Fiscalía imputa a Ricardo Roa: “Usted usó su cargo de presidente de Ecopetrol indebidamente para beneficiar intereses particulares”

En la audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, la Fiscalía reconstruyó una secuencia de reuniones, decisiones empresariales y transacciones privadas que, según el ente acusador, muestran cómo Roa habría usado su posición para favorecer los intereses del empresario Juan Guillermo Mancera. La imputación describe una cadena de hechos que comienza con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá y termina, según la investigación, en la presión para que una empresa vinculada a Mancera obtuviera un proyecto estratégico dentro de una de las filiales del grupo Ecopetrol.

Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023. Desde ese cargo, además de dirigir la empresa estatal más importante del país, se convirtió en la máxima autoridad del Grupo Ecopetrol, un conglomerado que controla 21 compañías. Como presidente, Roa integra las juntas directivas de todas ellas. Entre esas empresas está Hocol, una de las filiales encargadas de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, cuya junta directiva él mismo presidió hasta septiembre de 2025. Según la Fiscalía, fue precisamente desde esa posición donde habría comenzado el tráfico de influencias.

La imputación sostiene que entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa utilizó su cargo para intervenir en decisiones empresariales dentro de Hocol con el fin de favorecer a Juan Guillermo Mancera. El mecanismo, según el ente acusador, fue directo: presionar al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para que adjudicara a una empresa vinculada a Mancera un proyecto energético.

La primera escena que describe la Fiscalía ocurre el 20 de agosto de 2024. Ese día, después de una sesión de la junta directiva de Hocol, Roa y Rojas salieron a almorzar a un restaurante llamado Flora, en Bogotá. Según la imputación, durante esa conversación el presidente de Ecopetrol le manifestó a Rojas que el proyecto de regasificación Chuchupa–Ballena debía entregarse a la empresa Gatsi, vinculada a Mancera. La Fiscalía sostiene que esa no fue una sugerencia aislada.

En otra reunión, realizada entre septiembre y octubre de 2024, Roa volvió a insistir. De acuerdo con el ente acusador, en ese encuentro le dijo a Rojas que el proyecto debía ser adjudicado a la empresa de Mancera.

Para la Fiscalía, esa intervención constituye una influencia indebida. No solo porque provenía de la máxima autoridad del grupo empresarial, sino porque estaba orientada —según la investigación— a favorecer a una persona con la que Roa mantenía una relación comercial previa.

Esa relación es la otra pieza clave del caso. Esa presión, en otras palabras, fue una especie de transe por un negocio que, antes de convertirse en presidente de Ecopetrol, Roa había hecho con Mancera. Según la imputación, Juan Guillermo Mancera habría beneficiado a Roa en una operación inmobiliaria relacionada con un apartamento 901 en el edificio Entre Parques, en el norte de Bogotá. El inmueble fue adquirido por Roa en 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial se estimaba en 2.700 millones. En otras palabras, el precio pactado entre ambos estaba cerca de 900 millones de pesos por debajo del valor del mercado, es decir, aproximadamente 34 por ciento menos.

La Fiscalía sostiene que Mancera no solo facilitó el precio del inmueble. También habría servido como intermediario y garante de la forma de pago.

El apartamento fue formalmente transferido a Roa el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que en el documento de compraventa quedó consignado que el vendedor había recibido el pago total. Sin embargo, según la investigación, los pagos reales se realizaron entre enero de 2023 y marzo de 2024.

Es decir: el inmueble se registró como pagado antes de que se hubieran hecho los desembolsos.

Las cuotas del apartamento fueron consignadas a la empresa Prinston International, del empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iacono, pero la Fiscalía afirma que los pagos se efectuaron a través de otra compañía vinculada a Mancera: Innova Mercadeo. Además, el acuerdo contemplaba cuotas sin intereses, una condición que el ente acusador considera otro beneficio otorgado al hoy presidente de Ecopetrol.

Para la Fiscalía, esa transacción explica el trasfondo de las presiones que habrían venido después. Según el expediente, cuando Roa pidió a Rojas que el proyecto de regasificación de Chuchupa–Ballena fuera adjudicado a la empresa Gatsi, lo hacía en beneficio de una persona con la que mantenía un vínculo comercial reciente y del cual él mismo habría obtenido ventajas económicas.

La imputación de la Fiscalía resume esa relación en una frase directa dirigida al presidente de Ecopetrol: “Usted usó su cargo de presidente de Ecopetrol indebidamente para beneficiar intereses particulares”.

Así cometió el delito, según la Fiscalía

“Esta instrucción indebida impartida por usted, Ricardo Roa, al señor Luis Enrique Rojas, vulneró la transparencia en las gestiones así como la objetividad que debe regir la función pública del presidente de Ecopetrol como servidor público. Con ello, interpuso su interés personal por encima del interés general del grupo empresarial. Ese interés personal consistió en impartir instrucciones para beneficiar a quien, previamente, lo había favorecido con la compra del inmueble. El funcionario influenciado fue Luis Enrique Rojas quien ostentó el cargo de presidente de Hocol desde el 29 de mayo del 2024 hasta el 30 de abril del 2025, fecha en la que Roa le solicitó su renuncia”, dijo la fiscal del caso.

La funcionaria judicial explicó hasta qué punto llegaron las negociaciones entre Hocol y Gatsi, la empresa de Juan Guillermo Mancera, por instrucción de Roa. Según las pesquisas, Rojas, como presidente de Hocol, debía participar en los comités de negocio en donde se aprobaban las propuestas de contratistas interesados en la contratación de la entidad. Fue, justamente, en desarrollo de esas funciones y siguiendo la instrucción de Roa, que Luis Enrique Rojas recibió propuesta de Gatsi, empresa de Mancera, para el proyecto de importación de gas. Esa propuesta fue trasladada al área de nuevos negocios de Hocol y, en comité, se autorizó a firmar un memorando de entendimiento. En el comité participó Rojas. La empresa Gatsi alcanzó a realizar visitas técnicas al campo Chuchupa-Ballena en La Guajira. Sin embargo, las negociaciones entre Gatsi y Hocol concluyeron en abril del 2025, por instrucción de Ecopetrol a Hocol de no continuar con el proyecto. Estos hechos, según la Fiscalía, configuran el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El abogado de Roa, Juan David León, pidió a la Fiscalía varias precisiones porque consideró que no había dejado claro en qué momento su defendido cometió el delito. Para León, la Fiscalía no precisó, por ejemplo, si el contrato con la empresa Gatsi se alcanzó a adjudicar, si en el momento de la adjudicación Mancera seguía siendo su representante legal, quién firmó el contrato y si Roa tuvo injerencia en el mismo, entre otras. 

“La Fiscalía no especificó qué funcionario quién en Ecopetrol fue el que ordenó que se cancelara el proyecto (con Gatsi). Eso es un elemento escencial. Esta es una imputación que no permite avisorar los elementos del tipo penal. Aquí no nos dijeron en qué momento se puso en riesgo la administración publica”, enfatizó el abogado.

La delegada del ente acusador dijo que le habían comunicado lo necesario en esta etapa del proceso y enfatizó en que, a su juicio, Roa tenía el poder máximo no solo en Ecopetrol sino en sus empresas filiales.

Sobre el tema, el juez dijo que no se le podía exigir a la Fiscalía un anáslisis que desborde este tipo de diligencia (imputación) que es un mero acto de comunicación sobre los hechos que configuran un delito. Por eso, dijo que la imputación quedaba en firme. 

Roa, se declaró inocente de los hechos y podrá defenderse en libertad.