“Logramos que el Estado reconozca que es culpable por la desaparición de mi hijo”: madre del soldado Óscar Tabares

El soldado profesional Óscar Iván Tabares Toro tenía 23 años cuando su familia dejó de tener noticias de él. Llevaba seis años en el Ejército. Le gustaba estar en terreno, pero ya le había dicho a su mamá, María Elena Toro, que quería volver a casa porque tenía algunas diferencias con sus superiores. 

En la medianoche del 28 de diciembre de 1997, mientras estaba en San Juanito, Meta, se escucharon tres disparos y la explosión de una granada. Su familia inició entonces una larga lucha judicial que todavía duele en medio de la negligencia del Estado y el ánimo de ocultar lo que realmente pasó: su familia logró encontrar sus pertenencias con sangre y esquirlas. Pero de Óscar no se sabía nada.

El Ejército dijo que se había unido al Frente 53 de las Farc, mientras la familia pedía a gritos auxilio: fueron a la Fiscalía en Villavicencio, hablaron con cuanta persona pudieron, hasta que con las versiones que le daban de aquí y allá, incluyendo los dueños del lote en donde sucedió todo, la familia entendió la realidad: Óscar Iván fue desaparecido por sus propios compañeros. 

“La Cruz Roja Internacional me llamó en febrero de 1998 y me dijo que le dolía ser portadora de malas noticias, pero que a mi muchacho sí lo había matado el Ejército. Yo estoy segura de que me lo mataron esa noche”, señaló a CAMBIO María Elena Toro, quien hace unos días estuvo en la zona con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, albergando la esperanza de hallarlo.

En la justicia colombiana nada ha pasado. La Justicia Penal Militar desvió la investigación y en la justicia ordinaria no se ha avanzado ni se ha hallado a los responsables. Por eso, en 2005, el caso entró al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 2023, condenó al Estado colombiano por su desaparición forzada.

La sentencia ordenó hacer un reconocimiento de disculpas públicas que realizará la viceministra de Defensa, Juliana Coronado, el viernes 19 de septiembre en la sede la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín. Según la decisión internacional, el acto público debe dejar en claro que Tabares no desertó del Ejército, que no se unió a las Farc, sino que fue desaparecido por sus propios compañeros.

“Óscar Iván era un muchacho demasiado querido en la familia. Era superespecial, no solo conmigo, sino con sus hermanitas, con su padrastro. Le gustaba la vida militar. Lo tenía en la sangre porque en las dos familias hubo militares”, agregó María Elena.

“Él llegó el 19 de septiembre de 1997 a la casa el día de mi cumpleaños y me dijo que me iba a dar gusto, que iba a renunciar porque le habían cambiado de teniente y que el nuevo era muy malo con los soldados nuevos. A los soldaditos nuevos los ponía de carnada”, relató la mujer.

El pedido de perdón se ha intentado hacer dos veces. La última vez se aplazó porque el ministro de Defensa de entonces, Iván Velásquez, no podía asistir. Esta vez, se intentó, pero no estará el ministro Pedro Sánchez sino la viceministra. Toro sabe que nada le va a devolver a su hijo, pero espera que este acto sea “el primer paso para una verdadera búsqueda y poderlo encontrar”.

“Para la familia lo más importante es que salgan y le quiten esa mancha al nombre de Óscar Iván, porque Óscar Iván no fue ningún guerrillero, como ellos han hecho crear. Para mí, como madre es importante. Una madre nunca se cansa”, agregó.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, quien representa a la familia de Óscar Iván, le dijo a CAMBIO que la justicia interna ha fallado, pues las investigaciones se centraron en cuestionarlo a él, asegurando que el solado se había unido a grupos ilegales, en vez de apuntar a ubicarlo.

“Tiempo después, la justicia ordinaria abrió una investigación por solicitud de la mamá. Tantos años después sigue en etapa preliminar y de los tres militares involucrados, dos se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz”, explicó. La jurista agregó que estas dos personas no han dado aportes a la verdad sobre este caso en la JEP y que, por su sometimiento, el caso quedó frenado en la Fiscalía.

Rodríguez señaló que fue incómodo para la familia el hecho de tener que aplazar el acto por la ausencia del ministro de Defensa. “Sobre todo generó molestia porque la sentencia de la Corte IDH es muy clara en señalar que las disculpas las tiene que pedir un funcionario del más alto nivel dentro del Estado colombiano y por eso es una tarea que no se puede delegar en cualquier persona”, precisó.