Para la defensa, el verdadero escándalo no está en las reuniones internas, sino en las filtraciones que Nicolás Petro le atribuyen a Laborde y que comprometerían su honestidad. 

Carranza señaló con fechas y horas la acusación: el 6 de septiembre la candidata Victoria Dávila anunció a las 8:00 de la mañana que Nicolás Petro sería imputado y, a las 4:16 de la tarde publicó el documento oficial en X. Todo esto —dice la defensa— ocurrió antes de que el procesado y su abogado fueran notificados.

“Ahí está la vulneración al debido proceso, no en la autonomía de la doctora Laborde”, escribió Carranza en su memorial.

Eso deja una pregunta de fondo: ¿cómo debería ser el papel de la fiscal general en los procesos en los que se tocan las fibras más sensibles del poder?

Lo que muestra la historia reciente

La manera en que la Fiscalía ha manejado los casos que comprometen al poder de turno, en la historia reciente, es la mejor respuesta a esa pregunta. Basta hacer un breve recuento para evidenciar que ese tipo de procesos siempre han terminado en lo mismo: poca acción de la justicia, peleas mediáticas entre las partes, impunidad, titulares escandalosos en la prensa y la imagen de la Fiscalía en picada.

Según el Panel de Opinión 2025 de Cifras & Conceptos, la Fiscalía General de la Nación obtuvo una puntuación promedio de 55 sobre 100 en el indicador de confianza institucional, ubicándose por debajo de entidades como la Corte Constitucional (76) y la Corte Suprema de Justicia (74). Esto no es de ahora: en la medición del año pasado el ente acusador obtuvo 51 puntos.

Durante la administración de Francisco Barbosa, la Fiscalía naufragó en dos casos emblemáticos. Primero, la investigación contra José Guillermo Hernández, alias Ñeñe Hernández, el ganadero con vínculos políticos que fue grabado hablando de una supuesta compra de votos para la elección del presidente Iván Duque. Su interlocutora era nadie menos que María Claudia Daza, conocida como ‘Caya Daza’, quien trabajaba en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Álvaro Uribe Vélez. A pesar de esas interceptaciones filtradas y las citaciones a los involucrados, entre otros, la Fiscalía archivó la investigación argumentando que no existían elementos suficientes para inferir delito electoral y, así, el caso quedó reducido a ‘Ñeñepolítica’, un escándalo con más ruido que resultados judiciales concretos.

Por otro lado, está el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos, que fue tratado con evidentes vaivenes procesales y cambios de fiscales que expusieron la estrategia que hubo en su administración para beneficiar al exmandatario. En ese periodo, la Fiscalía designó a al menos tres fiscales diferentes para ese expediente —Gabriel Jaimes, Javier Cárdenas y Andrés Palencia— como intento reiterado de cerrar la causa por preclusión, aunque todos fueron negados por juezas de circuito y magistrados del Tribunal. En suma, lo que debió ser un caso emblemático de altura judicial contra un expresidente de la República terminó convertido en un carrusel de recusaciones, renuncias y dilaciones, con la justicia en el centro del espectáculo y la Fiscalía viendo su credibilidad en entredicho.

En la era de Néstor Humberto Martínez ocurrió algo similar con Odebrecht, el mayor escándalo de sobornos transnacionales en América Latina. En ese entonces, la Fiscalía abrió múltiples líneas de investigación dentro de las cuales estaba la financiación ilegal a las campañas políticas, pero los grandes nombres del poder político aparecieron muy poco en los casos que llegaron a los estrados judiciales y, los cuales, quedaron cerrados con la judicialización de, por ejemplo, de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, que asumió toda la responsabilidad, y del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo.

En ese proceso, la incapacidad de la Fiscalía para llevar las investigaciones hasta los niveles más altos del poder quedó en evidencia cuando en octubre de 2023 se conoció un acuerdo de Corficolombiana con la justicia estadounidense en el que acepta su responsabilidad en los sobornos, pero señala como principal culpable de todo a Melo. Él solo está condenado en el país por el primer soborno de 6,5 millones de dólares que se pagó en 2009 al entonces director del Inco, Gabriel Ignacio García Morales –también condenado–, para adjudicar la Ruta del Sol II. Es decir, la justicia colombiana sigue en mora porque, a la fecha, nadie ha respondido por el soborno que pagaron en 2014 por la adición de Ocaña-Gamarra, y menos por la nueva coima de 3,4 millones de dólares que se reveló en el acuerdo de la empresa con Estados Unidos.

Según el documento de acuerdo, el soborno se habría pagado a favor del misterioso ‘Colombian Official 3’, que hizo parte del Gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2018, con el propósito de que asegurara la adición del tramo Ocaña-Gamarra al Contrato de Ruta del Sol 2. Dos años después de que Corficolombiana haya aceptado la responsabilidad, la Fiscalía sigue sin meterle el diente al tema.

Esos casos no solo revelan fallas aisladas, sino patrones que hoy adquieren relevancia en el proceso contra Nicolás Petro: la justicia tropieza cuando el poder tiembla. El caso de Nicolás Petro es hoy una prueba ácida para la administración Camargo. La fiscal general escribió en su reciente carta: “No existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”. El reto es demostrarlo no solo con comunicados, sino con la celeridad y eficiencia que debe demostrar en casos como el del hijo del presidente, pero también en otros que están en mora como el de la UNGRD (dos máximos responsables fugados), el de la campaña presidencial, y el de ‘chuzadas’, entre otros.